Israel Perez Contreras

Expediente 68/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
68/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Israel Perez Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria en cita, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de ocho de abril del presente año, relativa a la queja interpuesta por la parte quejosa dentro del juicio de amparo III-68/2021-1, del índice de este Juzgado; ejecutoria de la que se desprende que, la Superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja." Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno, que se lleva en este Juzgado, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad para los efectos legales a que haya lugar y agréguense las constancias originales del cuaderno de antecedentes. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; además, se hace constar que el juicio en que se actúa es susceptible de destrucción, dado que se desechó la demanda de garantías, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, mediante el cual acusa de recibo del expediente III-68/2021, e informa que en proveído de doce de febrero del año en curso, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ---. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial que antecede se advierte que ---autorizado del quejoso, interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de enero del dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que esté debidamente integrado el expediente, de inmediato remítase a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviando al efecto dos impresiones con firma electrónica del promovente del escrito de expresión de agravios, así como el informe sobre la materia de queja, para lo que a bien tenga determinar la superioridad. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ---, por propio derecho,?contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno con el número?III-68/2021-1. Del análisis realizado al libelo constitucional, se deprende que los actos reclamados en esta instancia se hacen consistir en: "1. Del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por la H. Cámara de Diputados y la H. Cámara de Senadores, reclamo los siguientes actos: a) La expedición de la Ley de Instituciones de Crédito. De dicha ley se reclamada particularmente el texto siguiente del artículo 115: ".Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo. La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas." 2. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo lo siguiente: a) La promulgación y la orden de publicación de la Ley de Instituciones de Crédito. De dicha ley se reclamada particularmente el texto siguiente del artículo 115: ".Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo. La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas." 3. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público, reclamo: a) La emisión de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. De estas Disposiciones se reclama particularmente las reglas 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª y 75ª. 4. Al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Director de Procesos Legales "A", Director de Procesos Legales "B", Director General de Asuntos Normativos, Director General Adjunto de Asuntos Normativos Internacionales, Director General Adjunto de Asuntos Normativos y Relaciones con Actividades Vulnerables, Director General de Análisis, Director General de Procesos Legales y Director General Adjunto de Infraestructura Tecnológica, todos estos también de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se les reclama lo siguiente: a) El primer acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (particularmente, la parte de dicho artículo que quedó anteriormente precisada y transcrita), y de las disposiciones generales antes mencionadas, consistente en el bloqueo y/o embargo y/o inmovilización y/o congelamiento y/o cualquier otra restricción que impida la libre disposición de la cuenta bancaria --- de la que soy titular, aperturada en Banco Nacional de México, S.A. b) La emisión del oficio número 110/F/B/7819/2020 cuya fecha de expedición y contenido se desconoce. c) La emisión del oficio número 214-4/9744297/2020 cuya fecha de emisión y contenido se desconoce. d) El bloqueo y/o embargo y/o inmovilización y/o congelamiento y/o cualquier otra restricción que impida la libre disposición de la cuenta bancaria --- de la que soy titular, aperturada en Banco Nacional de México, S.A. e) La orden verbal y/o mandamiento escrito y/u oficio y/o documento en el que se haya ordenado el bloqueo y/o embargo y/o inmovilización y/o congelamiento de la cuenta bancaria --- de la que soy titular, aperturada en Banco Nacional de México, S.A. No conozco el acto a través del cual se ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria, por lo que el mismo debe darse a conocer a fin de que pueda desplegar una defensa adecuada contra el mismo. f) La orden verbal y/o mandamiento escrito y/u oficio y/o documento en el que se haya determinado y/o resuelto incluir a la quejosa en la "Lista de Personas Bloqueadas" a que hacen referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y la regla 72ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. No conozco el acto a través del cual se resolvió esa inclusión, por lo que el mismo debe darse a conocer a fin de que pueda desplegar una defensa adecuada contra el mismo. g) La inclusión del suscrito en la "Lista de Personas Bloqueadas" a que hacen referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y la regla 72ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 5. Al Banco Nacional de México, S.A. se reclama lo siguiente: a) El bloqueo y/o embargo y/o inmovilización y/o congelamiento y/o cualquier otra restricción que impida la libre disposición de la cuenta bancaria ---de la que soy titular, aperturada en Banco Nacional de México, S.A. 6. Al Presidente, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Director General de Atención a Autoridades, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A y Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se les reclama lo siguiente: a) El primer acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (particularmente, la parte de dicho artículo que quedó anteriormente precisada y transcrita), y de las disposiciones generales antes mencionadas, consistente en el bloqueo y/o embargo y/o inmovilización y/o congelamiento y/o cualquier otra restricción que impida la libre disposición de la cuenta bancaria ---1 de la que soy titular, aperturada en Banco Nacional de México, S.A. b) La emisión del oficio número 110/F/B/7819/2020 cuya fecha de expedición y contenido se desconoce. c) La emisión del oficio número 214-4/9744297/2020 cuya