Israel Brandon Vergara Ramírez
Expediente 864/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Israel Brandon Vergara Ramírez
- Juez de Ejecución de Penas con funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 864/2021-I-A, promovido por ISRAEL BRANDON VERGARA RAMIREZ contra actos que reclamó al Juez de Ejecución de Penas del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por demanda presentada ante la Oficialía Común de Partes, con sede en esta localidad, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, y turnada a este juzgado de Distrito en la misma fecha, el quejoso, ISRAEL BRANDON VERGARA RAMIREZ, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra el acto que reclamó del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Titular del Centro de Reinserción Social Número 3, con sede en esta ciudad, Subsecretario del Sistema Penitenciario Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a quienes reclamó: "IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN: a) Se reclama de cada una de las autoridades responsables, el acto de retrasar injustificadamente la solicitud de Audiencia Constitucional que la ley concede al suscrito, ante el juez de ejecución de penas del Distrito Judicial Bravos, ésta para debatir el eventual otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada a mi favor, dicho retraso es producto de la omisión de sus responsabilidades legales respecto al trámite necesario para la celebración de dicha audiencia. Motivo que reclamo ahora, pues al incumplir con sus responsabilidades, no se ha dado cabal respuesta a mi solicitud, y se ha retrasado de manera injustificada la solicitud de audiencia realizada. Es importante recalcar a usía, que reclamo de cada una de las autoridades el mismo hecho, por ser éstas, las encargadas de llevar a cabo los trámites y estudios correspondientes para la realización de la tan solicitada audiencia. Lo anterior, por violar el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional. Y el derecho de Defensa adecuada, consagrado en el numeral 20, aparado B fracciones VI y VIII del mismo cuerpo de leyes." (Sic) La parte quejosa consideró trastocados en su perjuicio los artículos 1, 8, 17, párrafo segundo, 18, párrafo segundo y 20 apartado B, fracciones VI y VIII y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda como expediente 864/2021-I-A; se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento alguno; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de autoridades con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el promovente consiste en lo siguiente: "a) Retrasar injustificadamente la solicitud de Audiencia Constitucional que la ley concede al suscrito, ante el juez de ejecución de penas del Distrito Judicial Bravos, ésta para debatir el eventual otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada a mi favor, dicho retraso es producto de la omisión de sus responsabilidades legales respecto al trámite necesario para la celebración de dicha audiencia. Motivo que reclamo ahora, pues al incumplir con sus responsabilidades, no se ha dado cabal respuesta a mi solicitud, y se ha retrasado de manera injustificada la solicitud de audiencia realizada. Lo anterior, por violar el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8º Constitucional" TERCERO. La autoridad responsable, Titular del Centro de Reinserción Social Número 3, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negó categóricamente el acto materia de reclamo. Al respecto, ante la negativa especifica externada por la precitada autoridad responsable al rendir su informe justificado en torno a tal acto reclamado, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Entonces, toda vez que en el caso, la parte quejosa no ofreció alguna prueba idónea para desvirtuar la negativa expuesta por la autoridad responsable en su informe justificado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Así, se tiene que el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe con justificación, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, en razón de que de la lectura a su comunicado oficial se hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el juez responsable señaló las once horas del tres de diciembre de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia en la que se debatiría sobe la posible concesión de algún beneficio preliberacional, a favor del ahora quejoso, lo que ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, en fecha posterior al dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. Por otro lado, la Autoridad Penitenciaria del Estado de Chihuahua, autoridad que sustituyó al Subsecretario del Sistema Penitenciario Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al rendir su informe con justificación, negó la existencia de los actos reclamados; no obstante ello, de la lectura a su informe con justificación se advierte que son ciertos los actos que se le atribuyen a dicha autoridad penitenciaria, puesto que informó que mediante oficio SSPE-85.6.1/3613/2021 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se solicitaron el Plan de Actividades y su cumplimiento al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta localidad, y con oficios FGE-PYRS/6789/2021 y FGE-DGSPPyRS/10346/2021 de fechas veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, le fueron remitidos al Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, del Distrito Bravos, copia certificada del Plan de Actividades y su Cumplimiento, relativo a la persona privada de la libertad ISRAEL BRANDON VERGARA RAMIREZ, mismos que fueron recibidos de manera física por dicho Tribunal en fecha veinticuatro de septiembre y once de noviembre de dos mil veintiuno, asimismo, hizo del conocimiento de este juzgado federal, que con fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, del Distrito Bravos, resolvió conceder el beneficio de la libertad condicionada al sentenciado, ISRAEL BRANDON VERGARA RAMIREZ, ordenando su inmediata libertad, misma que obtuvo en esa misma fecha, de lo que se tiene que son ciertos los actos reclamados a dicha autoridad penitenciaria. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que las autoridades responsables anexaron a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes de la carpeta de ejecución 90/2021, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia o improcedencia de la vía constitucional. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y al ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, y sin oponerse a la nueva Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVII, 62, 63, fracción V y 65, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;". "Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización." Del precepto 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se obtiene que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando posterior al acto reclamado se produzca uno diverso que traiga por resultado el cambio de la situación jurídica del quejoso, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por un nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Este cambio hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, por ende, tal causa de improcedencia, como se dijo, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última, por lo que se deben considerar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. En ese contexto, para la operancia de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; Con posterioridad al acto reclamado se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; En virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Pues bien, en el asunto en particular, el quejoso reclama de las autoridades responsables la falta de celebración de la audiencia para debatir sobre la posible concesión de algún beneficio preliberacional, a favor del ahora quejoso. Sin embargo, de la copia certificada de las constancias procesales que integran la carpeta de ejecución 90/2021 del índice del Juez responsable, se advierte que se fijaron las once horas del tres de diciembre de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia en la que se debatiría sobre la posible concesión de algún beneficio preliberacional, a favor del ahora quejoso y aunado a ello, que en fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, del Distrito Bravos, resolvió conceder el beneficio de la libertad condicionada al sentenciado, ISRAEL BRANDON VERGARA RAMIREZ, ordenando su inmediata libertad, misma que obtuvo en esa misma fecha. Bajo esas circunstancias, es evidente que operó un cambio de situación jurídica que impide analizar las violaciones atribuidas a la falta de respuesta a sus peticiones para fijar la fecha de la audiencia preliberacional, del aquí quejoso, sin afectar esa nueva situación jurídica originada a raíz de la libertad preliberacinal que obtuvo en el siete de diciembre de dos mil veintiuno, ordenada por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Luego, en el caso particular como consecuencia de la celebración de la audiencia y la obtención de la libertad del directo quejoso ISRAEL BRANDON VERGARA RAMIREZ, constituye una nueva determinación, lo que genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la libertad que obtuvo el quejoso el siete de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, del Distrito Bravos, quien resolvió conceder el beneficio de la libertad condicionada al sentenciado, ISRAEL BRANDON VERGARA RAMIREZ, ordenando su inmediata libertad, misma que obtuvo en esa misma fecha. Derivado de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida por el quejoso, al haber obtenido su libertad por la concesión del beneficio de la libertad condicionada al sentenciado, aquí quejoso, pues la pena impuesta al quejoso, y la falta de celebración de la audiencia para debatir sobre la audiencia preliberacional, fue sustituida procesalmente por el beneficio de la libertad condicionada al sentenciado, ahora quejoso, que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. De lo anterior, resulta incuestionable que operó un cambio de situación jurídica por sustitución procesal, actualizándose, por ende, el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVII y con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ISRAEL BRANDON VERGARA RAMIREZ, contra actos que reclamó a las autoridades responsables descritas en el resultando primero de esta sentencia, y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quién autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por Autoridad Penitenciaria del Estado de Chihuahua en representación del Subsecretario del Sistema Penitenciario de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, por medio del cual se le tiene rindiendo su informe con justificación, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior, al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a la Autoridad Penitenciaria del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, informando que esa es la denominación correcta en sustitución de Subsecretario del Sistema Penitenciario de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas del Estado de Chihuahua. Atento a lo anterior se ordena corregir en el Sistema Integral de Seguimientos de Expediente, la denominación correcta de las autoridades responsables en mención, a efecto de dirigir el oficio con la denominación correcta. NOTIFÍQUESE. Así, lo resolvió y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el Titular gozando de su periodo vacacional, y autorizando por oficio CCJ/ST/4237/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades responsables, SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES y FISCAL ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con sede en Chihuahua, Chihuahua, ni tampoco obran las piezas postales que amparan los oficios en los que se les remitió copia de la demanda de amparo. En tal sentido, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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