Isidro Lizárraga Osuna y Otros.

Expediente 104/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
104/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/03/2019

Partes del expediente

  • Isidro Lizárraga Osuna y Otros.
  • Higinio Lizárraga Osuna y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, uno de marzo de dos mil diecinueve. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído de catorce de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que se desechó la demanda ha causado estado. II. Orden de archivo. Consecuentemente, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. III. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. IV. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documentos. Toda vez que existe documento original de la parte quejosa, en acatamiento al Capítulo Quinto, punto Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto invocado, se le previene para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recogerlo; apercibido que, en caso de no hacerlo en el plazo indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a once de marzo de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de uno de marzo de dos mil diecinueve, para conocimiento de los quejosos Isidro Lizárraga Osuna e Higinio Lizárraga Osuna; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, uno de marzo de dos mil diecinueve. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído de catorce de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que se desechó la demanda ha causado estado. II. Orden de archivo. Consecuentemente, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. III. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Lic. Sergio López Valdez Actuario Judicial

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, catorce de febrero de dos mil diecinueve. I. Radicación. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Isidro Lizárraga Osuna e Higinio Lizárraga Osuna, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa y Actuario adscrito a los Juzgados de la Coordinación de Actuarios de Primera Instancia del Ramo Civil de Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente con el número 104/2019. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Al respecto, el numeral 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis pronunciada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." (Época: Octava Registro: 221353, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Materia(s): Común, Página: 198). Al analizar la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, en términos del artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo en vigor, se aprecia que destaca como actos reclamados los siguientes: "a) La falta de emplazamiento e ilegalidad de la supuesta diligencia practicada a los suscritos quejosos, ya que jamás tuvimos la oportunidad ni el derecho de ser oídos ni vencidos en juicio en virtud que los hoy quejosos tuvimos conocimiento por un abogado que nos dijo existe una demanda mercantil radicado ante el juzgado segundo de lo civil, en el cual se encuentra en estado de remate de primera almoneda, por lo cual reiteramos a su señoría que al no habernos sido llamado a juicio, se nos deja en estado de indefensión, lo cual constituye una violación a mis garantías individuales contempladas en nuestra carta magna los suscritos quejosos nunca fuimos llamados a juicio. b) La omisión en que incurrió esta Autoridad responsable al no haber examinado escrupulosamente y determinado que el emplazamiento que debió ordenar practicar a los suscritos quejosos dentro del juicio ejecutivo mercantil instruido en el expediente número 750/2015 no se efectuó conforme a derecho, ya que en ningún momento fuimos llamado a juicio por ningún medio legal. c) Así como el remate que pretende sacar en primera almoneda, el día 20 de Febrero del presente año, los suscritos no fuimos notificados por lo que consideramos que es ilegal ya que jamás tuvimos la oportunidad ni el derecho de ser oídos ni vencidos en juicio en virtud que los hoy quejosos tuvimos conocimiento por un abogado que nos dijo existe una demanda mercantil radicado ante el juzgado segundo de lo civil, en el cual se encuentra concluido, por lo cual le reiteramos a su señoría que al no habernos sido llamado a juicio, se nos deja en estado de indefensión, lo cual constituye una violación a mis garantías individuales contempladas en nuestra carta magna los suscritos quejosos nunca fuimos llamado a juicio." En ese sentido, este juzgador estima que es notoria y evidente las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XI y XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por ende, resulta procedente desechar la demanda de cuenta en términos de la fracción V del precepto 63, así como el 113 de la ley en cita. Por cuestión de método analizaremos en forma separada cada causal. La fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" En efecto, en el presente juicio de amparo, los quejosos reclaman por una parte: a) La falta de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil 750/2015 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, al realizar una consulta en el Libro de Gobierno de Registro de Juicios de Amparo de este juzgado se advierte que el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de garantías promovida por Isidro Lizárraga Osuna e Higinio Lizárraga Osuna, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa y Actuario adscrito a los Juzgados de la Coordinación de Actuarios de Primera Instancia del Ramo Civil de Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, asimismo del Sistema de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que dicha demanda fue radicada con el número 389/2018, cuyo acto reclamado fue la falta de emplazamiento e ilegalidad de la supuesta diligencia practicada en el juicio ejecutivo mercantil 750/2015 dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Por tanto, al traer a la vista las constancias que conforman el juicio de amparo 389/2018, como hecho notorio se advierte, en lo que aquí interesa: El juicio de amparo 389/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, fue radicado con motivo de la demanda de amparo promovida por los quejosos antes mencionados. En dicho juicio se señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento e ilegalidad de la supuesta diligencia practicada en el juicio ejecutivo mercantil 750/2015 dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Por resolución terminada de engrosar el doce de noviembre del año pasado, dentro del diverso juicio de amparo 389/2018, del índice de este juzgado, se advierte que se sobreseyó dicho juicio y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Isidro Lizárraga Osuna e Higinio Lizárraga Osuna, contra los actos señalados a Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa y al Actuario adscrito a los Juzgados de la Coordinación de Actuarios de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, consistente en la falta de emplazamiento el juicio ejecutivo mercantil 750/2015. Se hace mención a lo anterior, sin la necesidad de anexar constancia de ello al juicio en el que ahora se actúa, pues por tratarse de un juicio del índice de este juzgado. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." (Época: Novena, Registro: 172215, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia(s): Común, Página:285). En consecuencia, se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia como lo es el hecho de que el acto aquí reclamado ya fue materia de otro juicio de amparo. Con ello, el peticionario del amparo ya no puede volver a pedir la protección de la Justicia Federal, en virtud de que los actos que ahora reclama -y que están relacionado con los del diverso expediente 389/2018, ya que fueron materia de dicha ejecutoria de amparo, y por ello, tiene un contenido de cosa juzgada-, por lo que resulta imposible volver a analizar esos actos que fueron materia de diverso juicio de derechos fundamentales. Pues lo que se pretende con la demanda de amparo que se provee es que se estudie el ilegal emplazamiento que aduce fue objeto en el juicio ejecutivo mercantil 750/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." (Época: Décima, Registro: 2011383, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a. XCV/2016 (10a.), Página: 1107). Así como la diversa pronunciada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que dice: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 133 CONSTITUCIONALES, NI EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El precepto y porción normativa citados, en los que descansa la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada en el juicio de amparo, no es violatorio de los artículos 1o. y 133 constitucionales, pues constituye un requisito para la procedencia del juicio constitucional, que es el recurso nacional más efectivo impuesto por el parlamentario federal que debe ser observado como presupuesto para el derecho fundamental de acceso a la justicia por razones de seguridad jurídica, para dotar de certeza lo resuelto en otros juicios de amparo en beneficio de la correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas, cuya previsión se encuentra en armonía con lo que establece al respecto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la amplia jurisprudencia en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando en el segundo juicio de amparo se reclame la violación de derechos humanos que no se hicieron valer en el primero. Ello obedece a la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal y la incorporación a nuestro sistema jurídico, con rango constitucional, de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México forma parte, de conformidad con el diverso 133 del mismo ordenamiento, lo cual implica que aun ante este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra facultada para revisar las decisiones emitidas por los tribunales colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo anterior en el que se advirtió que la sentencia impugnada no es violatoria de derechos fundamentales, pues tales determinaciones son inmutables por virtud de la autoridad de la cosa juzgada, lo que atiende a una necesidad operativa que permite que el sistema cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social." (Época: Décima, Registro: 2011384, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a. XCIV/2016 (10a.), Página: 1108). Sin que escape a la consideración que también reclame un diverso proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, pues el análisis de la demanda, revela que ello es como consecuencia de la falta de emplazamiento que aduce la parte quejosa no así por vicios propios. Además, la circunstancias del caso no permiten la procedencia del amparo, y de hacerlo, sería tanto como consentir que después de cada acto procesal, el amparista tuviera la oportunidad de reclamar la falta de emplazamiento al juicio, cuando ya lo ha intentado en varias ocasiones y respecto a dicho acto, tuvo conocimiento por lo menos, desde el quince de junio de dos mil dieciocho en que promovió el juicio de garantías 398/2018. En otro sentido, respecto del acto reclamado consistente en el remate que pretende sacar en primera almoneda, el día veinte de febrero del presente año, se advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo último, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXlll. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan al archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De lo transcrito se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de remate, entendiéndose como ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es decir, su procedencia es hasta que se hayan emitido dichas ordenes (la escritura o entregar los bienes). Ahora bien, en el caso concreto, se reclama el remate que pretende sacar en primera almoneda, el veinte de febrero del presente año, en el juicio ejecutivo mercantil 750/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Manifestación bajo protesta de decir verdad realizada por los quejosos influye en el ánimo de este órgano jurisdiccional en el sentido de que presupone la certeza de tal aseveración y ésta debe ser apreciada como una confesión expresa con valor probatorio pleno, conforme a lo prescrito por los arábigos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2. Por lo que se estima que no se trata de la última resolución en el procedimiento de remate conforme a los lineamientos que establece el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud que aún no existe la orden para que se otorgue la escritura de adjudicación o la entrega del bien inmueble; en tal virtud, se deduce que los actos reclamados son actos intermedios, en el procedimiento de remate. Por tanto, el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado sea la resolución final que resuelva el procedimiento de remate, lo que en la especie no ocurre según se dijo con antelación. Tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". (Época: Décima, Registro: 2011474, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.), Página: 1066). Sin que obste a la anterior determinación la circunstancia de que los quejosos se ostentan como terceros extraños a juicio; en la medida que dicen no fueron llamados al proceso de origen; sin embargo, por las mismas razones que se sostienen en cuanto a la improcedencia de la demanda en lo que respecta al emplazamiento, se concluye que los mismos carecen de tal carácter, puesto que en el diverso juicio de amparo 389/2018, del índice de este juzgado, se calificó de legal tal actuación, por lo que respecta a Isidro Lizárraga Osuna, mientras que en lo que hace a Higinio Lizárraga Osuna, se le desvirtúa tal carácter por haber tenido conocimiento de las violaciones reclamadas antes de llevarse a cabo el remate. De ahí que se afirme las causas de improcedencia invocadas. Por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, al haberse actualizado las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XI y XIII, en relación con el 63 fracción V, todos de la Ley de Amparo. IV. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que índica en su libelo de cuenta; y como su autorizado a Melquiades García García, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Reina Castillo Partida, por no acreditar tener cédula registrada en el referido sistema. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese en términos de ley.

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