Ismael Antonio Hernández

Expediente 223/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
223/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Ismael Antonio Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.223/2020 MESA 5 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso *** interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de veintidós de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho, no obstante su notificación personal el veintiocho de octubre de este año. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este expediente y en la Secretaría del Juzgado obran las constancias siguientes: a) Dos escritos firmados por el quejoso, dirigidos al presidente del Comité Directivo del Fraccionamiento Catano, Magdalena, Apasco, Etla, Oaxaca, con sellos de recibo de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve y dos de enero de dos mil veinte, estampados por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el Ayuntamiento de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca. b) Un disco compacto en formato DVD, cuyo contenido, al parecer, es un video donde dos vecinas del quejoso manifiestan su inconformidad en relación al cierre de la "privada de Catano". Documentales que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esos documentos y el disco compacto en formato DVD; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, los mismo serán destruidos al efectuarse la destrucción de este expediente, sin previo acuerdo. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    PRAL. 223/2020 MESA 5-A#.- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las doce horas con cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas en acuerdo de nueve de este mes para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ****, promovido por *****, por propio derecho, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan la I) demanda de amparo promovida por Ismael Antonio Hernández, por propio derecho, II) dos escritos de aclaración de demanda, III) auto de trece de agosto de este año, por el que se admitió a trámite la demanda de amparo, y los IV) informes justificados de las autoridades responsables; asimismo, da cuenta con el oficio recibido electrónicamente, firmado por el presidente Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, y anexo; promoción registrada con folio de recepción 9762. Así también, hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. A lo anterior, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden. II. Agréguese el oficio firmado por el presidente Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, por el que refiere rendir informe justificado. Sin embargo, no ha lugar a diferir la audiencia en términos del artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues en auto de treinta de septiembre de dos mil veinte se tuvo a dicha autoridad rindiendo informe justificado, acuerdo que le fue notificado a las partes por lista de acuerdos el uno de este mes, de ahí que ha mediado el plazo de ocho días que debe existir entre la notificación del informe justificado y la celebración de la audiencia constitucional. Con independencia de ello, por lo que hace a la documental anexa al oficio de cuenta, se recibe en alcance al informe justificado que rindió previamente, para sustentar su dicho, sin que se considere necesario diferir la audiencia para dar vista a la parte quejosa con tal documental, por las razones que se expondrán en la fase considerativa de la sentencia que se emitirá. III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Posteriormente, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual la secretaria hace constar que las partes ofrecieron las documentales consistentes en: Parte quejosa: a) Dos escritos dirigidos al presidente del Comité Directivo del Fraccionamiento Catano, Magdalena, Apasco, Etla, Oaxaca, con sellos de recibo de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve y dos de enero de dos mil veinte, estampados por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el Ayuntamiento de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca. b) Ocho placas fotográficas y; c) Un disco compacto en formato DVD, cuyo contenido, al parecer, es un video donde dos vecinas del quejoso se quejan del cierre de la "privada de Catano". Presidente y síndico Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca: a) Copia del oficio sin número de cuatro de septiembre de dos mil veinte, signado por la secretaria Municipal y dirigido al presidente Municipal de Magdalena Apsco, Etla, Oaxaca. b) Copia del oficio sin número de diez de enero de dos mil veinte, dirigido a *****. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por conducto del coordinador jurídico: Copias certificadas de diversas constancias relacionadas con el escrito de petición que el quejoso hizo llegar a esa dependencia el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, entre las que se encuentran: a) Escrito signado por ****, fechado en "diciembre de dos mil diecinueve", dirigido al presidente del Comité Directivo del Fraccionamiento Catano, Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. b) Oficio *** de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, dirigido al presidente del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, firmado por el coordinador operativo de las Defensorías de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. c) Acuse de recibo de Correos de México, con número de guía ****. d) Oficio *** de veintiuno de agosto de dos mil veinte, dirigido a ***, suscrito por el director de peticiones, orientación y seguimiento de recomendaciones de la mencionada Defensoría. Al respecto, se acuerda: En virtud que las citadas documentales fueron admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza durante la substanciación de este juicio, serán ponderadas al momento de dictarse la sentencia correspondiente. A continuación, se declara cerrado el periodo probatorio, y se ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Con lo anterior se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ***; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Ismael Antonio Hernández, por propio derecho, mediante demanda presentada el veintiséis de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisarán en la etapa considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que estima vulnerados. El quejoso considera transgredidos los derechos fundamentales previstos en los artículos 8°, 11 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. I) Mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte se radicó la demanda de amparo bajo el registro *** y, se previno a la parte quejosa para que la aclarara en los términos ahí indicados. II) En proveído de once de marzo de este año se requirió nuevamente a la parte quejosa el cumplimiento de inconsistencias advertidas en el escrito aclaratorio, mediante el que pretendió cumplir con la prevención inicial. III) En auto de dos de julio del año en curso se reservó proveer el escrito del quejoso por el que pretendió cumplir con la prevención formulada en acuerdo de once de marzo de este año, por no constituir un supuesto de urgencia en términos del acuerdo general 13/2020 reformado en su vigencia por el 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19. IV) Mediante determinación dictada el trece de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo previsto en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se levantó la suspensión general de plazos y términos procesales que tuvo lugar a partir del dieciocho de marzo de este año; en consecuencia, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48, 49 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ya que el acto reclamado versa sobre la materia administrativa y se atribuye a autoridades con residencian en lugares donde tiene jurisdicción este Juzgado en materia mixta, en términos de los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten, atendiendo a la integridad de la demanda, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente y precisar el acto materia de la litis. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, escritos aclaratorios y constancias de autos, se advierte que el quejoso *** reclama: a) Del presidente y del b) síndico municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca: La omisión de dar respuesta a su escrito fechado en diciembre de dos mil diecinueve, presentado ante las responsables el dos de enero de dos mil veinte. La falta de notificación de la respuesta recaída a ese escrito de petición. La privación de libre tránsito hacia su domicilio y la cooperación desproporcional para compra de candados y llaves; ambas medidas adoptadas mediante asamblea de diez de marzo de dos mil diecinueve. c) De la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca: La omisión de dar respuesta al escrito fechado en diciembre de dos mil diecinueve, presentado ante la responsable el dos de enero de dos mil veinte. La falta de notificación de la respuesta recaída a ese escrito de petición. Es aplicable la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables rindieron el informe justificado que les fue solicitado, en los términos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME Presidente Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca. NIEGA Síndico Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca. NIEGA Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por conducto del coordinador jurídico. NIEGA Como se aprecia en el recuadro que antecede, las autoridades responsables negaron los actos reclamados, pues, al respecto, emitieron los siguientes argumentos: Presidente y síndico Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca: I) Que el escrito cuya falta de respuesta se reclama no se dirige a ellos, sino al presidente del Comité Directivo del Fraccionamiento de Catano, Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, y únicamente se aprecia que se signó copia de conocimiento para el síndico Municipal de ese Ayuntamiento; de ahí que no han vulnerado el derecho de petición del quejoso, máxime que, refieren las autoridades responsables, mediante oficio sin número de diez de enero de dos mil veinte, el síndico Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, dio contestación a la copia de conocimiento remitida por el quejoso. II) Que en relación con las determinaciones que, según el quejoso, se adoptaron en asamblea de diez de marzo de dos mil diecinueve, se efectuó una búsqueda minuciosa en el libro número tres de actas de asamblea comunitarias de dos mil diecinueve, y no se encontró ninguna acta de asamblea de diez de marzo de dos mil diecinueve, tampoco existe por parte de dichas autoridades determinación alguna en que se haya prohibido al quejoso el tránsito libre a su domicilio ni la cooperación para compra de candados. