Israel Cruz Cano
Expediente 1007/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Israel Cruz Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Este cuaderno es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que negó la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y por lista electrónica al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y el tercero interesado interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y por lista electrónica al tercero interesado. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1007/2021-IV, promovido por ********** por conducto de su defensor privado *********, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por el quejoso, por el Juez de Control del Distrito Judicial y por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, ambos de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir sus informes justificados. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1007/2021-IV; y, R E S U L T A N D O: I. ********, por conducto de su defensor privado *********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad. II. Previa prevención y desahogo de la misma, en auto del quince de octubre pasado, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda y la registró con el número 1007/2021-IV; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, asimismo señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto reclamado es privativo de libertad y se ejecuta dentro de la demarcación territorial en que ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclamó: La pieza escrita del auto de vinculación a proceso del catorce de septiembre del presente año emitida dentro de la carpeta 1670/2020, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de extorsión, ilícito previsto y sancionado en los artículos 266, párrafos primero y tercero, fracciones I y III, en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Alberto Ortega Estrada, así como su ejecución, ello en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del expediente 282/2021-V, del índice de este juzgado. Tercero. El Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que le reclama el solicitante del amparo; lo que resulta suficiente para tenerlo plenamente probado. Por su parte, la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, al rendir su informe de ley negó el acto reclamado, no obstante, toda vez que se tuvo por cierto el auto combatido al juez responsable en su carácter de autoridad ordenadora; por ende, se concluye que la negativa de aquella se desvirtúa y debe tenerse por cierto el acto de ejecución que se le atribuye. Lo que además se robustece con el contenido de la pieza escrita del auto de vinculación; del que se confirma la existencia del acto reclamado, así como del disco en formato DVD. Cuarto. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes en este juicio de amparo que amerite ser estudiada y toda vez que no se advierte de oficio alguna que debiera ser analizada, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. Conviene precisar que, por cuestión de método y para una mejor comprensión del asunto, al abordar el análisis de los requisitos que debe cumplir el auto de vinculación a proceso impugnado, se dará contestación simultáneamente a los conceptos de violación que así lo ameriten. Antes del análisis, debe decirse que el auto de vinculación a proceso reclamado se emitió acorde con el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, que se rige por los artículos 14, 16, párrafo tercero, 19, párrafos primero, así como el apartado A del numeral 20, todos de la Constitución Federal, a partir de las reformas del dieciocho de junio de dos mil ocho. I. REQUISITOS FORMALES. A. Debe ser emitido por autoridad judicial competente. Este requisito se encuentra satisfecho, pues en la carpeta administrativa de origen se ventilan hechos posiblemente constitutivos de un delito, por lo cual el conocimiento es competencia de un juzgado en materia penal. Asimismo, dada la temporalidad de los hechos (ocho de septiembre de dos mil veinte) y atento a las reformas constitucionales y legales locales, al proceso penal de origen se le debe aplicar el sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial y oral. Ahora, respecto al ámbito territorial es competente un Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, pues los hechos que se atribuyen a la parte quejosa sucedieron el ocho de septiembre de dos mil veinte, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; por lo tanto, es legal que el asunto en cuestión sea dirimido ante el citado juzgado de control. B. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición del juez penal; plazo que se puede prorrogar a ciento cuarenta y cuatro horas, a petición de aquél. En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que se cumplió con este requisito, ya que el quejoso fue puesto a disposición del juez responsable el diez de septiembre del pasado año a las diecinueve horas con treinta minutos; y su situación jurídica fue resuelta a las diecisiete horas del doce de septiembre de dos mil veinte (forma oral), es decir dentro de las setenta y dos horas que el juez de control tenía para resolver la situación jurídica del imputado, toda vez que no se solicitó la duplicidad de término. C. Que se haya formulado imputación. Este requisito se encuentra cumplido pues de las constancias que integran la carpeta administrativa, así como de las videograbaciones que remitió el juez responsable, se desprende que el representante social en la audiencia del doce de septiembre de dos mil veinte (minuto 06:42 parte 4) formuló imputación en contra del quejoso, por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de extorsión, ilícito previsto y sancionado en el artículo 266, párrafos primero y tercero, fracciones I y III, del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Alberto Ortega Estrada; señalando los hechos respectivos, así como los datos de prueba que se contenían en la carpeta de investigación correspondiente y que le fueron atribuibles al imputado. D. