Ismael Ramírez García
Expediente 793/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ismael Ramírez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se sobreseyó y negó la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como depurable según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, mientras que el duplicado es susceptible de destrucción, por lo que, una vez que transcurran seis meses, procédase a su destrucción. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 793/2018-V, promovido por *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua con sede en Ciudad Juárez, remitido a este juzgado en misma data, por razón de turno, *******, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: (.) JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, (.) QUIEN ES LA AUTORIDAD ORDENADORA QUE RESOLVIÓ DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN MI CONTRA EN FECHA LUNES 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 DENTRO DE LA CAUSA PENAL No. ******* POR LA POSIBLE COMISIÓN DEL DELITO DE CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, COMETIDO EN PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA Y COMO: IV).- COMO AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALO A LAS SIGUIENTES: A).- A LA C. SUPERVISORA DE LA FISCALÍA DE EJECUCIÓN DE PENAS, MEDIDAS JUDICIALES Y SENTENCIAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ZONA NORTE (.) Y QUIEN POR EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA LUNES 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 ORDENÓ SE ME MANTENGA BAJO PRISIÓN PREVENTIVA Y SE LLEVE A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE ME IMPUSO EL C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, EN AUDIENCIA INICIAL Y DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y QUE SON LAS MEDIDAS DE CAUTELAS (SIC) CONSISTENTES EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 155 FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y B).- AL C. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL PARA ADULTOS NÚMERO TRES EN ESTA CIUDAD (.) IV).- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA EL C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS (.) LE RECLAMO (.) AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO EN MI CONTRA EN FECHA LUNES 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN CAUSA PENAL No. ******* LA POSIBLE COMISIÓN DEL DELITO DE CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y QUE SE DIJO COMETIDO EN PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS QUE SON LA C. SUPERVISORA DE LA FISCALÍA DE EJECUCIÓN DE PENAS, MEDIDAS JUDICIALES Y SENTENCIAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ZONA NORTE (.) Y EL C. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL PARA ADULTOS NÚMERO TRES EN ESTA CIUDAD, LES RECLAMO QUE POR EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA LUNES 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 HAYAN ORDENADO QUE SE LLEVE A CABO LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA QUE ME IMPUSO EL C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS (.) SEGUNDO. Derechos humanos que se consideran violados. El quejoso indicó como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo expuso los antecedentes de los actos reclamados y los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Por auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho se admitió la demanda de amparo que quedó registrada con el número de expediente 793/2018-V, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se emplazó al agente del Ministerio Público que es parte en el proceso de origen (fojas 65); se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que tienen ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que el quejoso ******* reclama: Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; 1. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, contemplada en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal *******, en audiencia de formulación de la imputación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. 2. El auto de vinculación a proceso pronunciado el tres de diciembre de dos mil dieciocho en el proceso penal *******, por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, contemplado y sancionado por el numeral 477 de la Ley General de Salud, en términos de los numerales 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal. De la Supervisora Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales; y del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, ambos en esta ciudad: 3. La vigilancia y ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva en el citado proceso penal impuesta al justiciable. Para la fijación de los actos se atiende a la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, del siguiente rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en el proceso penal *******, relativos a la (1) imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, contemplada en el numeral 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la audiencia de formulación de la imputación celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho; asimismo, (2) el auto de vinculación a proceso pronunciado el tres de diciembre de dos mil dieciocho, que se instruye al quejoso por el delito de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, contemplado y sancionado por el numeral 477 de la Ley General de Salud, en términos de los numerales 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal (fojas 47 a 55). Igualmente, son ciertos los actos que se endilgan a la Supervisora Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, ambos en esta ciudad (fojas 16 a 33), consistentes en la vigilancia y ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al justiciable en la mencionada causa penal. Lo anterior, porque así lo reconocieron las autoridades en comento al rendir sus informes justificados y se corrobora con las copias certificadas que anexaron, así como con los discos versátiles digitales (DVD) relativos a las audiencias celebradas el veintiocho de noviembre y tres de diciembre de dos mil dieciocho. Las documentales a que se ha hecho referencia, alcanzan eficacia demostrativa