Israel Cabello Camargo
Expediente 801/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Israel Cabello Camargo
Actuaciones
- Principal
II. Naucalpan de Juárez Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintitrés de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***************, por derecho propio, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese vía electrónica a los quejosos por conducto de su representante común. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez Estado de México veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México y otras autoridades, realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 801/2021-II. Ahora bien, en términos de los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo y si del análisis de la demanda de amparo advierte la existencia de una causa de improcedencia manifiesta e indudable la desechará de plano. Ciertamente, en lo que interesa, las normas en comento prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción; y, en ese tenor, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Es ilustrativa la tesis LXXI/2002, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 448, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, con registro 186605, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En ese contexto, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que, los quejosos reclaman lo siguiente: "1. DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, SE RECLAMA: A. La segregación del territorio municipal de Cuautitlán Izcalli. B. La Ley Reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, aprobada por decreto número 144 de la "LVII" Legislatura del Estado de México. C. La omisión de adecuar la Ley Orgánica Municipal, aprobada por decreto 164 de la "LI" Legislatura del Estado de México, a la reformas aprobadas por el poder constituyente del Congreso de la Unión al artículo 115 Constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 21 de diciembre de 1999, que obliga a las Legislaturas de los Estados a efectuar las adecuaciones necesarias a sus leyes en un término de un año, lo que no se ha realizado por la responsable a la fecha. D. La modificación al Decreto número 50 de la "XLV" Legislatura del Estado de México, publicado en la "Gaceta del Gobierno" de fecha 23 de junio de 1973. E. La abrogación del decreto 27 de la "LVII" Legislatura del Estado de México, que se publicó en la "Gaceta del Gobierno" del Estado de México en fecha 16 de diciembre de 2009, en el cual se aprueba el Convenio Amistoso para el Arreglo de Límites celebrado el 18 de abril de 2002 celebrado por los ayuntamientos de Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán, ambos del Estado de México. F. La aprobación del Dictamen de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios mediante el cual resuelven el procedimiento para la solución de Diferendo Limítrofe Intermunicipal en contra del municipio de Cuautitlán Izcalli, México, solicitado por el municipio de Cuautitlán, México, y se segrega parcialmente el territorio del municipio de Cuautitlán Izcalli, México, otorgando al municipio de Cuautitlán, México el pueblo de San Mateo Ixtacalco, el ejido de San Mateo Ixtacalco y las comunidades denominadas "La Capilla" y el "Sabino", actualmente sitas en territorio municipal de Cuautitlán Izcalli, México. G. La falta de legal (sic) otorgamiento a garantía de audiencia a los quejosos y al municipio de Cuautitlán Izcalli, México, en el procedimiento legislativo de Diferendo Limítrofe Intermunicipal tramitado por la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios de esa legislatura. 2. DE LA COMISIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, SE RECLAMA: A. La ilegal tramitación y solución del Procedimiento de Diferendo Limítrofe entre los Municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, ambos del Estado de México, el acuerdo de fecha 3 de junio del 2019 mediante el cual se admite a trámite a solicitud de Procedimiento para la Solución de Diferendos Limítrofes Intermunicipales presentado por el municipio de Cuautitlán, México, sin otorgar legal garantía de audiencia al municipio de Cuautitlán Izcalli, México y a los quejosos. B. El Dictamen aprobado por la responsable para dar por concluido el procedimiento para la solución del Diferendo Limítrofe Intermunicipal entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, Ambos del Estado de México y la remisión al pleno de la Legislatura del Estado para su aprobación. C. El Proyecto de Decreto mediante el cual reconocen que el Poblado de San Mateo Ixtacalco, el ejido de San Mateo con sus comunidades "La Capilla" y "El Sabino" forman parte del territorio de municipio de Cuautitlán, México, segregando el territorio del municipio de Cuautitlán Izcalli, México. D) La ilegal garantía de audiencia supuestamente otorgada al municipio de Cuautitlán Izcalli, México, y la falta de garantía de audiencia a los quejosos en el trámite del procedimiento del Diferendo Limítrofe Intermunicipal entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, ambos del Estado de México. Todos y cada uno de los efectos jurídicos de los actos reclamados en los apartados que anteceden, sustancialmente el de la pérdida de la vecindad que se tiene con el municipio de Cuautitlán Izcalli, México. E. El ilegal procedimiento, mediante el cual decretan, sin garantía de audiencia, la pérdida de la vecindad que tienen los quejosos en el municipio de Cuautitlán Izcalli, México. 2. DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, SE RECLAMA (SIC): A. La promulgación y acuerdo que ordena la publicación de los decretos 27 de la "LVII" Legislatura del Estado de México, que se publicó en la "Gaceta del Gobierno", del Estado de México en fecha 9 de diciembre de 2009 y el Decreto que aprueba el Dictamen de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, que segrega el territorio de Cuautitlán Izcalli, México. B. La promulgación y publicación del Reglamento Interior de la Comisión de Limites del Estado que fuera publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" del estado de México en fecha 6 de noviembre de 1998. C. La iniciativa del decreto dirigida la Legislatura del Estado de México, a nombre de los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, ambos del Estado de México, para que se apruebe el convenio amistoso de límites que estos municipios celebraron en fecha 18 de abril de dos mil dos, y la iniciativa de decreto para tal fin. 3. DEL SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SE RECLAMA: El refrendo de los acuerdos del Ejecutivo del Estado correspondiente a la publicación de decreto número 37 de la "LVII" Legislatura estatal; y refrendo de la iniciativa de decreto por el cual se aprueba el convenio amistoso para el arreglo de limites suscrito por los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, ambos del Estado de México. 4. DE LA COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE MÉXICO SE RECLAMA: A. El procedimiento efectuado para que los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, del Estado de México, celebraran el convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de sus límites territoriales, mediante el cual reconocen, ratifican y están de acuerdo con la línea divisoria, sin otorgar garantía de audiencia a los municipios colindantes y a los quejosos. B. El Procedimiento para la solución de Diferendo Limítrofe Intermunicipal entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, del Estado de México. 5. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", DEL ESTADO DE MÉXICO, SE RECLAMA: La publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México del decreto 27 aprobado por la "LVII" Legislatura del Estado de México, y del Decreto que segrega el Territorio del Municipio de Cuautitlán Izcalli, México. De todas y cada una de las autoridades aquí enlistadas como responsables, se reclaman las consecuencias que de hecho o de derecho se generen como derivación de su pretensión y ejecución de los actos que se les reclaman". Por otra parte, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos exponen bajo protesta de decir verdad que son vecinos del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con domicilio en el Pueblo de San Mateo Ixtacalco del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo que acreditan con copia de su credencial de elector. También refieren que en el Decreto 50 de la "XIV" Legislatura del Estado de México de veintidós de junio de mil novecientos setenta y tres, publicado el veintitrés de junio de mil novecientos setenta y tres, se estableció la creación del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y mediante Decreto 71 de veintiuno de noviembre de mil novecientos setenta y tres, de la XLV Legislatura del Estado de México, publicado el veinticuatro de ese mes y año, aclaro el párrafo final del artículo primero del decreto citado en primer término y se delimitó la poligonal con base a los puntos de referencia vertidos en dicho decreto, al cual se encuentran vinculados como vecinos, determinándose la segregación de la superficie dotada el Ejido San Mateo Ixtacalco, México; así como la Capilla y el rancho el Sabino, que correspondían al municipio de Cuautitlán, Estado de México, para formar parte del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, segregación que fue aceptada por el municipio de Cuautitlán, pues no controvirtió el mencionado decreto, al igual que el Comisariado Ejidal de San Mateo Ixtacalco, tampoco cuestionó su anexo al municipio de Cuautitlán Izcalli, México. Mencionan que no obstante lo anterior, mediante escrito dirigido al Presidente de la Diputación Permanente de la "LX" Legislatura del Estado de México, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el municipio de Cuautitlán, México, solicitó el inicio del Procedimiento para la Solución del Diferendo Limítrofe Intermunicipal en contra del Municipio de Cuautitlán Izcalli, petición que se turnó al Pleno de la "LX" legislatura, turnándose a la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios por conducto de su presidente, el cual la radicó y señaló fecha para la audiencia de ley. Que en la citada audiencia celebrada el ocho agosto de dos mil diecinueve, la presidencia de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus municipios, informó y exhorto a los representantes de los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, a celebrar por convenio amistoso sus respectivos límites, cuyos representantes expresaron su negativa y ratificaron sus escritos; ante esa negativa se les requirió para ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes, las cuales en su momento se allegaron al procedimiento sin que se emitiera el acuerdo respectivo. Asimismo, refieren que la mencionada comisión recabó de oficio diversos medios de convicción, sin que ello se haya hecho del conocimiento del Municipio de Cuautitlán, Estado de México; y una vez recabadas esa pruebas el Secretario de Justicia y Derechos y presidente de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, elaboró el dictamen técnico y lo remitió a