Ismael Ortiz Caballero

Expediente 425/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
425/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Ismael Ortiz Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal, contra el acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b),del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b),este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa Ismael Ortiz Caballero y/o Ismael Ortiz Commonfort, no desahogó la vista otorgada en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del término concedido, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la sentencia protectora se encuentra o no cumplida acorde a lo dispuesto en el invocado artículo 196 de la Ley de la Ley de Amparo. ************* En el citado proveído de veinticuatro de diciembre del dos mil veintiuno, se tuvo al Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, remitiendo un disco en formato DVD que contiene la audiencia de cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintidós de diciembre del año en curso. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso *********, el amparo y protección de la justicia de la unión para los efectos siguientes: ". I) Como no se constató que la defensora pública ************** contara con cédula profesional de licenciada en derecho y que ésta estuviera registrada ante la responsable, en audiencia formal en la que se cite a las partes, deberá verificar que ésta cuenten con dicha calidad. II) Si del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa sí es licenciada en derecho o abogada debidamente registrada, de ello dejará constancia en la misma audiencia y, por lo tanto, deberá informar en ese momento a las partes que queda subsistente todo lo actuado en la audiencia de ampliación del términos constitucional de veintiséis de junio del presente año, para que forme parte de la determinación que resolvió la situación jurídica, lo cual, al no ser aún materia de estudio de fondo, podrá ser impugnado nuevamente dentro de los plazos legales conducentes. III) Si por el contrario, resulta que la defensora no es licenciada en derecho, deberá dejar sin efectos la audiencia de ampliación del término constitucional de veintiséis de junio del presente año, y deberá proceder a desahogar nuevamente la audiencia aludida, en la cual deberá cuestionar al imputado si es su deseo nombrar a un diverso defensor particular u opta por señalar a uno público, persona que deberá acreditar ser licenciado en derecho de acuerdo con las consideraciones vertidas previamente y, una vez sucedido ello, seguida en todas sus fases dicha audiencia, resolver la situación jurídica del quejoso con plenitud de jurisdicción, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. En el entendido que: IV) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió tanto la audiencia inicial como la de ampliación del término constitucional. V) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias." (sic) Ahora bien, del examen de las documentales a que se ha hecho referencia (disco DVD) de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, que tienen valor probatorio pleno, se advierte que la autoridad responsable llevó a cabo lo siguiente: a) El Juez de Control del Distrito Judicial del Istmo, de Salina Cruz, Oaxaca, en audiencia de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, en presencia de las partes, determinó que la licenciada María Elena Hernández Gutiérrez, acreditó contar con cédula profesional, cuyo número es 5054237 y que dicho documento está registrado con el número 18133 en el aludido juzgado de control; asimismo, se declaró subsistente todo lo actuado en la audiencia de Ampliación del Término Constitucional de fecha veintiséis de junio del año en curso, en la causa penal 256/2021 de su índice (audio de cumplimiento a la sentencia de amparo 14:22:50 a 14:26:35). En consecuencia, se estima que el fallo protector ha quedado cumplido, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y como corresponda a las demás partes.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, remite un disco en formato DVD que contiene la audiencia de fecha veintidós de diciembre del año en curso, en la que la licenciada *** Gutiérrez, acreditó ser licenciada en derecho con cédula profesional 5054237 con número de registro 18133 en el Sistema de Gestión Judicial de ese Juzgado, por lo que, se declaró subsistente todo lo actuado en la audiencia de Ampliación del Término Constitucional de fecha veintiséis de junio del año en curso. Respecto del material de audio, con base en la nueva forma de tramitación a que se sujetó el procedimiento del que deriva el acto reclamado, no es obligatorio celebrar oficiosamente una audiencia pública para la proyección del mismo; sin embargo, la parte quejosa se encuentra en aptitud de solicitar copia del audio y video, así como las copias certificadas digitales, mismos que contiene el referido disco, con la finalidad de que se impongan de su contenido y, en su caso, haga valer lo que a su derecho convenga; en ese contexto, se haga uso o no de ese derecho, se considerará que a partir de la notificación de este auto, las partes están en posibilidad de imponerse del aludido material, para los efectos legales que procedan. Por consiguiente, imprímanse las documentales que en formato PDF remite la autoridad responsable, mismas que se ordena agregar a los autos para los efectos legales procedentes y, guárdese el disco óptico en la Secretaría de este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con las documentales de cuenta, por el plazo de tres días legalmente computados, a efecto de que manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable, se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia de diecinueve de noviembre del actual, en la que se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el juicio de amparo 425/2021. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en los términos del precepto 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia de mérito. Requerimiento de cumplimiento. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado numeral, dé cumplimiento con la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de las constancias que demuestren lo anterior: [.] I) Como no se constató que la defensora pública María Elena Hernández Gutiérrez contara con cédula profesional de licenciada en derecho y que ésta estuviera registrada ante la responsable, en audiencia formal en la que se cite a las partes, deberá verificar que ésta cuenten con dicha calidad. II) Si del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa sí es licenciada en derecho o abogada debidamente registrada, de ello dejará constancia en la misma audiencia y, por lo tanto, deberá informar en ese momento a las partes que queda subsistente todo lo actuado en la audiencia de ampliación del términos constitucional de veintiséis de junio del presente año, para que forme parte de la determinación que resolvió la situación jurídica, lo cual, al no ser aún materia de estudio de fondo, podrá ser impugnado nuevamente dentro de los plazos legales conducentes. III) Si por el contrario, resulta que la defensora no es licenciada en derecho, deberá dejar sin efectos la audiencia de ampliación del término constitucional de veintiséis de junio del presente año, y deberá proceder a desahogar nuevamente la audiencia aludida, en la cual deberá cuestionar al imputado si es su deseo nombrar a un diverso defensor particular u opta por señalar a uno público, persona que deberá acreditar ser licenciado en derecho de acuerdo con las consideraciones vertidas previamente y, una vez sucedido ello, seguida en todas sus fases dicha audiencia, resolver la situación jurídica del quejoso con plenitud de jurisdicción, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. En el entendido que: IV) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió tanto la audiencia inicial como la de ampliación del término constitucional. V) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. [.] Apercibido que de no dar cumplimiento, sin causa justificada, dentro del plazo concedido, con apoyo en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará merecedora de una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, resérvese la investigación de los datos de la persona física que actualmente ostenta el cargo de la prenombrada autoridad responsable, esto a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante una posible contumacia de ésta. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y como corresponda a las demás partes.

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