en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2, ya que se trata de documentos expedidos por autoridades en ejercicio de las facultades que la ley les concede. Igualmente, a la copia del audio y video de las audiencias que contienen los actos reclamados, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2º, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la Ley y tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), son considerados como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la tesis 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2004362, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Previo al análisis de fondo del presente asunto, se procede a examinar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63 fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia. Así, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte que el acto que se combate, relativo a la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva y su ejecución, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia, misma que establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular se colman los tres requisitos; en efecto, el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, pues éste resulta ser lo resuelto en audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos declaró procedente la solicitud de la Representación Social respecto a la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva en contra del quejoso, en la causa penal ******* misma que le causa un agravio. Por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación. El referido numeral señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el diverso 18 de la propia ley, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. En el caso, procede atender la primera de las hipótesis comentadas, a saber, la relativa al término genérico de quince días se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado. Así, es necesario transcribir los artículos 63 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código. 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. (.) De lo que se desprende que en el Sistema de Justicia Oral, las resoluciones serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión; asimismo que estas surtirán efectos a más tardar el día siguiente. Por tanto, si el acto reclamado lo es la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en audiencia oral, en la que estuvo presente el quejoso y su defensor particular, es evidente, que quedó notificado de dicha resolución en la misma audiencia, surtiendo sus efectos al día siguiente hábil, es decir, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. De ahí que desde esa data - veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho- la parte quejosa, estuvo en aptitud de combatir dicha resolución; por tanto, si la demanda de amparo de este sumario fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, tal como se advierte del sello de recibido de la misma, así como de la papeleta de turno de demanda, es inconcuso que transcurrió el término de quince días a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de Amparo; se itera, que la parte aquí quejosa quedó notificada de la resolución reclamada el mismo veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, surtiendo efectos dicha notificación al día siguiente hábil veintinueve de noviembre; por ende, desde esa data estuvo en aptitud de ejercer su defensa, de ahí que es evidente que entre ambas fechas, transcurrieron más de quince días para la presentación de la demanda de amparo, es decir, fue presentada de manera extemporánea. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, relacionada con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de dicha legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, así como su vigilancia y ejecución. Al no haber diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio; se procede al estudio del acto reclamado del auto de vinculación a proceso, a la luz de los motivos de inconformidad vertidos por la parte quejosa en sus conceptos de violación. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 13, del Tomo IX, Enero de 1999 Novena Época, registro 194697, cuyo rubro y texto establece: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. QUINTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, al ser suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse del indiciado en un proceso penal quien formuló la demanda de amparo. En principio, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que revela no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. En relación con lo anterior, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los requisitos que deben colmarse para el dictado del auto de vinculación, pero además, dicha resolución debe cumplir también con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional. De tales preceptos se desprende que para dictar auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. A. Requisitos formales: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. Requisitos de fondo: 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; 2. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940 del Semanario Judicial de la Federación, Libro V, Tomo III, Febrero de 2012, Décima Época, registro 160331 de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Así como la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360, de la Décima Época, registro 2014800, que a la letra dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Establecido lo anterior, procede examinar si el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple con los requisitos especificados. De la reproducción de los discos versátiles digitales, relativos a la audiencia inicial de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se advierte que a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos se dio inicio; en dicha audiencia estuvieron presentes la representante del Ministerio Público, el ahora quejoso y sus defensores particulares; una vez individualizadas las partes, el Juez de Control hizo saber al ahora quejoso que tenía derecho a contar con una defensa y éste señaló que designaba como tal a los defensores partriculares; enseguida, el