Isidro Roman Bustamante

Expediente 1928/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1928/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Director del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos
  • Isidro Roman Bustamante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la determinación dictada el once de abril de dos mil dieciocho, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. En términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, también debe destruirse el duplicado del incidente de suspensión; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. Conforme al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible porque se concedió la medida cautelar; asimismo deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Por tal motivo, se agrega únicamente el original del incidente de suspensión, debiendo respetar folio, entresello y rúbrica con el que se encuentra. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos del presente juicio, y en virtud de que, mediante oficio SEADS/362/20188 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura, con sede en la Ciudad de México, informó que la Comisión de Adscripción del citado órgano, en sesión celebrada en esa misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jorge Isaac Lagunes Leano, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de abril de la dos mil dieciocho. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que el veintitrés de enero de dos mil dieciocho se celebró la audiencia constitucional, y después de ésta obra agregado un proyecto de sentencia con fecha de engrose de doce de marzo de dos mil dieciocho, así como diversas, constancias de su notificación; sin embargo, no se cumple con el requisito esencial de existencia previa de la voluntad, pues carece de las rúbricas del entonces titular de este órgano jurisdiccional y la secretaria que autorizaba y daba fe; por tanto, es indudable que tal proyecto carece de eficacia jurídica, por ello no puede ser vinculante de las partes, a fin de garantizar el respeto a los principios de legalidad y administración de justicia consignados en los artículos 16 y 17 Constitucional; en consecuencia, al margen de las constancias que integran el presente asunto, lo procedente es ordenar el dictado de la sentencia respectiva. En vista lo anterior, se ordena realizar las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Sin que se ordene desglosar el proyecto de doce de marzo de dos mil dieciocho y las constancias de notificación relativas al mismo, en virtud de que todas esas actuaciones, ocurrieron con anterioridad a la readscripción del suscrito a este Juzgado de Distrito. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1928/2017-I, promovido por ISIDRO ROMÁN BUSTAMANTE, por propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, ISIDRO ROMÁN BUSTAMANTE, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Director, Comandante de Seguridad y Custodia Delta Uno, Comandante de Seguridad y Custodia Delta Dos, Subdirector, Comité Técnico, Subdirector Médico Custodio Encargado del Dormitorio 7 y Supervisor de Seguridad, todos del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; de quienes reclamó: ".ACTO RECLAMADO. - - - El acurdo y decisión de las citadas autoridades de dar orden a seguridad y custodia de castigarme a una celda de castigo o calaboso (sic), por 15 días de aislamiento, sin derecho a realizar llamadas telefónicas con mi familia y abogados , por estar en una celda de castigo, sin derecho a recibir visita familiar, he (sic) intima, por estar castigado. Sin derecho a recibir atención médica por la misma razón. Sin derecho a recibir suficiente alimentos me dan tres tortillas, poquito guisado, el agua yo la tengo que comprar, por que las autoridades nada más me dan un litro de agua ara tomar, compró el agua para bañarme, me encuentro incomunicado, aislado de la demás población interna, y en condiciones inhumanas." SEGUNDO. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo con el número 1928/2017-I, y se admitió a trámite, se suspendió de plano los actos reclamados consistentes en la incomunicación y malos tratos, en que cesen las condiciones inhumanas de que esté siendo objeto el quejoso, y por la falta de atención médica, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inicio en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, el acto reclamado en la presente instancia constitucional es: Incomunicación, aislamiento o segregación con motivo de una sanción o castigo. No se toma como acto destacado la falta de atención médica, prohibición de visita familiar, pues estas las hace depender del hecho de la incomunicación, aislamiento o segregación; por tanto, deben tenerse como actos reclamados los mencionados con antelación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados consistentes en: Incomunicación, aislamiento o segregación con motivo de una sanción o castigo, por lo que hace a la autoridad responsable Subdirector Médico adscrito a la Dirección Técnica de la Dirección General de Reinserción Social Morelos; toda vez que al rendir su respectivo informe justificado negó el acto que se le atribuye, consistente en la incomunicación, aislamiento