Ismael Huerta Pérez

Expediente 786/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
786/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • Ismael Huerta Pérez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. 1. Precisión del trámite. Vista la certificación que antecede, en este asunto se reclama un acto relacionado con la vulneración de los derechos sociales, destacando los relacionados con la salud; de ahí que, atendiendo la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en estricta relación con las disposiciones del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este asunto no implicó suspensión de plazos procesales. Posteriormente, mediante la circular SECNO/1/2021 se hizo del conocimiento que se levantó la suspensión de plazos y términos procesales, como se estableció en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Independientemente de ello, hágase saber a las partes que se regresó al esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 2. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiese hecho. 2.1 Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento alguno respecto al plazo de diez días que tenían las diversas partes procesales para interponer algún recurso, pues en la referida sentencia se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, ningún agravio les genera el sentido de esa determinación. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a la Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda referida en el apartado que antecede (destruible). Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se hizo constar en el auto de admisorio, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Devolución de documento. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este expediente obran los documentos originales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, mismos que consisten en: a) acuse de recibo del escrito de treinta de octubre del año pasado, dirigido al fiscal General del Estado de Oaxaca, b) solicitud de datos personales contenidos en el expediente clínico de veintisiete de noviembre de dos mil veinte y c) dos recetas médicas de veintisiete de noviembre del año pasado, expedidas a favor de la parte quejosa En consecuencia, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esos documentos; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, el mismo será destruido al efectuarse la destrucción de este expediente, sin previo acuerdo. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.786/2020-6*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. 1. Precisión del trámite. Vista la certificación que antecede, en este asunto se reclama un acto relacionado con la vulneración de los derechos sociales, destacando los relacionados con la salud; de ahí que, atendiendo la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en estricta relación con las disposiciones del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este asunto no implicó suspensión de plazos procesales. Posteriormente, mediante la circular SECNO/1/2021 se hizo del conocimiento que se levantó la suspensión de plazos y términos procesales, como se estableció en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Independientemente de ello, hágase saber a las partes que se regresó al esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 2. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiese hecho. 2.1 Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento alguno respecto al plazo de diez días que tenían las diversas partes procesales para interponer algún recurso, pues en la referida sentencia se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, ningún agravio les genera el sentido de esa determinación. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a la Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda referida en el apartado que antecede (destruible). Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se hizo constar en el auto de admisorio, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Devolución de documento. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este expediente obran los documentos originales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, mismos que consisten en: a) acuse de recibo del escrito de treinta de octubre del año pasado, dirigido al fiscal General del Estado de Oaxaca, b) solicitud de datos personales contenidos en el expediente clínico de veintisiete de noviembre de dos mil veinte y c) dos recetas médicas de veintisiete de noviembre del año pasado, expedidas a favor de la parte quejosa En consecuencia, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esos documentos; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, el mismo será destruido al efectuarse la destrucción de este expediente, sin previo acuerdo. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 786/2020 6-A [] AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con treinta y seis minutos del cuatro de enero de dos mil veintiuno, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, estando presente el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 23, fracción III, y 24, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la declara abierta, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Acto seguido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la misma, por lo que el secretario hace relación de las constancias que existen en el expediente electrónico, entre las que se encuentran: 1) escrito de demanda promovida por el quejoso ***; 2) auto admisorio de tres de diciembre de dos mil veinte e 3) informe justificado rendido por el director de Asuntos Jurídicos en representación de la autoridad responsable, fiscal General del Estado de Oaxaca. Además, CERTIFICA: I. Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio de diecinueve de noviembre de dos mil veinte. II. Asimismo, que la autoridad responsable, vicefiscal General zona Centro, no ha rendido informe justificado. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, acuérdese lo conducente al dictarse sentencia. III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, determínese lo procedente en la etapa siguiente, respecto de la omisión de la citada responsable de rendir su informe justificado. A continuación, se abre el periodo probatorio por lo que en este acto se reciben las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, consistentes en: a) Acuse de recibo del escrito de treinta de octubre del año pasado, dirigido al fiscal General del Estado de Oaxaca. b) "Plan de Reacción ante la Contingencia COVID-19", de veintiuno de marzo de dos mil veinte, firmado por el fiscal General del Estado. c) Comunicado de dieciséis de marzo de dos mil veinte, signado por el secretario de Administración del Gobierno del Estado. d) Solicitud de datos personales contenidos en el expediente clínico de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. e) Dos recetas médicas de veintisiete del mes pasado expedidas a favor de la parte quejosa. f) Presuncional legal y humana. g) Instrumental de actuaciones. En tanto que el director de Asuntos Jurídicos en representación de la autoridad responsable, fiscal General del Estado de Oaxaca, ofreció como pruebas de su parte, copia certifica de: h) Memorándum de treinta y uno de octubre de dos mil veinte. i) Oficio FGEO/OM/URH/OI/137/2020, de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, y la notificación relativa. Documentales que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desahogan dada su propia y especial naturaleza y se tomarán en cuenta en la consideración respectiva; al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta última etapa y quedan vistos los autos para dictar sentencia. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 786/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veinte, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional, el mismo día,***, a quien en el contexto de esta sentencia se les denominará quejoso, promovió juicio de amparo contra un acto del fiscal General del Estado de Oaxaca y de otra autoridad; mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de tres de diciembre de dos mil veinte se formó expediente y se admitió la demanda, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente corresponde y se le notificó de la presentación de la misma; de igual manera, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; además, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales números 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013; 23, fracción III, y 24, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación con la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; por tratarse de un asunto listo para dictar sentencia, en el que se reclama un acto de naturaleza administrativa, además de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado, el cual se hace consistir en: La falta de contestación a su escrito presentado el treinta de octubre del año pasado ante la Fiscalía General del Estado, en el que solicitó se le asignaran actividades no presenciales relacionadas con el trabajo que desempeña, debido a su estado de salud. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado a una autoridad. El acto reclamado al vicefiscal General zona Centro, es inexistente. Lo anterior es así, pues aunque en la demanda la parte quejosa señaló como autoridad responsable al vicefiscal General Zona Centro; sin embargo, de la misma (capítulo de hechos) y del acuse de recibo del escrito de treinta de octubre del año pasado, se advierte que la petición que conforma el acto reclamado fue dirigida únicamente al fiscal General del Estado de Oaxaca; como así se deduce de la imagen siguiente: En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, respecto al acto reclamado a la mencionada autoridad. No es obstáculo que esa autoridad no haya rendido su informe justificado, pues la referida presunción de certeza, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, no opera tratándose de actos probables o de realización incierta; es decir, no debe de inmediato declararse la presunción indicada, ya que, para ello, debe analizarse, primeramente, si está o no desvirtuada con prueba alguna, pues sería contrario a las reglas de la lógica que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea; por tanto, como la parte quejosa no comprobó el acto atribuible a esa autoridad, no puede presumirse cierto el acto. Al respecto, es aplicable la tesis I.7o.a.24 k (10a.), sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1780, Libro 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2017, Décima Época, Registro 2014131, del rubro y texto siguientes: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo." En esa tesitura, ante la inexistencia del acto reclamado por esa autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del director de Asuntos Jurídicos, negó la existencia del acto reclamado, manifestando que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte se acordó la petición del quejoso, y se le notificó el dieciocho siguiente. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el acto que se le atribuye, en razón de que a la fecha de la presentación de la demanda (tres de diciembre del año pasado), la autoridad responsable aún no acordaba la petición, tampoco notificaba a la parte quejosa dicho auto; de modo que no tenía conocimiento del actuar de la autoridad responsable. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable y que quedaron reseñadas en la audiencia que antecede. Actuaciones con valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. En el caso, se estima que se actualiza una causa de improcedencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso, lo que dará lugar a sobreseer en este juicio. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -- - - (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; - - - - (.)" De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la anterior Ley de Amparo, que es idéntico al antes transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 193758, cuyo rubro dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". El criterio transcrito evidencia que, para que se actualice la causa de improcedencia analizada, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora, el acto que motivó el juicio de amparo fue la falta de contestación al escrito presentado el treinta de octubre del año presentado ante la Fiscalía General del Estado, en el que la parte quejosa solicitó se le asignaran actividades no presenciales relacionadas con el trabajo que desempeña, debido a su estado de salud; en tanto que de las copias que remitiera la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: El dieciséis de diciembre de dos mil veinte el jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio contestación al escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte por la parte quejosa, en el que expuso que como no se había entregado documento médico emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social para acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad; por ello, no se le autoriza el resguardo domiciliario para laborar desde casa, hasta en tanto no se haga entrega de las constancias relativas. Asimismo, precisó, que con la finalidad de preservar el derecho a la salud se haría del conocimiento a la Unidad de Recursos Materiales para que continúe promoviendo de insumos suficientes para que en el centro de trabajo de la parte quejosa se tomen las medidas de salubridad necesarias, como lo es el uso de gel antibacterial, cubrebocas, la sanitización periódica de la Fiscalía local en la que se desempeña, y se coloquen letreros visibles para moderar la afluencia de personas. De lo anterior se deduce que la autoridad responsable dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa; además, notificó dicha determinación el dieciocho del mes pasado. En ese contexto, es claro que el acto reclamado cesó en sus efectos, independientemente si fue o no favorable a sus intereses; razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por ello, con fundamento en el artículo 63 de la citada ley, se decreta el sobreseimiento en este juicio. El anterior sobreseimiento impide emprender el análisis de las cuestiones de fondo planteadas; atento a la tesis 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Registro 394465, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso **** contra el acto reclamado a) al fiscal General del Estado de Oaxaca y b) al vicefiscal General Zona Centro, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; remítase copia de esta resolución a las autoridades responsables y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    INC. 786/2020 6-A [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Informe para que obre. Agréguese, únicamente para que obre como corresponde, el oficio signado por el director de Asuntos Jurídicos en representación la autoridad responsable, fiscal General del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde informe previo; ello, toda vez que el diecisiete de este mes se celebró la audiencia incidental, en la que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. Delegados. Con independencia de ello, se tiene a la autoridad responsable designando delegados en este asunto, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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