Ismael Silva Martínez y Otros.

Expediente 179/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
179/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
10/08/2018

Partes del expediente

  • Ismael Silva Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los sobres que contienen los oficios 1039 y 1150, dirigidos a la Junta Especial de Conciliación Arbitraje, con sede en Santa María Huatulco, Oaxaca, devueltos por el Administrador de Correos de esta ciudad, con las leyendas: "17/07/018 En ventanilla, cerrado por vacaciones según oficio 263 informan del 16 de julio al 10 de agosto" y "24/JULIO/2018 La oficina se encuentra cerrada, informan periodo vacacional del 16 de julio al 10 de agosto según oficio 263". En consecuencia, reexpídanse nuevamente las citadas comunicaciones, en virtud de que el periodo vacacional al que se hace referencia concluye el día de hoy, lo anterior, a fin de que quede notificado de los proveídos de veintiséis de junio y trece de julio del año en curso. Notifíquese. ii-a penal

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (fojas 72 a 78), en el que se decretó sobreseer fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. NOTIFÍQUESE. II-A

  3. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el oficio 915, signado por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 09/2018, que formó con motivo de la recepción del diverso 64/2018 (284/2018), derivado del juicio de amparo 179/2018, a efecto de notificar el proveído de ocho de mayo del año en curso, a la empresa moral tercera interesada denominada Éxito RESORTS S.A. DE C.V. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante y de acuerdo a la certificación secretarial que antecede, se advierte que el término legal de tres días otorgado la empresa moral tercera interesada denominada Éxito RESORTS S.A. DE C.V., por conducto de quien la represente, en acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del seis al ocho de junio de dos mil dieciocho, sin que lo hubiere hecho, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído; por consiguiente, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista los acuerdos que se dicten en este juicio, aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tales efectos. NOTIFÍQUESE. II-A-Penal