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Este requisito se encuentra satisfecho, habida cuenta que en la audiencia inicial del doce de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable cuestionó al quejoso Israel Cruz Cano, si conocía los derechos fundamentales, a lo que el quejoso contestó que sí (minuto 01:49), asimismo, designó como su defensor al licenciado Gustavo Alvarado Morales, manifestando su consentimiento para que lo representara en esa audiencia, por lo que en ese acto aceptó y protestó el cargo conferido (minuto 02:20). Luego, el juez responsable preguntó al imputado Israel Cruz Cano ( segundo 00:08), si deseaba rendir declaración, a lo que manifestó afirmativamente; motivo por el que en ese acto le dio el uso de la voz para que emitiera sus manifestaciones en vía de declaración, asimismo, el quejoso dio contestación de forma voluntaria a los cuestionamientos formulados por el fiscal. E. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este aspecto se encuentra colmado, toda vez que a las diecisiete horas del doce de septiembre de dos mil veinte (forma oral), el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Israel Cruz Cano, por su probable intervención en el delito de delito de extorsión, ilícito previsto y sancionado en el artículo 266, párrafos primero y tercero, fracciones I y III, del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Alberto Ortega Estrada; lo que hizo dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas; y que es el acto reclamado en este juicio, en correspondencia con el hecho circunstanciado expuesto por el representante social cuando formuló imputación, sin variar los hechos de ésta. F. Se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito. De la misma forma, el juez responsable precisó las circunstancias referidas y, en cuanto al lugar indicó que los hechos ocurrieron en calle Tepehuitl, manzana 40, lote 1473, colonia Lázaro Cárdenas tercera sección, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Respecto al tiempo precisó que los hechos presumiblemente constitutivos del antijurídico, se suscitaron el ocho de septiembre de dos mil veinte aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos. En cuanto al modo de ejecución señaló que: "que el día ocho de septiembre de dos mil veinte aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, cuando ALBERTO ORTEGA ESTRADA, se encontraba en su domicilio ubicado en calle Tepehuitl, manzana 40, lote 1473, colonia Lázaro Cárdenas 3era sección, Tlalnepantla de Baz, en compañía de sus familiares, específicamente de su hermano JORGE LUIS ORTEGA ESTRADA, estaban reparando un vehículo siendo un camión de pasajeros, cuando en eso se escucha que ladran sus animales y observa como alguien avienta una hoja por debajo del zaguán, lo cual este se apresura a salir y sorprende a un sujeto cuando se estaba levantando, lo cuestiona de su proceder, esta persona saca un cuchillo, lo amaga, lo intimida con un lenguaje peyorativo y trata de huir; siendo perseguido por el mismo y sus familiares. Que incluso esa persona comienza a gritarle a sus vecinos pidiéndoles ayuda para que procedieran a la detención de esta persona y no es hasta la esquina de Calle Halcones de Hidalgo y Club de Himalaya, donde había diez jóvenes aproximadamente, a quienes les piden auxilio, uno de estos, provoca que tropiece este sujeto, incluso lo empiezan a golpear, para después llegar ayuda institucional y proceder su detención". Conforme lo anterior, se aprecia que el juez responsable acreditó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se suscitaron los hechos, lo que además se relacionó con los datos de prueba reseñados por la fiscalía, como enseguida se verá en el estudio de los requisitos de fondo. II. REQUISITOS DE FONDO. I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Al respecto, se debe establecer en primer término el hecho delictuoso y posteriormente la probable participación del imputado. En esta tesitura, el hecho delictuoso que se imputa al quejoso es el delito de extorsión, ilícito previsto y sancionado en el artículo 266, párrafos primero y tercero, fracciones I y III, del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Alberto Ortega Estrada. El precepto correspondiente al hecho delictivo dispone: "Artículo 266.