Isidro Ivan Vazquez Escobar

Expediente 623/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
623/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Isidro Ivan Vazquez Escobar
  • Juez De Juicio Orales, De Primera Instancia De Toluca, Estado De México
  • Isidro Ivan Vazquez Escobar y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil diecinueve. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintinueve de mayo pasado, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, asimismo esté órgano en el auto de referencia, declaró carecer de competencia para conocer el presente asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: Este asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido) A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio a través del sistema de interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes enviado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual comunica que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 623/2019-III, del índice estadístico de este juzgado, promovido por Isidro Vázquez Contreras y otro, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio que se atiende para los efectos legales conducentes. De igual forma, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a éste órgano jurisdiccional, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, a fin de dar el trámite correspondiente a la investigación de tortura manifestada por el quejoso. En atención a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y como lo solicita el oficiante, remítanse las copias certificadas que refiere. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por Isidro Vázquez Contreras, representante común de la parte quejosa, mediante el cual cumple con lo solicitado en auto de prevención de veintidós de los actuales (fojas 13 a 15). Por tanto, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. Desechamiento de la demanda. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, se precisa que los actos reclamados se hicieron consistir en lo siguiente: Del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez. La omisión por parte del juez de control, de obligar al Fiscal para indagar sobre la tortura de la cual dicen los quejosos fueron objeto dentro de la carpeta administrativa 386/2015 del índice del Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. El auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control, en razón de que nunca realizó la investigación sobre la tortura alegada Del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. No resolver sobre la indagación de los actos de tortura alegados por los quejosos alegados y continuar desahogando pruebas. La sentencia definitiva dictada por el juez de juicio antes de resolver sobre los actos de tortura. Precisado lo anterior, por lo que hace a los actos atribuidos a la autoridad enunciada en el punto uno; este Juzgado considera, actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo; que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Lo anterior es así, en virtud de que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de manera destacada el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta administrativa 386/2015, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, así como la omisión de indagar por parte de dicha autoridad sobre los actos de tortura alegados por el quejoso; sin embargo, de la lectura integra del escrito de desahogo de prevención, se observa que el peticionario de amparo, manifestó que un diverso acto reclamado lo es la sentencia definitiva dictada por el Juez de Juicio Oral antes de resolver sobre los actos de tortura. Bajo ese orden de ideas, se colige que ha cambiado la situación jurídica del aquí agraviado, pues el auto de vinculación a proceso fue sustituido procesalmente por una sentencia definitiva, la cual como se advierte de su escrito inicial fue emitida el dos de mayo del año en curso, por ello, deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones que pudiese contener lo actuado hasta su dictado, en lo que se encuentran inmersas las alegaciones de tortura, por tener el carácter de posibles violaciones procesales ocurridas dentro de determinada etapa, al haberse sustituido con el dictado de la sentencia de juicio oral. En esas condiciones, resulta claro que se presentó un cambio de situación jurídica en la esfera de derechos del quejoso, lo que impide a este órgano jurisdiccional entrar al estudio de fondo del acto reclamado, y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esto, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. En consecuencia, queda actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Incompetencia. Por otra parte, respecto de los actos reclamados señalados en el punto dos atribuidos al juez de juicio oral consistentes en la sentencia definitiva de juicio y no resolver sobre la indagación de los actos de tortura alegado, debe decirse que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Además, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Asimismo, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, este juzgador considera que la misma sólo puede ser combatida a través del juicio de amparo directo. Ello es así, dado que de conformidad con los artículos 107, fracciones III y V, inciso c), de la Constitución Federal; 34, párrafo primero y 170 de la Ley de Amparo vigente; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en la vía directa, de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales judiciales, cuando se trate de: a) una sentencia definitiva o laudo; o, b) una resolución que ponga fin al juicio. Es decir, que la cualidad de sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio ya no depende de que se haya o no agotado el recurso ordinario, sino que para establecer si son materia de amparo en la vía directa ha de atenderse a su contenido; mientras que el determinar si la ley de la materia que rige el acto establece o no recurso, bastará para definir la procedencia del juicio de amparo, puesto que si el recurso no se agotó el amparo será improcedente y debe ser desechado de plano en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior conlleva establecer que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para desechar una demanda de amparo promovida contra una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, por no haberse agotado el recurso ordinario procedente con el que pudo modificarse o revocarse esa sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio. Cabe precisar que los efectos que produce el acto reclamado en la presente vía son de aquéllos que ponen fin al juicio, esto en razón de que a través de la sentencia emitida por el juez de juicio oral, dio por concluido el proceso penal instaurado contra los hoy quejosos llevado en el juicio 11/2016, dictada el dos de mayo del año en curso, por el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. De ahí que se estime que la resolución reclamada encuadra en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que compete al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en vía de amparo uni-instancial. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2008791, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Asimismo, la tesis I.3o.C.92 K (10a), publicada en la página 2362, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, décima Época, de contenido: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA DESECHAR LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA O UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, POR NO HABERSE AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO PROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracciones III y V, inciso c), de la Constitución Federal; 34, párrafo primero y 170 de la Ley de Amparo vigente; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en la vía directa, de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales judiciales, cuando se trate de: a) Una sentencia definitiva o laudo; o, b) Una resolución que ponga fin al juicio. Es decir, que la cualidad de sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio ya no depende de que se haya o no agotado el recurso ordinario, sino que para establecer si son materia de amparo en la vía directa ha de atenderse a su contenido; mientras que el determinar si la ley de la materia que rige el acto establece o no recurso, bastará para definir la procedencia del juicio de amparo, puesto que si el recurso no se agotó el amparo será improcedente y debe ser desechado de plano en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. La conclusión anterior conlleva establecer que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para desechar una demanda de amparo promovida contra una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, por no haberse agotado el recurso ordinario procedente con el que pudo modificarse o revocarse esa sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio. De ahí que, en ese supuesto, no procede declarar la incompetencia legal del Tribunal Colegiado de Circuito." En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 623/2019-III, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, para que conozca del acto reclamado en estudio, solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente y con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Respecto del acto reclamado consistente en no resolver sobre la indagación de tortura que también se le atribuye al Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, no ha lugar a tenerlo como tal pues es relativo a violaciones procesales atribuidas a una autoridad, cuyo acto atribuido es competencia como ya se dijo del citado tribunal colegiado, por lo que será dicha autoridad quien en su caso se pronuncie sobre si se encuentran acreditadas tales violaciones procesales y realizará el pronunciamiento respectivo. Finalmente con las alegaciones de tortura dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación, a fin de que en el ámbito de sus facultades realice las acciones correspondientes. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Abril de 2016, visible en Libro 29, Tomo II Página: 894 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Penal, Décima Época, con número de registro 2011521, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE. Si los gobernados, constitucional y convencionalmente tienen el derecho fundamental a que el Estado investigue las violaciones a sus derechos humanos, en específico, el derecho a no ser objeto de tortura, la autoridad judicial, como parte integral del Estado Mexicano, ante la denuncia de que un gobernado ha sido víctima de aquélla, tiene la obligación de investigarla; lo que se constituye en una formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas posibilidades de defensa de los gobernados previo al correspondiente acto de autoridad privativo de sus derechos. Ello, porque al ser la tortura una violación a los derechos humanos de la que pueden obtenerse datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la presunta víctima de la tortura, se advierte una relación entre la violación a derechos humanos y el debido proceso; lo cual implica que, luego de realizarse la investigación necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Por tanto, soslayar una denuncia de tortura, sin realizar la investigación correspondiente, coloca en estado de indefensión a quien la alega, ya que la circunstancia de no verificar su dicho implica dejar de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará la sentencia. Así, la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia.". Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Presentación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida...por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 623/2019-III. Prevención: Con fundamento en los artículos 108, fracciones II y V, 110, 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, cumplan con lo siguiente: 1. Deberán precisar cuáles son las autoridades responsables y los actos reclamados que a cada una le reclama, ello, pues en el apartado correspondiente al acto reclamado, la parte quejosa señaló como autoridades responsables las siguientes: Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez. Juez de Juicio oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Y como actos reclamados precisaron: "La omisión por parte del Juez de Obligar al Fiscal de Indagar sobre la tortura de la cual nos dolimos dentro de la Carpeta Administrativa Numero 386/2015, del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Auto de Vinculación a Proceso dictado por el C. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con Residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, dentro de la Carpeta Administrativa 386/2015. Sentencia definitiva dictada dentro de los autos del Juicio Oral 11/2016, dictada por el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con Residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.". Luego, en el capítulo de antecedentes, los quejosos manifiestan en esencia lo siguiente: i) El dos de mayo de dos mil dieciséis el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, les dictó sentencia condenatoria en el juicio 11/2016, por el delito de robo con modificativa agravante por haberse cometido con violencia y haber recaído en vehículo automotor. ii) El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis interpusieron recurso de apelación contra dicha sentencia, la cual confirmó el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal, del Estado de México, mediante resolución de once de julio de dos mil dieciséis dictada en el toca de apelación 267/2016. iii) Los quejosos promovieron juicio de amparo contra la resolución dictada por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal, del Estado de México, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Lo anterior, genera confusión el juzgado, sobre cuáles son las autoridades responsables y actos por los que se debe tramitar este juicio de amparo, ya que si bien es cierto la demanda de amparo deberá ser estudiada como un todo, también lo es que la parte quejosa deberá satisfacer los requisitos que precisa el artículo 108 de la ley de la materia, en lo particular lo previsto por sus fracciones IV y V, lo que desde luego no acontece, pues si el artículo 76 de la ley de la materia, no autoriza a cambiar actos reclamados, este órgano jurisdiccional no puede ni debe de oficio ordenar que se admita la demanda. Es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XX.57 K de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 871 del Tomo III del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." De igual forma, sustenta a lo anterior, por analogía, la tesis 1.4°.C. 26K, visible a página sesenta y tres, Tomo IX, Febrero de 1992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que a la letra expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgado a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." 2. Deberán indicar la fecha exacta en la cual tuvieron conocimiento del acto por el que han de instar el presente asunto. Ello, en atención a la diversidad de señalamientos realizados por el promovente en el escrito de demanda. Al respecto resulta aplicable la tesis publicada con el número de registro 212552 en la página 427 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1994, Tomo XIII, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuales son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado...", sin . ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al Juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado." En consecuencia, se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en este proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Representante común. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a Isidro Vázquez Contreras. Domicilio procesal. Con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se fija como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en los estrados de este juzgado, pues el correo electrónico no está contemplado como medio de practicar las notificaciones. Autorizados. Ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cándido Carbajal Velázquez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes en términos restringidos del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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