o segregación con motivo de una sanción o castigo impuesta al aquí quejoso. Lo anterior, sin que el promovente de amparo hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar la negativa de la autoridad señalada como responsable. Por lo tanto, y en razón de que no se advierte la intervención de la autoridad antes citada, por lo que si no ordenó, emitió, dictó, ni ejecutó el acto que se le reclama, debe sobreseerse por cuanto a dicha autoridad, pues al no quedar demostrada la existencia del acto atribuido a esta autoridad lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado consistente en la Incomunicación, aislamiento o segregación con motivo de una sanción o castigo. Es cierto el acto reclamado consistente en la sanción administrativa de quince días de aislamiento temporal impuesta al quejoso, y que se reclamó a las autoridades responsables Director del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y como presidente del Comité Técnico, Custodio de Seguridad y custodia, encargado del dormitorio siete del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, Supervisor de Seguridad del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos; Comandantes de Seguridad y Custodia delta Uno y delta Dos del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos (como superior jerárquico del personal Operativo de Seguridad y Custodia de dicho centro), ya que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Además se corrobora con las constancias certificadas que remitió el Director del Centro estatal de Reinserción Social Morelos y como presidente del Comité Técnico consistentes en lo siguiente: Acta de Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", cuadragésima sétima sesión ordinaria Bis, de treinta de noviembre de dos mil diecisiete (foja 77 a 87). Oficio SG/CGRS/SSC/2546/11/2017 que contiene el parte informativo de veintidós de noviembre de dos mil decáete (foja 89). Notificación de Sanción de treinta de noviembre de dos mil diecisiete (foja 90). Documentos que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causal de improcedencia por autoridad inexistente. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente. Al respecto, se precisa que en el caso procede decretar el sobreseimiento por lo hace a la autoridad SUBDIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque mediante razón actuarial de treinta de noviembre, el actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, señaló que no existe la autoridad Subdirector del Centro Estatal de Reinserción Social, por tanto, por acuerdo de primero se hizo efectivo el apercibimiento que se hizo al quejoso en proveído de treinta de noviembre del mismo año, y se acordó tener por inexistente a la mencionada autoridad; razón por la cual debe sobreseerse en cuanto a ésta se refiere, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Máxime, que en la especie se acreditó que los actos reclamados por el quejoso fueron realizados por las diversas autoridades responsables el Director del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y como presidente del Comité Técnico, Custodio de Seguridad y custodia, encargado del dormitorio siete del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, Supervisor de Seguridad del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos; Comandantes de Seguridad y Custodia delta Uno y delta Dos del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos (como superior jerárquico del personal Operativo de Seguridad y Custodia de dicho centro). Sirve de apoyo la Jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Novena Época), identificada con el número I.5o.P. J/3 consultable en la página 1363, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Septiembre de 2005, registro número 177141, que precisa lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS." SEXTO. Causales de improcedencia realizadas por las autoridades responsables. La autoridad responsable Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" y como presidente del Comité Técnico, Custodio de Seguridad y custodia, encargado del dormitorio siete del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, Supervisor de Seguridad y Custodia encargado del área de procesos del Segundo turno Operativo del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos; Comandante de Seguridad y Custodia delta Uno del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos (como superior jerárquico del personal Operativo de Seguridad y Custodia de dicho centro), invocaron la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, la cual establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Las autoridades responsables sostienen que el quejoso debió agotar el recurso de impugnación previsto en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover el juicio de amparo; de ahí que en la especie no se haya cumplido con el principio de definitividad y por tanto el juicio de amparo se torne improcedente. En torno al tema que nos ocupa, debe precisarse que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el artículo 48 lo siguiente: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio." Del precepto legal transcrito se advierte que contra