- Al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño, se le impondrán de ocho a doce años de prisión y de mil a mil quinientos días multa. Cuando este delito se cometa utilizando cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, medios de transmisión inalámbrica de ondas o señales electromagnéticas, medios ópticos, o cualquier medio físico, se le impondrán de doce a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa. Se impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: I. Se ostente como miembro de alguna asociación o grupo delictuoso; . III. Se cometa con violencia." Siguiendo con el estudio, procede señalar que a juicio del suscrito fue acertada la determinación del juez responsable al resolver que existen datos idóneos y pertinentes que establecen que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito, entendido éste como la conducta típica, antijurídica y punible. En efecto, como se adelantó, el juez responsable analizó los hechos que se imputan al quejoso, justipreciando los datos de pruebas reseñados por el Fiscal, que a continuación serán enlistados. Datos de prueba descritos por el Ministerio Público: 1. Entrevista de la víctima Alberto Ortega Estrada. 2. Entrevista de los primeros respondientes de la policía municipal Mario Antonio Alcántara Menchaca y Omar Guzmán Nava. 3. Testimonio de Jorge Luis Ortega Estrada. 4. Inspección Judicial realizada por el Policía de Investigación Mauricio Lezama Hernández en el inmueble donde cohabita el sujeto pasivo. 5. Inspección del teléfono celular marca iphone color dorado de la víctima. 6. Cuchillo de hoja afilada con terminación de punta color negro. Datos de prueba con los que el juez responsable consideró acreditado el hecho delictivo que fue imputado al quejoso; ya que efectivamente, de la visualización efectuada por el suscrito del DVD que contiene la videograbación de la audiencia celebrada el doce de septiembre de dos mil veinte, se aprecia que la descripción realizada por el Fiscal investigador, respecto de los datos de prueba reseñados, coincide con la narrativa del Juez responsable al relacionar los datos de prueba, los que se adecuan al tipo penal que se atribuye al impetrante. En efecto, el juez responsable señaló que los datos de prueba aportados por el Fiscal, hasta ese momento procesal resultaron idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para tener por acreditada la conducta delictiva de extorción, pues dijo, que con la entrevista de Alberto Ortega Estrada, quien de acuerdo con la fiscalía hizo mención de cómo es que a partir del día quince de agosto de dos mil veinte hasta el ocho de septiembre de la misma anualidad, de manera reiterada y en varias ocasiones ha sido objeto de diversas extorsiones con la finalidad de que este entregara determinadas cantidades, al parecer a un grupo delictivo que se ostenta como "Guerreros Unidos", que incluso derivado de su abstención de entregar ciertas cantidades de dinero, le causaron daños en su patrimonio al haberle quemado un camión de pasajeros y que posteriormente a ello, prosiguieron llegando mensajes intimidatorios a su domicilio particular, donde se le obligaba a entregar dinero con la finalidad de obtener un lucro consistente en la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Argumentó que dicha entrevista merece credibilidad, primero porque con relación al hecho establecido el ocho de septiembre de dos mil veinte, motivó la detención del investigado bajo el tópico de la flagrancia y que no se desprendieron motivos para considerar que la narrativa efectuada fuera producto de alguna invención o animadversión por parte de la víctima en contra del imputado con el afán de perjudicarlo. Asimismo, la existencia del testimonio de Jorge Luis Ortega Estrada, testigo presencial de los hechos, el que coincide de manera circunstancial y sustancial con lo depuesto por Alberto Ortega Estrada, en el sentido de que el día antes citado se encontraban reparando un camión en el domicilio de su hermano cuando de manera eventual alguien avienta un mensaje por debajo del zaguán o la puerta, lo que motivó al denunciante salir de manera apresurada y sorprender a un sujeto afuera de su domicilio. Sumando a ello los testimonios de los primeros respondientes de la policía municipal Mario Antonio Alcántara Menchaca y Omar Guzmán Nava, quienes al circular por el lugar de los hechos recibieron un llamado de auxilio, dado que un grupo de personas estaban golpeando a una persona y derivado de sus atribuciones proceden a llegar al lugar, resguardando al hoy imputado, siendo informados por Alberto Ortega Estrada que momentos previos esta persona Israel Cruz Cano había dejado un mensaje en el que se le intimidaba y extorsionaba, al referirles antecedentes previos de otros mensajes, así como el daño a su patrimonio proceden a su detención y puesta a disposición ante el ministerio público. Por ello concluyó que sin derecho se obligó a Alberto Ortega Estrada, a tolerar ciertas amenazas con la finalidad de obtener una determinada cantidad de dinero a efecto de no causar un daño en su persona, familia y patrimonio. Datos de prueba que correctamente valoró el Juez de Control responsable, ya que adquieren relevancia demostrativa al haberse emitido por quien resintió el hecho delictuoso, por ser la persona directamente afectada, o sea, la víctima del delito, de quien se advierte, declaró sin dudas ni reticencias acerca del modo en que acontecieron los hechos, por lo que resulta ser pertinente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro es: "OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN". De ahí que, los datos de prueba que relacionó se consideren idóneos, al ser adecuados para inferir el hecho investigado; pertinentes, al tener relación íntima con los hechos denunciados, suficientes, al abonarse a la entrevista de la víctima, que permiten deducir la existencia del hecho delictivo que se atribuye al activo, y eficaces, ya que no se trata de datos de prueba que hubieren sido recabados de forma