Isela Sánchez Villela

Expediente 839/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
839/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Isela Sánchez Villela
  • Isela Sánchez Villela y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese en términos de Ley.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS Isela Sánchez Villela y German Díaz Sánchez Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda presentada por Isela Sánchez Villela y German Díaz Sánchez; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 839/2019 e intégrese expediente electrónico. I. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio constitucional es improcedente, y por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. El motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". (Octava Época. Registro 221353. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII. Noviembre de 1991, materia común, página 198). En tanto que los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo 107 constitucional: Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." "Artículo 107 de la Ley de Amparo: El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia consigna lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De estas disposiciones, se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal". (Novena Época. Registro 175910. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII. Febrero de 2006, materia común, Tesis III.2o.C.18 K, página 1827). Asimismo, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, que señala: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo.." (Novena Época. Registro 164411. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, materia común, Tesis XI.T.Aux.C.1 K, página 1880). En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Toda vez que las violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el concepto de imposible reparación se refiere a aquellos actos dictados dentro del juicio, que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y no los que afectan derechos adjetivos o procesales, toda vez que no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Ello, toda vez que los actos reparables se actualizan esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. De igual modo, cabe precisarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva. Es decir, de la interpretación de la citada fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que las violaciones procesales puedan ser combatidas en amparo indirecto, cuando tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que se afecte algún derecho sustantivo. En este punto importa destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición, estableció que el legislador secundario precisó que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, puntualizó que las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento son: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De tal manera, el amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio o procedimiento, es procedente cuando se afectan derechos sustantivos, como se expuso, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, entre otros, los derechos fundamentales del gobernado; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis que dicen: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". (Octava Época. Registro: 205651. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56. Agosto de 1992. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 24/92. Página: 11). PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Décima Época. Registro: 2006589. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 37/2014 (10a.). Página: 39.) "GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos". (Novena Época. Registro: 201169. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV. Octubre de 1996. Materia(s): Común. Tesis: I.6o.C.28 K. Página: 547). "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso". (Novena Época. Registro: 175081. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006. Materia(s): Común. Tesis: I.11o.C. J/7. Página: 1536). En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de segunda instancia de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual revoca el proveído de dos de octubre del mismo año, emitido en el juicio ordinario civil 346/2017, por el cual se había decretado la caducidad la instancia, y por ende, ordena la reanudación del juicio natural. De lo anterior se advierte que los efectos de tal acto reclamado, no son de los que conlleven una ejecución de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que por sí mismo no vulnera, en agravio de los impetrantes de amparo, de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que sus efectos son meramente procesales, toda vez que el efecto de dicha determinación solamente conlleva a la prosecución del procedimiento, violaciones adjetivas que únicamente podrán impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva que en su caso se emita en el procedimiento respectivo. De tal manera que, es indudable que la resolución reclamada no necesariamente va a tener una repercusión negativa en el juicio de que se trata, ya que existe la posibilidad de que los impetrantes obtengan resolución definitiva favorable a sus intereses, quedando entonces su esfera jurídica sin afectación alguna. De ahí que, no será sino hasta que se dicte la sentencia definitiva en el juicio de origen cuando proceda el amparo, en el cual los ahora inconformes podrán impugnar la resolución de mérito, más aún, podrán reclamar todas las violaciones procesales que estime se han actualizado en su perjuicio, que hasta este momento no deparan un perjuicio de imposible reparación a los quejosos, sino que, en su caso, de trascender al resultado final de la etapa en que se encuentre dicho procedimiento, puede ser reparado por la vía del amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia, que dice: VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Así como la tesis del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Además, no se actualizan los supuestos de excepción dado que los promoventes del amparo no se ostentan como terceros extraños al juicio de origen, ya que de sus manifestaciones se advierte que comparecieron al procedimiento; de igual modo, no aducen que con el acto reclamado se violenten materialmente derechos sustantivos. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no sería factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sentido, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente en razón de que los efectos que genera el acto reclamado no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino que sus consecuencias son meramente procesales y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo, relacionada con el acto que se analiza, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. IV. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda; así como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisca Návar Návar, María Indra Uluana Muñoz Reséndez, Ricardo Sánchez de Tagle Martínez y Sarai Lizárraga Caperón, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que sus cédulas profesionales cuentan con el registro relativo. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley.

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