las resoluciones emitidas por el Comité Técnico del centro penitenciario procede el recurso de revisión, dejándose en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución resuelva en definitiva. Sin embargo, en la especie se estima que existe una excepción al principio de definitividad y por tanto, el quejoso no tiene la obligación de agotar los medios de defensa ordinarios. Esto es así, porque el acto reclamado consiste en quince días de aislamiento temporal; sanción que fue impuesta al ahora quejoso por el Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", la cual constituye una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal, pues al encontrarse en esas condiciones se reduce la que, aun dentro de su encierro, podría tener. Por lo tanto, el juicio de amparo por la vía indirecta resulta procedente contra dicho acto, sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa, precisamente porque el agraviado se ve afectado aún más en su libertad personal, en ese caso, opera una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. La anterior consideración encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J. 4/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2479, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000039, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos; la suspensión de las visitas familiar e íntima; y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social implica, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal, pues al encontrarse en esas condiciones se reduce la que, aun dentro de su encierro, podría tener; de ahí que el juicio de amparo promovido contra el acta relativa no está sujeto al término genérico, sino al caso de excepción previsto en la fracción II del numeral 22 de la Ley de Amparo, por lo que puede interponerse en cualquier tiempo, sin que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la citada Ley. Contradicción de tesis 345/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Tesis de jurisprudencia 4/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once." (lo subrayado es propio) Como puede apreciarse, si bien la jurisprudencia hace referencia a la oportunidad de la demanda de amparo promovida en contra del acta administrativa en la que se imponen correctivos disciplinarios, emitida por una Consejo Técnico Interdisciplinario, lo cierto es que de la ejecutoria que le dio origen se desprenden elementos vinculados con el tema concreto, en la forma siguiente: "[.] Los criterios que han sido invocados revelan que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala de este Alto Tribunal han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Lo anterior se ve reflejado, además, en la parte conducente, en el criterio de jurisprudencia por contradicción de tesis, que se invoca a continuación: Núm. registro: 179889.--- Jurisprudencia.--- Materia(s): Penal.--- Novena Época.--- Instancia: Primera Sala.--- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.--- Tomo: XX, diciembre de 2004.--- Tesis: 1a./J. 74/2004.--- Página: 137.--- "INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL, PUEDE PRESENTARSE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO" (se transcribe). Por último, debe señalarse también que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios mencionados, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorización de la función jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especialización de la pena que favorece al reo. Tiene aplicación la siguiente tesis aislada: --- Quinta Época.--- Instancia: Pleno.--- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.--- Tomo: XIII.--- Página: 317.--- "LIBERTAD PERSONAL" (se transcribe). Ahora bien, para efecto de resolver el presente asunto, conviene reiterar que conforme al criterio jurisprudencial transcrito en párrafos precedentes de la voz: "INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL, PUEDE PRESENTARSE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO.", el Tribunal en Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. En las anotadas condiciones, el acta administrativa mediante la cual el Consejo Técnico Interdisciplinario de determinado Centro Federal de Readaptación Social impone al interno infractor sanciones como: suspensión parcial o total de estímulos tales como la visita familiar o íntima; y restricción de tránsito a los límites de su estancia; constituye un acto que afecta la libertad de aquél. Efectivamente, ese acto implica cierto grado de restricción de la libertad del reo dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, por ende, interesa un acto atentatorio de ésta, puesto que en virtud de las sanciones impuestas, el recluso tendrá que sufrir un confinamiento, al estar restringido su tránsito dentro del centro de readaptación, únicamente a los límites de su estancia; de igual modo sufrirá en cierta medida, incomunicación, al prohibírsele recibir en su estancia la visita de familiares así como la visita íntima (consideradas dichas visitas como un estímulo, de acuerdo con el reglamento que fundamenta el acto reclamado). Actos que ciertamente modifican, si bien de manera temporal, las condiciones en que la privación de