Isidro Carrera Carrasco

Expediente 266/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
266/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Isidro Carrera Carrasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído el escrito signado por el quejoso ***********; toda vez que en auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, se desechó su demanda de amparo.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente

  4. Principal

    NO ATENDIÓ AVISO LA PARTE PROMOVENTE. Córdoba, Veracruz, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso ., por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, para que desahogara la prevención formulada en dicho auto, sin que lo hiciera. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene únicamente como autoridades responsables al Ingeniero ., Agente Comercial responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba, Veracruz e Ingeniero ., responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba, Veracruz, ambos de la Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo presentada por ., se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el presente asunto, del escrito de demanda se advierte que el promovente del amparo reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: ".Las ilegales revisiones de medidores en los que supuestamente se detectaron saldos sin facturar y que tuve conocimiento el día 8 y 12 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO..." Asimismo, refiere que es consumidor del servicio eléctrico suministrado por la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad empresa productiva del Estado, que contrató dos líneas, una de servicio doméstico con número de servicio 872171004818, medidor H309PL, con tarifa 01; y servicio comercial 872171004834, medidor H308L, con una tarifa PDBT, según se advierte de los recibos de consumo por energía eléctrica que anexa. En relación con dicho acto se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1, 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, toda vez que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se explica. Los indicados artículos establecen: 'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, sostuvo lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De conformidad con el criterio anterior, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el entendido de que, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos del párrafo primero de la indicada fracción, y sus funciones estén determinadas por una norma general. Establecido lo anterior, es pertinente destacar el contenido de los artículos 3º, 7º, 82, 83 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales disponen: "[.] Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética". "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda". "Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable". "Artículo 83. En contra del fallo que adjudique el contrato procederá: I. El recurso de reconsideración ante la instancia colegiada que se determine en el Estatuto Orgánico, y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento de esta Ley, o II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Contra las demás resoluciones emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, éstas podrán ser combatidas con motivo del fallo. Una vez adjudicado y firmado un contrato, todas las controversias que surjan relativas a su interpretación o cumplimiento serán competencia de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, salvo que se haya pactado un medio alternativo de solución de controversias". "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto". De las disposiciones transcritas se desprende que la intención del legislador fue destacar que de acuerdo con la naturaleza de los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad, por regla general, le resultan aplicable las legislaciones mercantil y civil; y excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, tendrán naturaleza administrativa. Los demás conflictos en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento del contrato celebrado por ésta, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. En consecuencia, siempre que los actos reclamados tengan su origen en el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre el promovente o un tercero y dicha empresa productiva del Estado, ésta no podrá ser considerada autoridad para efectos del juicio de amparo. En el caso, el Agente Comercial responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba, Veracruz y el responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba, Veracruz, ambos de la Comisión Federal de Electricidad, no pueden ser considerados como "autoridad" para los efectos del juicio de amparo, pues el acto reclamado consistente en los ajustes de facturación 292/2021 y 293/2021, de ocho y doce de marzo de dos mil veintiuno, por una diferencia en la energía eléctrica consumida y no facturada durante el periodo comprendido del cuatro de marzo de dos mil veinte al cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el primero por un total de 9,429 kwh, y el segundo por un total de 19,423 kwh; constituyen actos realizados entre particulares de naturaleza mercantil, toda vez que se relacionan con los derechos y obligaciones derivados de los contratos de adhesión de suministro de energía eléctrica celebrados por el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, no impugnables vía amparo o incluso vía juicio contencioso administrativo, pues al no ser actos de autoridad, sino actos celebrados entre particulares, los mismos son impugnables vía ordinaria mercantil. Sirve de apoyo a lo anterior, la contradicción de tesis 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veinte de abril de dos mil dieciocho, con número de registro digital 2016656, cuyo rubro y texto establecen: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Se invoca también la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1183 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, materia Civil, Registro digital 2009790 de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Además se cita la Jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de la Segunda Sala mencionada, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materias Común y Civil, página 336, Décima Época, Registro digital 2015944 del tenor literal siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." De tales criterios se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que no sólo tratándose de actos relacionados con la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica, procede la vía mercantil, sino que además amplió este criterio en tratándose de la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, toda vez que dichos actos derivan de una relación de coordinación entre la empresa - Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en atención al contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual, de manera que, precisó que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por otro lado, el Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 250/2017, analizó los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, y estimó que contra ellos procedía la vía ordinaria mercantil, sustentó, en lo que interesa, lo siguiente: ".Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/20141.(8)= La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: 'Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:= '...V. Las empresas de abastecimientos y suministros;= ... = XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.' 'Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales.' = Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en 1 Amparo directo en revisión 4729/2014, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de mayo de dos mil quince, la cual, entre otras cosas, concluyó lo siguiente: "En consecuencia, debe señalarse que el derecho de acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, ya que el hecho de que el juicio contencioso administrativo no sea procedente en el caso concreto no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el quejoso pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es la vía ordinaria mercantil, por tratarse en el caso de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad.= Así es, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, circunstancia que corrobora el por qué el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no resulta violatorio de lo previsto en el artículo 17 constitucional.= Virtud de esta nueva reflexión respecto del tema, anteriormente desarrollado, la actual integración de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpe el criterio que se contiene en la tesis de rubro: 'COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS'" (fojas 34 a 35 de esa ejecutoria). dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.", ya que "la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.(9)= Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación.= En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio". Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad y su personal, no tiene las características de autoridades responsables por no satisfacerse los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, pues su relación con los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, tal y como lo señala el . Máximo Tribunal del País, por lo que, en estas condiciones, se actualiza la improcedencia del juicio de amparo, ya que contra los actos que se reclaman, por derivar del contrato de suministro de energía eléctrica procede la vía mercantil, dada la calidad de acto de comercio del propio contrato. En ese entendido, si los actos reclamados al Agente Comercial responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba, Veracruz y al responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba, Veracruz, ambos de la Comisión Federal de Electricidad, consistentes en los requerimientos contenidos en los ajustes de facturación 292/2021 y 293/2021, de ocho y doce de marzo de dos mil veintiuno, por una diferencia en la energía eléctrica consumida y no facturada durante el periodo comprendido del cuatro de marzo de dos mil veinte al cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el primero por un total de 9,429 kwh, y el segundo por un total de 19,423 kwh, derivan de los contratos de suministro de energía eléctrica que el quejoso tiene con ese ente público, por tanto, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues las autoridades que señala como responsables no sostienen una relación de supra a subordinación con el quejoso, sino que se trata de una relación de coordinación, por tanto, en su contra es procedente la vía mercantil. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por . en contra de actos del Agente Comercial responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba, Veracruz y el responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba, Veracruz, ambos de la Comisión Federal de Electricidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materias Común y Administrativa, página 1008, Décima Época, Registro 2019230, de epígrafe y contenido siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de Queja 10/2020. . Finalmente, consérvese por separado, en la secretaría de este Juzgado, las copias de la demanda de amparo que acompaña para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, procédase a su destrucción. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por . contra actos del Agente Comercial responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba, Veracruz y el responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba, Veracruz, ambos de la Comisión Federal de Electricidad.

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