Isidro Rodriguez Manjarrez

Expediente 610/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
610/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • Isidro Rodriguez Manjarrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 610/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase...

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 610/2019-III, promovido por ISIDRO RODRÍGUEZ MANJARREZ; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el seis de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada ese mismo día a este juzgado federal, ISIDRO RODRÍGUEZ MANJARREZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades (fojas 2 a 12). SEGUNDO. Trámite. Por auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo con el número 610/2019, se admitió trámite, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El seis de junio de dos mil diecinueve, se recibió en este juzgado federal escrito registrado con el folio 17930 a nombre de la parte quejosa por medio del cual ofreció diversos medios de convicción, al cual recayó el acuerdo de siete de junio de dos mil diecinueve, en el que se requirió al directo quejoso a efecto de que compareciera a ratificar la firma del escrito en cita, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendría por desinteresado en lo solicitado en el escrito de cuenta. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se certificó que la parte quejosa no acudió a ratificar el escrito registrado con el folio 17930, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de siete de junio de dos mil diecinueve. La audiencia constitucional se difirió por una ocasión y se señaló nueva fecha y hora para su celebración, misma que dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y se ejecuta el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables es lo siguiente: Del Fiscal General del Estado de Morelos; Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos; Coordinadora de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos y del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. La orden girada al Agente del Ministerio Público adscrito a las Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, a efecto de no autorizar la entrega del inmueble ubicado en Calle Francisco I. Madero número 238, Manzana II del Barrio 8, de la Colonia Rubén Jaramillo, Municipio de Temixco, Morelos. Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos. La omisión de acordar las solicitudes de devolución de vivienda de fecha de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fecha correcta de la que precisó el quejoso como treinta de enero de dos mil dieciocho), quince de agosto de dos mil dieciocho y treinta de abril de dos mil diecinueve. La negativa a autorizar la devolución del inmueble ubicado en Calle Francisco I. Madero número 238, Manzana II del Barrio 8, de la Colonia Rubén Jaramillo, Municipio de Temixco, Morelos. Del Coordinador Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (en su denominación correcta de la señalada como Director General de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General en el Estado de Morelos): La dilación de practicar todas las pruebas periciales correspondientes a la carpeta de investigación UEHMYF-ZM/051/2017, en el inmueble ubicado en Calle Francisco I. Madero número 238, Manzana II del Barrio 8, de la Colonia Rubén Jaramillo, Municipio de Temixco, Morelos. Del Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos (en su denominación correcta de la señalada por el quejoso como Director General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos) y del Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos: La orden de custodia o investigación del inmueble ubicado en Calle Francisco I. Madero número 238, Manzana II del Barrio 8, de la Colonia Rubén Jaramillo, Municipio de Temixco, Morelos, sin que exista justificante para que dicha propiedad siga asegurado. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS: No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Morelos; Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos; Coordinadora de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos; Comisionado Nacional de Derechos Humanos; Coordinador Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (en su denominación correcta de la señalada como Director General de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General en el Estado de Morelos) y del Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos (en su denominación correcta de la señalada por el quejoso como Director General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos), pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar su negativa; de ahí que no existe materia que atender en ese apartado. Lo anterior tiene apoyo en el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Tampoco son ciertos los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos, consistentes en la omisión de acordar sus promociónes de fechas veinticuatro de enero de dos mil dieciocho ( fecha correcta de la que precisó el quejoso como la que ratificó el treinta de enero de dos mil dieciocho) quince de agosto de dos mil dieciocho y treinta de abril de dos mil diecinueve, en las que solicitó la devolución del inmueble ubicado en Calle Francisco I. Madero número 238, Manzana II del Barrio 8, de la Colonia Rubén Jaramillo, Municipio de Temixco, Morelos, así como su falta de notificación, en violación al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tales omisiones se desvirtúan con las fotocopias que a su informe justificado anexó dicha autoridad, como en seguida se expondrá. En ese sentido, de las constancias que obran agregadas en autos del presente sumario, se advierte que por escritos presentados ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el veinticuatro de enero y quince de agosto, ambos del año dos mil dieciocho, Isidro Rodríguez Manjarrez, solicitó la devolución