Ismari Campos Hernández
Expediente 1420/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1420/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ismari Campos Hernández
- Titular de la Dirección General de Prevención Y Reinserción Social En el Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Seis del Estado de Tabasco, mediante el cual solicita información sobre si existe algún amparo promovido por Ismari Campos Hernández. En atención a su contenido, infórmese que el presente juicio de amparo, lo promovió Ismari Campos Hernández, el diecisiete de septiembre de dos dieciocho, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco, Director del Centro de Reinserción Social en el Municipio de Comalcalco, Tabasco y Director del Centro de Reinserción Social de Tenosique, Tabasco, consistentes en la orden de traslado del Centro de Readaptación Social de Comalcalco, Tabasco, al Centro de Readaptación Social de Tenosique, Tabasco. Por lo que por sentencia definitiva de quince de noviembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, causando ejecutoria el once de diciembre de dos mil dieciocho, ordenándose el archivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
MESA 10.-[...] SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. TÓMESE NOTA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Incidental
MESA 10.- ARCHÍVENSE LOS PRESENTES CUADERNOS INCIDENTALES.
- Principal
MESA 10.-VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1420/2018-10, promovido por Ismari Campos Hernández, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco y otras autoridades y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Ismari Campos Hernández solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO1 La orden de traslado del Centro de Readaptación Social de Comalcalco, Tabasco, al Centro de Readaptación Social de Tenosique, Tabasco. AUTORIDADES RESPONSABLES1 Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco. 2 Director del Centro de Reinserción Social en el Municipio de Comalcalco, Tabasco. 3 Director del Centro de Reinserción Social de Tenosique, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el número de expediente 1420/2018-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro <<DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD>. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro <<ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO>>. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La orden de traslado del Centro de Readaptación Social de Comalcalco, Tabasco, al Centro de Readaptación Social de Tenosique, Tabasco. TERCERO. CERTEZA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de garantías, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo dicho proceder debe ocurrir previamente, y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. En este contexto, al rendir informe con justificación las autoridades responsables aceptaron el acto reclamado y remitieron copia certificada de diversas constancias relacionadas con el mismo (fojas 26 a 37, 40 a 50 y 64 a 106). Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: <<DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO>>. En tales circunstancias, en el presente asunto se encuentra plenamente demostrada la existencia del acto reclamado, al haberlo aceptado así las autoridades responsables y encontrarse corroborado con las constancias que adjuntaron a los informes precitados. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: <<INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO>>. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, lo cual debe hacerse antes de realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Previo a lo anterior, es imprescindible establecer los antecedentes relevantes de la litis planteada. 1. En sesión de siete de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Comalcalco, Tabasco, determinó lo siguiente respecto de la aquí quejosa (fojas 85 a 87): <<V,-En virtud de su inadaptabilidad y mala conducta en este centro penitenciario y en base que tiene tendencia a corromper el sistema en este centro penitenciario, así como poner en riesgo la estabilidad del mismo y de las personas privadas de su libertad, este órgano colegiado sugiere su traslado a un centro penitenciaria donde cuente con medidas especiales de seguridad.>> 2. Lo anterior se hizo del conocimiento del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco, mediante oficio de esa misma data (foja 88). 3. La precitada autoridad, a través de la resolución de diez de septiembre de dos ml dieciocho, ordenó el traslado de la impetrante de amparo, del Centro de Readaptación Social de Comalcalco, Tabasco, al diverso de Tenosique, Tabasco (fojas 69 a 76). 4. La determinación precitada fue notificada a los directores de los aludidos centros carcelarios y a la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, mediante los oficios de esa misma fecha (fojas 67, 97 a 99). 5. Por oficio de once de septiembre de dos mil dieciocho, se realizó el traslado de la aquí quejosa al Centro de Readaptación Social de Tenosique, Tabasco (foja 100). 6. En decreto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, determinó lo siguiente (foja 101): <<[.] SEGUNDO.- En consecuencia a lo anterior se les hace saber que la sentenciada Ismary Campos Hernández, interpuso amparo directo en contra de la resolución de dieciocho octubre del dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal de Apelación en el sistema Acusatorio y Oral, en el Toca penal 10/2017-I-J, misma que fue confirmada mediante oficio 27359 de treinta de noviembre del dos mil diecisiete, signado por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Penal del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Rosa Isela Gómez Vázquez, el cual fue agregado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, suspendiéndose el procedimiento de ejecución de sanciones penales de la sentenciada, hasta en tanto cause ejecutoria el Juicio de amparo interpuesto, atento a ello, no es posible entrar al estudio del cambio de reclusión, toda vez que la superioridad ordeno que las cosas se mantengan en el estado que se encuentren y la sentenciada queda a disposición de la autoridad Federal en el lugar de su reclusión. TERCERO.