Israel Carrillo Flores

Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1028/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Israel Carrillo Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia dictada en el presente asunto, así como del recurso de revisión interpuesto. En esas condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se ordena remitir el presente juicio, así como el original y duplicado del escrito de agravios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que turne estos autos al Tribunal que corresponda, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    se notifica a la parte quejosa el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés que a letra dice: Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Sandra Contreras García, Delegada de Tránsito y Seguridad Vial en Cosamaloapan, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con dicho extremo, remítanse estos autos, así como el original y copia del escrito de agravios que se provee al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Finalmente, se instruye al oficial encargado del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 28730, dirigido a la Delegada de Tránsito y Seguridad Vial (COS), con residencia en Cosamaloapan, Veracruz; con la razón "Rehusado por la Delegada". Ahora, del informe justificado rendido por la citada autoridad responsable, se advierte que señaló como denominación correcta de la autoridad que representa como Delegación de Tránsito y Seguridad Vial en Cosamaloapan, Veracruz, con domicilio para oír y recibir notificaciones la ubicada en la calle********************. En mérito de lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reexpídase mediante mensajería acelerada ESTAFETA el oficio 28730 a la autoridad Delegación de Tránsito y Seguridad Vial en Cosamaloapan, Veracruz, en su denominación correcta, a efecto de notificarle la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    .. se notifica a la parte quejosa la siguiente resolución que a la letra dice . SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1028/2022, promovida por Israel Carrillo Flores. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1-7). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, por una parte se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de la autoridad señalada como responsable 2. GRUAS TELLEZ con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, y los actos atribuídos a la misma, al no ser autoridad para efectos del juicio de amparo; asimismo se ordenó admitir la demanda de amparo respecto de diverso acto rclamado y solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 8-13). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 21 y 51-52) y el emplazamiento de los terceros interesados (fojas (fojas 112-114 y 127) se llevó a cabo la audiencia constitucional (foja 129). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, al reclamarse un acto que puede implicar una afectación a su derecho de propiedad de un automotor, violatorio de las garantáis de legalidad y seguridad jurídica, impugnable en amparo indirecto. . Por razón de la materia (mixta) pues se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: "La negativa de la Delegada de Tránsito y Seguridad Vial, en Cosamaloapan, Veracruz, de hacer la devolución del vehículo marca Ford, modelo 2002, con número de serie 1FTRWO7L42KC77974, número de motor C77974 propiedad del quejoso." Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Delegada de Tránsito y Seguridad Vial, en Cosamaloapan, Veracruz, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado. En su informe dicha autoridad responsable refirió que no dictó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar lo referido por el quejoso. Asimismo, refirió que en fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, se elaboró la boleta de infracción con número de folio 69589 al vehículo de mérito, por el abandono de dicha unidad, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 237, fracción II, del Reglamento de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, esto es once meses después se presentó el quejoso Israel Carrillo Flores, quien se ostentó como propietario del automotor, a solicitar la boleta de infracción correspondiente y una vez realizado el pago de la multa, se realizó la orden de liberación de la unidad en comento, misma que le fue entregada al quejoso, para efectos de acudir al depósito vehicular donde se encontraba resguardado, lo que señala la autoridad responsable se evidencia de la narrativa de su concepto de violación, que dice: " y la segunda (Grúas Téllez) al querer cobrarme la suma de $70,000 para efectos de hacerme la entrega del bien de mi propiedad." Concluyendo dicha autoridad responsable de la transcripción anterior, la negativa de entrega no es inimputable a dicha Delegación, ya que de acuerdo al artículo 4 del Reglamento de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, todo conductor está obligado a conocer la Ley y el citado Reglamento, asimismo, como lo estipula