Israel Cortéz Rios

Expediente 1291/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1291/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Israel Cortéz Rios
  • Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    INFORME JUSTIFICADO

  2. Principal

    INFORME JUSTIFICADO

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de diciembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de doce de agosto de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Israel Cortez Ríos, para los efectos siguientes: "[.] a). Deje insubsistente el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se giró oficio al ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a efecto de hacerle de su conocimiento estaba pendiente por cumplir la orden de aprehensión (sic) girada mediante oficio 2680 de ocho de agosto de dos mil cinco. b). En su lugar, dicte una nueva resolución, en la que subsane los vicios formales expresados en párrafos precedentes, respecto a la prescripción de la acción penal. (.) Concesión que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del 2. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial del Estado, Zona Centro Veracruz; 3. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz y 4. Encargado de la Jefatura de Grupo de la Policía Ministerial, Boca del Río, Veracruz; al no reclamarse por vicios propios (.). [.]" Mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 2. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial del Estado, Zona Centro Veracruz, 3. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz y 4. Encargado de la Jefatura de Grupo de la Policía Ministerial, Boca del Río, Veracruz. Por auto de veintisiete de octubre de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 3080/2022 el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla Veracruz, remitió la resolución de veinte de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que se dejó insubsistente y sin ningún efecto legal la orden de reaprehensión que se reiteró el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, con oficio 730/2021 entregado el tres de marzo del citado año al fiscal para su ejecución, la que derivó en la orden de reaprehensión de ocho de agosto de dos mil cinco. Asimismo, decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, en favor de Israel Cortez Ríos, por el delito de lesiones dolosas cometidas en agravio de Jairo Yépez Parra, en base a las siguientes consideraciones: Por una parte, valoró que en auto de ocho de agosto de dos mil cinco, emitido en los autos del incidente de libertad del proceso penal 403/2004 de su índice, revocó el beneficio de libertad provisional al quejoso, al haber dejado de firmar en el libro de procesados que gozan con ese beneficio, sin causa justificada, haciendo efectiva la caución otorgada y, por ello, se suspendió el procedimiento y giró la correspondiente orden de reaprehensión en su contra; lo que hizo del conocimiento al Procurador General de Justicia en el Estado, con oficio 2680 de ocho de agosto de dos mil cinco. En esas condiciones, tomó en consideración los artículos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117 y 118 del Código Penal del Estado de Veracruz, entrando al estudio preferente de la figura procesal de prescripción; por ende, consideró que el delito a estudio es el de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 136 y 137, fracción II del mencionado ordenamiento legal, que prevén una pena de dos meses a dos años de prisión, ubicándose en lo dispuesto por el diverso 112 de la ley de la materia, que señala que la acción persecutoria prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad correspondiente al ilícito, pero en ningún caso menor a tres años. Por tanto, llegó a la conclusión de que, si la prescripción de la acción penal es personal y para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado en la ley, continuo y contado desde el día que se libró el mandamiento de captura- ocho de agosto de dos mil cinco- el término para su prescripción debe empezar desde esa data y solo se interrumpe por las actuaciones que se practiquen en la investigación del delito, de conformidad con el numeral 117 del Código punitivo local. Además, analizó que en el caso a estudio el delito de lesiones dolosas previsto en el artículo 137, fracción II, del código local punitivo, señala que las lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido se sancionaran de dos meses a dos años de prisión y multa hasta de sesenta días de salario cuando tarden en sanar más de quince días, perseguido por querella. De ahí, que para que opere la prescripción de ese delito tuvo necesario el transcurso de tres años, término que se materializó a partir del nueve de agosto de dos mil cinco (fecha en que se declaró sustraído de la acción de la justicia) y concluyó el nueve