la Comisión de la Legislatura, lo cual tampoco se hizo del conocimiento del municipio de Cuautitlán Izcalli. Mencionan que el catorce de diciembre de dos mil veinte, la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y su Municipios, acordó que se encontraba concluido el periodo de desahogo de pruebas, sin que existiera un acuerdo que fijara el plazo para desahogo de prueba y el veinte de febrero de dos mil veintiuno, resolvió que el poblado de San Mateo Ixtacalco, las Comunidades del Sabino y la Capilla, forman parte del territorio de Cuautitlán y que su delimitación, decisión que se sometió al Pleno de la "LX" Legislatura del Estado de México, el cual se aprobó en el mes de julio de dos ml veintiuno. En ese orden de ideas, del análisis de los actos reclamados y los antecedentes narrados, se obtiene que los quejosos impugnan diversos actos y que su inconstitucionalidad la hacen depender del Procedimiento de Diferendo Limítrofe Intermunicipal tramitado por la Legislatura del Estado de México y su Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, en el que se determinó que el poblado de San Mateo Ixtacalco, las Comunidades del Sabino y la Capilla, forman parte del territorio de Cuautitlán, lo cual estiman violatorio de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, debido proceso, motivación y fundamentación, de audiencia y de legalidad, tanto del municipio de Cuautitlán Izcalli y de los vecinos del mismo, como lo son los propios quejosos, en tanto que no fueron citados a su derecho de audiencia tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, de los preceptos legales señalados, se evidencia que la fracción XXIII, del numeral 61 de la ley de la materia, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. En ese sentido, el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, se susciten entre un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional 26/98, destacó que en los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra el Municipio Libre como base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados, reconociéndoles a aquéllos prerrogativas específicas y estableciendo a dichos Estados su marco jurídico de actuación. Señaló que de acuerdo con ese esquema de carácter constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe salvaguardarlo, siempre que se encuentre latente e implícito el pueblo y sus integrantes, que constituyen el sentido y razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constitución, lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que en esencia irían en contra del pueblo soberano. Agregó que, aun cuando la materia fundamental sobre la que versen las decisiones de las controversias constitucionales se relacionen con actos de carácter político, si su expresión tiene también una connotación jurídica, son susceptibles de ser examinados por esa Suprema Corte de Justicia, dado que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa a través de los medios de control de su regularidad debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, sin que se pueda parcializar este importante ejercicio por meras construcciones interpretativas. Que si bien, la doctrina ha establecido que las garantías individuales (actualmente derechos humanos o fundamentales) benefician, en su carácter de derechos públicos subjetivos, a los gobernados, quienes pueden oponerlos a los actos de autoridad; sin embargo, las prevenciones constitucionales que establecen esas normas fundamentales generales disponen también obligaciones que deben cumplir las autoridades en su actuar, siendo que no existe razón jurídica para dejar de requerirlas cuando su destinatario sea otra autoridad, órgano o ente de poder, perteneciente al mismo u otro orden jurídico parcial, pues basta con que el acto de que se trate sea susceptible de afectar el ejercicio competencial de la entidad para que ese Alto Tribunal pueda determinar, sin cortapisas y en su integridad, su apego al Estado de derecho, lo que se traduce en la salvaguarda de la supremacía constitucional, como orden jurídico total. Por tanto, el Máximo Tribunal del País, sostuvo que con base en esos razonamientos, cuando una legislatura dirime un conflicto de límites entre Municipios, respetando siempre los principios contenidos en la Constitución Federal, ejercita plenamente su autonomía, ejercicio que es susceptible de examen integral por esa Suprema Corte para evitar arbitrariedades, a través de la controversia constitucional prevista en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de lo contrario se podría estar reconociendo y autorizando implícitamente la comisión de infracciones a la Norma Suprema, violaciones que no serían susceptibles de purgarse con posterioridad. De la mencionada controversia constitucional, surgió la jurisprudencia P./J. 130/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 793, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, con registro 192840, cuy rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE LOS ACTOS PROVENIENTES DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES TENDIENTES A DIRIMIR CONFLICTOS DE LÍMITES ENTRE MUNICIPIOS". En ese orden de ideas, de lo anterior se obtiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que cuando una legislatura dirime un conflicto de límites entre Municipios, respetando siempre los principios contenidos en la Constitución Federal, ejercita plenamente su autonomía, lo cual puede ser susceptible de examen integral por ese Alto Tribunal para evitar arbitrariedades a través de la controversia