el numeral 159 de la citada Ley, cuando un vehículo es retirado de la vía pública el conductor o propietario está obligado a cubrir el costo de la maniobra y arrastre de la grúa, así como el monto de la pensión que se genere en el depósito vehicular por el resguardo del vehículo, haciendo mención que desconocía el monto que la citada moral le solicitó al quejoso. Sin embargo, de autos se advierte que el diez de noviembre de dos mil veintidós, por una parte se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de la autoridad señalada como responsable 2. GRUAS TELLEZ con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, y los actos atribuídos a la misma, al no ser autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que la participación de la misma, fue por un requerimiento hecho por la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, en Cosamaloapan, Veracruz, de ahí que no se realiza en el ámbito de sus atribuciones como empresa productiva del Estado, obligada en el cumplimiento de las Leyes o sus respectivos reglamentos. Por ende, si el quejoso se duele de la negativa de devolución del vehículo aludido, el cual no le ha sido entregado, lo cual se constata con las constancias que obran en autos (fojas 77-81, 85-89) debe tenerse por cierto el acto reclamado, porque 2. GRUAS TELLEZ con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, no funge como autoridad en el juicio de amparo al actuar en su carácter de auxiliar de apoyo a la audoridad ordenadora Delegada de Tránsito y Seguridad Vial, en Cosamaloapan, Veracruz, por ello debe tenerse por cierto el acto reclamado. Por tanto, se reitera, debe tenerse por cierto el acto controvertido en esta instancia constitucional. CUARTO. Procedencia. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. No se advierte causa de improcedencia, ni las partes señalan que se actualice alguna; por tanto, se estudiarán los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos, en obvio de innecesarias repeticiones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional. Los conceptos de violación que serán materia de análisis en el presente asunto, son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, atento a que con dicho acto se trastoca el derecho a la seguridad jurídica en perjuicio de la parte quejosa, según se expone a continuación. MARCO NORMATIVO En este punto es importante destacar que el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Federal, dispone: "Art. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de supropiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Tal disposición constitucional ha sido interpretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el derecho de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, previamente a que se emita el acto privativo, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 47/95, que se lee: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Del contenido del citado precepto constitucional y de la tesis de jurisprudencia que lo interpreta, se puede advertir que las autoridades tienen el deber de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de hacer efectivo el derecho de audiencia previa y para garantizar la defensa adecuada, únicamente cuando se trata de un acto que priva de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. Las formalidades esenciales del procedimiento han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. De esta manera, tales formalidades se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia. Por otra parte, el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. El artículo 16 de la Constitucional Federal, en su parte conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Es aplicable a lo hasta aquí dicho, la siguiente jurisprudencia: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De manera más explícita, para todo acto de molestia dirigido a los gobernados, el artículo 16 constitucional antes aludido exige la satisfacción de los elementos siguientes: a).- Mandamiento escrito. Presupuesto que implica la existencia material del mandamiento u orden de la autoridad, el cual además debe estar firmado autógrafamente para satisfacer plenamente esta formalidad y entregarse al destinatario copia del mismo, mediante el procedimiento que prevenga la ley, todo ello, a fin de darle a conocer en forma cabal y completa el contenido de la providencia que permita la defensa y su posterior impugnación, por lo que cual perturbación que no provenga de mandamiento escrito es inconstitucional en sí mismo. b).- Autoridad competente. Este apartado entraña la existencia expresa de la facultad específica otorgada por la ley al emisor del acto que se trate, ya que caso contrario el mismo deviene arbitrario por exceder del ámbito del Estado de derecho que así lo exige. c).- Fundamentación. El fundamento del acto de molestia es el señalamiento con precisión del precepto legal aplicable al caso, pero todavía más, la cita de los preceptos debe ser íntegra y puntual, esto es, debe incluir la fracción e inciso en caso de que exista duda de los numerales que se aplican, todo ello en beneficio de la seguridad jurídica. d).