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por conducto del coordinador jurídico: I) Refiere, bajo el mismo tenor que las diversas autoridades responsables, que el documento que presentó la parte quejosa no constituye una petición, pues es solamente una copia de conocimiento del escrito dirigido al presidente del Comité Directivo del Fraccionamiento de Catano, Magdalena Apasco Etla, Oaxaca. Y aunado a lo anterior, refiere que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la parte quejosa, ya que, pese a que su escrito es una copia de conocimiento, le dio respuesta por oficio ** de veintiuno de agosto de dos mil veinte, haciendo del conocimiento del quejoso que esa institución carece de competencia para conocer de su solicitud, al ser un conflicto entre particulares, no obstante, también hizo del conocimiento del presidente de Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, dicha situación, para su intervención. Inexistencia de los actos consistentes en la 1) omisión de respuesta al escrito de petición y 2) su falta de notificación. Como se anticipó, el quejoso reclama de las tres autoridades responsables la omisión de responder su escrito fechado en diciembre de dos mil diecinueve, presentado ante las responsables el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve y dos de enero de dos mil veinte; en consecuencia, también reclama la falta de notificación de la respuesta que recaiga a ese escrito de petición. Así, el quejoso señala como preceptos constitucionales violados los previstos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". Como se ve, el artículo 8° constitucional establece la obligación de todas las autoridades (federales, estatales y municipales, así como funcionarios y empleados de gobierno) de dar respuesta a las peticiones que les formulen los gobernados, la cual debe dárseles a conocer en "breve término"; entonces, el derecho de petición implica que la responsable: 1. Dé respuesta por escrito a la petición formulada. 2. La respuesta sea congruente con lo solicitado. 3. Se de a conocer la contestación en "breve término". Lo anterior, siempre que el gobernado cumpla con los requisitos siguientes: Formule su petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa. La dirija a una autoridad y se recabe la constancia de que fue entregada. Proporcione domicilio para recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXI.1º. P.A.J/27 de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". Ello revela que, para que el gobernado acredite el interés jurídico cuando acuda en amparo a impugnar actos de esa naturaleza, es necesario que demuestre que realizó y presentó ante la autoridad correspondiente la petición cuya falta de contestación se duele. Por las razones que contiene, es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder". En el caso, el quejoso exhibió como prueba documental el acuse de recibo del escrito fechado en "diciembre de dos mil diecinueve", presentado ante las autoridades responsables el veintiséis de ese mes y el dos de enero de dos mil veinte, como copia de conocimiento, como se aprecia en la imagen siguiente: (...) Además, de las constancias ofrecidas por las autoridades responsables, a las que también se otorga valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, acorde a lo dispuesto por los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se corrobora que el quejoso dirigió su escrito únicamente al presidente del Comité Directivo del Fraccionamiento de Catano, Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, y solo con copia de conocimiento para el síndico Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, y para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Lo cual demuestra que las autoridades responsables no vulneran el derecho de petición de la parte quejosa, pues ésta no cumplió en sus términos con los requisitos que contempla el artículo 8° de la Constitución Federal, ya que está acreditado en autos que su petición no la dirigió al a) presidente municipal, b) síndico Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, ni a la c) Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Es así, pues únicamente anexó copia de conocimiento para dos de las tres autoridades responsables, de ahí que no se encuentran obligadas a dar contestación a la solicitud, porque, para ello, se requiere que la petición se eleve en forma directa a la autoridad que desea provea su escrito. Por tanto, no puede reclamarse violación al derecho de petición mediante la vía constitucional por la circunstancia de que una autoridad diversa a la que se elevó el escrito, y a la que sólo se le hizo llegar copia de éste, no haya dado respuesta, pues únicamente se le comunicó que hizo una petición a diversa autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.A.221 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. NO PUEDE RECLAMARSE VIOLACIÓN A DICHA GARANTÍA MEDIANTE LA VÍA CONSTITUCIONAL, POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA QUE SE ELEVÓ EL ESCRITO Y A LA QUE SÓLO SE LE HIZO LLEGAR COPIA DE ÉSTE, NO HAYA DADO RESPUESTA. El artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de petición como una garantía del gobernado frente a la autoridad, obligada como tal, a darle contestación por escrito y en breve término, por lo que la existencia de este derecho y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda, requieren que la petición se eleve en forma personal y directa. Por tanto, no puede reclamarse violación a tal garantía mediante la vía constitucional, por la circunstancia de que una autoridad diversa a la que se elevó el escrito y a la que sólo se le hizo llegar copia de éste, no haya dado respuesta, pues únicamente se le comunicó -mediante la copia- que se hizo una petición a determinado servidor público". Inexistencia del acto consistente en la 3) privación de libre tránsito hacia el domicilio del quejoso y la cooperación para compra de candados y llaves, como medidas adoptadas mediante asamblea de diez de marzo de dos mil diecinueve. En otro aspecto, el quejoso alega que se vulnera su derecho fundamental previsto en el artículo 11 de la Constitución Federal, porque las medidas que el quejoso dice adoptaron el presidente y síndico municipal de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, mediante asamblea de diez de marzo de dos mil diecinueve, restringen su derecho al libre tránsito hacia su domicilio y, además, porque es inconstitucional la cooperación determinada en esa asamblea para la compra de candados y llaves para la reja que impide el paso hacia su domicilio. No obstante, la existencia de dichos actos reclamados tampoco está demostrada en autos. En efecto, al rendir informe justificado, las autoridades municipales de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, indicaron que se efectuó una búsqueda minuciosa en el libro número tres de actas de asamblea comunitarias de dos mil diecinueve, y no se encontró ninguna de diez de marzo de dos mil diecinueve, sin que exista por parte de dichas autoridades determinación alguna en que se haya prohibido al quejoso el tránsito libre a su domicilio ni la cooperación para compra de candados. Circunstancia que se acredita con la copia del oficio sin número de cuatro de septiembre de dos mil veinte, signado por la secretaria Municipal y dirigido al presidente Municipal de Magdalena Apsco, Etla, Oaxaca, en el que se hace constar el resultado de la búsqueda efectuada, precisando que no existe acuerdo o mandato de la autoridad municipal o asamblea comunitaria para imponer determinaciones administrativas a los habitantes del fraccionamiento Catano. Sin que las pruebas ofrecidas por el quejoso, consistentes en ocho placas fotográficas y un disco compacto en formato DVD, que contiene un video donde dos vecinas se quejan del cierre de la "privada de Catano", demuestren la existencia de los actos reclamados a las autoridades municipales, ya que carecen de valor probatorio pleno, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque no contienen la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponde a lo representado en ellas. Máxime que de las documentales anexas al informe justificado de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se advierte que el quejoso solicitó la intervención de la Defensoría debido a que el cierre de la calle que impide al quejoso el tránsito a su domicilio fue determinado por un vecino; razón por la cual, se puede afirmar que el cobro de la cuota para el cobro de candados y cierre de la vialidad es un conflicto entre particulares. Por lo expuesto, ante la inexistencia no desvirtuada de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo promovido contra el a) presidente, b) síndico Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, y la c) Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. CUARTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables a) presidente, b) síndico Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, y c) Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 223/2020 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veinte. Diferimiento de audiencia. Vistos los autos, se advierte que en proveído de treinta de septiembre de este año se tuvo al presidente Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, rindiendo informe justificado, con el cual se dio vista a la parte quejosa; misma que quedó notificada por lista de acuerdos el uno de este mes. En esas condiciones, a fin de que la parte quejosa pueda imponerse del informe justificado con la anticipación prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan, para tal efecto, las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril del año dos mil, página 5, registro 191995 del rubro siguiente: ***. Notificación a las autoridades responsables. Con la precisión que la notificación de este proveído se realizará por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios a las autoridades responsables, tomando en consideración que es una determinación de mero trámite. Y sin que ello implique dejarlas en estado de indefensión, dado que la fecha inicial señalada para la audiencia constitucional se les notificó mediante oficio, por lo cual están en aptitud de consultar las nuevas fechas a través de la lista electrónica que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación o en la lista que se fija los estrados del edificio sede de este Juzgado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 223/2020 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio signado por el presidente Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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