Ismael Horacio Pacheco Tovar

Expediente 907/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
907/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2017

Partes del expediente

  • Ismael Horacio Pacheco Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o en copia certificada que deban ser devueltos a la partes y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Ismael Horacio Pacheco Tovar y Ma. Isabel de Luna Ríos, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas, el Juez acuerda: En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se advierte que el acto reclamado en el presente asunto no constituye la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega material de los bienes inmuebles controvertidos, ya que únicamente se trata de la resolución que aprueba el remate en tercer almoneda y declaró la adjudicación del bien inmueble embargado dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, razón por la cual, como se dijo en líneas que anteceden no se actualiza el supuesto establecido el cuarto párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que la determinación reclamada únicamente aprobó el remate y la adjudicación del bien mueble materia del juicio natural en favor de José Manuel Santillán Campos, por tanto el juicio de garantías resulta improcedente ya que hasta en tanto se tire la escritura correspondiente y se ordene la entrega del bien rematado es que serán analizables las violaciones que aducen los promoventes de amparo. En consecuencia, procede desechar la demanda en estudio, tomando en consideración el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99 (jurisprudencia P./J.32/2001); según la cual la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, solo lo es contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; y será ese el momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas, siempre y cuando estas hubieren dejado sin defensa al quejoso, lo que implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por la naturaleza propia del procedimiento, ya que éste se conforma por una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esta es, la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así es, dada la vinculación de causa y efecto, entre una actuación y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al promovente, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de dicha resolución, situación que lleva a equilibrar el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento o medio que dilate la administración de la justicia. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto del acto indicado, por lo que se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por Ismael Horacio Pacheco Tovar y Ma. Isabel de Luna Ríos, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que los quejosos tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Cabe precisar que el expediente 856/2017-II, se toma como elemento de prueba, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes; ya que el mismo constituye un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba respecto de la demanda de amparo que ahora promueven los referidos quejosos Ismael Horacio Pacheco Tovar y Ma. Isabel de Luna Ríos, por propio derecho, pues la improcedencia del juicio constitucional es cuestión de orden público, y el juez puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance, máxime si se advierte de la existencia de pruebas que tienen una estrecha e íntima vinculación con los hechos materia de la investigación, éstos pueden y deben ser estimadas por el Juez del amparo. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Anuar Joseff Roberto Trejo Domínguez y a Francisco Javier Carrillo Hernández, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos más no así para promover, toda vez que no acredita ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el citado numeral; y, como domicilio para tal efecto, el ubicado en calle del Carmen, número trece, interior dos (13-2), colonia Lomas del Consuelo, en Guadalupe, Zacatecas.

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