Israel Acuña Gómez
Expediente 1644/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1644/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Israel Acuña Gómez
- Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Apercibimiento efectivo. Del estado de autos, se advierte que en proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, se otorgó vista a la parte quejosa con el oficio y constancias con las cuales, la responsable manifestó cumplir con el fallo protector. Sin embargo, la parte quejosa no formuló manifestaciones sobre el particular; por ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se procede a calificar el acatamiento de la sentencia. Fallo protector. En resolución constitucional de doce de enero de dos mil veintitrés, se concedió a ***, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la responsable, efectúe el siguiente acto: Dejar sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen ***, y en su lugar fijar nueva data para su verificativo dentro del plazo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Firmeza del fallo. Seguidos los trámites de ley, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se hizo constar que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia definitiva; por ello, se declaró que causó ejecutoria y se requirió a las responsables por su cumplimiento. Cumplimiento. Del estado de autos, se advierte que la responsable, mediante oficio de nueve de febrero de dos mil veintitrés, remitió constancias de las que se advierte que la responsable dejó sin efecto el auto dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós y en su lugar se fijaron las diez horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen ***. Se declara cumplida la sentencia. En estas condiciones, se estima que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria del presente juicio de amparo indirecto, sin que se advierta exceso o defecto en el mismo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyendo a la parte quejosa en el derecho fundamental violado. Sin que ello implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Archivo. Por ello, con fundamento en el artículo 3, fracción VII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente juicio como asunto concluido. Valoración del asunto. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, con entrada en vigor el veintiséis del mes y año en cita (día siguiente a su publicación), se establece que el presente asunto es susceptible de depuración. Transcurrido el plazo de tres años, posterior a la presente determinación, procédase a la depuración del cuaderno original del incidente de suspensión, para lo cual deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional (la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación). Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de febrero de dos mil veintitrés . Informe de cumplimiento. Se agrega el oficio y anexo que remite la autoridad responsable presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente de esta ciudad, en el que manifiesta el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia concesoria, para el efecto de que: "Dejar sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen ********************, y en su lugar, fijar nueva data para su verificativo dentro del plazo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad en trato, que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo otorgado, salvo impedimento legal acreditado, al omiso se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del doce de enero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a todas las constancias que obran en autos y con el escrito con folio 537. El juez acuerda: agréguese a los autos el escrito suscrito por los autorizados de la parte quejosa y en atención a su solicitud dígasele que se encuentra debidamente integrado el presente juicio de amparo, por lo cual no es necesario requerir a la responsable por las constancias que refiere; asimismo, se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que anexó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, por su especial naturaleza, las documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho de las partes para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** L-I; y Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, a este juzgado, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y, finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: El acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del juicio laboral ********************, en el cual la Junta responsable señaló las once horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Determinados los acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de estos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Certeza de los actos en reclamo Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que así se advierte del informe con justificación que rindió; así como de las constancias que remitió adjunto a su informe. IV. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. El quejoso aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que la responsable señaló una fecha excesiva para celebración de la audiencia de ley. Es concepto de violación es fundado, toda vez que, la fecha señalada para el desahogo de la audiencia contemplada en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, efectivamente supera el plazo establecido para su desahogo; asimismo, el actuario responsable no acreditó haber realizado algún acto a fin de lograr el emplazamiento de la parte demandada. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan, para llevar a cabo los distintos actos procesales; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes. Ahora, en el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que: El quejoso promovió demanda laboral en contra de ********************. El en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Junta responsable, procedió previo diferimiento, a señalar nuevamente fecha -once horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés- para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo; debido a que el actuario notificador no cumplió con su obligación de emplazar a la totalidad de los demandados Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la autoridad responsable va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que la fecha estipulada en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, supera el plazo de quince días establecido en la legislación obrera. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no las exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso. V. Decisión En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, deberá: Dejar sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen ********************, y en su lugar, fijar nueva data para su verificativo dentro del plazo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados IV y V de este fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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