Ismael Alonso García Guerra
Expediente 19/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ismael Alonso García Guerra
- Isabel Cristina Ulloa Méndez
- ISMAEL ALONSO GARCÍA GUERRA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión y se ordenó al archivo como asunto totalmente concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar provisional y la suspensión definitiva. Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibidos documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció las documentales que se encuentran anexas al escrito inicial de demanda; así como las documentales que remitió la responsable al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 19/2020; y, Resultandos. Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diez de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno el mismo día, a este órgano jurisdiccional, Ismael Alonso García Guerra, Isabel Cristina Ulloa Méndez y Jesús Martín Gallegos Ceceña solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Consejo de Administración del Centro Nacional de Control de Energía, con sede en ciudad de México, y otras autoridades. Por proveído de trece de enero de dos mil veinte, se tuvo a la Unidad de Asuntos Contenciosos del Centro Nacional de Control de Energía -CENACE-, con sede en la ciudad de México, interponiendo recurso de queja en contra del auto de trece de enero de dos mil veinte; y, en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto se resolviera dicho medio de impugnación. Luego, por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el requrso de queja administrativa 1692/2021, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxuiliar de la Primera Región, concede en la ciudad de México, de la que se advierte que se declaró infundado el referido recurso de queja; por lo que se ordenó reanudar el procedimiento y continuar con la secuela procesal, por lo que se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Considerandos. I. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. II. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: El contenido, términos y sentido del oficio CENACE/DAF-SAJURH/616/2019, de veinte de diciembre de 2019, el cual establece que a partir de la catorcena número 26/2019 deberá dejarse de efectuar el pago por concepto denominado "despensa jubilados", en virtud que no está previsto en los contratos colectivos de trabajo CENACESUTERM correspondientes a 2016-2018 y 2018-2020, ni en el Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, vigente a partir del 28 de junio de 2018. III. Inexistencia del acto reclamado El acto reclamado atribuido a las autoridades responsables -en su respectiva denominación correcta- 1. Consejo de Administración del Centro Nacional de Control de Energía, 2. Director General del Centro Nacional de Control de Energía, 3. Director de Administración de Finanzas del Centro Nacional de Control de Energía, los tres con residencia en la Ciudad de México y 5. Gerencia de Control Regional Noroeste del Centro Nacional de Control de Energía, con sede en esta ciudad, resulta inexistente. Es así, pues el apoderado legal del Centro Nacional de Control de Energía, en el informe justificado rendido en representación de tales potestades, negó el acto materia de reclamo y los quejosos no aportaron prueba alguna que desvirtúe esa negativa, por tal razón cobra vigencia la hipótesis contenida en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. El precepto referido señala lo siguiente: "ARTÍCULO 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Esta porción normativa, contiene dos párrafos, en ellos se hace referencia a dos supuestos de sobreseimiento, a saber: a) el que esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) cuando no se probare su existencia. Por tanto, la prueba de la inexistencia conduce al sobreseimiento, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia, lo que ocurre generalmente cuando la autoridad señalada como responsable niega la existencia del acto siempre que sea de naturaleza positiva y esa negativa no es desvirtuada. En el caso se surten ambas hipótesis, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto reclamado y la parte quejosa no aportó medio de prueba alguno con el que desvirtúe esas negativas, razón por la cual cobra vigencia la causa de sobreseimiento prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer en el presente juicio. Máxime, que ante la negativa de las autoridades responsables, correspondía a los quejosos la carga de la prueba a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado, sin embargo, no colmaron tal extremo con pruebas certeras y eficientes. IV. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad 4. Jefa de Unidad de Recursos Humanos del Centro Nacional de Control de Energía con residencia en la Ciudad de México, pues así lo convino expresamente quien rindió el informe justificado en su representación. Por tanto, las manifestaciones formuladas por quien representa a la autoridad responsable constituyen una confesión expresa, que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Certeza que se hace patente con la copia certificada del oficio CENACE/DAF-SA-JURH/616/2019, de veinte de diciembre de 2019, remitido por la autoridad responsable; documental que a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de un documento expedido por autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones, mismo que a continuación se inserta para mayor claridad. V. Causas de Procedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. En el caso, quien esto resuelve advierte de oficio la actualización de la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista por el artículo 61 fracción XIII en relación con el diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no demostró que le haya deparado perjuicio alguno en su persona. En el caso, los quejosos combaten de manera destacada la emisión, contenido, términos y sentido de dicho oficio por considerar que vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 5°, 14, 16, 123, Apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la parte quejosa carece del interés jurídico exigido para la procedencia del juicio de amparo, porque no acreditó el perjuicio que le generó el oficio reclamado, tomando en cuenta que no se encuentra dirigido a ella sino que constituye una comunicación entre autoridades administrativas, a saber, entre la Jefa de Unidad de Recursos Humanos y los diversos Directores, Subdirectores, Gerentes Regionales, del Centro Nacional de Control de Energía y del centro Alterno del CENACE, por lo que su sola emisión, contenido, términos y sentido no incidió en su esfera de derechos, siendo que lo que causará el agravio reclamado, en todo caso, será la aplicación de la disposición combatida. En efecto, en el oficio reproducido con antelación, se advierte que la Jefa de Unidad de Recursos Humanos comunicó a otras autoridades administrativas del CENACE, que los aspectos que fueron