Ismael Lucas Hernández

Expediente 639/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
639/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Ismael Lucas Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de revisión en contra del proveído de dieciocho de octubre del dos mil veintidós, mismo que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, así como con el Capítulo 7 relativo a expedientes depurables, numeral 7.4 referente al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración con independencia del sentido en que se resolvió o concluyó el presente juicio de amparo, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse decretado la suspensión de plano del acto reclamado a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. En la inteligencia que deberán conservarse las resoluciones que se concedió la suspensión de plano, el proveído en que se acuerda el archivo del expediente y los demás documentos que se consideren importantes al estar vinculados con aquélla. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULA DE EXPEDIENTE. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible a depuración, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. DEPURACIÓN Y TRANSFERENCIA. Transcurrido el plazo de tres años que se establece en el penúltimo párrafo del referido artículo 18, este órgano jurisdiccional procederá a la depuración del juicio principal, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que se estimen necesarios. Hecho lo anterior, transfiérase el expediente de que se trata a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa solicitud que realice este Juzgado Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Ténganse recibido el oficio signado por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde su informe justificado y remite diversas constancias; al respecto, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes. DELEGADOS Y DOMICILIO. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 27 de la ley de la materia, téngase a la citada responsable, señalando como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los indicados en el informe de cuenta. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora, resulta pertinente destacar los antecedentes que dieron origen a este juicio de amparo: 1. El veinte de septiembre del año en curso, el quejoso -a bordo de su vehículo- fue detenido en esta ciudad, por elementos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes le marcaron el alto con los dispositivos visuales y sonoros, pues al entrevistarse con éste, los elementos de seguridad se percataron que expedía un olor con características similares a las del alcohol, por lo que procedieron a su detención a las diecinueve horas con cuarenta minutos, y resguardo del vehículo. 2. Que el aquí solicitante del amparo quedó bajo resguardo del Oficial de Barandilla en turno, a las veinte horas con seis minutos, y certificado a las veinte horas con quince minutos por la doctora Luz Ma. Mellado Garrido, quien estimó que el aquí quejoso se encontraba con aliento etílico, por lo que se presentó ante el Juez Calificador, quien determinó que el impetrante debería pagar una multa por $481.10 (cuatrocientos ochenta y un pesos 10/100 moneda nacional), en caso de no pagar la multa, se le fijaría su arresto por treinta y seis horas, o en su defecto realizaría labores a favor de la comunidad. 3. Enseguida, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada por este Juzgado de Distrito, la autoridad responsable dejó en libertad a la una hora con treinta y dos minutos del veintiuno de septiembre del presente año, por lo que al momento de decretarse la libertad del quejoso el acto reclamado dejó de surtir sus efectos. Expuesto lo anterior, se puntualiza que el acto aquí combatido lo es la ilegal privación de la libertad del quejoso Ismael Lucas Hernández, y al respecto, se advierte de oficio que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, del dispositivo legal invocado, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. Ello es así, pues en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento citada, dado que la privación de la libertad reclamada, dejó de surtir sus efectos. Por ende, si bien es cierto que al momento en que se presentó y radicó la demanda de amparo, existía un arresto administrativo, también lo es que, al momento en que la autoridad responsable remitió su informe respecto a la suspensión de plano otorgada, se aprecia que dicha privación de la libertad dejó de surtir sus efectos. Lo anterior se advierte de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe respecto a la suspensión de plano, mismas que se tuvieron por recibidas en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en relación con las constancias que acompañó la potestad responsable a su informe justificado de cuenta. En ese sentido, si la parte agraviada se duele de la privación ilegal de su libertad de veinte de septiembre del año en curso; resulta inconcuso que al otorgarse la libertad del quejoso a la una hora con treinta y dos minutos del veintiuno de septiembre del presente año, la afectación que adujó ha quedado subsanada, entonces es dable sostener que dicho acto ha quedado insubsistente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, resulta inconcuso que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el juicio de amparo, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; de ahí que la parte quejosa se encuentra restituida en el goce del derecho fundamental que pudo haberse violado con aquélla; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría celebrar la que se encuentra señalada, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese; y personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de dieciocho de octubre del año en curso que dice:"Ténganse recibido el oficio signado por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde su informe justificado y remite diversas constancias; al respecto, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes. DELEGADOS Y DOMICILIO. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 27 de la ley de la materia, téngase a la citada responsable, señalando como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los indicados en el informe de cuenta. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora, resulta pertinente destacar los antecedentes que dieron origen a este juicio de amparo: 1. El veinte de septiembre del año en curso, el quejoso -a bordo de su vehículo- fue detenido en esta ciudad, por elementos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes le marcaron el alto con los dispositivos visuales y sonoros, pues al entrevistarse con éste, los elementos de seguridad se percataron que expedía un olor con características similares a las del alcohol, por lo que procedieron a su detención a las diecinueve horas con cuarenta minutos, y resguardo del vehículo. 2. Que el aquí solicitante del amparo quedó bajo resguardo del Oficial de Barandilla en turno, a las veinte horas con seis minutos, y certificado a las veinte horas con quince minutos por la doctora Luz Ma. Mellado Garrido, quien estimó que el aquí quejoso se encontraba con aliento etílico, por lo que se presentó ante el Juez Calificador, quien determinó que el impetrante debería pagar una multa por $481.10 (cuatrocientos ochenta y un pesos 10/100 moneda nacional), en caso de no pagar la multa, se le fijaría su arresto por treinta y seis horas, o en su defecto realizaría labores a favor de la comunidad. 3. Enseguida, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada por este Juzgado de Distrito, la autoridad responsable dejó en libertad a la una hora con treinta y dos minutos del veintiuno de septiembre del presente año, por lo que al momento de decretarse la libertad del quejoso el acto reclamado dejó de surtir sus efectos. Expuesto lo anterior, se puntualiza que el acto aquí combatido lo es la ilegal privación de la libertad del quejoso Ismael Lucas Hernández, y al respecto, se advierte de oficio que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, del dispositivo legal invocado, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. Ello es así, pues en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento citada, dado que la privación de la libertad reclamada, dejó de surtir sus efectos. Por ende, si bien es cierto que al momento en que se presentó y radicó la demanda de amparo, existía un arresto administrativo, también lo es que, al momento en que la autoridad responsable remitió su informe respecto a la suspensión de plano otorgada, se aprecia que dicha privación de la libertad dejó de surtir sus efectos. Lo anterior se advierte de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe respecto a la suspensión de plano, mismas que se tuvieron por recibidas en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en relación con las constancias que acompañó la potestad responsable a su informe justificado de cuenta. En ese sentido, si la parte agraviada se duele de la privación ilegal de su libertad de veinte de septiembre del año en curso; resulta inconcuso que al otorgarse la libertad del quejoso a la una hora con treinta y dos minutos del veintiuno de septiembre del presente año, la afectación que adujó ha quedado subsanada, entonces es dable sostener que dicho acto ha quedado insubsistente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, resulta inconcuso que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el juicio de amparo, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; de ahí que la parte quejosa se encuentra restituida en el goce del derecho fundamental que pudo haberse violado con aquélla; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría celebrar la que se encuentra señalada, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese; y personalmente."

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que la autoridad responsable Dirección de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, rinda su informe justificado, solicitado mediante el proveído veintiuno de septiembre del año en curso. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del nueve de noviembre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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