Israel Perez Santibañez

Expediente 1323/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1323/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2023

Partes del expediente

  • Israel Perez Santibañez

Actuaciones

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista a la quejosa el auto de veintitres de noviembre de dos mil veintitrés, que dice: Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Como se advierte de la constancia secretarial de cuenta que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de once de octubre del presente año, sin que haya dado cumplimiento a la misma; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese personalmente. Lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Como se advierte de la constancia secretarial de cuenta que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de once de octubre del presente año, sin que haya dado cumplimiento a la misma; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    Morelia, Michoacan, once de octubre de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo promovida por -, por conducto de su apoderado -, carácter que se le reconoce en términos del numeral 10 de la Ley de Amparo, al tenor del instrumento notarial que adjunta en copia cotejada; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado como IV-1323/2023-2, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracción IV, 114, fracciones I y IV, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise lo siguiente: Toda vez que las medidas de protección reclamada tienen su génesis en la denuncia que presentó en su contra -, con motivo de la probable comisión del delito de violencia familiar y retención o sustracción especifica de menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el hecho, mientras; asimismo, que del capítulo de antecedentes y de la lectura del acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el fiscal responsable, que adjuntó a su escrito inicial de demanda se advierte la existencia de dos menores de edad de iniciales -, respecto de las cuales no se advierte con claridad bajo el resguardo de quién se encuentran; por tanto, el promovente del amparo deberá aclarar: Quién de los dos progenitores tiene la custodia de los menores en cita. Indicar si la custodia le fue entregada por alguna autoridad jurisdiccional o diversa, supuesto en el cual deberá exhibir la constancia que así lo acredite; y, En su caso, la razón por la que actualmente tiene bajo su resguardo a los menores de referencia, o bien, si éstos se encuentran con su progenitora. En la inteligencia que dicha manifestación deberá hacerla bajo protesta de decir verdad el propio quejoso, toda vez que la misma constituye un hecho personalísimo por corresponder a los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo que es necesario para evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, e imponer sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, en relación con el acto reclamado, podrán ser acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, por lo que adquieren con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse. Como sustento de lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por Primera Sala, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 210, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Bajo apercibimiento que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda de garantías. En ese contexto, se hace del conocimiento al quejoso, que en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la ley de materia, facultan a este órgano jurisdiccional que en cualquier etapa del procedimiento de amparo se le debe dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos que podrían ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley de Amparo, como podría ser el caso de que se conduzca con falsedad ante el presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis derivada de la contradicción 204/2016, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada el 9 de febrero de 2017, de rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Como lo solicita la parte quejosa, se comisiona a la analista Jurídica SISE a efecto de que realice el trámite respectivo en el Portal de Servicios en Línea, para dar de alta el usuario ******************** para que tenga acceso al expediente electrónico. Finalmente, se le tiene por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizado para tal efecto a las personas que menciona, sin las facultades que confiere el numeral 12 del ordenamiento legal de la materia, virtud a que como se desprende de la constancia secretarial no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.

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