ilícita. Por lo anterior, son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso relativos a que no existen datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de un hecho delictuoso. Por tanto, se estima que la determinación emitida fue acertada, toda vez que de acuerdo con la narrativa expuesta por el fiscal investigador, así como las razones del juez responsable, hasta este momento procesal, existen datos idóneos y pertinentes que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y punible para la acreditación del ilícito de extorsión, cometido en agravio de Alberto Ortega Estrada, bajo las circunstancias descritas. Cabe mencionar que al emitir su determinación, el juez responsable no desatendió que Israel Cruz Cano negó haber intervenido o haber desplegado la conducta típica, señalando que es un empleado de una empresa nacional, la cual es Bonafont y que el día de los hechos se encontraba levantando sendos pedidos en diversas tiendas, sin embargo estimó no darles valor probatorio toda vez que no se encontraron robustecidos con diversos medios que generaran convicción a las aseveraciones expuestas por la víctima. Con todo ello, el juez responsable arribó a la conclusión que, en el caso, sí se acreditó el hecho delictivo de extorsión, ilícito previsto y sancionado en los artículos 266, párrafos primero y tercero, fracciones I y III en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Alberto Ortega Estrada. Determinación con la que concuerda este juzgador, partiendo del hecho que, ciertamente, no se advierten datos ni medios de pruebas que hasta este momento procesal desvirtúen las manifestaciones de la víctima, de su testigo y de los primeros respondientes de la policía municipal; situación que de acuerdo con las prerrogativas constitucionales y procesales, resulta suficiente, hasta este momento procesal, para tener por cierto el hecho delictivo denunciado. Expuesto lo anterior, procede abordar el segundo requisito de fondo, la probable participación del imputado. II. Probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del hecho delictuoso. La probabilidad de que el imputado participó en la comisión de un ilícito penal se acredita cuando los datos de prueba aportados en la carpeta de investigación hacen factible deducir su intervención en la ejecución, es decir, que se compruebe con los datos de prueba allegados que posiblemente intervino en la realización de las conductas que están tipificadas como delitos. Al respecto, para tener por acreditada la probable intervención de la parte quejosa en la ejecución del delito de que se trata, el Juez de Control responsable basó su determinación en los mismos datos de prueba que reseñó en la tipificación del delito que se imputa, y que no se transcriben por cuestión de practicidad. Datos de convicción con los que la autoridad responsable tuvo por acreditada la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, cometió el delito de extorsión, ilícito previsto y sancionado en los artículos 266, párrafos primero y tercero, fracciones I y III, en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Alberto Ortega Estrada; y que tomó en consideración para dictar el auto de vinculación a proceso que se reclama. Sobre el tópico, el juez responsable indicó que el quejoso probablemente intervino en el ilícito señalado en calidad de autor material en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción I, inciso c, del Código Penal en la entidad, porque de acuerdo con las entrevistas de Jorge Luis Ortega Estrada y Alberto Ortega Estrada, hay un señalamiento firme y directo en contra del imputado. En ese tenor, resulta importante citar lo que refiere precisamente el artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal en vigor en el Estado de México; precepto que dispone: "Artículo 11. La responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación: I. La autoría; y . c) Los que lo ejecuten materialmente;.". Clasificación la anterior que se estima acertada, pues la autoridad responsable consideró que los datos de prueba expuestos por el representante social generaron convencimiento para llegar a la consideración que la forma de intervención del imputado en los hechos que se examinan fue como autor, pues fue quien ejecutó de forma directa y materialmente la conducta atribuida. Que el quejoso presentó un actuar doloso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, fracción I, del Código Penal del Estado de México, porque conociendo los elementos del tipo, decidió y aceptó la consumación del hecho. Que se justificó la antijuricidad de su actuar, bajo el elemento formal y material dado que con su proceder violento primero el ordenamiento jurídico y segundo el bien jurídico tutelado. En ese sentido, se estima que el auto de vinculación a proceso dictado el doce de septiembre de dos mil veinte, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la causa de control de origen, satisface los presupuestos de forma y fondo para su dictado, sin que en el caso se advierta demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de responsabilidad. Ahora, en cuanto al motivo de inconformidad en que el quejoso aduce que con el dictado del auto de vinculación a proceso en su contra se le causa un daño de imposible reparación en su persona y su libertad, a consecuencia de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra. Al respecto debe decirse que efectivamente, conforme a la clasificación jurídica del hecho