Isidro Nava Juana

Expediente 363/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
363/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Isidro Nava Juana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído trece de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintidós SE AGREGA ESCRITO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, téngase recibido el escrito signado por Isidro Nava Juana, por el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de dos de mayo del año en curso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda relativa, de la que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Bien, conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que del ocurso de demanda se advierte que en la especie la parte quejosa reclama el acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, donde la responsable niega requerir a la aquí tercero interesada Adriana Martínez Ríos para que proporcione el domicilio exacto y correcto de Deyra Lizbeth y Lesly de apellidos Nava Martínez, dictado dentro del expediente 845/2013 relativo al Juicio de Controversias del Orden Familiar por Alimentos del índice del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, de esta ciudad. Aunado a ello, en el escrito de cuenta el impetrante, bajo protesta de decir verdad, refiere que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas, además alude que no fue promovido recurso alguno en contra del proveído de cuatro de abril actual. En ese sentido, la determinación que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, pues como lo refiere el disconforme, se advierte que el juicio de origen se encuentra la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas, es decir no ha sido concluido, por ende, su consecuencia es una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal; es decir, estamos ante la presencia de violaciones meramente formales que pueden ser reparables si la parte afectada obtiene una sentencia favorable. En efecto, el acto reclamado no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, dado que no se emitió pronunciamiento que haya causado una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior, como puede ser, como ya se dijo, si la parte afectada obtiene una sentencia favorable. Y si bien es cierto que con el referido auto generaría una afectación a la justicia pronta, también lo es que dicho menoscabo no participa de la naturaleza material necesaria para generarse el supuesto de procedencia excepcional del amparo indirecto, en tanto que, se insiste, únicamente depara afectaciones a la celeridad o prontitud que debe revestir el juicio, pero no genera consecuencias para la persona o bienes del justiciable que trasciendan a las cuestiones meramente procedimentales; de ahí que se concluye que tal acto no es de imposible reparación, en términos del precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 6, Décima Época, Materias(s): Común, con Registro digital: 2019176, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN 'ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN', POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." En consecuencia, se concluye que el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, donde la responsable niega requerir a Adriana Martínez Ríos para que proporcione el domicilio exacto y correcto de Deyra Lizbeth y Lesly de apellidos Nava Martínez, dictado dentro del expediente 845/2013 relativo al Juicio de Controversias del Orden Familiar por Alimentos, de la estadística del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, de esta ciudad, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ni adjetivos de imposible reparación, por lo que resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, a contrario sensu, lo que procede desechar de plano la presente demanda de garantías de que se trata, con apoyo en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de trece de mayo del año en curso que dice:"Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintidós SE AGREGA ESCRITO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, téngase recibido el escrito signado por Isidro Nava Juana, por el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de dos de mayo del año en curso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda relativa, de la que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Bien, conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que del ocurso de demanda se advierte que en la especie la parte quejosa reclama el acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, donde la responsable niega requerir a la aquí tercero interesada Adriana Martínez Ríos para que proporcione el domicilio exacto y correcto de Deyra Lizbeth y Lesly de apellidos Nava Martínez, dictado dentro del expediente 845/2013 relativo al Juicio de Controversias del Orden Familiar por Alimentos del índice del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, de esta ciudad. Aunado a ello, en el escrito de cuenta el impetrante, bajo protesta de decir verdad, refiere que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas, además alude que no fue promovido recurso alguno en contra del proveído de cuatro de abril actual. En ese sentido, la determinación que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, pues como lo refiere el disconforme, se advierte que el juicio de origen se encuentra la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas, es decir no ha sido concluido, por ende, su consecuencia es una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal; es decir, estamos ante la presencia de violaciones meramente formales que pueden ser reparables si la parte afectada obtiene una sentencia favorable. En efecto, el acto reclamado no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, dado que no se emitió pronunciamiento que haya causado una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior, como puede ser, como ya se dijo, si la parte afectada obtiene una sentencia favorable. Y si bien es cierto que con el referido auto generaría una afectación a la justicia pronta, también lo es que dicho menoscabo no participa de la naturaleza material necesaria para generarse el supuesto de procedencia excepcional del amparo indirecto, en tanto que, se insiste, únicamente depara afectaciones a la celeridad o prontitud que debe revestir el juicio, pero no genera consecuencias para la persona o bienes del justiciable que trasciendan a las cuestiones meramente procedimentales; de ahí que se concluye que tal acto no es de imposible reparación, en términos del precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 6, Décima Época, Materias(s): Común, con Registro digital: 2019176, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN 'ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN', POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." En consecuencia, se concluye que el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, donde la responsable niega requerir a Adriana Martínez Ríos para que proporcione el domicilio exacto y correcto de Deyra Lizbeth y Lesly de apellidos Nava Martínez, dictado dentro del expediente 845/2013 relativo al Juicio de Controversias del Orden Familiar por Alimentos, de la estadística del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, de esta ciudad, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ni adjetivos de imposible reparación, por lo que resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, a contrario sensu, lo que procede desechar de plano la presente demanda de garantías de que se trata, con apoyo en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente."

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil veintidós IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por Isidro Nava Juana, contra actos de Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 363/2022-I-B. PREVENCIÓN. De igual manera, atento al contenido del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese sentido, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 108, fracción V y 110 del propio ordenamiento, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con cinco copias de su escrito aclaratorio, manifieste: Precise en qué etapa procesal se encuentra el juicio de origen relativo al expediente de Controversias del Orden Familiar por Alimentos número 845/2013 de donde deriva el acto reclamado. Asimismo, refiera si contra la negativa contenida en proveído de cuatro de abril del año en curso, interpuso algún recurso y en su caso, la resolución que recayó del mismo. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Requerimiento que se formula por ser necesario para la debida prosecución del presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Ernesto Zamudio Balderas y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Alfredo Nava Reyes, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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