Ismel Pérez Rodríguez

Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
461/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Ismel Pérez Rodríguez
  • Alexander Fernández Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por la parte quejosa 1. Ismel Pérez Rodríguez, 2. Michel Alejandro Leyva Cárdenas, 3. Yordan Guevara García, 4. Yusniel Carballo Parrado, 5. Leonel Santana Hernández, 6. William Morales Zerquera, 7. Dayan Velazquez Padrón, 8. Onelvi Quintero Camacho, 9. Daviel García Gómez, 10. Leosbany Carranza Tabares, 11. Arley Acier Rodríguez, 12. Adrian Romero Vargas, 13. Alexander Fernández Guzmán, 14. Dagoberto Reyes Ríos, 15. Nelson Millán Díaz, 16. Menor de edad de identidad reservada con Iniciales A.G.M.P., 17. Edwin Fernando Castillo Ávila y 18. Yamila Len Bisop; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la autoridad responsable cinco tomos de pruebas relativas al acto reclamado, los cuales se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese en autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de tres de junio del año actual, envía copia certificada del informe de suspensión de plano y anexo remitido por la Subdirectora de Área, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en representación de la Encargada de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, así como el informe justificado, inherentes al juicio de amparo 444/2021-VIII-K de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas con veinte minutos veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 461/2021-3, promovido por Ismel Pérez Rodríguez y otros. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las pruebas que ofreció la parte quejosa, consistentes en: 1.- La presuncional legal y humana. 2.- La instrumental de actuaciones, referentes a las constancias que se integren al presente juicio. 3.- Los escritos presentados el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, signados por 1. Ismel Pérez Rodríguez, 2. Michel Alejandro Leyva Cárdenas, 3. Yordan Guevara García, 4. Yusniel Carballo Parrado, 5. Leonel Santana Hernández, 6. William Morales Zerquera, 7. Dayan Velazquez Padrón, 8. Onelvi Quintero Camacho, 9. Daviel García Gómez, 10. Leosbany Carranza Tabares, 11. Arley Acier Rodríguez, 12. Adrian Romero Vargas, 13. Alexander Fernández Guzmán, 14. Dagoberto Reyes Ríos, 15. Nelson Millán Díaz, 16. Menor de edad de identidad reservada con Iniciales A.G.M.P., 17. Edwin Fernando Castillo Ávila Y 18. Yamila Len Bisop; mediante los cuales manifestaron su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo. Asimismo, se da cuenta con las constancias remitidas por la autoridad subdirectora de área, encargada del Departamento de asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración; misma que constan por cuerda separada, en cinco tomos, por su volumen. Y se da cuenta con las constancias remitidas por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, relativas al juicio de amparo 444/2021-3, de su índice. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. KARLA HERNÁNDEZ MANCERA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 461/2021-3, promovido por Ismel Pérez Rodríguez y otros, contra actos del Instituto Nacional de Migración (titular de la Oficina de Representación del referido instituto) y otra, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 11, 17, párrafo segundo, 22, 33, primer párrafo y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido durante la guardia de este juzgado de Distrito, en doce de mayo de dos mil veintiuno, 1. Ismel Pérez Rodríguez, 2. Michel Alejandro Leyva Cárdenas, 3. Yordan Guevara García, 4. Yusniel Carballo Parrado, 5. Leonel Santana Hernández, 6. William Morales Zerquera, 7. Dayan Velazquez Padrón, 8. Onelvi Quintero Camacho, 9. Daviel García Gómez, 10. Leosbany Carranza Tabares, 11. Arley Acier Rodríguez, 12. Adrian Romero Vargas, 13. Alexander Fernández Guzmán, 14. Dagoberto Reyes Ríos, 15. Nelson Millán Díaz, 16. Menor de edad de identidad reservada con iniciales A.G.M.P., 17. Edwin Fernando Castillo Ávila y 18. Yamila Len Bisop, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O " QUE CON FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021, FUIMOS DETENIDOS DE MANERA ILEGAL EN EL HORARIO DE SIETE DE LA MAÑANA APROXIMADAMENTE, por elementos del Instituto Nacional de Migración del Reten que se encuentra ubicado en La Venta, Tabasco, solicitamos QUE NO SEAMOS DEPORTADOS, Y SE NOS CONCEDA NUESTRA INMEDIATA LIBERTAD. DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO PODEMOS ESTAR DETENIDOS POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS, POR AUTORIDAD ADMISNITRATIVA. ESTAMOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y/O DETENIDOS, EMANADO DE UNA EVENTUAL SITUACIÓN IRREGULAR EN ESTA ESTACIÓN