ilícito que se le reprocha, esto es, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de extorsión, ilícito previsto y sancionado en los artículos 266, párrafos primero y tercero, fracciones I y III, en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, el juez responsable estaba compelido a imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el procedimiento penal seguido en su contra; ello en acato a lo dispuesto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que, si bien el acto reclamado resulta restrictivo de su libertad personal, como se ha visto a lo largo de este fallo, la resolución emitida resultó apegada a los requisitos constitucionales y procesales aplicables al caso, y por ende, la medida cautelar impuesta se encuentra justificada; máxime que ese aspecto se encuentra previsto legalmente, razón por la cual la autoridad responsable estaba obligada a acatar la disposición invocada. De ahí que el motivo de disenso resulte infundado. En ese sentido, resulta infundada la alegación del quejoso en el sentido de que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra no cumple con los requisitos constitucionales y legales para su emisión, habida cuenta que, como se vio, en la especie se acreditaron los supuestos tanto de forma como de fondo para la emisión de ese tipo de actos, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, toda vez que contrario a lo que argumenta el quejoso, de lo expuesto se concluye que el auto de vinculación a proceso cumplió las formalidades del procedimiento al emitir el acto reclamado, pues quedó constancia de su dictado como se advierte de la reproducción del disco óptico enviado, lo que genera certeza de su contenido; asimismo, el representación social formuló imputación, en la que estableció la circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución; el imputado Israel Cruz Cano, en ese momento público, manifestó que era su deseo declarar, una vez que el Juez de Control verificó que conociera sus derechos fundamentales dentro del proceso penal; asimismo el Juez de Control responsable dictó auto de vinculación a proceso en la audiencia inicial del doce de septiembre de dos mil veinte, por no haber solicitado el referido imputado la duplicidad del plazo constitucional; también sustentó debidamente su competencia; finalmente, el acto reclamado se dictó por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación; asimismo, se desprende que el juez responsable externó las razones, motivos y circunstancias que tuvo para concluir en el sentido en que lo hizo, citando para ello las disposiciones legales aplicables al caso, según así fue razonado. En ese sentido, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, contrario a lo que asevera el quejoso, al emitir el auto de vinculación a proceso tomó en consideración los datos de prueba que la fiscalía expuso al formular imputación, los cuales, como se señaló, efectivamente resultaron idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer el hecho delictuoso de extorsión, así como su probable participación en la comisión de ese hecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS)." Lo anterior es así, ya que bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado (imputado) lo cometió o participó en su comisión. Ello, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos de prueba; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el reformado artículo 20, apartado A, fracción III, constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral). Cabe señalar que esta determinación de ningún modo implica un estado de indefensión para el impetrante del amparo, toda vez que, la emisión del acto reclamado únicamente implica la sujeción del imputado al proceso penal que se sigue en su contra, no así una determinación sobre su responsabilidad penal, pues incluso, durante el proceso se abrirá una etapa de investigación complementaria en la que el quejoso tendrá la oportunidad de ofertar los medios de prueba que estime pertinentes con el fin de desvirtuar los datos de pruebas expuestos en la investigación y acreditar su inocencia. En esa línea, se puede establecer como acertadamente lo estableció el Juez de Control responsable que hasta este estadio procesal, la entrevista de la víctima Alberto Ortega Estrada y el testigo Jorge Luis Ortega Estrada, adminiculados con los diversos datos de prueba precisados, se estiman idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido el delito de extorsión y que existe la probabilidad de que el hoy quejoso lo cometió. Asimismo, es necesario acotar que el Juez de Control responsable respetó el derecho constitucional que tiene el ahora quejoso para ofrecer medios de convicción aptos y suficientes para desvirtuar la imputación que obra en su contra; por tales motivos, este juzgador federal considera que no se le vulneró ningún derecho fundamental, ya que se aprecia que la autoridad señalada como responsable respetó sus derechos humanos, porque la circunstancia de que el acto de molestia dictado en su contra haya sido adverso a sus intereses, no significa que aquéllos se vulneraron; de ahí que devenga lo infundado del argumento en estudio. Por otro lado, el peticionario de amparo aduce que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad y debido proceso. Lo que resulta infundado en razón que, en el sistema penal acusatorio predomina la desformalización de la investigación, además del principio de