la libertad del reo quejoso deba ejecutarse; y con los cuales, efectivamente se reduce esa libertad personal que, aun dentro de su encierro, podría tener el interno infractor. Y es que aun cuando el afectado se encuentre privado de su libertad en un centro de reclusión por efectos de una sentencia condenatoria del orden penal, eso no significa que aun en ese contexto no pueda existir todavía una restricción superior al concepto de libertad personal. En efecto, aun tratándose de personas que se hallan en estado de reclusión -donde existe una importante restricción a la libertad personal- pueden sobrevenir, todavía en ese contexto, nuevas y diferentes restricciones a la libertad personal, tal como en el caso ocurre con las sanciones impuestas a los quejosos en el acta administrativa impugnada. [.]" (lo subrayado es propio) En dicha ejecutoria, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país determinó que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Por lo tanto, sanciones como el aislamiento temporal por quince días, reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo, constituyen actos que afectan la libertad del reo, pues implican cierto grado de restricción de ésta, dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión. Asimismo, en la referida ejecutoria se determinó que aun cuando el afectado se encuentre privado de su libertad en un centro de reclusión por efectos de una sentencia condenatoria del orden penal, eso no significa que aun en ese contexto no pueda existir todavía una restricción superior al concepto de libertad personal, dado que pueden sobrevenir nuevas y diferentes restricciones a la libertad personal, como la sanción que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Por otro lado, no pasa inadvertido que del acta del Comité Técnico, este juzgador advierte que la corrección disciplinaria reclamada -aislamiento por quince días- debió llevarse a cabo del treinta de noviembre del dos mil diecisiete al catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Lo cual, en principio, daría la apariencia de que al momento del dictado de esta resolución las violaciones reclamadas podrían haber quedado consumadas irreparablemente, debido al paso de la temporalidad señalada para que el quejoso estuviera en aislamiento; sin embargo no existe claridad en que efectivamente el acto reclamado en comento -aislamiento- haya quedado consumado de modo irreparable, puesto que de constancias se coligen el oficio de treinta de noviembre del dos mil diecisiete, signado por el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", donde informó que giró las instrucciones correspondientes para efecto de dar cumplimiento a la suspensión de plano ordenada por este Juzgado Federal. Lo que lleva a razonar que no está demostrado fehacientemente que el acto reclamado en este juicio se haya consumado irreparablemente o, al contrario, se puede razonablemente sostener que el que se hayan consumado irreparablemente las violaciones alegadas es sólo una posibilidad o presunción, y dado que las causales de improcedencia deben ser vistas de manera estricta para evitar dejar en estado de indefensión al justiciable con base en presunciones, este juzgador procede a estudiar el fondo del asunto, a fin de no obstaculizar el acceso a la justicia del quejoso. Ello acorde con la visión potencializadora que debe materializarse, según lo ordena el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en este caso del derecho fundamental que tiene el gobernado de acceso a la justicia y que ésta se satisfaga efectiva y completamente, lo cual conlleva intrínsecamente a que éste tenga a su alcance un recurso efectivo que produzca un resultado de plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, tal criterio se contiene en la jurisprudencia I.4o.A. J/1 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDIC-CIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO". Lo que se refuerza al tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, ha considerado que la existencia de los recursos internos debe ser suficientemente cierta, no sólo en teoría sino también en la práctica, en cuyo caso contrario no cumplirán con la accesibilidad y efectividad requeridas. Así, toda vez que no se hace valer diversa causa de improcedencia ni este juzgador la advierte de oficio, se procede a estudiar el fondo del asunto. SÉPTIMO. Estudio de fondo. El concepto de violación se tiene por reproducido en este considerando, sin que resulte necesaria su trascripción, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son esencialmente fundados los motivos de disenso, aun cuando para arribar a esta conclusión sea necesario suplirlos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, quinto párrafo, del numeral 107 de la Constitución General de la República, puesto que si bien en este caso no se dilucidan cuestiones relacionadas con la instrucción de un proceso penal, sino una orden de aislamiento temporal, por parte de las autoridades responsables, lo cierto es que dada la condición del quejoso ISIDRO ROMÁN BUSTAMANTE (encontrarse privado de su libertad personal en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos), se estima procedente