MIGRATORIA, DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS, 128, 164 DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TRATARSE DE UNA DETENCIÓN EFECTUADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DISTINTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO (AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN), QUE NO TENGA RELACIÓN CON LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, LA SUSPENSIÓN TENDRÁ COMO EFECTO QUE EL SUSCRITO SEA PUESTO EN INMEDIATA LIBERTAD. PETICIONAMOS QUE NO SE NOS FIJE GARANTÍA, EN VIRTUD QUE NO ESTAMOS EN CONDICIONES DE EROGAR CANTIDADES DE DINERO POR ESTAR ALOJADOS EN ESTA ESTACIÓN MIGRATORIA, NO TENEMOS INGRESOS ECONÓMICOS, EN VIRTUD DE NO CONTAR CON FAMILIARES Y AMIGOS EN ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, POR LO QUE ESTAMOS IMPOSIBILITADOS PARA SUFRAGAR LA CANTIDAD QUE SE NOS ESTABLECIERA COMO REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, POR CAUSAS AJENAS A ESTE, SE HARÍA NUGATORIA LA MEDIDA CAUTELAR QUE SE NOS PUDIERA OTORGAR. sic A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S "1.- DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN TITULAR DE OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO, 2.- ENCARGADO y/o SUBDIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN EL ESTADO DE TABASCO sic SEGUNDO. PREVENICIÓN DE LA DEMANDA. Mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, se registró la presente demanda bajo el expediente 461/2021-3, se concedió la suspensión respecto a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad y orden de deportación y se previno para que aclararan su demanda respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Encargado y/o Subdirector de la Estación Migratoria en el Estado de Tabasco, con fundamento en los artículos 108, fracción III, en relación con el diverso numeral 114 de la Ley de Amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que se admitiría la demanda únicamente respecto de la autoridad señalada como responsable que reside en esta ciudad y no se tendría como autoridad a la diversa señalada. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento, en virtud de que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención previamente señalada, por lo que se admitió a trámite la demanda únicamente respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable titular de la Oficina de Representación del referido Instituto Nacional de Migración; por lo que se requirió a esta su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I1, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como actos reclamados: La privación de libertad y la orden de deportación. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La subdirectora de área, encargada del Departamento de asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, al rendir informe justificado en representación de la autoridad responsable, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado; sin embargo, del contenido del propio informe justificado y sus anexos3, se advierte su existencia porque los referidos quejosos están sujetos a procedimiento administrativo migratorio, el acto que reclama la parte quejosa es cierto. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: 3 Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". CUARTO. DESISTIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En consideración al principio de instancia de parte agraviada, que encuentra su fundamento en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de ahí que pueda válidamente desistirse de la misma en cualquier momento siempre y cuando no se haya dictado la sentencia ejecutoria. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo4, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la propia disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda, lo que conlleva a la finalización del litigio constitucional. Se sustenta tal argumento en la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de 4 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio (.)" la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Pagina 462, Tomo I, Libro 32, julio de dos mil dieciséis, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Ahora bien, mediante escritos presentados ante este órgano jurisdiccional el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, signados por 1. Ismel Pérez Rodríguez, 2. Michel Alejandro Leyva Cárdenas, 3. Yordan Guevara García, 4. Yusniel Carballo Parrado, 5. Leonel Santana Hernández, 6. William Morales Zerquera, 7. Dayan Velazquez Padrón, 8. Onelvi Quintero Camacho, 9. Daviel García Gómez, 10. Leosbany Carranza Tabares, 11. Arley Acier Rodríguez, 12. Adrian Romero Vargas, 13. Alexander Fernández Guzmán, 14. Dagoberto Reyes Ríos, 15. Nelson Millán Díaz, 16. Edwin Fernando