Juez de Control explicó al imputado el motivo de la audiencia (13:54:32). Así, el Ministerio Público en presencia del Juez de Control formuló imputación contra el ahora quejoso (14:00:20), por su probable intervención en el hecho con apariencia del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple, previsto y sancionado por el artículo 477, en relación al 479 de la Ley General de Salud, cometido en perjuicio de la salud pública y la sociedad, a título de dolo conforme lo prevé la fracción I, del numeral 18; de consumación permanente, acorde a lo establecido en el arábigo 17, fracción II; como autor material de acuerdo al artículo 21, fracción I, todos del Código Penal Estatal; y sus correlativos 9, párrafo primero, 7, fracción II y 13, fracción II, del Código Penal Federal. El hecho con apariencia de delito lo hizo consistir, sustancialmente en que el trece de octubre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las diecisiete horas, en el cruce de las calles ******* y ******* del *******, ******* fue interceptado por agentes de la Policía Estatal Única, División Preventiva, quienes al realizarle una revisión corporal, fajado en el pantalón, a la altura de la cintura, le localizaron siete envoltorios de plástico transparente, conteniendo el narcótico denominado cannabis, comúnmente conocido como marihuana con un peso neto de ******* gramos, sin contar para ello con la autorización de la Secretaría de Salud. Asimismo, las personas que deponen en su contra son los agentes de la Policía Estatal Única, División Preventiva, *******, ******* y *******; además de la perito en materia de química forense *******. Enseguida, el Juez de Control preguntó a la defensa si requería alguna aclaración respecto a la formulación de la imputación, a lo que respondió que no; mientras que el imputado señaló entender el hecho materia de la imputación (14:02:52); asimismo, el Juez le hizo saber al justiciable el derecho que tenía a contestar el cargo o a reservarse a rendir declaración, informándole que en el primer caso lo que dijera podría ser usado en su contra y en el segundo supuesto ello no le irrogaría perjuicio; por lo que previa asesoría de sus defensores particulares, manifestó que se reservaba su derecho a declarar (14:03:04). Acto seguido, la Representación Social solicitó la vinculación a proceso y expuso los datos de prueba, mismos que detalló pero únicamente se enuncian en este punto (14:04:06), los cuales consisten en: 1. Acta de aviso al Ministerio Público, de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada y signada por los agentes de la Policía Estatal Única División Preventiva Zona Norte, *******, ******* y *******. 2. Acta de inventario de aseguramiento, de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada por el agente *******. 3. Acta de eslabones de cadena de custodia, de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada por el agente *******. 4. Análisis químico instrumental, de quince de octubre de dos mil dieciséis, realizado por la perito en materia de química forense *******. Luego, el Juez le hizo saber al justiciable que el agente del Ministerio Público estaba solicitando la vinculación a proceso, así como los plazos legales establecidos para resolver dicha petición, quien previa consulta con sus defensores indicó que se acogía al plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, fijando las once horas del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho para la continuación de la audiencia inicial (14:14:00). Posteriormente, se resolvió sobre la imposición de las medidas cautelares (14:16:42); y el defensor particular solicitó el auxilio del Tribunal para citar a los agentes de la Policía Estatal Única División Preventiva Zona Norte, *******, ******* y *******; asimismo, al elemento de dicha corporación de la División de Investigación, *******, quien elaboró el reporte policial de catorce de octubre de dos mil dieciséis en relación a los hechos; lo que fue acordado en sentido negativo por el Tribunal (14:21:41). De este modo, en audiencia de vinculación o no a proceso de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se individualizaron las partes, encontrándose presentes la agente del Ministerio Público, el defensor particular licenciado ******* y el imputado *******. Asimismo, el Juez de Control comunicó que se libraron los oficios para citar a los atestes mencionados por la defensa; sin embargo, el Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad de la Zona Norte, informó que ******* se encontraba comisionado en un operativo especial fuera de la ciudad, no siendo posible su notificación; *******, no pertenece a dicha Comisión en la Zona Norte y ******* quedó debidamente notificado; sin recibir respuesta por lo que hace a la citación realizada al diverso elemento ******* (11:47:20). Motivo por el cual, se desahogó la declaración del elemento ******* (11:52:22). Enseguida la Representación Social reseñó los datos de investigación con los que cuenta (12:18:16), consistentes en: 1. Acta de aviso al Ministerio Público, de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada y signada por los agentes de la Policía Estatal Única División Preventiva Zona Norte, *******, ******* y *******. 2. Acta de inventario de aseguramiento, de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada por el agente *******. 3. Acta de eslabones de cadena de custodia, de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada por el agente *******. 4. Análisis químico instrumental, de quince de octubre de dos mil dieciséis, realizado por la perito en materia de química forense *******. Además, hizo referencia a los diversos datos de prueba consistentes en: 5. Declaración del elemento ******* que se verificó en audiencia de vinculación o no a proceso el tres de diciembre de dos mil dieciocho. 6. Acta de inspección de personas inmersa en el parte informativo, elaborada el trece de octubre de dos mil dieciséis, en donde los agentes narraron la inspección de ******* y la forma en que le localizaron la bolsa con siete envoltorios descritos con antelación, en su humanidad. 