suplir la deficiencia de la queja a su favor. Cobra aplicación por identidad jurídica la tesis 3045 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1419, Tomo II, Penal, P.R. SCJN, Apéndice 2000, Novena Época, número de registro 907986, que a la letra dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos." En lo conducente, orienta lo anterior la tesis de jurisprudencia localizable en la Novena Época, con registro 168716, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, en Materia Administrativa, Tesis 1a./J. 43/2008, que contiene el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN EL AMPARO. SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIENEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN Y/O CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO, AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTÉ RECLUIDO EN ÉL. Si los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto únicamente contienen medidas de carácter disciplinario y de seguridad que deben regir dentro de un centro penitenciario, no pueden considerarse de naturaleza penal, pues no provienen del proceso que se instruyó al sentenciado, ni del juzgador penal ante el cual se siguió la causa instaurada en su contra, sino que se trata de medidas emanadas de facultades atribuidas a las autoridades administrativas encargadas de él. En congruencia con lo anterior, se concluye que la competencia para conocer del juicio de amparo en el que se reclaman medidas inherentes a la organización y/o control de dicho centro, como lo son las órdenes emitidas por la autoridad administrativa para trasladar a un interno de una celda a otra o para cambiarlo a un área diferente, dentro del mismo centro penitenciario, se surte a favor de los juzgados de Distrito en materia administrativa, sin que ello exima a la autoridad jurisdiccional a suplir la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, si al impugnar los actos mencionados el peticionario de garantías está privado de su libertad." (Lo resaltado es propio de este Juzgador). Este juzgador advierte que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales de audiencia y legalidad contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe concederse el amparo solicitado para los efectos que se precisarán en la parte final de esta sentencia. En efecto, los derechos de audiencia y legalidad se contienen en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por regla general, se refieren a las "formalidades esenciales del procedimiento" que deben seguir toda autoridad, previo al acto privativo, necesarias para garantizar la defensa, el cual debe estar debidamente fundado y motivado. En lo conducente los numerales establecen lo siguiente: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, consultable en la página 133, del tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del siguiente tenor: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTÍZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", estableció que la garantía de audiencia tutelada por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Y esas formalidades resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Asimismo, ha establecido que el derecho de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional se refiere a la fundamentación y motivación, la primera implica que la autoridad exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso en el propio cuerpo del acto reclamado y la segunda, que se señale con precisión las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del mismo. De todo esto se percibe que, previo a la ejecución de un acto privativo de cualquier autoridad, esto es, acto de carácter unilateral, imperativo y coercible proveniente del Estado que tienda a privar al gobernado de sus derechos o posesiones, debe dársele a éste la oportunidad razonable para que pueda defenderse, lo que se logrará mediante la notificación de la acusación y sus consecuencias, para que el particular pueda ofrecer pruebas y alegar contra la existencia del acto de autoridad desplegado que afecte su esfera jurídica, de no ser así, el acto de autoridad habrá de ser declarado inconstitucional bajo el principio de que todo gobernado tiene que ser escuchado y vencido en juicio antes de ser afectado en su esfera de derechos por un acto de privación, el cual debe estar debidamente fundado y motivado a fin de respetar el derecho de legalidad. Todo esto es recogido por la Ley Nacional de Ejecución, en tanto que, en sus artículos 46 y 47, establece que los procedimientos disciplinarios garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad; además de que el Comité Técnico deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su derecho a impugnarla en términos de lo establecido en el artículo 48 del citado ordenamiento legal. Cierto es también que ni de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Reglamento Interior del Centro Estatal de Readaptación Social, ni del Código Nacional de Procedimientos Penales -de aplicación supletoria a la primera ley mencionada- está detallado cómo deben llevarse a cabo los procedimientos disciplinarios ante la autoridad responsable, sino sólo se establece generalmente que