de agosto de dos mil ocho, sin que se ejecutara la orden de reaprehensión, sin que apreciara de las constancias de origen que durante ese lapso se haya practicado actuación alguna en averiguación del delito y del delincuente que interrumpiera el plazo de la prescripción del aludido ilícito; es decir, se encontró paralizado durante ese lapso de tiempo, de ahí que la sanción correspondiente es que aquélla se extinguió, al no haberse reactivado oportunamente, ya que, en ese lapso no se practicó actuación alguna en averiguación del delito y del delincuente, como lo dispone el numeral 117 del ordenamiento sustantivo penal multicitado. Por tanto, consideró que resultó procedente la figura jurídica de la prescripción de la acción penal decretada en beneficio de Israel Cortez Ríos, por el delito de lesiones dolosas, cometido en agravio de Jairo Yépez Parra, dentro de los autos de la causa penal 403/2004, por el simple transcurso del tiempo, conforme a lo que disponen los artículos 1, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, 110, 111, 112, 119 y 120 del Código Penal, que es la que más favorece al reo. Es así, que con apoyo en el artículo 104 del Código Penal del Estado, la autoridad responsable declaró extinguida la acción persecutoria en el caso y, con fundamento en el diverso 305, fracción III, 307 y demás aplicables de la Ley Procesal Penal, DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL del delito por el cual libró la orden de reaprehensión, esto en favor de Israel Cortez Ríos, por el delito de lesiones dolosas, cometido en agravio de Jairo Yépez Parra. Así, giró oficio al Fiscal de su adscripción para que cancelara la orden de reaprehensión obsequiada por auto de ocho de agosto de dos mil cinco, comunicada con oficio 2680, de esa fecha y recibida por el Fiscal el veintinueve de noviembre de dos mil cinco. Finalmente, las autoridades responsables ejecutoras 2. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial del Estado, Zona Centro Veracruz; 3. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz y 4. Encargado de la Jefatura de Grupo de la Policía Ministerial, Boca del Río, Veracruz, informaron que quedaron notificadas de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, ordenando a sus subalternos dejaran sin efecto cualquier acto tendiente a privar de la libertad a Israel Cortez Ríos, aquí quejoso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Lo que se notifica por este conducto a la parte tercera interesada por así estar ordenado en autos.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, uno de diciembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1291/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, uno de diciembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de doce de agosto de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Israel Cortez Ríos, para los efectos siguientes: "[.] a). Deje insubsistente el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se giró oficio al ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a efecto de hacerle de su conocimiento estaba pendiente por cumplir la orden de aprehensión (sic) girada mediante oficio 2680 de ocho de agosto de dos mil cinco. b). En su lugar, dicte una nueva resolución, en la que subsane los vicios formales expresados en párrafos precedentes, respecto a la prescripción de la acción penal. (.) Concesión que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del 2. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial del Estado, Zona Centro Veracruz; 3. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz y 4. Encargado de la Jefatura de Grupo de la Policía Ministerial, Boca del Río, Veracruz; al no reclamarse por vicios propios (.). [.]" Mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 2. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial del Estado, Zona Centro Veracruz, 3. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz y 4. Encargado de la Jefatura de Grupo de la Policía Ministerial, Boca del Río, Veracruz. Por auto de veintisiete de octubre de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 3080/2022 el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla Veracruz, remitió la resolución de veinte de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que se dejó insubsistente y sin ningún efecto legal la orden de reaprehensión que se reiteró el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, con oficio 730/2021 entregado el tres de marzo del citado año al fiscal para su ejecución, la que derivó en la orden de reaprehensión de ocho de agosto de dos mil cinco. Asimismo, decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, en favor de Israel Cortez Ríos, por el delito de lesiones dolosas cometidas en agravio de Jairo Yépez Parra, en base a las siguientes consideraciones: Por una parte, valoró