Isidro Ivan Vazquez Escobar y Otros.
Expediente 700/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/06/2019
Partes del expediente
- Isidro Ivan Vazquez Escobar y Otros.
- Isidro Vazquez Contreras
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de seis de junio pasado por el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por Isidro Vázquez Contreras e Isidro Iván Vázquez Escobar, sin que lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo
- Principal
III) Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Isidro Vázquez Contreras e Isidro Iván Vázquez Escobar, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 700/2019-III. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: La omisión por parte del juez de control, de obligar al Fiscal para indagar sobre la tortura de la cual dicen los quejosos fueron objeto dentro de la carpeta administrativa 386/2015 del índice del Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. El auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, dentro de la carpeta administrativa 386/2015. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Desechamiento de demanda. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que se actualiza el motivo de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". (Énfasis añadido). Del precepto legal trascrito se desprende en lo que interesa, que se actualiza la mencionada causal de improcedencia cuando se satisfacen los siguientes supuestos: Que exista otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación. Que se promueva contra el mismo acto o actos reclamados. Que dicho juicio se encuentre pendiente de resolución. El artículo invocado dispone que el juicio de derechos fundamentales resulta improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos; de modo tal, que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio promovido, pues ello atentaría contra el principio de seguridad jurídica contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. En esas condiciones, para la existencia de la litispendencia en el juicio de amparo, resulta necesario, pues, que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido diverso juicio de derechos fundamentales en el que aún no se haya dictado sentencia respecto de las mismas partes o esté pendiente de causar ejecutoria sobre idénticas pretensiones, el mismo acto reclamado, por lo cual debe existir identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e igualdad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Lo anterior es así, toda vez que como quedó precisado en la certificación de cuenta, en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 623/2019-III, promovido por Isidro Vázquez Contreras e Isidro Iván Vázquez Escobar, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad, de quien reclama la omisión por parte del juez de control, de obligar al Fiscal para indagar sobre la tortura de la cual dicen los quejosos fueron objeto dentro de la carpeta administrativa 386/2015 del índice del Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control, en razón de que nunca realizó la investigación sobre la tortura alegada, en el que mediante proveído de veintinueve de mayo del año en curso, se determinó desechar la demanda respecto de esos actos, sin que a la fecha se haya declarado firme dicho auto. Lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por ende, se pone en evidencia que en el juicio de amparo 623/2019-III, así como en el que se actúa, a saber, 700/2019-III, del índice de este órgano de control constitucional, existe litispendencia, toda vez que fueron promovidos por el mismo quejoso, contra la propia autoridad responsable, a la que en ambos asuntos se reclama la omisión por parte del juez de control, de obligar al Fiscal para indagar sobre la tortura de la cual dicen los quejosos fueron objeto dentro de la carpeta administrativa 386/2015 del índice del Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control. Por ello, es evidente que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues como quedó precisado, el quejoso se duele del mismo acto reclamado que ya fue combatido previamente en el diverso juicio de amparo 623/2019-III, del índice de este Tribunal Federal, Es aplicable la jurisprudencia P./J 24/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, con número de registro 2006145, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Asimismo, es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3610, del Tomo LXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 325261, que establece: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en el amparo se reclama el decreto de primero de enero de mil novecientos treinta y siete, ya reclamado en otro juicio, por cuanto a las cuotas destinadas al fondo de previsión de henequeneros de Yucatán y a la construcción de obras que beneficien a los trabajadores, es claro que en el caso concurre una causa de improcedencia, respecto de este acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello, la circunstancia de que en los juicios se reclamaron los actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución, pero no respecto del decreto mismo". Datos que se obtuvieron del Libro de Gobierno de Juicios de Amparo y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo cual genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dichas herramientas pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 10. "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". Representante común. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a Isidro Vázquez Contreras. Domicilio procesal. Con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se fija como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en los estrados de este juzgado, pues el correo electrónico no está contemplado como medio de practicar las notificaciones. Autorizados. Ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cándido Carbajal Velázquez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes en términos restringidos del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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