en ellos deben garantizarse los derechos de audiencia, de defensa y de allegarse de medios de prueba. Así, por mandato constitucional, lo cual está acompañado de la previsión general mencionada, la autoridad responsable está obligada a implementar lo medios mínimos que garanticen la implementación de esos lineamientos de derecho. Sobre esa base, para que sean respetados esos lineamientos, en los procedimientos disciplinarios -como en el caso-, la autoridad competente debe notificar al interno el inicio del procedimiento, el cargo que está enfrentando, quién lo ha denunciado y las posibles consecuencias de la sanción; otorgarle un plazo, aunque breve, suficiente para que prepare su defensa; brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas que respalden su versión de los hechos; procurarle la posibilidad de alegar lo que a sus intereses convenga y, finalmente, dictarle una resolución debidamente fundada y motivada. Y ello no se advierte respetado en el asunto aquí sometido a consideración; en el acta base del reclamo se estableció, en lo que interesa, lo siguiente: "[.]8.- LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DE NOMBRE ISIDRO ROMÁN BUSTAMANTE, del D-7 P-A E-04, quien estando presente en su estancia, se le realizó un operativo de revisión, encontrando debajo de su colchón de su cama una punta metálica de 30 centímetros con empuñadura de agujeta, al cuestionar a la persona privada descrita con antelación, cobre la punta metálica hace mención que es de su propiedad. Como se desprende del Parte Informativo número SG/CGRS/SSC/2546/11/2017 de fecha 22 de noviembre de 2017, signado por el Cmdte. Marco Antonio Avelino Pileño, Jefe del Segundo Turno Operativo de Seguridad y Custodia, C. Juan Carlos Hernández Morales, Subjefe del Segundo turno Operativo de seguridad y custodia, el C. Marco Antonio Camacho Balcázar, encargado del dormitorio siete del Segundo turno Operativo de seguridad y custodia y el C. Jesús Antonio Román Arcos, supervisor del área de Procesados del Segundo turno Operativo de seguridad y custodia. En este acto comparece la persona privada de su libertad de nombre nombre ISIDRO ROMÁN BUSTAMANTE, informándosele cual es la conducta que se le atribuye, manifestando lo siguiente: "Llegaron a una revisión, encontraron una punta, no estaba en mi colchón porque no tengo colchón, estaba en la celda." Por lo que habiendo escuchado sus argumentos expuestos en su defensa, así como sus alegatos y desahogadas las pruebas ofrecidas en su favor. El Director del Centro Penitenciario con la facultad que le concede el artículo 101 del Reglamento Interior del Centro Estatal de Readaptación Social "Morelos" y su correlativos 17, 18, 38, 39, 40, 46 y 47 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Comité Técnico actuando como órgano de consulta y asesoría del titular decide sancionara a la persona privada de su libertad de nombre ISIDRO ROMÁN BUSTAMANTE con: Quince días de aislamiento temporal en el D-09; iniciando el 30 de noviembre de 2017 y concluyendo el 14 de diciembre de 2017 en virtud de haber infringido con su conducta el régimen interior que debe prevalecer en el centro penitenciario, de acuerdo al artículo 40 fracción IV y conforme al artículo 41 fracción III de la Ley Nacional de ejecución Penal. Como se desprende de Parte Informativo número SG/CGRS/SSC/2546/11/2017 de fecha 22 de noviembre de 2017. Por consiguiente usted, cuenta con tres días a partir de la presente notificación para inconformarse por escrito ante el Órgano Jurisdiccional Competente. Lo anterior con fundamento en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo con fundamento en el Artículo 41 último párrafo de la Ley antes mencionada se le comunicara la presente notificación a la Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Lo anterior tomando en consideración que, por instrucciones del Coordinador General de Reinserción Social en el Estado de Morelos, a partir del mes de noviembre de 2015, se inició la aplicación de la Recomendación General No. 22 sobre las prácticas de aislamiento en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de adoptar la duración Máxima de 15 días en la figura de aislamiento como sanción." Pero más allá de la sola formalidad, lo cierto es que no se colmaron cabalmente los requisitos que exige el respeto a los derechos de audiencia y defensa del quejoso, aunque en el acta en comento se estableció que el impetrante de amparo estuvo presente en la sesión donde se emitió el acto reclamado. Para demostrar esto, primero se debe precisar que únicamente se transcribió la parte que en relación al quejoso interesa, pero dicha sesión abarcó el análisis de la conducta de por diez internos y al respecto resolver sobre la procedencia de sanción, lo que contribuye a sostener la imposibilidad material de que se hubiera respetado el derecho de audiencia con la amplitud debida en un lapso tan corto, pues la sesión de la autoridad responsable inició a las doce horas con treinta minutos y culminó a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Además, queda manifiesto con lo trascrito que la autoridad responsable se limitó a conocer los hechos reportados por los custodios del centro penitenciario