constitucional prevista en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Criterio que fue reiterado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la Controversia Constitucional 53/2005, pues al respecto sostuvo que tratándose de las resoluciones de las Legislaturas Locales en materia de delimitación territorial de los Municipios de un Estado, como la propia Constitución Federal no establece la improcedencia de la controversia constitucional respecto de estas resoluciones, no existe impedimento alguno para que ese máximo Tribunal revise en esa vía las resoluciones dictadas en la indicada materia, pues de lo contrario se haría nugatorio el procedimiento que tiene como fin primordial garantizar la supremacía de la Ley Fundamental, ajustando el actuar de cualquier autoridad a los lineamientos que ésta prevé, máxime si dichas determinaciones pueden afectar de manera directa o indirecta las prerrogativas constitucionales otorgadas a algún Poder o nivel de gobierno. Dicha controversia constitucional, dio origen a la Jurisprudencia P./J. 97/2007, visible en la página 1101, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, con registro 170807 del siguiente rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE DIRIMEN EN DEFINITIVA CONFLICTOS DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE UN ESTADO." En ese sentido, si los quejosos reclaman la inconstitucionalidad del Procedimiento de Diferendo Limítrofe Intermunicipal tramitado por la Legislatura del Estado de México y su Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, con motivo del conflicto de límite territorial que se suscitó entre dos municipios del Estado de México, en el que se determinó que el poblado de San Mateo Ixtacalco, las Comunidades del Sabino y la Capilla, forman parte del territorio de Cuautitlán, así como diversos actos cuya inconstitucionalidad la hacen depender del mencionado procedimiento de diferendo limítrofe, lo cual estiman violatorios de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, debido proceso, motivación y fundamentación, de audiencia y de legalidad, tanto del municipio de Cuautitlán Izcalli y de los vecinos del mismo, como lo son los propios quejosos, en tanto que no fueron citados a su derecho de audiencia tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo cierto es que, la constitucionalidad de los actos reclamados no pueden ser objeto de análisis a través del juicio de amparo, dado que su constitucionalidad se hace depender del Procedimiento de Diferendo Limítrofe Intermunicipal tramitado por la Legislatura del Estado de México y su Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, en el que se determinó que el poblado de San Mateo Ixtacalco, las Comunidades del Sabino y la Capilla, forman parte del territorio de Cuautitlán, por lo que acorde con las jurisprudencias invocadas la vía constitucional idónea es la Controversia Constitucional prevista en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Municipio afectado tiene a su alcance para defensa de su soberanía y territorio, pues la afectación que aducen los quejosos les producen los actos reclamados tienen su origen en la tramitación y resolución del mencionado procedimiento. Por tanto, como se mencionó, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la procedencia de la controversia constitucional en contra de las resoluciones de las legislaturas locales que dirimen en definitiva conflictos de límites territoriales entre los municipios de un estado, por lo que los actos reclamados no pueden ser objeto de examen a través del juicio de amparo, al no ser la vía idónea y, por ende, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecha la demanda de amparo, dado que los actos reclamados no puede ser objeto de análisis a través del juicio de amparo, por no ser la vía idónea. No es óbice a lo anterior, que los quejosos se duelen de que no se respetó su garantía de audiencia, pues en todo caso ese es un aspecto que concierne al estudio de fondo, por lo que no puede ser tomado en cuenta, dada la improcedencia advertida de oficio. Se tiene por autorizado al usuario "********************", para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente, razón por la que las notificaciones que se ordenen deberán realizarse de manera electrónica. Se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes y a la actuaria judicial adscrita para que realice vía electrónica las notificaciones a la parte quejosa. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que indica, pues al solicitar la autorización electrónica implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre a la parte garante, por tanto, este juzgador considera tener esa vía para llevar a cabo las notificaciones de las resoluciones dictadas en este asunto, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que respecta al correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgado lo considere necesario durante la tramitación de este juicio. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a ********************. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece; en el entendido de que si es en amplios términos, deberán contar con el registro correspondiente, a quienes se les permite el uso de medios electrónicos para la consulta del presente expediente siempre y cuando no se altere su contenido. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; vía electrónica a los quejosos ´por conducto de su representante común. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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