Ismael Morales Reyes
Expediente 852/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ismael Morales Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a trece de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de dieciséis de marzo del presente año, en que se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse negado la protección de la justicia federal, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 852/2022-V, promovido por la licenciada **********, en su carácter de defensora público estatal de **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El trece de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por la licenciada **********, en su carácter de defensora público estatal de **********, la cual fue recibida el diecinueve siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del (1) Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, (2) Agencia Estatal de Investigación por conducto de la Unidad de Órdenes de Aprehensión, (3) Secretario de Seguridad Pública Municipal, (4) Secretaría de Seguridad Pública Estatal y (5) Guardia Nacional, en esta ciudad, de las que reclamó: [.] IV.- Acto (s) reclamado (s): a) De la autoridad ordenadora: 1.- La omisión de atender la solicitud de aclaración de la defensa en Audiencia del día 24 de agosto del 2022 2.- La orden de aprehensión emitida en Audiencia del día 24 de agosto del 2022 b) De las autoridades ejecutoras: La inminente ejecución de la orden de aprehensión. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 852/2022-V; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Ejecución de Penas, en su carácter de tercero interesado (fojas 47) y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en: I. La orden de aprehensión librada en contra de **********, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la carpeta de ejecución de penas 1490/2021, que deriva de la causa penal 4372/2021, por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple, previsto y sancionado por el artículo 477 de la Ley General de Salud, así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, convino en la existencia del acto de que se duele el justiciable, a saber, la orden de captura librada en contra de **********, dentro de la carpeta de ejecución de penas 1490/2021, que deriva de la causa penal 4372/2021, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple, así como su ejecución. Por su parte, el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en el cumplimiento de órdenes de aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, en esta ciudad, si bien rindió informe justificado, lo cierto es que del mismo se desprende que corresponde a diversa causa penal instruida en contra del justiciable. A su vez, la Encargada de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Despliegue Policial, Zona norte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Encargado Coordinador del Trigésimo primer Batallón de Guardia Nacional "Chihuahua" y la Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en representación por ausencia del Secretario, precisaron que no es cierto el acto que les endilga el justiciable, a saber la ejecución de la orden de aprehensión librada en su contra. Sin embargo, su negativa se ve desvirtuada con motivo de lo expuesto por la autoridad jurisdiccional del orden común, pues aquellas, con motivo de sus funciones, se encuentran en aptitud de dar cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en contra de **********. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de la videograbación que contiene la audiencia celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la carpeta de ejecución de penas 1490/2021, que deriva de la causa penal 4372/2021, constancia que, al tratarse de documental pública, merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en cita. Al no advertirse causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional del escrito de demanda. QUINTO. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación esgrimidos por la defensa del quejoso, los cuales, en síntesis dicen: - Que la autoridad omitió atender la solicitud de la defensa a efecto de que se verificara si efectivamente el justiciable había sido citado a comparecer ante el órgano jurisdiccional, contraviniendo los principios de contradicción, oralidad y publicidad. - Que la orden de aprehensión carece de motivación y fundamentación, pues la autoridad fue omisa en precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito. Luego, como al quejoso **********, le resulta el carácter de sentenciado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Para contextualizar el sustento de lo que aquí se resuelve, se estima oportuno realizar algunas precisiones. La tutela efectiva de los derechos del gobernado, incluye que todas las resoluciones en las que se dirima un derecho, cumplan con la exigencia establecida en el artículo 16 Constitucional, pues consagra el derecho fundamental de seguridad jurídica en favor de los gobernados, al exigir que, para la emisión de cualquier acto de autoridad ha de expresarse, con precisión, el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; cuestiones que se traduce en los tópicos de fundamentación y motivación. Además, deberá existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese tenor, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, aspecto imperativo que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. A su vez, la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuáles la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Además, cuando se trate de autoridades que ejercen actos materialmente jurisdiccionales, la intensidad en el escrutinio de la fundamentación y motivación debe ser a la luz de los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, que además de que se citen los preceptos legales en que se apoya una determinación, deben de realizarse los argumentos lógicos que se encaminen a justificar la emisión del acto. Lo que variablemente implica