que en auto de ocho de agosto de dos mil cinco, emitido en los autos del incidente de libertad del proceso penal 403/2004 de su índice, revocó el beneficio de libertad provisional al quejoso, al haber dejado de firmar en el libro de procesados que gozan con ese beneficio, sin causa justificada, haciendo efectiva la caución otorgada y, por ello, se suspendió el procedimiento y giró la correspondiente orden de reaprehensión en su contra; lo que hizo del conocimiento al Procurador General de Justicia en el Estado, con oficio 2680 de ocho de agosto de dos mil cinco. En esas condiciones, tomó en consideración los artículos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117 y 118 del Código Penal del Estado de Veracruz, entrando al estudio preferente de la figura procesal de prescripción; por ende, consideró que el delito a estudio es el de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 136 y 137, fracción II del mencionado ordenamiento legal, que prevén una pena de dos meses a dos años de prisión, ubicándose en lo dispuesto por el diverso 112 de la ley de la materia, que señala que la acción persecutoria prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad correspondiente al ilícito, pero en ningún caso menor a tres años. Por tanto, llegó a la conclusión de que, si la prescripción de la acción penal es personal y para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado en la ley, continuo y contado desde el día que se libró el mandamiento de captura- ocho de agosto de dos mil cinco- el término para su prescripción debe empezar desde esa data y solo se interrumpe por las actuaciones que se practiquen en la investigación del delito, de conformidad con el numeral 117 del Código punitivo local. Además, analizó que en el caso a estudio el delito de lesiones dolosas previsto en el artículo 137, fracción II, del código local punitivo, señala que las lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido se sancionaran de dos meses a dos años de prisión y multa hasta de sesenta días de salario cuando tarden en sanar más de quince días, perseguido por querella. De ahí, que para que opere la prescripción de ese delito tuvo necesario el transcurso de tres años, término que se materializó a partir del nueve de agosto de dos mil cinco (fecha en que se declaró sustraído de la acción de la justicia) y concluyó el nueve de agosto de dos mil ocho, sin que se ejecutara la orden de reaprehensión, sin que apreciara de las constancias de origen que durante ese lapso se haya practicado actuación alguna en averiguación del delito y del delincuente que interrumpiera el plazo de la prescripción del aludido ilícito; es decir, se encontró paralizado durante ese lapso de tiempo, de ahí que la sanción correspondiente es que aquélla se extinguió, al no haberse reactivado oportunamente, ya que, en ese lapso no se practicó actuación alguna en averiguación del delito y del delincuente, como lo dispone el numeral 117 del ordenamiento sustantivo penal multicitado. Por tanto, consideró que resultó procedente la figura jurídica de la prescripción de la acción penal decretada en beneficio de Israel Cortez Ríos, por el delito de lesiones dolosas, cometido en agravio de Jairo Yépez Parra, dentro de los autos de la causa penal 403/2004, por el simple transcurso del tiempo, conforme a lo que disponen los artículos 1, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, 110, 111, 112, 119 y 120 del Código Penal, que es la que más favorece al reo. Es así, que con apoyo en el artículo 104 del Código Penal del Estado, la autoridad responsable declaró extinguida la acción persecutoria en el caso y, con fundamento en el diverso 305, fracción III, 307 y demás aplicables de la Ley Procesal Penal, DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL del delito por el cual libró la orden de reaprehensión, esto en favor de Israel Cortez Ríos, por el delito de lesiones dolosas, cometido en agravio de Jairo Yépez Parra. Así, giró oficio al Fiscal de su adscripción para que cancelara la orden de reaprehensión obsequiada por auto de ocho de agosto de dos mil cinco, comunicada con oficio 2680, de esa fecha y recibida por el Fiscal el veintinueve de noviembre de dos mil cinco. Finalmente, las autoridades responsables ejecutoras 2. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial del Estado, Zona Centro Veracruz; 3. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz y 4. Encargado de la Jefatura de Grupo de la Policía Ministerial, Boca del Río, Veracruz, informaron que quedaron notificadas de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, ordenando a sus subalternos dejaran sin efecto cualquier acto tendiente a privar de la libertad a Israel Cortez Ríos, aquí quejoso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

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