Isimar Partida Flores
Expediente 278/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Isimar Partida Flores
Actuaciones
- Principal
Audiencia y sentencia constitucional. En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veintiocho minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe justificado, rendido por el magistrado instructor adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y actuaria notificadora adscrita a dicha ponencia; y, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes - quejosa y fiscal federal adscrito-. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento al presente asunto, a quien constituye la parte demandada en el procedimiento natural, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco les irroga perjuicio alguno. Asimismo, atendiendo a la certificación que antecede se advierte que no les transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la junta responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero interesado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con la documental allegada por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 278/2022 L-III, promovido por el Isimar Partida Flores, contra el acto atribuido al magistrado instructor adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y otra autoridad; y, Resultando. Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Demanda. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, Isimar Partida Flores, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto reclamado que más adelante se puntualizará. 2. Trámite del juicio de amparo. El quince de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda bajo el expediente 278/2022 L-III; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes: Considerandos I. Competencia. 3. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como a la creación de este órgano jurisdiccional. II. Precisión del acto reclamado. 4. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: ". en los actos y omisiones que de tracto sucesivo se han venido dando por parte de la responsable, al incumplir de manera reiterada dentro del juicio laboral seguido bajo el expediente número 1114/15-III, con lo establecido en los artículos 125 de la Ley 40 del Servicio Civil y 750 de la Ley Federal de Trabajo, de aplicación supletoria de la primera, pues el laudo de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dictado por la autoridad emisora Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, debe ser notificado personalmente a todas las partes en el juicio, sin que la autoridad ejecutora o actuario lo haya llevado a cabo en el término de ley." 5. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 6. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado. 7. Es cierto el acto atribuido al magistrado instructor adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y actuario adscrito a dicha ponencia, pues así se advierte de la lectura de su informe justificado, pues si bien no aceptó ni negó el acto que se le atribuye, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencian su certeza. 8. Certeza que se corrobora con la constancia relativa al expediente número 1114/2015, del índice del tribunal de justicia administrativa, que acompañaron las responsables en cuestión, las cuales se tienen a la vista para resolver y que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. IV. Causas de improcedencia. 9. Una vez que se fijó el acto reclamado y se acreditó su existencia, corresponde ahora analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes las aleguen, o bien, que se adviertan de oficio. 10. En relación con lo anterior, debe señalarse lo dispuesto por la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados; [.]." 11. Ahora, los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del inconforme, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, ya que la razón que justifica la citada causal de improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 12. Es decir, esa hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el ordinal 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte lo que ésta exija. 13. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a/J. 59/99, consultable en la foja treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 14. En la especie se estima que han cesado los efectos del acto reclamados que la parte quejosa hizo consistir en la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de notificar a todas las partes el laudo dictado dentro del expediente del servicio civil 1114/2015, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 15. En efecto, de la constancias que anexaron a su informe justificado el magistrado Instructor y el actuario adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, se advierte que el siete de marzo de dos mil veintidós, notificó por cédula a los demandados Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora; Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora; Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y director General de Bebidas Alcohólicas dependiente de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora; el laudo dictado -el dieciocho de febrero de dos mil veintidós- en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo laboral 505/2021. 16. Ahora bien, si la demanda de derechos fundamentales fue presentada el tres de marzo de dos mil veintidós; y, la notificación del laudo se practicó a los demandados el siete de marzo de dos mil veintidós, resulta evidente que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado; por lo tanto se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo. 17. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal de la República. 18. Asimismo, ante la actualización de la causa de sobreseimiento, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por la parte quejosa. 19. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: 20. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales promovido por Isimar Partida Flores, por los motivos expuestos en el considerando IV de esta sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo firmado por el magistrado instructor, así como la actuaria notificadora, ambos adscritos a la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Ahora bien, debido a lo voluminoso de éstas, fórmese por separado un legajo de prueba que se identificará como ANEXO I para dar facilidad a su manejo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de marzo de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Isimar Partida Flores, en contra de los acto reclamados a la Sala Superior del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Sonora, sede en esta ciudad; y otra autoridad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con veintiocho minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dichos informes copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se presumirán cierto los actos que se les reclama, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a las autoridades. Requiéraseles a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 del referido cuerpo de leyes. 7. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. 10. Emplazamiento. Una vez que obren los informes justificados se proveerá sobre la existencia o inexistencia de terceros interesados y, en su caso, sobre el emplazamiento respectivo. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación, que en este punto, la parte quejosa señaló para cuestiones no procesales el correo electrónico victormmendivil40@gmail.com. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse por separado y duplicado el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. 13. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 14. Autorizados. En el caso que la parte quejosa sea el patrón, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia que, dado el evento que la parte quejosa recaiga en el trabajador, se autoriza para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 15. Pruebas. Se hace constar que la parte quejosa no ofertó medios de convicción. 16. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 17. Comunicación a las responsables de las resoluciones se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restante se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; y, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las responsables y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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