que deben tener congruencia interna y externa. Así, la primera hace alusión a que no deben contener afirmaciones antagónicas, ni adoptar posiciones contrapuestas, deben ser simétricas y sistemáticas; en tanto que, por virtud de la congruencia externa, toda resolución jurisdiccional debe resolver la totalidad de las cuestiones propuestas, y sólo las propuestas, esto es, sin añadir u omitir temas que no se hayan hecho valer oportunamente. Así, solo si la resolución judicial atiende el principio de congruencia, permite advertir cuáles fueron las razones jurídicas y de facto que tuvo en consideración el tribunal al estimar o desestimar todo aquello que le fue peticionado, así como su influencia en el sentido de su determinación final, por ende, la violación a tal obligación por parte de la persona juzgadora, se traduce en una inadecuada fundamentación y motivación, derecho humano que debe ser acatado por toda autoridad, con el fin de establecer, sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de sus actuaciones, lo que además, permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. En este tenor, debe destacarse que todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 176546, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, página 162, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Así, en principio, resulta de importancia señalar que con base al subprincipio de exacta aplicación de la ley penal, impone a las personas juzgadoras la obligación de aplicar las normas penales dentro del marco del tenor literal o el sentido posible del texto legislativo, sin poder acudir a la analogía o la mayoría de razón. Es decir, conforme a dicho mandato, la actividad de la persona juzgadora debe quedar ceñida estrictamente a hallar el significado de las palabras usadas por el legislador, sin poder en ningún caso hacer interpretaciones que vayan más allá del tenor literal, pues esto último implicaría hacer uso de la analogía. En nuestro país, dicho mandato se encuentra expresamente recogido en el artículo 14 constitucional, el cual establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Una postura similar ha sostenido la Primera Sala al señalar que no debe confundirse la función del juzgador de darle contenido a cada uno de los elementos del tipo penal, con la prohibición prevista en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución. Para la Primera Sala, el principio de exacta aplicación de la ley penal no llega al extremo de dejar sin facultad de actuar al operador jurídico, toda vez que exigir al legislador que dote de contenido exacto y completamente preciso a cada uno de los elementos que configuran el tipo penal «tornaría imposible la función legislativa. Sentado lo anterior, se precisa que conforme a la contradicción de criterio 79/99-PS del índice de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país11, se determinó -en lo que interesa- que la orden de reaprehensión, al igual que la orden de aprehensión, tiene como objeto privar de la libertad a un sujeto; sin embargo, los requisitos con los que debe contar la primera son distintos a los de la orden de aprehensión, y lo mismo se puede decir en cuanto a su origen. En efecto, la persona juzgadora que conozca de la causa puede decretar la orden de reaprehensión sin necesidad de fundarla expresamente en términos del artículo 16 constitucional, referentes a la orden de aprehensión, únicamente son necesarios los requisitos comunes a todos los actos de autoridad, es decir, en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior es así en atención al origen de la reaprehensión, pues siempre que ésta se da, la persona contra la que se dicta se encuentra ya sujeta a un proceso penal. Por ello, las circunstancias en las que se dicta la orden de aprehensión y la orden de reaprehensión son distintas, pues en la primera la persona se encuentra en total libertad sin estar sujeta a la jurisdicción de ningún Juez y, en la segunda, invariablemente se encuentra sujeto a un proceso, y su libertad está restringida lógicamente en algún sentido, si no es que privada totalmente, por lo que al estar sujeta a un proceso, ya se acreditaron anteriormente, los requisitos para su dictado (ordinal 16 constitucional); de ahí que sea innecesario en la orden de reaprehensión cumplir con los requisitos que para el libramiento de una orden de aprehensión exige el artículo 16 constitucional, si previamente en la aprehensión ya se cumplieron. En ese sentido, la orden de reaprehensión es una determinación judicial que se emite con el objeto de que la persona que se encuentra sujeta a un proceso penal cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer o, bien, con la sanción impuesta en sentencia; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento de que sea librada por autoridad judicial precedida de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por las razones que informa se cita la tesis 1a. CC/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2001985, Décima Época, Materia Penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, de octubre de 2012, Tomo 2, página 1206, que reza: ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Así, para que el juez de control pueda resolver las cuestiones sometidas a su consideración, debe abrir un debate entre las partes, para que le den la información necesaria, y controviertan los argumentos de su contraria; con base en lo cual, motivará y fundará su decisión para emitir la orden de reaprehensión. En este tenor, del informe justificado que remite el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, destacan los antecedentes siguientes: 1. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Ejecución de Penas, en turno, recibió el oficio JC-55435/2021, suscrito por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, anexo al cual remitió copia certificada de la sentencia condenatoria dictada el tres de los mismos en la causa penal 4372/2021, en contra de Ismael Morales Reyes, por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple, fallo que causó ejecutoría el tres del citado mes y año. Así, en dicho fallo se asentó que se concedió al justiciable el beneficio de la condena condicional en términos del ordinal 90 del Código Penal Federal y se ordenó su inmediata libertad por lo que hace a dicho proceso penal. 