Israel Armando Rodríguez Chávez

Expediente 138/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
138/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Israel Armando Rodríguez Chávez
  • Juez Sexto Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del "NUMERAL VIGÉSIMO", del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales, previa depuración, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 138/2020-II, promovido por Israel Armando Rodríguez Chávez, contra actos y autoridades que más adelante se precisan por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua con sede en ciudad Juárez, Israel Armando Rodríguez Chávez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos del Juez Sexto de lo Civil por Audiencias, El Coordinador y Actuarios adscritos a la Oficina Central de Actuarios y Ministros ejecutores adscritos a la oficina central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos; demanda que por razón de distribución de correspondencia fue turnada a este Juzgado y se recibió en la oficialía de partes en la misma fecha; actos que la peticionario del amparo hizo consistir en: "IV).- ACTOS RECLAMADOS. A).- Del C. Juez Sexto de lo Civil por Audiencias reclamo cada una de las actuaciones, autos y sentencias dictados dentro del expediente 932/18 a partir del ilegal emplazamiento supuestamente practicado a mi persona, toda vez que jamás fui emplazado sobre dicho procedimiento judicial y en consecuencia se ordene emplazarme a dicho juicio para los efectos de que pueda acudir al mismo, en defensa de mis intereses, así mismo me reservo e derecho de ampliar el presente acto reclamado y los conceptos de violación que aquí se enuncien, una vez que tenga conocimiento de los actos que en mi contra se hayan realizado dentro del expediente de donde se hace derivar e presente acto reclamado al rendir el informe justificado las responsables al que deberán, agregar en su integridad las constancias que obra en el expediente laboral ya citado." (sic) B).- De las autoridades señaladas como ejecutoras, es decir los C.C. Actuario y Coordinador de la H. Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos en el Estado de Chihuahua, se reclama el ilegal emplazamiento supuestamente practicado a mi persona dentro del expediente 932/18 del Juzgado Sexto de lo Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos, así como el cumplimiento que pudiese dar a la orden emitida por la autoridad ordenadora consistente en lanzar al suscrito y poner en posesión la actora y/o adjudicatario sobre mi propiedad ubicada en calle Caldas Norte 2507 del Fraccionamiento Rincones de Santa Fe. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por proveído de dos de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno bajo el expediente 138/2020-II, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención de su competencia al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se notificó personalmente a las partes terceras interesadas BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y Liberty Real Estate, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, se señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta resolución; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar este juicio de derechos fundamentales indirecto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 adicionado por los diversos 3/2015 y 12/2016, todos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que los actos reclamados fueron ejecutados en esta ciudad, por ende, es en esta municipalidad donde se ejecutaron los eventos controvertidos de inconstitucionales, lugar donde ejerce jurisdicción esta autoridad de amparo de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General en cita y sus adicionados. SEGUNDO. La Litis en este asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, tomando en consideración los datos que emanan de la demanda de garantías, así como de la totalidad de las constancias del juicio de amparo en que se actúa y la causa de pedir, procede a precisar los actos reclamados, mismos que consisten en: Los autos, emplazamiento y sentencia, dictados dentro del expediente 932/18 del Juzgado Sexto de lo Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos, su cumplimiento que pudiera ser lanzarlo y poner en posesión la actora o adjudicatario sobre el inmueble ubicado en calle Caldas Norte 2507 del Fraccionamiento Rincones de Santa Fe, el cual refiere es de su propiedad. Actos impugnados de inconstitucionales, que se advierten del contenido de la demanda de amparo, atento a lo expuesto en los capítulos de actos reclamados, antecedentes, preceptos constitucionales violados y conceptos de violación que el peticionario de amparo narra. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores para los Juzgados Civiles y Familiares, al rendir su informe justificado manifiesta que no son ciertos los actos reclamados, ya que no tiene calidad de autoridad responsable, únicamente realiza funciones administrativas, pues la ejecución del acto que se le reclama debe ser a un Actuario o Ministro Ejecutor designado por un juez. Como consecuencia de lo anterior, por lo que hace a los actos atribuidos a dicha autoridad, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXIII, en relación al 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente dicen: "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos, o de esta Ley". De los preceptos legales en cita, se tiene que, para los efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguirían dichas situaciones jurídicas. En tal contexto, en la especie el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados que le atribuye el solicitante de protección de derechos fundamentales y, de las constancias que integran este juicio, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que no libró, ejecutó o trató de ejecutar los actos reclamados, por ende, es claro que el mencionado, no intervino en la emisión o ejecución de los eventos atacados de inconstitucionales, por lo que no puede considerarse autoridad responsable en el presente juicio de amparo indirecto, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, únicamente respecto de la autoridad indicada. CUARTO. El Juez Sexto Civil por Audiencias Provisional, no rindió su informe justificado, sin embargo, a requerimiento de este Juzgado, remitió copia certificada de todo lo actuado en el expediente 932/2018, en las cuales se aprecia la certeza de los actos que le reclama el quejoso. Los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros ejecutores del Distrito Judicial Bravos, al rendir el informe justificado admitieron que son ciertos los actos reclamados, ya que el quejoso fue emplazado por edictos y hasta el momento no existía un auto de ejecución de sentencia. Por consiguiente, el mismo deben tenerse por ciertos en razón de que realizaron diligencias que originaron la notificación de emplazamiento por edictos. En apoyo a su informe la primera autoridad, envió copia certificada de las constancias que conforman el juicio de origen y que tomó en cuenta para pronunciar los actos reclamados, abriéndose cuaderno de pruebas; medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones. Encuentra apoyo tal consideración, en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causales de improcedencia. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el numeral 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, como se advierte del numeral indicado y de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, Tomo Parte VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Al no existir causa de improcedencia que deba examinarse, ya sea porque la hayan propuesto las partes o se advierta de oficio, lo que impone entrar al estudio de los motivos de inconformidad alegados por la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. En este considerando se tienen por reproducidos los conceptos de violación, sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, basta con que se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los cuales se estudian y se les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Se fundamenta lo anterior, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en mayo de 2010, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEPTIMO. Análisis de fondo. Resultan infundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso, en base a los siguientes razonamientos. El acto reclamado destacado se hace consistir en la falta de emplazamiento al juicio civil radicado bajo el expediente 932/2018-II, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del distrito Judicial Bravos, el cual fue llevado a llevado a cabo mediante edictos, juicio iniciado por la tercera interesada "BBVA Bancomer Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, contra el peticionario del amparo, así como todo lo actuado en el mismo y sus consecuencias tendientes a y los actos subsecuentes hasta la orden de poner en posesión al adjudicatario del inmueble que defiende como de su propiedad. Ahora bien, en términos de la fracción VI, del artículo 79, de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios, cuando se advierta que ha habido contra el quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el emplazamiento del demandado al juicio natural, constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesaria para una adecuada defensa y que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa, se traduce en una violación manifiesta de la ley que produce indefensión, al estar en presencia de la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, ya que afecta la oportunidad de alegar, ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a suplir la queja deficiente al respecto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón". En lo que interesa, en los antecedentes y conceptos de violación de la demanda, el amparista refiere: Que no fue legalmente emplazado pues no tuvo conocimiento de ello. Que se vulneran en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, que en su segundo párrafo, contienen la garantía de audiencia, ya que atentan contra las formalidades esenciales del procedimiento, vulnerando su garantía de audiencia y seguridad jurídica, porque de rematarse o adjudicarse su propiedad a diversa persona se le molestaría en sus bienes y derechos. Se vulnera el artículo 16 Constitucional, ya que las autoridades no motivaron ni fundamentaron el acto reclamado. De lo anterior, se aprecia que el peticionario de amparo, en esencia aduce que el emplazamiento al juicio de origen, se llevó a cabo sin observar las formalidades esenciales del procedimiento y por ende su garantía de audiencia, de modo que tal reclamo constituye una negativa que obliga a la responsable a demostrar lo contrario, a fin de desvirtuar la violación del derecho fundamental de audiencia que se le reclama, estipulada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, de conformidad con el criterio contenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. CARGA DE LA PRUEBA PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La afirmación del quejoso en el sentido de que no se le citó ni se le oyó en defensa, que integra una negativa, obliga a las responsables a demostrar lo contrario, para desvirtuar la violación del artículo 14 constitucional que se reclama". El juez responsable remitió copia certificada de los autos del juicio oral ordinario civil en ejercicio de la acción especial hipotecaria, radicado bajo el expediente 932/2018-II de su índice, las cuales ya fueron valoradas con antelación, y para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes que derivan del juicio citado y son: a) Mediante escrito recibido el veintinueve de octubre de dieciocho, en el Juzgado de origen, los apoderados de la persona moral denominada BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria para requerir al Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores si los acreditados Israel Armando Rodríguez Chávez y Mónica Torres