7. Pericial en materia de fotografía, elaborada por el perito *******, el catorce de octubre de dos mi dieciséis, quien verificó, sobre la bolsa de plástico conteniente de los siete envoltorios descritos, una serie de tres fotografías, y explica que para ello tuvo a la vista dicha evidencia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte; en la primera fotografía se ilustra la parte de la bolsa de plástico y en otra fotografía se aprecian los siete envoltorios con las características descritas. Acto continuo se dio el debate entre las partes (12:34:53) y después de ello, el Juez de Control decretó auto de vinculación a proceso al ahora quejoso por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple de marihuana, en la clasificación jurídica propuesta por la Representación Social. Contra el auto de vinculación a proceso, el quejoso señala los siguientes conceptos de violación: I. Que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, conculca el debido proceso legal, las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, toda vez que los datos de pruebas desahogados resultan notoriamente insuficientes para acreditar su probable o posible participación en el hecho delictivo que se le imputa. II. Que los datos de prueba aportados por la Representante Social, derivan de actos intrusivos cometidos en su perjuicio y que llevaron a cabo los elementos de la Policía Estatal Única que realizaron su detención, de ahí que deban excluirse al considerarse que fueron obtenidos de manera ilícita. Previo a señalar los razonamientos por los cuales se consideran infundados los conceptos de violación citados por el quejoso de marras, es necesario acotar que una vez que el quejoso manifestó su voluntad de acogerse a la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, el Juez de origen fijó las once horas del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho para la continuación de la audiencia inicial; sin embargo, ésta se verificó el tres del mismo mes y año, advirtiendo de la reproducción del disco digital que contiene la celebración de dicha audiencia, que se individualizaron las partes, encontrándose presentes la agente del Ministerio Público, el defensor particular licenciado ******* y el imputado ******* (11:47:20), sin que hubieren hecho manifestación alguna respecto al diferimiento de la audiencia, por el contrario el órgano jurisdiccional informó sobre las gestiones realizadas para poder llevar a cabo el desahogo de los datos de prueba ofertados por la defensa. De ahí, que al no haberse inconformado las partes con dicho diferimiento, y que durante el desarrollo de la continuación de la audiencia se encontraban presentes las partes, incluso se desahogó la declaración de uno de los atestes ofrecidos por la parte quejosa, no se realiza mayor pronunciamiento, pues el promovente del amparo solicitó que se resolviera su situación jurídica en ese momento. Ahora bien, es momento de determinar si con los datos de prueba aportados por la Fiscalía en audiencia inicial de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se acreditan los elementos del hecho que la ley señala como delito; y en efecto, tal y como lo indicó el Juez de Control, ello quedó acreditado. De ahí que se considera que es infundado el primer concepto de violación; no asiste razón al amparista, al señalar que el acto reclamado conculca el debido proceso legal, las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, y que los datos de pruebas desahogados resultan notoriamente insuficientes para acreditar su probable o posible participación en el hecho delictivo que se le imputa. Para demostrar el anterior aserto, se hace necesario traer a glosa, los elementos constitucionales y procesales que se estiman aplicables en asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio. En primer término el artículo 14 constitucional, que establece: 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Asimismo, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, prevé: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. En ese sentido, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 19 Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, los diversos artículos 313, párrafos primero, segundo y tercero, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De acuerdo a las disposiciones transcritas se advierte que para la emisión de un auto de vinculación a proceso es necesario satisfacer ciertos requisitos de forma y fondo, a fin de que no resulte violatorio de garantías, debiéndose anotar como de los primeros: a) Debe ser dictado en la audiencia inicial inmediatamente después de hecha la solicitud de imputación y desahogado el debate, o dentro de las setenta y dos horas siguientes o su ampliación, después de desahogarse la audiencia relativa, y constar por escrito. b) Que se haya formulado imputación por parte de la representación social, y que se haya otorgado la oportunidad al imputado de declarar, en la forma y con los requisitos que establece el código procesal en cita, con independencia que aquél se rehúse a declarar. c) Los datos personales del imputado, y el delito que se le imputa (13:54:32 El Juez asentó los generales del justiciable, y le hizo saber sobre la reserva de su identidad y manifestó que desea que sean reservados). d) Las circunstancias de ejecución, de tiempo y de lugar. e) Los datos de prueba que consten en la carpeta de investigación y que hayan sido señalados por las partes. Como de los segundos, que los datos de prueba sean suficientes para establecer la existencia de indicios razonables de que se han cometido hechos que la ley señale como delito, debiéndose entender por esto, la realización fáctica de la descripción típica conforme a sus elementos objetivos, subjetivos y normativos, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; además, que no esté actualizada a favor del imputado, alguna causa de extinción de la acción o excluyente de responsabilidad. Además, como requisito de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso, debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas que se hayan tomado en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Resulta aplicable la tesis XX.102 K, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, página 501, que dice: MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa. Es