fecha de emisión y contenido se desconoce. d) El bloqueo y/o embargo y/o inmovilización y/o congelamiento y/o cualquier otra restricción que impida la libre disposición de la cuenta bancaria --- de la que soy titular, aperturada en Banco Nacional de México, S.A. e) La orden verbal y/o mandamiento escrito y/u oficio y/o documento en el que se haya ordenado el bloqueo y/o embargo y/o inmovilización y/o congelamiento de la cuenta bancaria --- de la que soy titular, aperturada en Banco Nacional de México, S.A. No conozco el acto a través del cual se ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria, por lo que el mismo debe darse a conocer a fin de que pueda desplegar una defensa adecuada contra el mismo. f) La orden verbal y/o mandamiento escrito y/u oficio y/o documento en el que se haya determinado y/o resuelto incluir a la quejosa en la "Lista de Personas Bloqueadas" a que hacen referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y la regla 72ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. No conozco el acto a través del cual se resolvió esa inclusión, por lo que el mismo debe darse a conocer a fin de que pueda desplegar una defensa adecuada contra el mismo. g) La inclusión del suscrito en la "Lista de Personas Bloqueadas" a que hacen referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y la regla 72ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito." El suscrito estima que procede desechar la demanda respecto de los actos reclamados antes citados por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, el numeral 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquéllos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor. c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el último de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos; además de que el artículo 19 de la ley de la materia, señala claramente los días inhábiles para su presentación. Ahora bien, se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que el veintiséis de octubre de dos mil veinte se enteró del bloque de su cuenta bancaria, a través del oficio emitido por el Banco nacional de México en el que le informó dicho bloque, por lo que el cinco de noviembre siguiente presentó ante la Unidad de Inteligencia Financiera escrito para solicitar la garantía de audiencia, por lo que el diez de noviembre del mismo año tuvo conocimiento del diverso oficio de seis de noviembre emitido por la Directora General adscrita a dicha Unidad, que recayó a su solicitud. De la lectura de la transcripción de los actos reclamados que antecede, se advierte que el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho numeral, específicamente de las reglas 70a, 71a, 72a, 73a, 74a y 75a, con motivo de su aplicación, que la hace consistir en diversos oficios y órdenes, todas ellas relacionadas con el bloqueo, embargo, inmovilización, congelamiento y/o cualquier otra restricción respecto de su cuenta bancaria --- de la que menciona ser titular y haber aperturado en la institución bancaria Banco Nacional de México, S.A. En las relatadas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa se enteró del acto reclamado, desde la fecha que se precisó en el párrafo que antecede [diez noviembre de dos mil veinte], como se asentó en la certificación de cuenta, el término de quince días que prevé la ley de la materia, para promover demanda de amparo en su contra, empezó a computarse del once de noviembre del dos mil veinte al tres de diciembre del año pasado; por tal motivo, es incuestionable que tuvo que haber comparecido dentro de dicho término a solicitar la protección y amparo de la justicia de la unión y no hasta ahora, por ende resulta extemporánea la demanda de garantías respecto del acto en cuestión, en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el dieciséis de enero del año en curso, como se advierte del sello de recibido que obra en autos. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,? tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).? El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, que a la letra dice: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que,? de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicas a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". No se soslaya, que el quejoso manifiesta en la demanda que la presentación de ésta es oportuna porque si bien tuvo conocimiento el veintiséis de octubre de dos mil veinte del bloqueo de su cuenta bancaria, según lo dice, a la fecha no le han dado a conocer la resolución o mandamiento escrito ni conoce los fundamentos y motivos de dicho bloqueo, así como la inclusión de su nombre en la lista de personas bloqueadas. Empero, contrario a lo que señala, el propio quejoso adjunta el oficio 143584826 emitido por el Banco Nacional de México, S.A., con data veintiséis de octubre del año pasado, en el que le hizo de su conocimiento la determinación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los fundamentos de su actuación y los motivos que la sustentan, entre los cuales citó el numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, entre otros numerales y ordenamientos jurídicos; por consiguiente, se puede deducir que el quejoso sí tuvo conocimiento del bloqueo de su cuenta y de la aplicación del citado precepto 115 de la Ley de Instituciones de Crédito desde esa fecha; e incluso, tuvo conocimiento pleno el día diez de noviembre del año pasado en el que se hizo sabedor del oficio de seis del mismo mes y año emitido por la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de la solicitud de obtener audiencia. Por consiguiente, está plenamente demostrado a partir de qué momento el quejoso tuvo conocimiento del citado acto de aplicación, pues en el referido oficio de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se contiene detalle pormenorizado de los motivos y fundamentos del bloque de la cuenta, en el que se invocó como sustento legal del mismo el numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuya inconstitucionalidad pretende reclamar, siendo que dichos elementos quedaron demostrados plenamente y no se infieren a través de presunciones; por lo tanto se afirma que el quejoso tuvo pleno conocimiento de la aplicación de la norma. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre de usuario ABIMAEL, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que el promovente tenga acceso al expediente electrónico y reciba notificaciones personales. Finalmente, se le tiene señalando como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado ---, virtud a que el mismo se encuentra dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de?Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.

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