Martínez incumplieron con el pago de las amortizaciones mensuales a que estaban obligados con la institución bancaria El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, el Juez de origen, tuvo a los apoderados de la persona moral denominada BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, promoviendo en la vía oral ordinaria civil, en ejercicio de la acción especial hipotecaria, reclamando diversas prestaciones a Israel Armando Rodríguez Chávez y otra persona, admitió a trámite la demanda en los términos en que fue planteada, además ordenó emplazar a juicio a la parte demandada en el domicilio que para tal efecto indicó el actor, sito en Calle Caldas Norte 2507, del Fraccionamiento Rincones de Santa Fe, etapa 12, de esta ciudad, otorgándoles un plazo de nueve días para que contestara la demanda, opusiera excepciones y ofreciera pruebas. c) En acatamiento a lo ordenado por el Juez del procedimiento civil de origen, los Notificadores designados, en las razones de once de diciembre de dos mil dieciocho y veintiocho de enero de dos mil diecinueve, asentaron que no encontraron a persona alguna. En diligencia de trece de febrero de dos mil diecinueve, a la Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora le fue informado que las personas que ahí habitaban se encontraban por la noche o los fines de semana porque laboraban. En acatamiento a lo ordenado, en diligencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, la Notificadora y Ministra Ejecutora licenciada Guadalupe Angélica Quintero Cantú, se constituyó en el domicilio señalado en autos por la parte actora, ubicado en calle Caldas Norte 2507 del Fraccionamiento Rincones de Santa Fe, Etapa 12, de esta ciudad, en busca de Israel Armando Rodríguez Chávez y otra, fue atendido por Marco Antonio Guzmán Rodríguez, quien se identificó con credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral IDMEX1473617500, quien le dijo que vivía en esa casa desde hacía un año con su mamá, que la persona buscada no vivía ahí, sino que residía en El Paso, y su mamá Claudia Verónica Rodríguez le compró la casa a los demandados. Firmando ambos el acta. d) Por auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez del procedimiento a solicitud de la parte actora, ordenó girar oficio al Instituto Nacional Electoral, para que informara si en sus archivos se encontraba registrado algún domicilio de la parte demandada. e) Mediante oficio signado por el Encargado del Despacho de la Vocalía de Registro Federal de Electores, informó al Juez del proceso que en su base de datos se localizaron dos domicilios, uno del amparista y otro de su diversa codemandada. f) En proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se ordenó al Actuario el emplazamiento al juicio de la parte demandada en los domicilios proporcionados por el Instituto Nacional Electoral. g) Mediante razón actuarial del dos de mayo de dos mil diecinueve, del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor Juan Francisco Acosta Orozco, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Antonio Torres 313, Alamos de San Lorenzo de esta ciudad, al tocar a la puerta fue atendido por una persona que le dijo llamarse Adriana Aguirre, quien le dijo que arrendaba el inmueble desde hacía un año dos meses, y no conocía a las personas buscadas. h) Nuevamente, en razón actuarial de treinta de agosto de dos mil diecinueve, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor Salvador Fierro, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Antonio Torres 313, colonia Alamos de San Lorenzo de esta ciudad, y se cercioró por la nomenclatura de la calle y la secuencia numérica buscó al quejoso y fue atendido por Adriana Aguirre, quien no se identificó porque no contaba con ella, dio su media filiación, señaló que a ella le rentan la casa y desconoce el domicilio de los demandados. i) En proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, a solicitud del actor, el Juez responsable, acordó: visto lo solicitado, en razón de que había acta levantada por el Actuario, en el sentido de que la parte demandada no vive en el domicilio señalado para su emplazamiento, ordenó emplazar a Israel Armando Rodríguez Chávez y otra, por medio de edictos a publicar tres veces consecutivas de tres en tres días, en un Periódico que circule en todo el Estado, haciéndole saber que se le concedía el término de nueve días y comenzaría a computarse a partir del día siguiente a la fecha de la última de las publicaciones ordenadas. j) Por auto de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez del conocimiento tuvo por recibidos los ejemplares del Periódico el "Diario de Juárez", -según acordó- en los que asentó se realizaron las publicaciones ordenadas y debidamente emplazado el quejoso y diversa persona. Asimismo, señaló que la parte demanda no dio oportuna contestación a la demanda, y le declaró la rebeldía, y por perdido el derecho para contestar la demanda. Presumió por confesados los hechos de la demanda que dejó de contestar, asimismo, ordenó las notificaciones restantes por lista. Finalmente señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia preliminar, previniendo a las partes a comparecer a la misma. El once de noviembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia preliminar, declarándose vistos los autos para dictar sentencia. Ahora bien, la juez responsable, ordenó emplazar al quejoso por edictos; al respecto, el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles Estatal, dispone: "ARTÍCULO 138. Cuando se ignore el domicilio o paradero de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará por edictos, publicando la determinación respectiva por tres veces consecutivas de tres en tres días, en un periódico de circulación amplia en el estado. Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez o jueza ordenará recabar informe de una autoridad o institución pública que cuente con registro oficial de personas. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez o jueza revisará la información presentada, así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la parte demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores." En ese sentido, tenemos que conforme a la reglamentación adjetiva especificada, las principales formalidades que debe contener la diligencia de emplazamiento por edictos, son: 1. Desconocimiento del domicilio de la persona que debe ser emplazada a juicio. 2. La publicación de la determinación respectiva, tres veces consecutivas de tres en tres días. 3. Tal publicación deberá realizarse en un periódico de circulación amplia en el Estado en que el demandado deba ser emplazado. Lo anterior, siempre bajo la perspectiva de que el demandado o demandada adquiera conocimiento pleno del juicio que se sigue en su contra, la persona que lo promueve, los términos en que lo hace (copias de traslado) y el plazo que se le concede para excepcionarse legalmente, esto es, se le permita desarrollar su defensa (contestar demanda, aportar pruebas y formular alegatos), aspectos esenciales del derecho de audiencia, establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal. De lo expuesto, se advierte que, no asiste razón jurídica al solicitante de protección de derechos fundamentales, aunque para considerarlo así deba suplirse la deficiencia de la queja, toda vez que el juez del juicio natural tuvo por demostrado el desconocimiento del domicilio de la parte demandada con lo informado en las actas de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, en el primero señalado en la demanda por el actor, materia de esta litis, ubicado en calle Caldas Norte 2507 del Fraccionamiento Rincones de Santa Fe, Etapa 12, de esta ciudad, el fedatario judicial fue atendido por Marco Antonio Guzmán Rodríguez, quien se identificó con credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral IDMEX1473617500, quien le dijo que vivía en esa casa desde hacía un año, con su mamá, que la persona buscada no vivía ahí, sino que residía en El Paso, y su mamá Claudia Verónica Rodríguez le compró la casa a los demandados. Firmando ambos el acta. A mayor abundamiento, no se soslaya que en el contrato de compraventa que celebró el aquí quejoso y su cónyuge con la parte actora del juicio de origen, en el capítulo séptimo de las clausulas generales, se señala: "SEGUNDA. DOMICILIOS. Para todo lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los actos jurídicos otorgados en este instrumento y para toda clase de avisos y notificaciones que deban hacerse las partes entre sí, así como para el caso de emplazamientos o notificaciones judiciales a las partes, estas convinieron en señalar los siguientes domicilios: LA PARTE COMPRADORA Y O TRABAJADORES O EL ACREDITADO: En el inmueble objeto de los actos contenidos en este instrumento." De ese texto se aprecia que el domicilio señalado por el quejoso para oír y recibir notificaciones o emplazamientos judiciales es el del objeto del inmueble, en el cual no habita. En ese tenor, fue correcto que el juzgador diera seguimiento, y ordenara una investigación a través de la dependencia oficial Instituto Nacional Electoral, de conformidad con el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles Estatal, el cual señala que en caso de que se desconozca el paradero del demandado o demandados, el emplazamiento correspondiente puede realizarse por medio de edictos, previo a recibir los medios de prueba que acrediten que el desconocimiento del domicilio es general. Además, el juez ordenó recabar información respecto del último domicilio de la parte demandada, a una institución pública que cuenta con registro oficial de personas. Así se aprecia, que el juez de origen llevó a cabo una verdadera investigación acerca del domicilio del demandado hoy quejoso. Además de lo expuesto, cabe mencionar que el Juez responsable tuvo por emplazado al demandado en el juicio de origen mediante los edictos que la parte actora publicó en el periódico denominado "Diario de Juárez", se observa que fueron anunciadas el tres, ocho y once de octubre de dos mil diecinueve, como lo dispone el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, habiendo mediado dos días hábiles entre cada publicación, lo que se aprecia ajustado a la legalidad. Apoya lo anterior la tesis de Jurisprudencia por contradicción de tesis 136/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y epígrafe siguiente: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." Con base en lo reseñado, se llega a la conclusión de que contrario a lo argumentado por el quejoso Israel Armando Rodríguez Chávez, no se violaron en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad, ya que en el juicio especial hipotecario de origen, radicado en el Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, promovido por el apoderado legal de "BBVA Bancomer Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, la autoridad responsable siguió las formalidades esenciales del procedimiento y se llamó a juicio al demandado ahora quejoso; y el emplazamiento al juicio mencionado, reúne los requisitos legales, de fundamentación y motivación; por lo cual, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Negativa que se hace extensiva a los demás actos reclamados, dado que su ilegalidad se hace depender por consecuencia del emplazamiento por edictos reclamado y no por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 91 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo anteriormente expuesto y fundado y además, con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 81 y 155, de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente asunto promovido por Israel Armando Rodríguez Chávez, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Israel Armando Rodríguez Chávez, respecto a los actos reclamados al Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, por las razones precisadas en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado permitieron concluir la sentencia. Doy fe.

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