importante señalar, que para la emisión del auto de vinculación a proceso, el juez de control no debe imponerse de los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación, pues tal cuestión es permitida únicamente al representante social, al imputado y a su defensa, quienes en la audiencia inicial, específicamente el fiscal que formule la imputación, deberán reseñar y relatar en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación, y será con base en tal información que proporcionen las partes, con lo que el juzgador deberá emitir el auto de vinculación, motivo por el cual no puede exigírsele en este estadio procesal, describir de forma tan detallada los elementos de prueba, precisamente por no tenerlos a la vista, pues se insiste, el juzgador emitirá su determinación con base en la información que de viva voz le proporcionen las partes. De lo anterior se colige que si bien todo acto de autoridad debe emitirse de manera fundada y motivada, también se infiere que el constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, basándose sólo en el grado de razonabilidad; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar no sólo la contaminación de los mismos y mantener con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, sino la de todo el proceso, así como resolver lo conducente con los datos que exponga el representante social en relación a un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, esto es, debe atenderse a su grado de certeza y no al nivel de prueba, dado que el auto de vinculación a proceso sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. De lo observado en las audiencias de veintiocho de noviembre y tres de diciembre de dos mil dieciocho, se aprecia que el Juez de control responsable citó los fundamentos legales y expuso las razones por las cuales estimó procedente la solicitud del Ministerio Público para vincular a proceso al quejoso, por los hechos materia de la imputación, aunado a que la versión escrita de dicha resolución guarda correspondencia en su extensión con la que se emitió oralmente, como lo prescribe el penúltimo párrafo del artículo 67 de la legislación adjetiva Nacional. Así, con los datos de prueba mencionados con antelación, el Juez de origen concluyó que la conducta que se imputa al justiciable encuadra en el artículo 477 de la Ley General de Salud, el cual a la letra dice: 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. El numeral en comento se correlaciona con el diverso 479 de la citada legislación, el cual en lo conducente establece lo siguiente: 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato Opio 2 gr. Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. Cannabis Sativa, Indica o Marihuana 5 gr. Cocaína 500 mg. Lisergida (LSD) 0.015 mg. MDA, Metilendioxianfetamina Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas 40 mg. Una unidad con peso no mayor a 200 mg. MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina 40 mg. Una unidad con peso no mayor a 200 mg. Metanfetamina 40 mg. Una unidad con peso no mayor a 200 mg. Ahora bien, de los antecedentes que expuso la Representación Social se advierten datos de prueba que para esta etapa resultan idóneos y pertinentes para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple y la probabilidad de que el quejoso lo cometió o participó en su comisión, tal como lo expuso el Juez de Control, al señalar que esos datos de prueba permiten establecer una suposición fundada de que el aquí quejoso *******, poseyó ******* gramos doscientos cincuenta miligramos de marihuana, contenidos en siete envoltorios de plástico transparente, mismos que llevaba fajados en el pantalón a la altura de la cintura, sin contar para ello con la autorización de la Secretaría de Salud. aproximadamente a las diecisiete horas del trece de octubre de dos mil dieciséis, en el cruce de las calles ******* y ******* del *******, según declaraciones de los agentes de la Policía Estatal Única, División Preventiva, *******, ******* y ******* y la pericial en materia de química forense realizada por la perito *******. Se comparte la apreciación del Juez responsable al considerar que la sustancia asegurada (marihuana), corresponde a un estupefaciente; pues la perito en materia de química forense *******, al realizar el análisis químico instrumental de quince de octubre de dos mil dieciséis, respecto de la evidencia que le fue remitida en acta de cadena y eslabones de custodia, consistente en una bolsa de plástico transparente, continente de siete envoltorios de plástico transparente, con una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana, al ser sometida a diversos métodos de análisis para determinar su naturaleza, arrojó resultado positivo a la identificación de marihuana y un espectro característico de marihuana el cual está considerado como estupefaciente por la Ley General de Salud, con un peso neto de ******* gramos. Luego, para considerar que el amparista tenía la posesión material del estupefaciente (marihuana), es decir, dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata el narcótico referido, adecuadamente el Juez de origen concatenó lo expuesto en el Acta de aviso al Ministerio Público, de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada y signada por los agentes de la Policía Estatal Única División Preventiva Zona Norte, *******, ******* y *******, quienes narraron que aproximadamente a las diecisiete horas de la mencionada fecha, realizaban recorridos de prevención y vigilancia a bordo de la unidad 623, y al circular por la calle Juárez Porvenir, cruce con la calle Miguel Hidalgo, del poblado San Agustín, observaron aproximadamente a tres metros de distancia de donde ellos se encontraban, a una persona del sexo masculino que caminaba sobre la calle Juárez Porvenir, el cual vestía camisa tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis, todos en color negro, quien al observar su presencia, se fajó debajo de la playera y por la parte delantera del pantalón que llevaba, una bolsa de plástico transparente, se dio la vuelta y corrió en sentido contrario, tratando de evadir el encuentro. Tal actitud evasiva llamó la atención de los agentes, por lo que descendieron de su unidad y le dieron