del bien inmueble ubicado en Calle Francisco I. Madero número 238, Manzana II del Barrio 8, de la Colonia Rubén Jaramillo, Municipio de Temixco, Morelos. Sin embargo, al primero de los escritos en cita (veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) recayó el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el cual el Agente del Ministerio Público señalado como responsable determinó que no era procedente la petición, en razón de que la carpeta de investigación se encontraba en etapa de investigación y judicializada ante el juez de control bajo la causa penal JC/1201/2017, y en razón de que quedaban diligencias pendientes por practicar, asimismo, le requirió al promovente para que exhibiera el original los documentos que en fotocopia simple anexó el solicitante. Respecto al segundo de los escritos de cuenta (quince de agosto de dos mil dieciocho), el Agente del Ministerio Público señalado como responsable proveyó el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, acordando que no era procedente la devolución del inmueble, en razón de la etapa procesal en que se encontraba la carpeta de investigación, la cual era la de cierre de investigación y judicialización ante el Juez de Control. En ambos casos se ordenó notificar de manera personal a ISIDRO RODRÍGUEZ MANJARREZ, sin embargo, éstos se notificaron por estrados al ahora quejoso, el primero de ellos el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y el segundo el diez de septiembre de dos mil dieciocho, ello en razón de que no fue posible notificarlo en el domicilio que señaló para los efectos de oír y recibir notificaciones (fojas 58 a 61 y 65 a 67), tal y como se aprecia de las constancias que en fotocopia certificada anexó a su informe justificado la responsable, las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas es claro que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (seis de mayo de dos mil diecinueve), según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ya había dado respuesta por escrito a las peticiónes efectuadas por la parte quejosa antes identificadas; incluso, tales respuestas ya se habían notificado, por tanto el acto combatido es inexistente. Lo anterior, atendiendo a que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso, el seis de mayo de dos mil diecinueve; ello para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. Así como en la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN." No pasa inadvertido para quien resuelve, que los proveídos emitidos por el Agente del Ministerio Público señalado como responsable, fueron notificados a la parte quejosa por medio de estrados, ello en razón de que no fue posible localizar a persona alguna en su domicilio señalado para los efectos de oír y recibir notificaciones, según consta en las notificaciones ya referidas. Sin embargo, por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve se ordenó dar vista a la promovente con el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos, señalado como responsable, a efecto de imponerse de su contenido y que manifestara lo que a sus intereses convenía y, con dicha circunstancia la parte quejosa queda enterada de tal determinación. Además que esta vía no es la procedente para impugnar la nulidad de la notificación por estrados referida, habida cuenta que ello corresponde en primer lugar ante las autoridades ordinarias, a más que la pretensión de amparo tampoco se enderezó para combatirlas; de ahí que deba surtir plenos efectos, atento al principio de presunción de legalidad de los actos de autoridad, salvo prueba en contrario. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA." También es inexistente la omisión de acordar la solicitud de devolución de vivienda de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, reclamada al Agente el Ministerio público ya referido, puesto que al rendir su informe justificado manifestó que únicamente recibió dos escritos signados por el ahora quejoso, mismos que ya fueron referidos en los párrafos precedentes, no así el referido por el quejoso de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve. Por su parte, el quejoso reclamó un acto negativo, a saber, un "no hacer" de la autoridad; en el caso concreto, la omisión de dar contestación a su escrito de treinta de abril de dos mil diecinueve. Así, tenemos que la autoridad responsable negó la existencia de un acto negativo. No obstante las afirmaciones realizadas por el quejoso, éste no aportó prueba alguna para acreditar que presentó el escrito de treinta de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos, señalado como responsable y por ende que éste ha sido omiso en dar contestación. Lo anterior, pues el derecho de petición consagrado por el artículo 8º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a la autoridad a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad; lo que en el particular no se acreditó haberse satisfecho por el quejoso. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001 de la Novena Época sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". Ha de precisarse que por auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (foja 69), se recibió y se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos, sin que la parte quejosa haya ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar la negativa de la autoridad. Así las cosas, al no estar acreditado el acto consistente en la negativa a atender la petición efectuada el treinta de abril de dos mil diecinueve atribuido al Agente del Ministerio Público señalado como responsable al no estar siquiera demostrado de manera indiciaria la existencia de la pretensión de que se trata, no puede decirse que éste ha incurrido en la omisión reclamada; por lo que el acto es inexistente. Toda vez que la simple inactividad no equivale a una omisión, pues en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a. XVII/2018 de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala del máximo Tribunal de Justicia, de rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD". Consecuentemente, al no demostrarse la existencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables especificadas en el presente considerando, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto al acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos, consistente en la negativa a autorizar la devolución del inmueble ubicado en Calle Francisco I. Madero número 238, Manzana II del Barrio 8, de la Colonia Rubén Jaramillo, Municipio de Temixco, Morelos, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las fotocopias certificadas relativas a los proveídos de treinta y uno de enero y dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, emitidos en autos de la carpeta de investigación UEHMYF/ZM/051/2017, que adjuntó a su informe, de los cuales se advierte que negó a la parte quejosa la devolución del inmueble asegurado. También es cierto el acto reclamado al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que además se corrobora con el oficio de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dirigido al Director General de Unidades Especiales, en el que se solicita la custodia del inmueble ya referido, en cumplimiento a lo ordenado en la carpeta de investigación UEHMYF/ZM/051/2017 (foja 29). Documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. QUINTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis de la constitucional del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia respecto de los actos reclamados, por ser una cuestión oficiosa en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto quien resuelve advierte que por cuanto al acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que la parte quejosa hizo consistir en la negativa a autorizar la devolución del inmueble ubicado en Calle Francisco I. Madero número 238, Manzana II del Barrio 8, de la Colonia Rubén Jaramillo, Municipio de Temixco, Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término genérico para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como acontece en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por el quejoso, como de conocimiento por notificación del acto reclamado, como se demostrará en lo subsecuente. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, debe señalarse que el quejoso en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado la negativa por parte del Agente del Ministerio Público de autorizar la devolución del bien inmueble ubicado en Calle Francisco I. Madero número 238, Manzana II del Barrio 8, de la Colonia Rubén Jaramillo, Municipio de Temixco, Morelos, que aduce es de su propiedad, y refirió bajo protesta de decir verdad que no existía negativa escrita por parte de la responsable, por lo que tuvo conocimiento de ésta hasta el treinta de abril de dos mil diecinueve, fecha en que el Agente del Ministerio Público señalado como responsable se lo comunicó de manera verbal. No obstante lo anterior, en las constancias que en fotocopia certificada remitió la autoridad responsable, obran agregadas dos cédulas de notificación por estrados relativas o dirigidas al aquí quejoso de fechas veintiséis de febrero y diez de septiembre, ambas del año dos mil dieciocho, de las que se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Homicidios de Mujeres y Feminicidios de la Zona Metropolitana, notificó los acuerdos de treinta y uno de enero y dieciocho de agosto, de dos mil dieciocho, por los que no acordó de manera favorable su solicitud de devolución del inmueble asegurado en la carpeta de investigación UEHMYF/ZM/051/2017. Documentales que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de un funcionario público en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes. Es aplicable la tesis jurisprudencial de la Novena Época, registro 166025, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, página: 106, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DE UN AUTO O RESOLUCIÓN EMITIDOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIONES PROCESALES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA)." Visto lo anterior, y no obstante que en el presente juicio de amparo, la promovente haya manifestado que tuvo conocimiento del acto reclamado el treinta de abril de dos mil diecinueve, resulta inconcuso que tal manifestación fue desvirtuada con las cédulas de notificación por estrados relatadas en párrafos precedentes, de las que se advierte que la directa quejosa fue notificada vía estrados de la negativa que recayó a su solicitud de devolución del bien inmueble asegurado desde el día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, y respecto a su segunda solicitud desde el diez de septiembre de dos mil dieciocho. En relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se estiman consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto, como se pondrá de manifiesto. En el caso concreto la parte quejosa fue notificada vía estrados de la negativa que recayó a su solicitud de devolución del bien inmueble asegurado desde el día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, y respecto a su segunda solicitud desde el diez de septiembre de dos mil dieciocho. Por lo tanto, el cómputo de la oportunidad en la impugnación de los actos reclamados debe realizarse a partir del día siguiente en que surtió sus efectos la notificación realizada a la ahora parte quejosa, en esa tesitura, si la el ahora quejoso fue notificado desde el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y, del segundo proveído desde el diez de septiembre de dos mil dieciocho, y la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el seis de mayo de dos mil diecinueve, se advierte entonces que fue presentada fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y como consecuencia se ha consentido tácitamente el acto que se reclama. Es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: Tomo XXXI, Enero de 2010 "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia, pues en el caso no se combate una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición, tampoco una sentencia condenatoria en un proceso penal o se defienden derechos agrarios de un núcleo de población ejidal o comunal, tampoco el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XIV, de la Ley de la materia, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo tanto, se hace innecesario hacer pronunciamiento respecto de la diversa causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable. Respecto al acto que se reclama al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no formula conceptos de violación. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte ausencia total de razonamiento en el que la parte quejosa realice la comparación del hecho siendo éste el acto reclamado aquí analizado frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales, por lo que este Juzgador se encuentra impedido para entrar al estudio de la constitucionalidad de dicho acto reclamado, pues en el presente asunto opera el principio de estricto derecho. A mayor abundamiento, debe decirse que si bien es cierto, para que el juzgador estudie la constitucionalidad de una norma o acto reclamado, basta con que el promovente de amparo exprese claramente en su demanda la causa de pedir, sin que sea necesario que sus conceptos de violación sigan la forma lógica del silogismo, eso no significa que los quejosos queden exentos de cumplir con los parámetro mínimos para desvirtuar la legalidad y/o constitucionalidad del acto o ley reclamados de que se trata. Es así, porque los actos autoritarios, gozan de presunción de constitucionalidad y legalidad; por tanto, corresponde al promovente de amparo desvirtuarlos, a través de la exposición de las razones por las cuales los consideran violatorios de sus derechos fundamentales o contrarios a la Constitución o norma de que se trate, lo que en el caso no acontece. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 121/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 143, que establece: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". (Énfasis añadido). Así como la tesis de jurisprudencia (V Región) 2o. J/1, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo III, página 1683, que establece: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada.". (Énfasis añadido). En las relatadas condiciones, debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la hipótesis normativa resultado de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no formuló conceptos de violación respecto del acto reclamado al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 171, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar porque se considera así, tales afirmaciones, tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar el acto de autoridad combatido, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negarse el amparo.". (Énfasis añadido). Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ISIDRO RODRÍGUEZ MANJARREZ, por cuanto a los actos, autoridades y motivos precisados en los considerandos segundo, tercero y quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de julio de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que ISIDRO RODRÍGUEZ MANJARREZ, en cumplimiento al auto de diecisiete de julio del año en curso, ratificó el escrito presentado el dieciséis del mismo mes y año, registrado bajo folio 23562; agréguese a los autos y téngase por realizada la ratificación de mérito. En su atención, se provee lo siguiente: Se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar, el escrito de la parte quejosa por el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió mediante escrito presentado el seis de junio del año en curso; en atención a su contenido, y como lo solicita el promovente, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2- hágase devolución de las documentales que refiere, dejando en su lugar constancia debidamente cotejada y autorizada, previa razón de recibo que quede asentada en el expediente para constancia legal, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Por otro lado, agréguense para que obren como legalmente correspondan los escritos presentados por la parte quejosa, en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que ofrece, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional de conformidad en el artículo 124 de la citada ley. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito a nombre de ISIDRO RODRÍGUEZ MANJARREZ, mediante el cual solicita la devolución de las documentales anexas a su escrito presentado en este juzgado el seis de junio del año en curso; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda sin proveer respecto a su contenido, toda vez que la firma que calza el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la que aparece en el escrito inicial de demanda de amparo. En consecuencia, requiérase a ISIDRO RODRÍGUEZ MANJARREZ, para que dentro del término de tres días, que le serán contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, comparezca ante este Tribunal Federal en hora hábil debidamente identificado, con la finalidad de que ante la presencia judicial manifieste sí reconoce o no la firma que calza el escrito de cuenta, y en su caso, si ratifica el contenido de éste escrito, en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por desinteresada a la parte promovente, respecto a lo solicitado en el escrito de mérito, advirtiendo a la parte ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial. Orienta el criterio anterior la tesis doscientos cincuenta y ocho, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y cuatro, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del rubro: ""FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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