Israel Crisóstomo Ávila

Expediente 1073/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1073/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Israel Crisóstomo Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que el auto cinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, DICHO AUTO CAUSA ESTADO. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se DESECHÓ la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se procederá en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por ISRAEL CRISÓSTOMO ÁVILA, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1073/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo y su anexo, se desprende que la parte promovente reclama lo siguiente: "RECLAMO que no se ha dado contestación al ESCRITO presentado ante esa autoridad el día once de octubre de dos mil veintiuno." Precisado lo anterior, este Juzgador advierte que respecto a dicho acto, es notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por lo que hace al acto reclamado arriba precisado, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Así las cosas, es de mencionarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" Por otro lado, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se advierte que la víctima puede impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación; así lo puntualizó la Primera Sala del máximo tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en donde señaló que la función del juez de control es que revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, y que de estimar que su actuación es ilegal, lo conmine a realizar las diligencias que sean necesarias, pues la finalidad del juez de control es que controle la legalidad y resguarde los derechos de los imputados así como de las víctimas y ofendidos; derivado de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló también, que si la víctima u ofendido acudían directamente al juicio de amparo, ello generaría un mayor atraso en el procedimiento penal. Cabe precisar que le quejoso tiene la calidad de victima dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/NORTE-I/006095/2021, ello se advierte del acuse que acompañó a su demanda de amparo, de donde se desprende: ".promuevo en mi calidad de víctima." En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda así como del anexo adjunto a ella, consistente en el acuse de fecha de recepción ante la responsable, el once de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que la omisión que constituye el acto reclamado por el impetrante de amparo es la falta de respuesta a la petición siguiente: ".solicito se me nombre parte coadyuvante del Ministerio Público (.) por otro lado solicito se expida a la brevedad posible copia gratuita de la carpeta de investigación(.) en virtud de que me es indispensable para poder coadyuvar con esta Representación Social" Es decir, que si bien el impetrante del amparo se duele de que la autoridad responsable ha sido omisa en dar una respuesta a su escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, lo cierto es que dicha omisión se traduce en que el quejoso ejerza sus derechos de coadyuvante en la integración de la indagatoria, lo que se traduce en una inacción de la representación social, actuar que incide directamente en la facultad de investigar por parte del agente del Ministerio Público, pues la petición del quejoso de ser nombrado coadyuvante en esta etapa del procedimiento, tiene como razón subyacente, que éste pueda actuar con ese carácter en la indagatoria, es decir pretende ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para esclarecer los hechos y en su caso, complementar la acusación del Ministerio Público. Esto, porque el artículo 20 constitucional, literal c), fracción II señala que la víctima u ofendido tienen derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, entre otras cosas. Al respecto, se advierte que este derecho da una participación activa colaborando con el Ministerio Público recolectando material probatorio, y en la realización de las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos; y si bien una segunda forma de participación es la intervención de la víctima durante el juicio oral y una tercera es su intervención a través del ejercicio del derecho de impugnación, lo cierto es que en la etapa procesal en la que se encuentra, la omisión del Ministerio Público de la que se duele el quejoso se traduce en la abstención de investigar porque priva a la víctima de participar activamente con el Ministerio Público con la finalidad de recolectar material probatorio. En esa virtud, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa es impugnable a través del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dicha omisión se traduce en paralizar la investigación, la cual como se dijo debe ser analizada por el juez de control, quien es el garante del procedimiento de forma sustancial y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de tipo acusatorio que están instituidos para al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis1a./J. 27/2018 (10a.) con registro digital: 2017641, Instancia: Primera Sala, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." En el contexto que antecede, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse respetado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación ante el Juez de Control respectivo, se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de la conducta que reprocha de la autoridad señalada como responsable, dicho recurso que está estaba obligada a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: "Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se advierte que el inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hacen ver la promovente del amparo. En consecuencia, al no haberse agotado el medio de defensa legal respectivo y por ende, no respetarse el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso innominado aludido por parte del promovente del amparo, es evidente e indudable, la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como autorizados conforme al artículo 12 de la Ley de la Materia, los que para tales efectos señala en su escrito de demanda, y en términos restringidos, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones a JOSÉ HUMBERTO CABALLERO LÁZARO, NAVID PALACIOS SANCHEZ y AARON ASCENCIO ALDANA, por así haberlo solicitado expresamente. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario "IsaEscalona" y "CecyMoreno" para la consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Como lo solicita la parte promovente, en su demanda de amparo y con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza la notificación electrónica de aquellos proveídos que se ordenen notificar personalmente, a través del usuario "IsaEscalona"; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la transmisión electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento de los teléfonos y/o correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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