Isidro García Román

Expediente 870/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 39 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
870/2021
Año
2021
Actuaciones
39
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Isidro García Román

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior el hecho de que las autoridades responsables no se encuentren notificadas o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, se requiere a la parte quejosa para que comparezca ante este juzgado a recibir el billete de depósito número N 904939, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de. lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior el hecho de que las autoridades responsables no se encuentren notificadas o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, se requiere a la parte quejosa para que comparezca ante este juzgado a recibir el billete de depósito número N 904939, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de. lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 870/2021, promovido por. contra actos reclamados del 1. Fiscal de Distrito de la Unidad de Procuración de Justicia Número Uno del Distrito XII de Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal de Distrito de la Unidad de Procuración de Justicia Número Uno del Distrito XII de Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, teniéndose como actos reclamados los siguientes. Por auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó informes con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Inexistencia de autoridad. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como 14. Encargado de la Jefatura de Detectives de Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz y/o Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, con sede en Córdoba, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ya que el acto reclamado, de ser cierto, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, 1. Fiscal de Distrito, 2. Fiscal Primera, por sí y en auxilio del 3. Fiscal Segundo, 4. Fiscal Tercera, 5. Fiscal Cuarto, 6. Fiscal Quinto, 7. Fiscal Sexto, y 8. Fiscal Octavo, 9. Fiscal Noveno encargado del despacho de la Fiscalía Investigadora de Fortín; 10. Fiscal Primera, 11. Fiscal Segunda, y 12. Fiscal Tercera Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, todos adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia de esta ciudad; 13. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro- Córdoba, al rendir su informe negó la existencia de los actos reclamados; 15. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial encargado de la Comandancia Regional Zona Centro- Córdoba; 16. Fiscal Primera, 17. Fiscal Segunda, 18. Fiscal Tercera y 19. Fiscal Cuarta de la Unidad Integral del XIII Distrito Judicial en Huatusco, Veracruz; Fiscal Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia en contra de la Familia, Mujeres Niñas y Niños y de Trata de Personas, encargada de la 20. Fiscalía Segunda, y comisionada de la 21. Fiscalía Primera Especializadas de Huatusco, Veracruz; licenciado 23. Marco Antonio Rodríguez Lobato, titular de la Sala II, por sí, y en representación de sus homólogos 22. María Andrea García Zavaleta, encargada de la Sala I; 24. Paula Morales Marín, titular de la Sala III; y 25. Marcelo Alfredo Campos Scougall, encargado de la Sala IV, todos Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; 26. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial; licenciado 27. Jesús González Jiménez, por sí y en representación de su homólogo, 28. Luis Alberto Cobos Hernández, Titulares de las Salas A y B, respetivamente, adscritos al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Tercer Distrito Judicial, todos con sede en Huatusco, Veracruz, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclaman. La parte quejosa no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. TERCERO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que el auto admisorio se hizo del conocimiento a las partes que se requería de su consentimiento para permitir el acceso a la información confidencial, esto es, la publicación de sus datos personales, con la prevención de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve. ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por. contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos los informes justificados rendidos por la 10. Fiscal Primero y 12. Fiscal Tercero Especializadas en investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas, niños y de trata de personas de la Unidad de Procuración de Justicia Número Uno del Distrito XII, con sede en Córdoba, Veracruz; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación de este proveído, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Quedan 35 actuaciones en este expediente

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