- Ante tal situación, gírese oficio a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, para los efectos que dentro del término de TRES DIAS HABILES, deje a la sentenciada Izmari Campos Hernández, en el lugar de su reclusión en ei que se encontraba antes de ser trasladada a otro Centro Penitenciario, toda vez que como ya se dijo el procedimiento se encuentra suspendido y la sentenciada se encuentra a disposición de la autoridad Federal, lo anterior para los efectos de ley correspondientes [.]>>. 7. Inconforme con lo anterior, el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco, interpuso recurso de apelación (fojas 104 y 105). En ese tenor, el suscrito advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: <<Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.>>. Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, es decir, ya no agravia al quejoso. Por tanto, de acuerdo a la naturaleza y finalidad del motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en cuenta para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia del acto reclamado. En la especie, del análisis de la demanda de derechos fundamentales, se observa que la parte quejosa reclamó la orden de su traslado del Centro de Readaptación Social de Comalcalco, Tabasco, al diverso del municipio de Tenosique, de la misma entidad federativa. Empero, de las constancias que obran en autos, particularmente del informe justificado que rindió el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco (foja 101), se desprende que el trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, en virtud de que la sentenciada Ismary Campos Hernández, aquí quejosa, había promovido amparo directo en contra de <<la resolución de dieciocho octubre del dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal de Apelación en el sistema Acusatorio y Oral, en el Toca penal 10/2017-I-J, misma que fue confirmada mediante oficio 27359 de treinta de noviembre del dos mil diecisiete, signado por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Penal del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Rosa Isela Gómez Vázquez, el cual fue agregado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, suspendiéndose el procedimiento de ejecución de sanciones penales de la sentenciada, hasta en tanto cause ejecutoria el Juicio de amparo interpuesto>>. Consideró que no era posible <<entrar al estudio del cambio de reclusión, toda vez que la superioridad ordeno que las cosas se mantengan en el estado que se encuentren y la sentenciada queda a disposición de la autoridad Federal en el lugar de su reclusión>>. Por ende, ordenó a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles retornara a la sentenciada Ismari Campos Hernández, al lugar en que se encontraba recluida antes de ser trasladada. De ahí que la pretensión de la impetrante de amparo (de que se ordene su retorno al lugar de su reclusión inicial), se encuentra satisfecha y, aun cuando subsista el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, toda vez que la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, determinó que al encontrase pendiente de resolver un juicio de amparo directo promovido por la aquí quejosa, se encontraba suspendido el procedimiento de ejecución de la sanción penal impuesta a la sentenciada de mérito y ordenó su retorno en los términos antes mencionados. Aunado a ello, la orden de traslado se encuentra procesalmente sustituida por el decreto emitido el trece de septiembre de dos mil dieciocho, por la precitada jueza, por lo que se actualiza la figura de la subsunción, lo que implica que, al haberse interpuesto recurso de apelación en contra del mismo, por parte del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco (fojas 104 y 105), la ejecutividad y firmeza de aquél se producirá una vez que se decida el aludido medio de impugnación. Al respecto, sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 78, Sexta Parte, página 91, del siguiente rubro y texto: <<ACTO RECLAMADO, QUE AUN CUANDO SUBSISTA NO SURTE EFECTOS. Cuando el acto reclamado tiene como origen directo una resolución pronunciada en un expediente administrativo y en el juicio fiscal que contra aquella se promueva se declara la nulidad de la misma, sin que aparezca que haya sido recurrida, carece de base jurídica el acto reclamado por haberse anulado la resolución que lo originó, y en tal virtud se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque aun cuando el acto reclamado subsista, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo>>. También es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, del siguiente rubro y texto: <<ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad>>. De igual forma, sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Octubre de 1993, página 435, del siguiente rubro y texto: <<IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ESTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal>>. En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XXI del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe <<SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO>>. Por otra parte, no ha lugar a atender los alegatos formulados por el Fiscal de la adscripción y la impetrante de amparo, porque no existe disposición legal que obligue a estudiarlos, además de que no forman parte de la litis. Al respecto es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 14, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro <<ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO>>. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, de rubro <<DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN>>. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1420/2018-10, promovido por Ismari Campos Hernández, en contra del acto reclamado y las autoridades referidas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos precisados en el considerando CUARTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.
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