Castillo Ávila y 17. Yamila Len Bisop; mediante los cuales manifestaron su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo. Los referidos quejosos ratificaron sus escritos de desistimiento ante el actuario de este juzgado de Distrito el veintiséis de junio de dos mil veintiuno, por así convenir a sus intereses. Por lo anterior, en virtud que 1. Ismel Pérez Rodríguez, 2. Michel Alejandro Leyva Cárdenas, 3. Yordan Guevara García, 4. Yusniel Carballo Parrado, 5. Leonel Santana Hernández, 6. William Morales Zerquera, 7. Dayan Velazquez Padrón, 8. Onelvi Quintero Camacho, 9. Daviel García Gómez, 10. Leosbany Carranza Tabares, 11. Arley Acier Rodríguez, 12. Adrian Romero Vargas, 13. Alexander Fernández Guzmán, 14. Dagoberto Reyes Ríos, 15. Nelson Millán Díaz, 16. Edwin Fernando Castillo Ávila y 17. Yamila Len Bisop se desistieron expresamente de la prosecución de la acción constitucional, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número 2ª./J.33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del texto y rubro siguiente: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA A.G.M.P. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia señalada en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la menor de identidad reservada A.G.M.P., que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". La hipótesis de improcedencia que regula dicha fracción, tiene su origen en la figura jurídica denominada litispendencia; es decir, que un juicio de amparo promovido con antelación al que se declara improcedente, esté pendiente de dictarse la resolución correspondiente y ésta quede firme, lo que obedece a la necesidad de evitar que haya dos sentencias sobre la misma materia con posible contradicción; y además, evitar la proliferación de juicios de amparo en que la controversia gire en torno a la misma litis o cosa. De tal postulado se desprenden tres requisitos que deben quedar plenamente demostrados para actualizar la hipótesis de improcedencia en cuestión: a) Que la ley o acto que se reclame sea materia de otro juicio de amparo promovido con anterioridad; b) Que el juicio de que se trata esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo anterior se advierte que la tutela jurídica establecida por el legislador en la causal indicada, es con el propósito de evitar sentencias contradictorias, pues al estar firmes las dos resoluciones que en su momento se llegaren a dictar, por haber causado ejecutoria o haberse resuelto la revisión respectiva, la autoridad de verdad legal o cosa juzgada en ellas establecida estarían en el mismo plano, y si se diera el supuesto de estar contrapuestas entre sí, en virtud de su sentido, habría un típico caso de imposibilidad para cumplir con lo establecido en dichas determinaciones. Ahora bien, de las constancias consistentes en copias certificadas relativas al juicio de amparo 444/2021-VIII del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, las cuales fueron remitidas por el Secretario adscrito a ese juzgado mediante oficio 770-VIII, de veinticuatro de mayo del presente año; documentos públicos que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Del anterior oficio se desprende que la señalada menor de identidad reservada A.G.M.P., el siete de mayo de dos mil veintiuno, con anterioridad a la presentación del presente juicio de amparo - doce de mayo de dos mil veintiuno-, presentó el juicio de amparo 444/2021-VIII del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, en el que señaló como actos reclamados la privación de la libertad y la orden de deportación, de entre otros actos; y como autoridades responsables al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a quien le reclama el mismo acto en el sumario en que se actúa consistente en la privación de la libertad y la orden de deportación. En ese orden de ideas, del análisis comparativo entre el juicio de amparo 444/2021-VIII, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con el juicio que hoy se resuelve, queda evidenciado de manera indudable que el acto reclamado y la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en ambos procesos son los mismos. Lo anterior, queda demostrado con el proemio de la demanda de amparo relativa al presente juicio de amparo 444/2021-VIII, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, así como del apartado correspondiente al nombre de la autoridad responsable y acto reclamado, misma que se trae a la vista: Asimismo, como se dijo, el juicio de amparo 444/2021-VIII, fue promovido el siete de mayo de dos mil veintiuno, en tanto que el juicio de amparo en que se actúa se accionó con posterioridad, esto es, el doce de mayo del presente año. Aunado a ello, no se advierte que en el juicio constitucional del juicio de amparo 444/2021-VIII, a la fecha en que se