alcance, cuestionándolo sobre el motivo por el cuál corrió y sobre lo que ocultó debajo de su camisa, a lo que dicha persona contestó: "me asusté, por eso corrí, porque la neta traigo "muleta" y lo que me escondí son unos gallos que conecté". Debido a lo anterior, los agentes le informaron con motivo de la prevención de delitos, la búsqueda de instrumentos de objetos o en general materia que constituya la comisión de algún delito, así como que, por protocolo de seguridad de los agentes, y de él mismo, le realizarían una inspección en su persona, a lo que aquél manifestó: "está bien, revísenme, ya me atoraron de todos modos". Una vez que el agente ******* le realizó la inspección correspondiente a quien en ese momento manifestó responder al nombre de *******, le encontró, fajado en el pantalón, a la altura de la cintura y por la parte frontal, una bolsa de plástico transparente con siete envoltorios de plástico transparente continentes de una hierba color verde, seca y olorosa, con las características propias de la marihuana. En razón de ello, los agentes informaron a ******* que el poseer cualquier tipo de droga constituye un delito y que por tal razón sería puesto a disposición del agente del Ministerio Público, por lo que, previa lectura de sus derechos, a las diecisiete horas con dieciocho minutos del trece de octubre de dos mil dieciséis se procedió a su formal detención, en el cruce de las calles Juárez Porvenir y Miguel Hidalgo del poblado San Agustín. Además, el Juez del proceso refirió que robustece la versión de los elementos captores el Acta de inventario de aseguramiento, de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada por el agente *******, en la que describe la evidencia asegurada consistente en una bolsa de plástico transparente, continente de siete envoltorios de plástico transparente, cada uno con una hierba de color verde, seca y olorosa con las características propias de al parecer marihuana, asegurada al justiciable Así como el Acta de eslabones de cadena de custodia, de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada por el agente *******, sobre la evidencia descrita; de la cual se advierte que, de manera ininterrumpida, se le hizo llegar a la perito en materia química forense *******. Entonces, este Juzgador concluye que es acertada la precisión del Juez de origen, pues posee quien lleva consigo o tiene bajo su disposición la sustancia considerada como estupefaciente (marihuana) en la Ley General de Salud; lo que en el caso, hasta este momento procesal, se acreditó con el Acta de aviso al Ministerio Público, de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada y signada por los agentes de la Policía Estatal Única División Preventiva Zona Norte, *******, ******* y *******, ya que expusieron acontecimientos que conocieron con motivo de su función de prevención, asentaron las circunstancias relativas al lugar, tiempo y modo en que se desarrollaron los hechos relativos a la detención del activo mencionado, así como el hallazgo y aseguramiento del narcótico, pero esencialmente que, debido a la mecánica de los hechos, le encontraron al sujeto activo, una bolsa de plástico transparente con siete envoltorios de plástico transparente continentes de una hierba color verde, seca y olorosa, con las características propias de la marihuana. Lo cual fue engarzado con el Acta de inventario de aseguramiento y el Acta de eslabones de cadena de custodia, respecto del estupefaciente asegurado y que fue recibido por la perito, quien realizó su experticia en química forense con los resultados ya apuntados. Por lo que al valorar el cúmulo de datos de prueba aportados por la Representación Social, el Juez de Control determinó que no se desahogó antecedente de investigación alguno tendiente a acreditar que la intención del sujeto activo fuera comercializar o suministrar, aún de manera gratuita, el estupefaciente de referencia; opinión que este resolutor considera acertada, pues el estupefaciente que fue localizado al activo arrojó el peso neto de *******; por lo que no excede la cantidad señalada en la tercera línea horizontal de la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud (cinco gramos para la marihuana, que multiplicados por mil, da un resultado de cinco kilogramos). Del mismo modo, el Juez del proceso señaló que no obra antecedente de investigación, tendente a acreditar que el sujeto activo contara con autorización expedida en materia de salud o sanitaria para ejercer actos posesorios sobre el estupefaciente asegurado. Criterio que comparte este Juzgador, pues de los datos de prueba aportados por las partes no se advierte que el activo tuviera autorización para poseer el narcótico en cita. Por último, al resolver la vinculación el proceso el Juez de origen en lo que hace a la participación del justiciable en el hecho delictivo que se le imputa, determinó que su conducta encuadra en lo contemplado en la fracción II, del numeral 13, en relación con el 9, párrafo primero, del Código Penal Federal , lo que se traduce en que fue *******, quien conociendo y queriendo el resultado ilícito de su proceder, decidió llevar a cabo los actos encaminados y tendientes a ejecutar el hecho considerado como delito por la Ley General de Salud, a saber contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple de marihuana, lo que se acreditó a través de las pruebas reseñadas en párrafos precedentes, así como con la declaración del elemento captor *******, quien en lo conducente manifestó reconocer al imputado presente en la audiencia a su cargo como la persona a la que él detuvo el trece de octubre de dos mil dieciséis, pero lo observa un poco más delgado, no obstante, sí es la misma persona objeto de la detención. En efecto, asiste la razón al Juzgador de origen, en cuanto a la participación de *******, en la comisión del delito imputado, pues se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; toda vez que fue la persona que en forma individual poseyó el narcótico afecto a la causa; así como que con las pruebas relacionadas se demuestra que el justiciable llevó a cabo el hecho típico que nos ocupa en forma dolosa, pues hasta este momento procesal no existe indicio que lleve a concluir que desconocía