a través del oficio SG/CGRS/SSC/2546/11/2017 de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; enseguida, supuestamente enteró al quejoso del contenido de la conducta que se le atribuye y se procedió a recabar su declaración, para finalmente estimar que esa conducta es infractora y determinó imponer la sanción impugnada; Sin embargo, la autoridad fue omisa en instaurar cada una de las formalidades esenciales del procedimiento. Y esto último -instaurar las formalidades esenciales del procedimiento- no llega a hasta el grado de constreñir a la autoridad a que abra un procedimiento excesivamente formalista y riguroso, pero sí que realice las actuaciones necesarias para que garantice condiciones dignas en prisión y que la aplicación de cualquier sanción esté precedida del respeto a los derechos humanos, que es lo que pretende la lógica de su protección y, entonces, sea ésta la que inspire y determine el funcionamiento de tales instituciones, para que no se produzca en el sentenciado, entre otras cosas, una sensación de degradación hacia su persona e inseguridad jurídica al momento de que se determine que ha sido responsable de una infracción sin dársele oportunidad de defensa y ser plenamente escuchado. Ciertamente, en este caso no se advierte esa lógica proteccionista de derechos humanos por parte de la autoridad responsable, porque no se hizo saber al quejoso el inicio del procedimiento sancionador; no se le especificó la conducta atribuida a su persona, sino solo los hechos que la motivaron; se le dio oportunidad de que alegara lo que a sus intereses conviniera, pero no se advierte que se le otorgara un plazo, aunque breve, suficiente para que preparara su defensa ni que se le brindara la oportunidad de ofrecer pruebas que respalden su versión de los hechos, pues incluso no se asentó que se le haya hecho de su conocimiento que tenía ese derecho o qué pruebas, en su caso, le fueron admitidas o si no ofreció, pues sólo se señaló en el acta que se desahogaron las pruebas ofrecidas por él, pero no se dijo cuáles fueron, en qué consistieron, cuando las ofreció, qué valor merecieron. Y eso cobra gran relevancia al tratarse de una persona que se encuentra privada de su libertad y que durante el desarrollo del acta de sesión reclamada no contó con asesoría para su defensa dentro de dicho procedimiento ni se le permitió defenderse a sí mismo con libertad. Inclusive no es solamente lo anterior, sino que la autoridad responsable fue omisa en emitir valoración y razonamiento alguno en relación a la manifestación del quejoso o siquiera pronunciarse si lo dicho por él encuadra en la conducta atribuida o por qué eso no desvirtúa la existencia de dicha conducta; sino que, según se advierte del acta, sólo lo dejó hacer su manifestación y, sin hacer pronunciamiento alguno al respecto, inmediatamente enseguida resolvió sancionarlo. Debido a lo expuesto, el acto reclamado carece de respaldo constitucional y, en consecuencia, procede conceder al quejoso la protección solicitada. Efectos de la sentencia. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistente el acta de treinta de noviembre de dos mil diecisiete que contiene el correctivo impugnado, únicamente en cuanto a lo que al impetrante de amparo se refiere. Ello no evita que, de así ser considerado, la autoridad responsable, en uso de sus facultades relativas a mantener el orden y seguridad del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", inicie un procedimiento en contra del quejoso, pero en ese caso, deberá hacer de su conocimiento el inicio del procedimiento, el cargo que está enfrentando, quién lo ha denunciado y las posibles consecuencias de la sanción que, en su caso, llegare a imponérsele; la cual, no podrá ser mayor a la ya impuesta de quince días y deberá descontar los días que en su caso, fue sancionado, otorgarle un plazo, aunque breve, suficiente, que en ningún caso podrá ser menor de tres días, el cual se considera como un mínimo prudente para que prepare su defensa; brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas que respalden su versión de los hechos e informarle que tiene derecho a ello; procurarle la posibilidad de alegar lo que a sus intereses convenga y, finalmente, dictarle una resolución debidamente fundada y motivada, en la que valore las pruebas y exponga las razones que le llevaron a su determinación. OCTAVO. En cumplimiento al Acuerdo General 9/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ISIDRO ROMÁN BUSTAMANTE, contra la autoridad y actos precisados en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ISIDRO ROMÁN BUSTAMANTE, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Sarai González Galicia, que autoriza y da fe, hoy doce de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por las autoridades responsables DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL MORELOS y SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL MORELOS, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado JADILSON ALONSO NAVARRO, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/6345/2017 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, quien autoriza. Doy fe

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