Israel Calva Corro (Defensor)
Expediente 1262/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Israel Calva Corro (Defensor)
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, dos de marzo de dos mil veintitrés. TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta 149/2022 del secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja ******************** de su índice, de lo cual se advierte que el tribunal de alzada resolvió declarar infundado el recurso de queja. Acúsese recibo a la superioridad. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Intégrese a los autos el expedientillo que se ordenó formar con motivo de la sustanciación del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo del presente asunto. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIÓN EN CARATULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.********************RECURSO DE QUEJA********************Agréguese a los presentes autos el escrito de agravios del quejoso ********************, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular ********************el cual fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción.********************Visto su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley en cita, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular ********************contra actos del JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL NORTE, CON SEDE EN ZACATLÁN, PUEBLA, y otra.********************Ahora bien, en virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes, como lo prevé el numeral 101 de la ley de la materia; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en Turno, el informe justificado sobre la materia de la queja, al cual deberán anexarse el recurso, copia del mismo y los autos originales del presente expediente de amparo.********************Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.********************SE ORDENA HACER DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO********************Finalmente, en atención a la circular CAR02/CCNO/2020 de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Secretaria de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comisiónese a la Analista Jurídico SISE, para que proceda a realizar la autorización de este expediente para que pueda consultarse por otros órganos el Sistema de Seguimiento de Expedientes, ello a efecto de que el tribunal de alzada tenga acceso al expediente electrónico.********************Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, cinco de diciembre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito recepcionado dos veces de Israel Calva Corro, quien se ostenta como su defensor particular del quejoso Daniel Vázquez Caballero, el cual se recepcionó por medio digital, a través del panel de promociones del expediente electrónico del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica (FIREL), lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." Atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención realizada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. IMPROCEDENCIA Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo promovida el quejoso y del escrito aclaratorio, se advierte, en lo que interesa, que en la causa penal 563/2016/ZACATLÁN, el tres de octubre de dos mil dieciséis se celebró audiencia oral y pública, presidida por el abogado Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Oralidad de la Región Judicial Norte, con residencia en Zacatlán, Puebla, ello en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, audiencia en la cual se le formuló imputación por el delito de homicidio calificado, solicitando el quejoso la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica; por lo que, una vez continuada, el nueve de ese mismo mes y año, el juez resolvió no vincularlo a proceso. No obstante, mediante resolución de seis de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación ********************, la Quinta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso. Luego, en audiencia de veintiuno de julio de este año, el titular del juzgado de Oralidad de la Región Judicial Norte, con residencia en Zacatlán, Puebla, decretó al quejoso prisión preventiva oficiosa, y fijó como plazo de investigación complementaria de tres meses, mismo que feneció el veintiuno de octubre de este año. Conforme a lo anterior, se conoce que, cuando menos, a partir de ese momento, el juzgado señalado como responsable fijó su competencia para conocer del proceso instaurado en contra del quejoso; circunstancia que este controvierte en esta vía, porque considera que la competencia de ese órgano jurisdiccional se sustenta en un Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia que, ilegalmente, estableció dicho juzgado, su sede y competencia, lo cual aconteció en la sesión ordinaria celebrada el quince de mayo de dos mil catorce en la que se emitió el ordenamiento general indicado, relativo a la creación de dos juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte, los cuales conocerían de los asuntos del sistema Penal Acusatorio Adversarial, a partir del veintiuno de mayo de dos mil catorce. Precisado lo anterior, se destaca que el quejoso al desahogar la vista que se ordenó en el auto de radicación, señaló que reclama la nulidad de todo lo actuado en el proceso generador; no obstante, es evidente que la afectación a su esfera jurídica que resulta del trámite de tal asunto, deriva necesariamente de alguna actuación en la cual el juzgado de control fijó su competencia para conocer del mismo, que de acuerdo a los antecedentes que narró, se refleja en la audiencia de veintiuno de julio de este año, pues es en la cual, con su presencia, se estableció la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra y el plazo de la duración de la investigación complementaria. Tal acto impacta en la esfera jurídica del quejoso, pues, por una parte, limitó su libertad personal, al someterlo a tal medida y ponerlo en reclusión y, por la otra, lo sometió a los fines del proceso penal, esto es, está obligado a comparecer a su desarrollo. De manera que al ser emitido por el juez señalado como responsable, con sustento en las normas que le dan competencia, entre éstas, el Acuerdo que el quejoso reclama, es evidente que constituye un acto susceptible de analizarse en esta vía, como un acto concreto de aplicación de esa norma de carácter general. Sin embargo, la promoción del juicio de amparo en su contra resulta extemporánea, lo cual actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". Del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro del plazo genérico de quince días. Por su parte del artículo 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo para la presentación de la demanda de amparo se cuenta partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. En el caso, la notificación de la audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós ocurrió en la misma fecha, pues las audiencias orales se llevan a cabo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia de las partes, a fin de privilegiar los principios de inmediación y contradicción, entre otros. Así mismo, conforme al artículo 82 de dicho ordenamiento legal, las notificaciones practicadas en las audiencias surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas. De tal manera, si la notificación indicada surtió efectos al día siguiente, esto es, el veintidós de julio de dos mil veintidós, el plazo para promover el juicio de amparo en su contra transcurrió del veinticinco de ese mismo mes, al doce de agosto siguiente. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciséis de noviembre de de dos mil veintidós, según la data que obra en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ello que evidencia que entre ambas fechas media un periodo mayor a quince días hábiles, por lo que es que la promoción del juicio de amparo se hizo en forma extemporánea, consintiendo, tanto el acto de aplicación indicado, como la norma general reclamada, pues su presentación ocurrió fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso pretenda reclamar la nulidad de todo lo actuado en el proceso generador a partir de la alegada incompetencia legal del juez de Control; pues al reclamar una norma general, como es el Acuerdo emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el quejoso está obligado a reclamarlo conforme a las directrices que rigen la procedencia del juicio de amparo contra leyes. Esto es, debe hacerlo con motivo de su sola entrada en vigor -lo que en el caso no ocurre- o con motivo de su primer acto concreto de aplicación. Este primer acto se presentó al momento de radicarse el proceso; sin embargo, fue intrascendente, en tanto que el juez natural -de acuerdo a los antecedentes narrados- determinó no vincularlo al mismo; es decir, se esfumó la transgresión a su esfera de derechos derivado tanto de ese acto como de la norma general que estableció la competencia del juez para resolver este tema. Sin embargo, siguiendo su narrativa, se sabe que en fecha veintiuno de julio de este año -con motivo de que la Quinta Sala Unitaria citada resolvió en el toca de apelación ********************, vincularlo a proceso y remitir los autos al juzgado-, el juez señalado como responsable le dictó una medida cautelar -prisión preventiva oficiosa- y señaló el periodo de investigación complementaria; acto este que interfiere en su esfera de derechos, al fijar el juez su competencia para actuar con base en tal Acuerdo, cuya constitucionalidad cuestiona en esta vía. Por ende, con independencia que el proceso continúe su curso y, por tanto, existan tantos actos como sean necesarios para su desarrollo, ello no implica que el quejoso pueda cuestionar ese tópico -la constitucionalidad de ese Acuerdo del Tribunal- en cualquier momento; pues ello se limita al momento en que asumió nuevamente jurisdicción para seguir conociendo de la causa, esto es, al resolverse la apelación y fijar, con motivo de la secuela procesal, una medida cautelar y la duración de la investigación complementaria. Entonces, al no cuestionar el quejoso dicho acto y la norma aplicada en el mismo, es inconcuso que los consintió, de manera que ya no es posible el análisis de su legalidad, esto es, con motivo de un acto posterior, pues al ser este en el que se aplicó dicha norma, ello lo facultaba para reclamarlo en esta vía. De ahí que a partir de ello estuvo en condiciones de hacer, como ahora se hace, los planteamientos que estimara conducentes para controvertir el ajuste constitucional de dicho Acuerdo general; pues, se insiste, las normas deben cuestionarse por su sola entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación. Sin que pase inadvertido que en el escrito de cuenta refiera que pretende la nulidad de todo lo actuado, ya que es una afectación continua la que se realiza a partir del tres de octubre de dos mil dieciséis (fecha de la audiencia inicial); pues como se explicó, el amparo contra leyes necesita de un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso y, en tal audiencia no se le vinculó a proceso. Por tanto, el acto subsecuente que le permitía controvertir el ajuste a la constitucionalidad de dicha disposición general es, al menos, el destacado en esta determinación; el cual fue consentido por las razones expuestas y ello, a su vez, conlleva el consentimiento de dicha norma. Por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
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