Israel Chavez Sotla

Expediente 183/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
183/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Israel Chavez Sotla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa ejecutoria sentencia, se ordena archivo...

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce con cincuenta y tres minutos del día dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. En este acto, se da cuenta con el oficio y anexo suscrito por la responsable, registrado bajo número de promoción 4938; a lo que el juez acuerda: agréguese a los autos el informe y documentales de referencia, mismos que serán tomados en cuenta al dictar la presente resolución. Abierta la audiencia de ley, acto seguido, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con los informes justificados rendidos por las responsables. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace constar que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por las autoridades responsables; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofertadas por las autoridades responsables, así como la instrumental de actuaciones y presuncional ofrecida por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos de mérito y por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 183/2021; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Israel Chávez Sotla solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. En tres de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: CONSIDERANDO: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, en el juicio laboral 2027/2020JE1. La falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral citado. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a las responsables, por haberlo manifestado asi al rendir sus informes con justificación además que dicha certeza se corrobora con las constancias que se remitieron en apoyo las responsables, de las que se desprende la existencia del auto impugnado, aunado a que omitieron remitir documento del cual se advierta el emplazamiento de la parte demandada. Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) del considerando II, consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, en el juicio laboral 2027/2020JE1. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el caso, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado, consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, en el juicio laboral 2027/2020JE1, ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó se vulneraron en su perjuicio, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. En efecto, la parte quejosa combate el citado acto al considerar que la omisión de señalar fecha dentro del plazo previsto para la celebración de la audiencia que refiere en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo resultaba violatoria del artículo 17 constitucional, sin embargo, de las constancias que en copia certificada adjuntó el presidente de la junta labora de esta ciudad, se advierte que mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, la responsable señaló las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia bifásica, circunstancia que ordenó hacer del conocimiento de la parte actora. Consecuentemente, al haber dejado insubsistente el acuerdo reclamado y señalar una fecha próxima; es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto impugnado, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y se restituyó a aquél en el goce de la garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas.". De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado.". Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por el acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, en el juicio laboral 2027/2020JE1. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y respecto del acto reclamado indicado en el inciso b), en el considerando II, consistente en la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 2027/2020JE1, este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se colige que el quejoso aduce que la omisión reclamada es violatoria del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional. Es infundado el concepto de violación, toda vez que la revisión de las constancias remitidas por las responsables arrojan que la falta de emplazamiento a juicio de la parte demandada no es injustificada, en razón de que el actor, aquí quejoso, incumplió con la carga procesal de señalar domicilio correcto de su contraparte. En efecto, los artículos 712, 739 y 874 de la Ley Federal del Trabajo establecen que es obligación del trabajador señalar en su primer escrito o comparecencia el domicilio del demandado o el del lugar donde laboró y la actividad de ese establecimiento, aunque desconozca el nombre o denominación social del patrón, para que puedan ser notificados, pues si esa diligencia de emplazamiento no acontece, la Junta oficiosamente deberá señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa. De ahí se sigue, que es obligación del actor señalar el domicilio o domicilios donde pueda ser emplazado el patrón o patrones, y si éstos no resultan correctos, la Junta debe requerir a la parte actora para que proporcione el domicilio del o de los demandados que no pudieron ser emplazados, con el apercibimiento de que si no lo hace, se tendrá por no interpuesta la demanda. Proceder de los tribunales laborales que resulta acorde a la jurisprudencia 2a./J. 126/2016 (10a.), de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO. Tanto en los juicios laborales en los que existe un patrón único como en los que se designa a varios de ellos resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, cuyas disposiciones no hacen distinción entre uno y otro supuestos, por lo que debe inferirse que no fue voluntad del legislador otorgar un trato diverso ni regir la situación de manera particular o destacada, en específico, sobre la carga del trabajador actor de designar el domicilio donde pueda emplazarse al patrón demandado (artículo 739, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo). En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.) (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de juicios laborales en los que el actor no proporciona el domicilio para lograr el emplazamiento de un solo demandado o el proporcionado es incorrecto -desde luego, agotadas las posibilidades al efecto e, incluso, dando la posibilidad al trabajador de aclarar o proporcionar mayor información-, es factible que la Junta del conocimiento lo requiera para que aclare o designe uno nuevo bajo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigarlo." Ahora, en el caso, de las documentales remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: En veintiuno de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa promovió demanda laboral ante la responsable radicada con el número de expediente 2027/2020JE1. En esa propia fecha, se radicó el juicio laboral y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. El quince de diciembre de dos mil veinte, no se llevó a cabo la audiencia de ley y la responsable omitió señalar nueva fecha para el desahogo de la referida audiencia. Posteriormente, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, la junta responsable corrigió el procedimiento, señalando fecha para el desahogo de la multicitada audiencia, y ordeno el emplazamiento de la parte demandada. Seguida la secuela procesal, el veinticinco de marzo de la presente anualidad, ante la imposibilidad de emplazar a la parte demandada, la junta responsable requirió nuevamente a la actora para que proporcionara domicilio para el emplazamiento de la moral demandada. Consecuentemente, en auto de trece de abril siguiente, la junta responsable en atención al cumplimiento de la parte quejosa al requerimiento mencionado, ordenó la reanudación del procedimiento, señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia bifásica y ordenó nuevamente el emplazamiento de la demandada en el juicio laboral 2027/2020JE1. De antecedentes narrados, se concluye que la falta de emplazamiento combatida no puede reprocharse a la junta laboral, ni a su actuario notificador adscrito, habida cuenta que la parte actora no designó correctamente el domicilio, a pesar de ser su obligación procesal. En conclusión, al resultar infundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del apartado II, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el inciso b), del apartado II, de esta sentencia, al resultar infundado el concepto de violación formulado por la quejosa, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Israel Chávez Sotla, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) del considerando II, por las razones expuestas en el considerando IV, del presente fallo. Segundo. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a Israel Chávez Sotla, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, precisado en el inciso b) del considerando II, por las razones expuestas en el apartado V de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de abril de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Se requieren constancias. Ahora, tomando en consideración el requerimiento formulado a la parte actora -aquí quejosa-, en proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las referidas autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de la notificación practicada a la parte actora y el acuerdo recaído a dicho apercibimiento, ya que de éstas pudiera advertirse la actualización de una causa de improcedencia. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Alegatos. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito suscrito por el quejoso, atento a su contenido, ténganse por formulados los alegatos que hace valer en el mencionado escrito y tómense en consideración en la resolución constitucional. Pruebas. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y por anunciados como medios de convicción la instrumental pública de actuaciones y presuncional que señala; sin perjuicio de hacer relación de ellas al dictarse la sentencia respectiva. Notifíquese, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional (quince días). De la certificación que antecede se advierte que a la autoridad señalada como responsable, no le ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia y se señalan para su celebración las doce con cincuenta y tres minutos del día dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

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