que el narcótico que contenían las siete envoltorios de material plástico era marihuana. De este modo, resulta infundado el concepto de violación citado en el punto 1; pues los datos de prueba para esta etapa resultan suficientes para el dictado del auto de vinculación, ya que para establecer los hechos con connotación de delito y la probable participación del imputado en su comisión, no se requiere de prueba plena, sino que basta que los datos de prueba resulten idóneos y pertinentes, de acuerdo a una valoración libre y lógica, como sucede en el caso, pues el acto reclamado corresponde a la etapa de investigación preliminar, y no es más que la autorización para que la representación social siga investigando, pues lo efectos que genera dicha resolución se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada. En distinta tesitura, es infundado el segundo concepto de violación, relativo a que los datos de prueba aportados por la Representante Social, derivan de actos intrusivos cometidos en su perjuicio y que llevaron a cabo los elementos de la Policía Estatal Única que realizaron su detención, de ahí que deban excluirse al considerarse que fueron obtenidos de manera ilícita. Se arriba a la anterior conclusión, pues el Juzgador de origen al realizar el estudio de los alegatos realizados por la defensa, en el sentido de que su representado fue detenido sin que cometiera delito alguno, toda vez que caminaba por la calle a la cual tenía libre acceso, y sin necesidad y motivo alguno, los agentes de la Policía llevaron a cabo la revisión del aquí quejoso, puesto que éste no se encontraba ni siquiera realizado alguna falta administrativa, considerando el abogado defensor que fue ilegal la actuación de los elementos captores y por tanto debía aplicarse la teoría del fruto envenenado; determinó que evidentemente a ******* se le detuvo al momento en que los agentes de la Policía Estatal Única advirtieron en éste una actitud evasiva al percatarse de su presencia, además de que observaron que el justiciable ocultó en la parte delantera del pantalón una bolsa de plástico transparente, para luego darse la vuelta y correr en sentido contrario. Circunstancias las anteriores, que llevaron al Juez del proceso a determinar que la conducta del aquí quejoso fue precisamente no encontrarse con los citados agentes, lo que originó que se realizara su detención y al realizarle una revisión corporal se encontró en su poder el estupefaciente asegurado, citando para tal efecto la jurisprudencia (V Región) 5o. J/5 (10a.), de la Décima Época, registro 2007357, del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, Penal, página 2210, del rubro: "DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS APREHENSORES QUE REALIZABAN LABORES DE VIGILANCIA OBSERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU PRESENCIA, ADOPTÓ UNA ACTITUD EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISIÓN PRECAUTORIA SE PERCATAN DE QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO EN FLAGRANCIA (POSESIÓN DE NARCÓTICOS), AQUÉLLA NO ES ARBITRARIA. En cuanto a esto, conviene traer el pasaje en que se llevó a cabo la detención del quejoso, a saber, el Acta de aviso al Ministerio Público de trece de octubre de dos mil dieciséis, realizada y signada por los agentes de la Policía Estatal Única División Preventiva Zona Norte, *******, ******* y *******, quienes narraron que aproximadamente a las diecisiete horas de la mencionada fecha, realizaban recorridos de prevención y vigilancia a bordo de la unidad 623, y al circular por la calle Juárez Porvenir, cruce con la calle Miguel Hidalgo, del poblado San Agustín, observaron aproximadamente a tres metros de distancia de donde ellos se encontraban, a una persona del sexo masculino que caminaba sobre la calle Juárez Porvenir, el cual vestía camisa tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis, todos en color negro, quien al observar se presencia, se fajó debajo de la playera y por la parte delantera del pantalón que llevaba, una bolsa de plástico transparente, se dio la vuelta y corrió en sentido contrario, tratando de evadir el encuentro. Tal actitud evasiva llamó la atención de los agentes, por lo que descendieron de su unidad y dieron alcance, le cuestionaron el motivo por el cuál corrió y sobre lo que ocultó debajo de su camisa, a lo que dicha persona contestó: "me asusté, por eso corrí, porque la neta traigo "muleta" y lo que me escondí son unos gallos que conecté". Debido a lo anterior, los agentes le informaron con motivo de la prevención de delitos, la búsqueda de instrumentos de objetos o en general materia que constituya la comisión de algún delito, así como que, por protocolo de seguridad de los agentes, y de él mismo, le realizarían una inspección en su persona, a lo que aquél manifestó: "está bien, revísenme, ya me atoraron de todos modos". Una vez que los agentes realizaron la inspección correspondiente a quien en ese momento manifestó responder al nombre de *******, le encontraron, fajado en el pantalón, a la altura de la cintura y por la parte frontal, una bolsa de plástico transparente con siete envoltorios de plástico transparente continentes de una hierba color verde, seca y olorosa, con las características propias de la marihuana. En razón de ello, los agentes informaron a ******* que el poseer cualquier tipo de droga constituía un delito y que por tal razón sería puesto a disposición del agente del Ministerio Público, por lo que, previa lectura de sus derechos, a las diecisiete horas con dieciocho minutos del trece de octubre de dos mil dieciséis se procedió a su formal detención, en el cruce de las calles ******* y ******* del ******. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 146 refiere: 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Se advierte que tal disposición autoriza la detención de una persona sin orden de aprehensión cuando es detenida en el momento en el que se encuentra cometido un delito o bien, inmediatamente después de haberlo cometido. En el segundo supuesto, se pueden presentar dos hipótesis: 1. Que sea sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o 2. Que sea señalada por la víctima, ofendido o un testigo o alguien que hubiera intervenido también en los hechos y tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Siendo que en el caso como acertadamente concluyó el juez de control, se cumple con lo dispuesto en el primer párrafo transcrito, es decir, el quejoso fue detenido en el momento en el que se encontraba cometido un delito. Por lo anterior, resultó acertada la calificación de legal de la detención del quejoso realizada por los elementos de la Policía Estatal Única. Pues en forma correcta señaló que una vez que los agentes de la Policía Estatal Única, advirtieron la presencia de una persona del sexo masculino que caminaba sobre la calle Juárez Porvenir, quien al observar la presencia de los elementos policiacos, se fajó debajo de la playera y por la parte delantera del pantalón que llevaba, una bolsa de plástico transparente, se dio la vuelta y corrió en sentido contrario, tratando de evadir el encuentro. Por lo que tal actitud evasiva llamó la atención de los agentes, quienes descendieron de su unidad y le dieron alcance, cuestionándolo sobre el motivo por el cuál corrió y lo que ocultó debajo de su camisa, a lo que dicha persona contestó: "me asusté, por eso corrí, porque la neta traigo "muleta" y lo que me escondí son unos gallos que conecté". Así, al realizarle la inspección correspondiente a quien en ese momento manifestó responder al nombre de *******, le encontraron, fajado en el pantalón, a la altura de la cintura y por la parte frontal, una bolsa de plástico transparente con siete envoltorios de plástico transparente continentes de una hierba color verde, seca y olorosa, con las características propias de la marihuana. Lo anterior es así, pues el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por una parte, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y, por otra, que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por tanto, si el Constituyente Originario dispuso que cualquier persona puede detener a otra cuando se le sorprenda en flagrante delito, con mayor razón, los agentes de la policía, pues entre sus funciones, no sólo está la de detener a quienes realizan un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan o después de ello, ya que, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, también tienen facultades de prevención del delito y para vigilar la aplicación de los reglamentos. Ahora bien, si los elementos captores, al realizar sus labores de vigilancia observaron que el inculpado, al notar su presencia adoptó una actitud evasiva y al practicarle una revisión precautoria se percatan de que está cometiendo un delito en flagrancia (le encontraron el narcótico afecto a la causa), motivo por el que lo detuvieron, la actuación de dichos agentes no fue una detención arbitraria que requiriera de un mandamiento escrito que cumpla con los requisitos constitucionales apuntados, sino que se trata de dos momentos distintos que concurren en dicha actuación, el primero, consistente en la revisión que los policías pueden realizar a cualquier persona con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de garantizar la seguridad pública y, el segundo -consecuencia del primero-, lo constituye la detención en flagrancia que pueden llevar a cabo si con motivo de la revisión observan la comisión de algún ilícito. En sustento a lo anterior se cita la tesis 1a. XXVI/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Materia Constitucional, página 669, de la Décima Época, registro 2010961, que a la letra dice: CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. La finalidad de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad. En este sentido, la realización de esos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una circunstancia abstracta -como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse-, podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. En este contexto, las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, pero sí las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas son las que van a determinar el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, existen dos tipos de controles que pueden realizarse: 1. Preventivo en grado menor, en el cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. En este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. 2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de las personas, sus pertenencias así como el interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. En consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita, y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio. Con base en lo expuesto, este órgano de control constitucional estima que se encuentran satisfechos los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 19 Constitucional y los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que de los datos de prueba se advierte que aparecen datos suficientes hasta este momento, para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple y existe probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; máxime que, como se dijo, no es requisito indispensable para dicha resolución que se cuente con pruebas plenas o contundentes para acreditar la plena responsabilidad penal del justiciable, sino sólo datos que hagan probable su intervención o participación. Por lo expuesto, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, y sin que exista queja que suplir conforme el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados que quedaron precisadas en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a *******, contra el auto de vinculación a proceso decretado en la audiencia de tres de diciembre de dos mil dieciocho, por los razonamientos expuestos en el considerando último. Notifíquese personalmente.- Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional, sin embargo no se ha emplazado al agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal ******* del sumario del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, a quien le reviste el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, en consecuencia, gírese oficio a dicha autoridad anexándole copia de la demanda. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************. Doy fe. ***
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