Isidro García González

Expediente 1064/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1064/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2017

Partes del expediente

  • Isidro García González

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante el secretario que autoriza, Carlos Enrique Giorgana Cruz, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1064/2017-IV. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. De la demanda de amparo se obtiene que el quejoso***, se duele de la falta de notificación de la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en la audiencia, relativa al procedimiento administrativo adversarial número***, lo que estima, conculca las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14, 16 y 17. Refiere que a las diez horas del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, la celebración de la audiencia de ley relativa al procedimiento administrativo adversarial****, en la que se resolvió su reinstalación; que para tal efecto, le pidieron a cambio firmara una renuncia, a lo cual no accedió; y que por tal razón se negaron a notificarle la resolución aludida (foja 2). Es por esa razón, presentó la demanda de amparo que se analiza, pues refiere, que con ese proceder de la autoridad responsable restringe su derecho a impugnar la sentencia, en contravención a lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucional. Ahora, el artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: "Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Del estudio integral de la demanda, este juzgador determina que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III de la ley en cita, interpretado a contrario sensu, como se expondrá a continuación. Los artículos en mención establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte: (.)." De la literalidad de los preceptos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de 1) la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y 2) actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que por actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se debe entender tanto aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como los procedimientos mediante los que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Al respecto, los artículos 85 y 86 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, disponen que contra las resoluciones emitidas por la Comisión, es procedente el recurso de inconformidad el cual deberá interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes al que surta sus efectos la notificación de la resolución emitida, ante el Vocal Técnico, el cual se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso, remitiéndolo a la Junta Superior Disciplinaria para la determinación del mismo. Por su parte los numerales 89 y 92 del propio ordenamiento refieren que las notificaciones y citaciones que se realicen con motivo de los procedimientos previstos en ese Reglamento, se efectuarán por conducto del Vocal Técnico, las cuales surten sus efectos al día siguiente en que se practiquen, y que se deben realizar a la brevedad. Además, la normatividad refiere que la resolución que da a conocer al Agente Comisor, la determinación que pone fin al procedimiento, se debe notificar personalmente. De lo hasta aquí expuesto, se advierte con claridad que el acto reclamado por el promovente no es de imposible reparación, ya que a la fecha de presentación de la demanda no se advierten afectados materialmente los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México es parte, pues se encuentra transcurriendo el plazo de cinco días con el que cuenta para interponer el recurso inconformidad contra la resolución emitida en la audiencia de veintiséis del mes y año en curso, relativa al procedimiento administrativo adversarial número ***. Se afirma lo anterior, toda vez que el promovente se ostenta sabedor de la resolución emitida en audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento administrativo número***, ya que en su escrito de demanda señaló que se resolvió su reinstalación, pero que al no acceder a firmar una renuncia, la autoridad le niegan su notificación personal; circunstancia, ésta última, que de ninguna manera le impiden ejercer su derecho a recurrir a través del medio ordinario de defensa dicha resolución, en los términos que la norma señala; pues se trata de un sujeto que tuvo conocimiento del juicio natural y tal conocimiento le permite imponerse de los autos para saber cuáles son las consideraciones que le causan agravio; circunstancia que, se reitera le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa de sus intereses dentro del propio proceso y, en todo caso tiene la posibilidad de combatir la propia diligencia de notificación. Luego, si tenemos que el promovente tuvo conocimiento del procedimiento de origen y conoció del dictado de la resolución de veintiséis de septiembre del año en curso, precisamente ese mismo día; partiendo del hecho que aduce, que no le fue notificada formalmente, únicamente se ostentaría sabedor de ella, los efectos de ese conocimiento surtieron efectos el día siguiente hábil veintisiete del mes y año en curso; por lo que el término de cinco días con los que cuenta para hacer valer el medio ordinario de defensa a que se refiere el artículo 85 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inicia el veintiocho de septiembre y fenece el cuatro de octubre del año que transcurre, sin considerar los días treinta de septiembre y uno de octubre por haber sido sábado y domingo; por tanto es evidente que al día de hoy -veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete- se encuentra transcurriendo el plazo para impugnar la resolución adminsitrativa. Debido a que cuenta con cinco días (dos días inhábiles y tres hábiles) para imponerse de las actuaciones en el procedimiento de origen y preparar el medio de defensa ordinario si así lo considera. De ahí que ante el conocimiento que el promovente tiene del juicio natural, es incuestionable que tiene la oportunidad de agotar el recurso o medio ordinario de defensa; y, por tanto, no se da la hipótesis de procedencia del juicio de garantías que establece la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, debido a que el acto que impugna no es de imposible reparación, ya que no afectan materialmente los derechos sustantivos, pues está en condiciones de hacer valer el medio ordinario de defensa y en todo caso, aún tiene la posibilidad de combatir la propia diligencia de notificación. Por consiguiente, resulta inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por***. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad. Téngase por autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a***, y en términos restringidos a que alude el numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a la diversa persona que indica, por así solicitarlo expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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