objeto de cambio en la herramienta tecnológica respecto a circunstancias específicas de las prestaciones y beneficios contempladas en la normatividad de "recursos humanos" son, entre otros, el concepto "despensa a jubilados", el cual no está previsto en los contratos colectivos de trabajo CENACE-SUTERM correspondientes a 2016-2018 y 2018-2020, ni en el Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía vigente a partir del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, por lo que dejará de pagarse ese rubro a partir de la catorcena número 26/2019, con el propósito de evitar un retraso en su aplicación. De ahí que la lectura del oficio permite concluir, por un lado, que se trató de una comunicación interna entre autoridades ejecutoras del gasto, con el objeto de hacer de su conocimiento los aspectos fundamentales que fueron objeto de cambio respecto a prestaciones y beneficios del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, aprobado el cuatro de junio de dos mil diecinueve. Entonces, si el oficio no se encuentra dirigido a los trabajadores servidores públicos de la dependencia ni, en particular, a los aquí quejosos, es dable deducir que constituye una mera comunicación con efectos declarativos, emitida con el solo objeto de informar a diversas autoridades administrativas, las modificaciones del citado Manual. Dicho en otras palabras, no fue a través del oficio reclamado que se dejó de efectuar el pago del concepto "despensa a jubilados" por no estar previsto en los contratos colectivos de trabajo aludidos ni en el Manual de Percepciones referido, sino que únicamente se informó que se harían los ajustes necesarios para acatar esa disposición, por lo que, con la sola emisión del oficio, no se vieron modificados o alterados los derechos de la parte quejosa al grado de causarle un agravio susceptible de ser reparado a través de una sentencia de amparo. De manera que, si el oficio controvertido no afectó real y efectivamente algún bien tutelado por el orden jurídico, puede concluirse que no quedó demostrado de manera objetiva el perjuicio alegado, tomando en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Sin que escape a la atención de este Juzgador las documentales aportadas por los quejosos consistentes en los recibos de pago correspondientes a la primera y segunda catorcena de diciembre de dos mil diecinueve, toda vez que en esos comprobantes de salario no se aprecia que tuviesen reconocido el concepto denominado "Despensa a jubilados" y que a partir de la temporalidad señalada en el oficio reclamado hubiesen dejado de percibir ese recurso, de ahí la falta de interés jurídico. Tampoco es suficiente para colmar el interés jurídico las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad que los quejosos expusieron en su demanda de amparo. Aunado a lo anterior, quien esto resuelve considera que el juicio de amparo también es improcedente con respecto a la emisión del oficio CENACE/DAF-SA-JURH/616/2019 de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, porque no puede considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Los artículos señalados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) I. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no sean de autoridad, siendo ésta la persona que emite o ejecuta un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Los particulares serán autoridades, para efectos del amparo, si sus decisiones son equivalentes al de un sujeto del Estado en sentido estricto y, por el contrario, un funcionario gubernamental deberá ser tratado como un ente de derecho privado en el caso de que lleve a cabo un acto carente de las cualidades de obligatoriedad y unilateralidad. La Segunda Sala del Alto Tribunal, definió las características que distinguen a una autoridad para efectos de la acción constitucional, los cuales implican lo siguiente: 1) haber sido emitidos en ejercicio de una facultad administrativa prevista en una norma, 2) ser unilaterales y crear, modificar, o extinguir, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera de derechos de los particulares, y 3) no requerir la intervención de órganos jurisdiccionales. Ahora, si como se analizó, el oficio CENACE/DAF-SAJURH/616/2019 de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, constituye únicamente una comunicación entre autoridades administrativas del CENACE a fin de informar las modificaciones al Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, entre ellos, lo concerniente al concepto denominado "Despensa jubilados"; es factible concluir que no se trató de un acto de autoridad para los efectos de procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque no se trató de una decisión unilateral de un ente autoritario que haya creado, modificado o extinguido alguna situación que afecte directa e inmediatamente la esfera jurídica de la parte quejosa, sino de una comunicación entre autoridades con efectos meramente declarativos, emitida en un plano de coordinación entre dichos entes y sobre la base de una relación administrativa, en la cual, cabe mencionar, no forma parte la justiciable. De manera que, con independencia de que la parte agraviada justifique su calidad de pensionado y con ello aduzca acreditar su interés para promover el juicio de amparo en contra del oficio CENACE/DAF-SA-JURH/616/2019 de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, lo cierto es que la naturaleza del acto reclamado abordado no cuenta con las características de un acto de autoridad y, por consiguiente, la instancia constitucional resulta improcedente. En razón de ello, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, éstos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por lo anterior, y al quedar de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia, este órgano de Control Constitucional se ve impedido a entrar al estudio del fondo del asunto, según se desprende de la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, tomo VI, Materia Común, registro 394465, página 335, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar las violaciones de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 103 y 107 Constitucionales, y en los diversos numerales 74, 75 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ismael Alonso García Guerra, Isabel Cristina Ulloa Mendez y Jesús Martín Gallegos Ceceña, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas en el capítulo III y IV, por las razones expuestas en los apartado III y V del presente fallo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de oficios. Agréguese a los autos el oficio remitido por el jefe de la Unidad de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Centro Nacional de Control de Energía, con sede en la Ciudad de México, y en atención a su contenido se provee: Manifestaciones. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompañan; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Fabián
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