  4. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO Visto el estado procesal que guardan estos autos de los que se advierte que por proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a la única autoridad responsable Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, rindiendo su informe justificado, por lo que se ordenó que se diera vista a las partes para que se impusieran de su contenido e hicieran uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Sin embargo del informe justificado de referencia, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, y por tanto que transcurra el término a que se refiere el numeral 117 de la ley de amparo, para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que tratándose de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, es importante señalar que, en épocas anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue delineando progresivamente, a través de diversos criterios, las notas distintivas para calificar como de imposible reparación la ejecución de los actos en juicio que, por esa característica, eran reclamables en amparo indirecto, aun cuando a primera vista pudieran considerarse únicamente como de índole procesal. En síntesis, los aludidos parámetros para determinar si la afectación provocada por actos emitidos en juicio revestía o no el carácter de irreparable se concretizaron en dos premisas fundamentales: *La primera, que constituye la regla general, establece que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de que se trate. *La segunda, que se traduce en una cuestión excepcional, pero complementaria de la regla general anterior, admite que se combatan a través del amparo indirecto aquéllas violaciones que teniendo consecuencias preponderantemente procesales, produzcan una afectación desmedida en la esfera jurídica de quien se dice agraviado por el acto en cuestión. Estos postulados no son más que una paráfrasis de las consideraciones que informan la tesis P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, Materia Común, registro 180415, página 9, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". La justificación para considerar excepcionalmente procedente la vía indirecta contra violaciones de carácter preponderantemente procesal, a pesar de lo señalado en el párrafo procedente, se obtiene del criterio plasmado en la tesis número LVIII/2004, del propio Pleno de ese alto tribunal (que derivó de la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, octubre de 2004, Materia Común, registro 180217, página 10, cuyo texto expresa: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio.". No obstante, recientemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó de esa postura al considerar que, conforme a la legislación reglamentaria actual, no existe margen de interpretación que permita considerar como susceptibles de reclamarse en amparo indirecto los actos cuya afectación no trascienda al plano meramente procesal pues, al definir lo que debe entenderse por actos en juicio con efectos de imposible reparación, el legislador estableció que era necesario que los mismos "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En efecto, con relación al concepto "imposible reparación", el Tribunal Pleno se pronunció de manera reciente al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el veintidós de mayo de dos mil catorce, en la cual se abordó el problema a partir del análisis de la jurisprudencia P./J. 6/1991, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, agosto de 1991, registro 205765, página 5, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." El Tribunal Pleno sostuvo que la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio es excepcional, en tanto que los actos susceptibles de combatirse son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente. También, al resolver la citada contradicción de tesis, sostuvo que los actos dentro de juicio, que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia favorable. No pasó inadvertido para el Tribunal Pleno que existen casos en los que la afectación producida por un acto dentro de juicio puede, en su momento, estimarse como grave o de gran entidad, sin embargo, se concluyó que ese solo hecho no hace procedente el juicio de amparo indirecto. Esto es así, pues si tal afectación desaparece por el hecho de obtener sentencia favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y, en consecuencia, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), que explica lo anterior y derivó de la contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, registro 2006589, página 39, es de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado por el quejoso, en el presente asunto consiste en la omisión de resolver su incidente de falta de personalidad respecto de los apoderados de la parte demanda, planteado en audiencia de conciliación, demanda y excepciones de diez de abril de dos mil dieciocho, es de colegirse que tal omisión no es de ejecución irreparable para los efectos del juicio de amparo que se intenta, pues sólo surte efectos intraprocesales, pero no afecta derechos sustantivos de los impetrantes, de ahí la improcedencia del juicio que se promueve en su contra, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 antes transcrito, el juicio constitucional que se promueva ante el Juez de Distrito, será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y, de existir éste, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en la especie, pues la determinación combatida es susceptible de impugnarse como violación procesal al reclamarse la resolución que decida el procedimiento de origen y, siendo ello así, es innegable que no constituye un acto de imposible reparación, ya que dicha determinación, se reitera, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa; además, en el caso de llegar a dictarse una sentencia favorable a los intereses de los agraviados, las posibles violaciones que se hubiesen cometido con la determinación reclamada, se extinguirían en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica de los promoventes de la acción constitucional; y, en caso contrario, es decir, que se llegara a dictar resolución desfavorable a sus intereses, las posibles violaciones cometidas durante el procedimiento, pueden ser combatidas a través del juicio de amparo que, en su caso y oportunidad, se promueva en su contra, haciéndolas valer como violaciones procesales. Robustece a lo anterior, en lo substancial, la tesis aislada VII.2o. T.35 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 1754, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, de registro 2011322, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESCONOCE LA QUE OSTENTA EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDADO CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN O INCIDENCIA PROPUESTA POR SU CONTRAPARTE, O POR UN PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO DE LA JUNTA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.-De una interpretación extensiva de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se advierte el supuesto de improcedencia del amparo indirecto, promovido contra la resolución que desconoce la personalidad que ostenta en juicio el apoderado o representante del demandado, bien sea con motivo de la declaración de procedencia de la excepción o incidencia propuesta por su contraparte actora o, en su caso, por un pronunciamiento oficioso de la Junta, pues si bien la consecuencia de tal declaratoria conlleva tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, en virtud de que la sanción procesal de trato (desconocimiento de la personalidad del compareciente) le impedirá mantener una participación activa dentro del juicio, en tanto que sólo podrá imponerse de los autos sin poder desplegar defensa alguna, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener un laudo adverso a sus intereses, ya que la Junta debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. De manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la improcedencia del amparo indirecto, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable". A mayor abundamiento, es de precisarse que en el caso en particular, del propio informe justificado como de las constancias que remitió la autoridad responsable, se desprende que por audiencia de quince de mayo del año en curso (fojas 32 a 67) la autoridad responsable con la asistencia de los apoderados de las partes, resolvió el incidente de falta de personalidad planteado, acto reclamado en este juicio de amparo, y determinó que era improcedente; con lo cual resulta claro, que en el caso sin conceder en el supuesto de que el amparo indirecto fuera procedente contra dicho acto reclamado, de igual forma se actualizaría la causal de improcedencia prevista la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del multicitado acto. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir por su parte lo que la garantía exija. Resulta aplicable la jurisprudencia número 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo II, Procesal Constitucional Primera Parte-SCJ Segunda Parte, del Apéndice de 2011, Novena Época, Materia Común, con número de registro 1002264, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esas condiciones, como se adelantó al actualizarse de forma manifiesta e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, página 386, bajo el número de registro 184572, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinte de julio de dos mil dieciocho. Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Notifíquese personalmente. II-A-Penal

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