- Motivación. Es la invocación de circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinan la aplicación de ciertas hipótesis normativas al caso concreto. Son razonamientos que vinculan a nivel de pertenencia ciertas situaciones, hechos o actos al supuesto de la norma, también, argumentos que vinculan a las facultades en abstracto con el caso particular. Así, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos generales, establece el derecho fundamental de legalidad, cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica. SUBSUNCIÓN Como se anticipó los conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección a la parte quejosa, contra el acto que reclamó de la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, en Cosamaloapan, Veracruz. En efecto, del informe rendido por la autoridad responsable se desprende que admite que en fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, se elaboró la boleta de infracción con número de folio 69589 al vehículo marca Ford, modelo 2002, con número de serie 1FTRWO7L42KC77974, número de motor C77974 propiedad del quejoso, de mérito, por el abandono de dicha unidad, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 237, fracción II, del Reglamento de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, esto es once meses después se presentó el quejoso Israel Carrillo Flores, quien se ostentó como propietario del automotor, a solicitar la boleta de infracción correspondiente y una vez realizado el pago de la multa, se realizó la orden de liberación de la unidad en comento, misma que le fue entregada al quejoso, para efectos de acudir al depósito vehicular donde se encontraba resguardado. Pretendiendo justificar la autoridad responsable que la negativa de la entrega no es inimputable a dicha Delegación, ya que de acuerdo al artículo 4 del Reglamento de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, todo conductor está obligado a conocer la Ley y el citado Reglamento, asimismo, como lo estipula el numeral 159 de la citada Ley, cuando un vehículo es retirado de la vía pública el conductor o propietario está obligado a cubrir el costo de la maniobra y arrastre de la grúa, así como el monto de la pensión que se genere en el depósito vehicular por el resguardo del vehículo, haciendo mención que desconocía el monto que la citada moral le solicitó al quejoso. Empero como ya quedó asentado en autos GRUAS TELLEZ con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que la participación de la misma, fue por un requerimiento hecho por la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, en Cosamaloapan, Veracruz, de ahí que no se realiza en el ámbito de sus atribuciones como empresa productiva del Estado, obligada en el cumplimiento de las Leyes o sus respectivos reglamentos ya que el arrastre de vehículos y como corralón de vehículos, su actuación deriva de su relación en el ámbito de derecho privado y auxilio de la administración de la justicia. Por lo que la actuación que desplegó de arrastrar el vehículo, no es unilateral ni obligatoria, derivó en su carácter de auxiliar en apoyo a la autoridad ordenadora. De ahí que la autoridad responsable Delegada de Tránsito y Seguridad Vial, en Cosamaloapan, Veracruz, debe velar por el cumplimiento que emitió de la orden de liberación del vehículo marca Ford, modelo 2002, con número de serie 1FTRWO7L42KC77974, número de motor C77974 propiedad del quejoso, para restituir al pomovente en el goce de sus derechos humanos transgredidos. CONCLUSIÓN De lo anteriormente expuesto, se colige que el acto reclamado por el quejoso atribuidas a la autoridad responsable resulta violatorias de sus derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. EFECTOS Por tanto, atendiendo al nuevo marco normativo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que siguiendo los lineamientos precitados, la auroridad responsable Delegada de Tránsito y Seguridad Vial, en Cosamaloapan, Veracruz: Para que proceda a restituir al promovente en el goce de sus derechos humanos transgredidos, por lo que deberá realizar de inmediato las gestiones a fin de que proceda a la entrega del vehículo marca Ford, modelo 2002, con número de serie 1FTRWO7L42KC77974, número de motor C77974, al quejoso Israel Carrillo Flores a fin de dar cumplimiento con la orden de liberación de dicho automotor emitida por dicha autoridad responsable; sin perjuicio de que GRUAS TELLEZ con residencia en Cosamaloapan, Veracruz pueda reclamar en la vía y forma correspondientes los gastos de arrastre o almacenaje que legalmente procedan, sobre los que este Juzgador no hace pronunciamiento alguno. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Israel Carrillo Flores, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria de Juzgado Leonor Hernández Ortiz, con quien actúa y da fe; hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.Leonor Hernández OrtizLeonor Hernández Ortiz

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano