Ismael Espinosa Rivas
Expediente 1016/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ismael Espinosa Rivas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el uno de diciembre de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el uno de diciembre de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso *******, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y aclara su demanda de amparo en los términos que se le indicaron. Ahora, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la misma; por otro lado, el artículo 113 de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, se indica que la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Estado de Zacatecas, que negó emitir la suspensión provisional de la pensión alimenticia, que suministra a **********, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia, derivado del juicio de divorcio voluntario 419/2006 (ello se advierte de este escrito; del escrito inicial de demanda y de los anexos a la misma). Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los antecedentes citados del acto reclamado, a juicio de quien resuelve, permiten concluir que se pronunció dentro del incidente de cese de pensión alimenticia, que el aquí quejoso ******** promovió dentro del juicio de divorcio identificado con el número 419/2006, ante el Juez Primero del Ramo Familiar, por mutuo consentimiento celebrado en la vía especial con *******. Por ende, se afirma que en el caso el acto reclamado debió ser impugnado a través del medio legal ordinario que la ley le concede a la parte quejosa, como lo es en el particular el recurso de revocación, ante el propio juez que emitió el acto que reclama en vía de amparo. Es decir, conforme a los preceptos transcritos, se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. Este principio de definitividad, tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Bajo esas consideraciones, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es pertinente destacar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Estado de Zacatecas, en el que no acordó de conformidad su petición de suspender la pensión alimenticia que suministra a Evelyn Yulissa Espinosa Torres, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia, derivado del juicio de divorcio voluntario 419/2006, pues dicha autoridad indicó que pronunciarse sobre dicha petición correspondía al fondo de ese incidente (ello se advierte de los anexos a su escrito inicial de demanda). Y, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, en sus artículos 367, 368 y 374, que establecen: "367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles. 368.- Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de revocación: I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; II.- La petición de revocación deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en el acto de notificarse el auto o proveído y deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes; III.- No se concederá término de prueba para substanciar la revocación y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla; y IV.- La revocación no suspende el curso del juicio y se resolverá, bien de plano o mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días, según el juez lo estime oportuno. La resolución que se dicte no es recurrible. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decidirá siempre de plano." "374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicios cuya cuantía no exceda de dos mil quinientos pesos." En ese contexto, es innegable que contra dicha determinación, previo a instar la acción constitucional, el impetrante del amparo debió promover el recurso de revocación, al no ser recurrible mediante la apelación, conforme a los artículos invocados, lo que no hizo. Por tanto, como se dijo, la parte promovente debió combatir el auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Estado de Zacatecas, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia, derivado del juicio de divorcio que por mutuo consentimiento celebró en vía especial con *********, identificado con el número 419/2006, conforme lo disponen los artículos 367, 368 y 374 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas y con ello poder obtener la revocación del proveído reclamado, pero no lo hizo; lo cual al no haber agotado de manera correcta, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Tiene apoyo la tesis aislada I.4o.A.74 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 650, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 212365, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional." Abundando en lo anterior, en el caso no se acredita alguno de los supuestos de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de garantías, dada la naturaleza del acto reclamado. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este juzgado no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por ******, contra actos del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Estado de Zacatecas, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; la demanda de amparo promovida por Ismael Espinosa Rivas, contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto del Juzgado Primero de lo Familiar, por violación a los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el número 1016/2017-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, dado que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues no cumple con los requisitos señalados en las fracciones III, IV y V, del artículo 108, de la Ley de Amparo; toda vez que, en primer término, la parte quejosa no señala con claridad la autoridad responsable, pues refiere que ésta es el "Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto del Juzgado Primero de lo Familiar", sin señalar la sede de dicho juzgado; además, no precisa de qué procedimiento emana el acto reclamado; y, es omisa en expresar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Consecuentemente, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente a la demanda de amparo de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracciones III y V de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia precise: a) Cuál es la autoridad responsable; esto eso, si lo es el Juzgado Primero de lo Familiar o el Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo precisar, para el caso que lo sea la primera de las antes mencionadas, a qué Distrito Judicial corresponde y, para el caso que sea la segunda, cuál de sus salas es la que emitió el acto de molestia. b) Precise de qué procedimiento o juicio emana el acto reclamado a la autoridad responsable, pues únicamente se limita a decir que reclama a la autoridad responsable el auto dictado el trece de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se le niega la suspensión provisional de la pensión alimenticia; empero, como ya se dijo, no expone de qué juicio emana ese auto, ni en el capítulo del acto reclamado, ni en el de conceptos de violación. c) Manifieste bajo protesta de decir verdad que los hechos o abstenciones que le constan y que narra en su escrito de demanda, son los que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.15o.A.28 K, publicada en la página dos mil seiscientos trece, tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, materia común, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado.". Sin que a lo anterior obste que al calce de la demanda obra la leyenda: "PROTESTO LO NECESARIO", toda vez que ello se interpreta como una expresión de cortesía, que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones; frase que no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 127/99, visible en la página treinta y dos, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho ubicado en Callejón Topógrafos, número doscientos veinte (220), Tercera Sección, colonia Díaz Ordaz, en esta ciudad de Zacatecas, en esta ciudad; asimismo, se tienen por autorizados en términos del párrafo segundo, parte final, del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir y oír, así como imponerse de los autos, a Marta Díaz Miranda y Guillermo Ibarra Escobar, toda vez que el promovente no anexa información que acredite que dichas personas se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo refiere la parte inicial del citado párrafo segundo, del artículo antes invocado y dada la materia de la que deriva el asunto.
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