actúa, se encuentra pendiente de resolver, ya que no obstante que el dieciséis de junio de dos mil veintiuno se celebró la celebración de la audiencia constitucional emitiéndose la sentencia correspondiente en esa misma fecha, la referida resolución aún no ha causado firmeza. Cabe señalar que en la referida sentencia, se refirió específicamente a la menor quejosa, resolviendo: En el caso, el acto reclamado consiste en la sujeción de la quejosa Anyi Gissela Morales Peres, de nacionalidad hondureña, al procedimiento administrativo migratorio instaurado ante la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, del Instituto Nacional de Migración. En esa tesitura, es menester destacar que de las constancias que integran el procedimiento administrativo migratorio que remitió la Subdirectora de Área, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en representación de la Encargada de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, como apoyo a su informe justificado, que al constituir documentales públicas que hacen prueba plena de lo que consigna, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, de las que se desprende lo siguiente: 1.- En treinta de abril de dos mil veintiuno, la quejosa Anyi Gissela Morales Peres, de nacionalidad hondureña, fue detenido por Agentes Federales de Migración, toda vez que la quejosa no contaba con documentación legal para acreditar su estancia en Territorio Mexicano, siendo llevados a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco. 2.- Posteriormente, atendiendo a que el once de enero del año en curso, entró en vigor la Reforma a la Ley de Migración, donde entre otras cosas señala que Las Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados y Solos, no podrán ser alojados en una Estancia Migratoria, fueron canalizados para su alojamiento al Centro Celia González de Rovirosa, de esta ciudad, en tanto se resolvía su situación migratoria en territorio mexicano. 3.- Mediante oficio de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Directora de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales del Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la Familia, informó a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, informó que quejosa Anyi Gissela Morales Peres, de nacionalidad hondureña, en esa data, abandonó las instalaciones del lugar donde se encontraba alojada, desconociéndose su paradero. En esa tesitura, si bien, subsiste el objeto que se persigue por la hoy promovente del juicio de amparo en que se actúa, consistente en que éste órgano jurisdiccional analice la sujeción de la quejosa Anyi Gissela Morales Peres, de nacionalidad hondureña, al procedimiento administrativo migratorio instaurado ante la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, la eventualidad de un fallo positivo a los intereses del hoy quejoso, consistiría en que la restitución de sus derechos fundamentales que aduce violados en su perjuicio, quedara sin efecto, lo cual a nada práctico conduciría, ello, porqué el procedimiento administrativo migratorio de la quejosa, no puede surtir diecisiete de mayo dos mil veintiuno, abandonó las instalaciones del lugar donde se encontraba alojada (Centro Celia González de Rovirosa, de esta ciudad), desconociéndose hasta la presente data su paradero. Así pues, es dable concluir que aunque subsiste el acto reclamado (procedimiento administrativo migratorio), se presenta la imposibilidad de que sus efectos se realicen por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto que lo motivó, pues los mismos al haber abandonado el inmueble donde se encontraba albergada a nada conduraría analizar la legalidad de dicho procedimiento, toda vez que la misma se fugó y se encuentra en libertad. Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del ordinal 63 de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo." Por tanto, al existir identidad en la parte quejosa, actos reclamados y autoridad responsable, además, estando pendiente que cause ejecutoria la sentencia definitiva dictada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno en el juicio de amparo 444/2021-VIII antes aludido, el cual fue promovido con anterioridad al juicio en que se actúa; es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de no ser así, se atentaría contra el principio de seguridad jurídica y propiciaría la eventual emisión de sentencias contradictorias, situación que no es permisible, no sólo en el juicio de amparo, sino en el derecho sustantivo mexicano. Cobra aplicación la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, localizable en el Tomo XV, correspondiente al mes de Enero de 1995, página 260, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Consecuentemente, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción X, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, impidiendo tal circunstancia el estudio y análisis de los conceptos de violación que se hicieron valer por el quejoso. Con motivo del sobreseimiento en el juicio, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por 1. Ismel Pérez Rodríguez, 2. Michel Alejandro Leyva Cárdenas, 3. Yordan Guevara García, 4. Yusniel Carballo Parrado, 5. Leonel Santana Hernández, 6. William Morales Zerquera, 7. Dayan Velazquez Padrón, 8. Onelvi Quintero Camacho, 9. Daviel García Gómez, 10. Leosbany Carranza Tabares, 11. Arley Acier Rodríguez, 12. Adrian Romero Vargas, 13. Alexander Fernández Guzmán, 14. Dagoberto Reyes Ríos, 15. Nelson Millán Díaz, 16. Menor de edad de identidad reservada con Iniciales A.G.M.P., 17. Edwin Fernando Castillo Ávila Y 18. Yamila Len Bisop, contra el acto reclamado al titular de la Oficina de Representación del referido Instituto Nacional de Migración, por las razones expuestas en el considerando cuarto y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistas; las constancias de cuenta suscritas por el actuario de la adscripción en la que expresa su imposibilidad para notificar personalmente al licenciado Maglio Obed Pérez Velázquez, autorizado de la menor quejosa de identidad reservada, con iniciales A.G.M.P., el proveído de veintiocho de mayo del año en curso, emitido en el presente asunto, toda vez que al constituirse en el domicilio que ocupa el despacho del citado autorizado de la menor quejosa, fue atendido por una persona quien dijo llamarse Eric Gómez, quien le informó que el despacho en donde se encontraba establecido es el correcto, pero el inmueble marcado con el número seiscientos dieciocho (618), tiene aproximadamente diez meses que se encuentra vacío. En razón de lo asentado por el Fedatario, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del auto de veintiocho de mayo del año en curso, así como las subsecuentes que deban hacerse de forma personal en este asunto a la parte quejosa, por la lista publicada electrónicamente, hasta en tanto señale un domicilio para tal fin. Apoya a la anterior determinación por su sentido y alcance, la jurisprudencia número 1ª./J.20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 238, Tomo XXVII, abril de 2008, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones - como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles" Notifíquese y cúmplase. ACUERDO. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistas; agréguense a los autos las constancias de notificación y ratificación de contenido y firma de veintiséis de mayo del año actual, mediante las cuales los quejosos 1). ISMEL PÉREZ RODRIGUEZ, 2). MICHEL ALEJANDRO LEYVA CÁRDENAS, 3). YORDAN GUEVARA GARCÍA, 4). YUSNIEL CARBALLO PARRADO, 5). LEONEL SANTANA HERNANDEZ, 6). WILLIAM MORALES ZERQUERA, 7). DAYAN VELAZQUEZ PÁDRÓN, 8). ONELVI QUINTERO CAMACHO, 9). DAVIEL GARCÍA GÓMEZ, 10). LEOSBANY CARRANZA TABARES, 11). ARLEY ACIER RODRIGUEZ, 12). ADRIAN ROMERO VARGAS, 13). ALEXANDER FERNANDEZ GUZMÁN, 14). DAGOBERTO REYES RÍOS, 15). NELSON MILLÁN DÍAZ, 16). EDWIN FERNANDO CASTILLO ÁVILA y 17). YAMILA LEN BISOP, ratificaron sus escritos presentados en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de los actuales, por el que manifestaron su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, súmese a los autos la constancia suscrita por el Actuario Judicial de este Juzgado, de la que se advierte la imposibilidad de notificar a la quejosa menor de edad, de identidad reservada, con iniciales A.G.M.P.,, respecto del proveído de veintiséis de mayo actual, toda vez que al constituirse en el Instituto Nacional de Migración, le fue informado que en la base de datos de dicha Institución no se localizó registro alguno a nombre de la citada quejosa. En ese contexto, se requiere a Maglio Obed Pérez Velázquez, autorizado de la quejosa menor de edad, de identidad reservada, con iniciales A.G.M.P., para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si tiene conocimiento o información adicional acerca de la ubicación actual de la quejosa en comento, y de ser así lo haga saber a este órgano jurisdiccional, lo anterior, en razón de que el veinticinco de mayo del año actual, presentó un escrito desistiéndose de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, requerimiento que se le efectúa a fin de estar en aptitud de proveer lo que en derecho proceda. Ahora bien, atendiendo a que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, notifíquese al autorizado de la parte quejosa mediante el correo electrónico proporcionado en la demanda de amparo, esto es, juridicoprdtab@hotmail.com. En el entendido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y por correo electrónico al autorizado de la parte quejosa.

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