2. El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, dictó acuerdo en el que determinó el inicio del procedimiento de ejecución, registrándolo bajo el consecutivo 1490/2021. Del mismo modo, estableció que se concedió al quejoso el beneficio de la condena condicional, con motivo de la pena de prisión impuesta de diez meses, haciéndole saber las obligaciones contraídas, a saber, presentarse ante la autoridad supervisora con una periodicidad mensual hasta la fecha de compurgación (ocho de julio de dos mil veintidós); residir en el domicilio ubicado en la calle **********, en esta ciudad, y en caso de cambiar de domicilio dar aviso a la autoridad supervisora; acreditar que desempeña una ocupación lícita; abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica; otorgándole el plazo de tres meses para el pago de la multa en el entendido que podría ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad. Lo cual le fue notificado al quejoso el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante instructivo de notificación fijado en la puerta del domicilio ubicado en la calle **********, en esta ciudad. 3. Mediante oficio 2781/2022 de veinte de julio de dos mil veintidós, la supervisora regional del departamento de Ejecución de Penas y Prevención Social, Distrito Bravos, comunicó al Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, que el sentenciado solo se presentó el cinco de noviembre de dos mil veintiuno a dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con motivo del beneficio concedido. 4. El veintisiete de julio de dos mil veintidós, la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, dictó acuerdo en el que fijó las nueve horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, a efecto de llevar a cabo audiencia en términos del numeral 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de que las partes manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto a la comunicación que llevó a cabo la supervisora regional del departamento de Ejecución de Penas y Prevención Social, Distrito Bravos. De este modo, obra el acta circunstanciada de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en la que el Oficial Notificador adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, hizo constar la imposibilidad para notificar al sentenciado **********, pues una vez que se constituyó en el domicilio ubicado en la calle **********, en esta ciudad, se entrevistó con quien dijo responder al nombre de **********, ser dueña del inmueble, el cual habita desde hace más de doce años y no conocer al justiciable; razón por la cual no fue posible realizar dicha notificación. 5. El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo audiencia con asistencia de la Representación Social, la autoridad penitenciaria y la defensa del quejoso, sin que éste último se encontrara presente, diligencia en la que el Juez de Ejecución Penal dictó orden de reaprehensión en su contra a petición de la agente del Ministerio Público por haber incumplido con las obligaciones contraídas con motivo del beneficio concedido. Bajo esa línea, en el caso de acuerdo a los antecedentes previamente destacados, se determina que la orden de reaprehensión reclamada tuvo como origen que el ahora quejoso incumplió con las obligaciones contraídas con motivo del beneficio de la condena condicional al cual se acogió, pues la autoridad penitenciaria precisó que se presentó solo en una ocasión ante esa autoridad, incumpliendo así con las diversas obligaciones. Por lo anterior, es evidente que para su emisión era innecesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el segundo párrafo, del artículo 16, Constitucional, ante la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión, a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal. En ese sentido, si el quejoso tenía la obligación de cumplir con las obligaciones contraídas con motivo del beneficio de la condena condicional al cual se acogió, de las que destaca el residir en el inmueble ubicado en la calle Alpiste, número quinientos ocho, colonia Haciendas, en esta ciudad, en el cual no mora según la constancia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós realizada por el Oficial Notificador, es incuestionable que la persona juzgadora contaba con elementos para girar la orden de reaprehensión. En las relatadas condiciones, al analizar el mandamiento de captura reclamado, puede advertirse que el juez responsable señaló claramente los motivos, razones y circunstancias que lo llevaron a emitir ese acto, esto es, por haber incumplido con las obligaciones contraídas con motivo del beneficio de la condena condicional concedido, aunado a que no fue posible notificarle en el domicilio proporcionado en autos, pues de la constancia realizada por el Oficial Notificador de esa adscripción se desprende que no reside en ese domicilio; por lo que, ante el incumplimiento decretado, lo procedente era emitir el mandamiento de captura a fin de hacer comparecer al imputado a cumplir con la pena de prisión impuesta; las cuales resultan acordes con el fundamento que aplicó, con lo que se cumple con el requisito de motivación. De ahí que resulte infundado su argumento atinente a que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, pues el juez de ejecución en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, al emitir la orden de reaprehensión expuso las razones de derecho y los motivos de hecho que consideró para su dictado, en términos del numeral 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del mismo modo, deviene infundado el concepto de violación esgrimido por la defensa, en el sentido de que el Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial Bravos, omitió atender la solicitud de la defensa en audiencia celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la carpeta de ejecución de penas 1490/2021, que deriva de la causa penal 4372/2021. Lo anterior es así, pues una vez que se llevó a cabo la revisión de la videograbación que contiene la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la carpeta de ejecución de penas 1490/2021, que deriva de la causa penal 4372/2021, se desprende que en su intervención (06:11), la defensa peticionó se le informará la fecha en que se le notificó a su defenso el inicio del procedimiento de ejecución, el domicilio que proporcionó y en el que se le notificó. A lo que el Juez de origen le concedió el uso de la voz a la Representación Social a efecto de que se hiciera cargo de dichas manifestaciones (07:28), quien una vez que tuvo a la vista la carpeta de ejecución de penas, informó que obraba el acta circunstanciada de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, suscrita por el licenciado **********, a fin de notificar a **********, por lo que una vez que se constituyó en el domicilio ubicado en la calle **********, en esta ciudad, la persona con quien se entrevistó le comunicó ser la propietaria del inmueble, el cual habita desde hace doce años y no conocer al quejoso, de ahí que el domicilio que éste proporcionó resultó ser falso, para luego hacer entrega de la carpeta de ejecución a la defensa. De lo aquí narrado, se deriva lo infundado de lo argumentado por la parte quejosa, a saber, la omisión de atender la solicitud de la defensa en audiencia celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la carpeta de ejecución de penas 1490/2021, que deriva de la causa penal 4372/2021, pues como ya se dijo, el Juez señalado como responsable corrió traslado a la Representación Social, a efecto de que diera respuesta a la petición de la defensa, quien lo hizo en los términos ya precisados. Así, con base en las consideraciones expuestas, infundados como resultan los conceptos de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio del quejoso **********, y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos que reclamó al Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, por los razonamientos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y a la autoridad que le reviste el carácter de tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Audiencia Constitucional En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las doce horas con cuarenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la licenciada ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con la licenciada ***, secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes en este juicio de amparo 852/2022-V . En la secretaría se hizo relación de autos y dio lectura a la demanda de amparo, al emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Ejecución de Penas; a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Encargada de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Despliegue Policial Zona Norte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Encargado Coordinador del Trigésimo primer Batallón de Guardia Nacional "Chihuahua", Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en representación por ausencia del Secretario, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, todos con residencia en esta ciudad. Asimismo, se certifica que hasta esta hora no se ha presentado promoción alguna dirigida a este expediente, que se encuentre pendiente por acordar. Con motivo de lo anterior, la Jueza acordó: con fundamento en los numerales 117 y 124, de la ley de la materia, se tiene por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados. Acto seguido, la Jueza ordenó abrir el periodo probatorio. En la etapa de referencia, en la secretaría se tienen por ofertadas aquellas que exhibieron las autoridades señaladas como responsables. Continuando con la diligencia, la Jueza ordenó pasar al periodo de alegatos. En dicha fase, en la secretaría se hizo constar que la parte quejosa no los formuló y el agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. Por último, se certifica que la audiencia concluyó posterior a la hora fijada para su celebración, a fin de dar tiempo a que las partes estuvieran en posibilidad de presentar algún escrito, así como a las cargas de trabajo que tiene el juzgado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, entre ellos el artículo 26 Bis, primer párrafo, mismo que fue reformado por el Acuerdo General 12/2020, para una mejor compresión, el citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 26 Bis. Cuando se integre al expediente electrónico el acta donde conste la celebración de alguna audiencia, al calce de ésta se asentará si, por alguna circunstancia, la hora de la evidencia criptográfica no coincide con la hora del cierre de la audiencia. En el mismo sentido, cuando se integre al expediente electrónico alguna resolución que deba emitirse en continuidad al calce de la resolución." Acto continuo, la Jueza declaró cerrada la fase precedente, dio por concluida el acta, y una vez que las labores de este Juzgado lo permitan, díctese la resolución correspondiente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que en auto de diez de noviembre del presente año, se dio vista a la parte quejosa por un plazo de quince días, con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, de lo cual quedó debidamente notificada el dieciocho del citado mes y año. Ahora de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente, sin que la parte quejosa haya dado observancia a dicho requerimiento; por tanto, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se ordena continuar con la tramitación de este juicio de amparo en los términos planteados en la demanda de amparo que dio inicio al presente asunto. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. IRS
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