contradicción, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente y aportar pruebas al respecto, al decidir sobre la procedencia del auto de vinculación a proceso. En efecto, el sustento probatorio para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo requiere que se haya hecho referencia al contenido de determinados medios de prueba aún no desahogados ante el juez, que se adviertan idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado, esto es, resulta innecesario, en esta etapa procesal, una constatación fáctica, con las exigencias y rigorismos establecidos para aquellas que deberán sustentar en su caso una sentencia. De ahí que, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es indispensable establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base a los datos de prueba que haya expuesto el fiscal investigador al juez, los cuales no tiene éste en su poder al resolver dentro del término constitucional, ni el tribunal responsable al resolver el recurso de apelación, sino únicamente la mención que realiza la agente del Ministerio Público al hacer la imputación. Por otro lado, el quejoso señala que en el caso no se respetó el principio de presunción de inocencia. Lo que resulta infundado, toda vez que hasta este momento no ha sido juzgado, ni declarado culpable, pues en este estadio procesal únicamente se dictó un auto de vinculación a proceso, lo que sólo le obliga a sujetarse al proceso en el que desde luego estará en aptitud de aportar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar la imputación efectuada en su contra; máxime que en la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento de origen, los datos de prueba analizados por el juez responsable son aptos y eficaces para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y sustentar la vinculación a proceso del demandante del amparo. En ese sentido objetiva y fundadamente se advierten datos que por ahora, involucran al hoy quejoso en su probable intervención en el hecho que la ley señala como ilícito y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente dejarlo de someter a un proceso penal, en virtud del principio de presunción de inocencia que estima fue violado; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando con los elementos de prueba que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores datos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no; ya que, por regla general, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos de prueba expuestos en la audiencia de control de detención sirvan de apoyo para justificar el hecho que la ley castiga con pena corporal y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; claro, probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a las constancias que fueron expuestas y tomadas en consideración por el juez responsable, se estima por este juzgador queda satisfecha. Sirve de apoyo, la tesis 1a. I/2012 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal en el país, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." Luego, deviene infundado el motivo de disenso en que la parte quejosa alega que en la pieza escrita no existe señalamiento alguno de la prisión preventiva, pues tratándose de ese tipo de determinación únicamente es necesario que precise el delito que se le imputa al indiciado, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad en su participación por parte del imputado, lo que permite garantizar al imputado el derecho fundamental a la certeza y seguridad jurídicas. Finalmente, respecto a las manifestaciones en el sentido de que le quieren atribuir hechos suscitados el quince de agosto de dos mil veinte siendo que él fue detenido en flagrancia hasta el día ocho de septiembre de ese mismo año, deviene infundado, ya que en ningún momento la representación social o el juez responsable le atribuyeron dichos actos, solo los mencionó la víctima al rendir su declaración como antecedente a los hechos sucedidos el día que fue detenido el ahora quejoso. Independientemente de lo anterior, como ya se vio, de conformidad con lo establecido en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba sumaron convicción para establecer de manera razonada el hecho ilícito y la forma de intervención del quejoso en el delito que se le atribuyó, razón por la cual, la decisión de la autoridad responsable se ajusta a la ley. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Israel Cruz Cano. Negativa del amparo que se hace extensiva a la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, por cuanto que el acto reclamado no fue combatido por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto emitido por la autoridad ordenadora. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** contra el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, y otra autoridad, por los motivos precisados en el último considerando del propio fallo. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y por lista electrónica al tercero interesado. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que feneció el plazo de tres días concedido al tercero interesado Alberto Ortega Estrada, para que señalara domicilio dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y háganse las notificaciones por lista electrónica de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese, vía electrónica al quejoso y por lista electrónica al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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