Isidro Aguilera Moarles

Expediente 1120/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1120/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Isidro Aguilera Moarles
  • Gildardo López Jiménez, cond Mauro Peña torres y otros y Otros.
  • Gildardo López Jiménez, cond Mauro Peña torres y otros
  • Isidro Aguilera Moarles y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de octubre de dos mil dieciocho. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de la Segunda Sala en Materia Civil por conducto del secretario de Estudio y cuenta en funciones del secretario General de Acuerdos, con domicilio en esta ciudad; mediante el cual acusa recibo del diverso 21496/2018, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, con el que se le devolvió el Toca ***** Primer Subsecuente y copia certificada del testimonio de apelación del juicio ordinario civil ****, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA I.A.M. Y M.V.M. EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de doce de septiembre dos mil dieciocho (fojas 26-35), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a los terceros interesados *****, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y tomando en consideración que en auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 26-35), se desechó de plano la demanda en que se actúa, se estima inoficioso su emplazamiento a juicio, ya que a nada práctico conduciría, que la parte tercera interesada sea llamada, ante la notoriedad de la causa de improcedencia decretada, máxime que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. **** Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvase a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, zona 01, Tuxtla, con domicilio en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en original del toca **** y copia certificada del testimonio de apelación del juicio ordinario civil ****, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en virtud de que este juicio, se encuentra concluido. 4. Devolución de documentos. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte quejosa ***, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger el documento original consistente en primer testimonio de la escritura pública seis mil ciento ochenta (6180) pasado ante la fe del Notario Público número ciento ocho (108) del Estado de Chiapas, que se encuentra integrado a los presentes autos (fojas 19-20), apercibidos que en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado, y mediante oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de doce de septiembre dos mil dieciocho (fojas 26-35), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a los terceros interesados *****, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y tomando en consideración que en auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 26-35), se desechó de plano la demanda en que se actúa, se estima inoficioso su emplazamiento a juicio, ya que a nada práctico conduciría, que la parte tercera interesada sea llamada, ante la notoriedad de la causa de improcedencia decretada, máxime que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. **** Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvase a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, zona 01, Tuxtla, con domicilio en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en original del toca **** y copia certificada del testimonio de apelación del juicio ordinario civil ****, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en virtud de que este juicio, se encuentra concluido. 4. Devolución de documentos. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte quejosa ***, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger el documento original consistente en primer testimonio de la escritura pública seis mil ciento ochenta (6180) pasado ante la fe del Notario Público número ciento ocho (108) del Estado de Chiapas, que se encuentra integrado a los presentes autos (fojas 19-20), apercibidos que en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado, y mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL AUTO DE DOCE DE SEPTIEMNRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de septiembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio suscrito por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el original y cinco copias de la demanda promovida por ***a través de***, contra actos de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad; así como el primer testimonio de la escritura pública seis mil ciento ochenta (6180) pasada ante la fe del Notario Público número ciento ocho (108) del Estado de Chiapas, dos constancias de notificación, emplazamiento a los terceros interesados ***, a través de su autorizado ***, informe justificado rendido por el Presidente de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, zona 01 Tuxtla, con domicilio en esta ciudad, original del toca *** *** y copia certificada del testimonio de apelación del juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad y la certificación de quince de agosto de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1120/2018-X. Lo anterior, por considerar que ese Tribunal carece de competencia para conocer en la vía directa de la demanda en cuestión y este juzgado se avoca al conocimiento de este asunto. Acúsese recibo.***DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. ." En primer término, cabe señalar que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que ***a través de***, señalan como acto reclamado en esta instancia constitucional, el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución dictada por la H. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, zona 01 uno Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el día 15 de junio de 2018 dos mil dieciocho dentro del recurso de apelación tramitado en el Toca número *** ***". Precisado lo anterior, este juzgador advierte que respecto a dicho acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Los artículos citados prevén la procedencia de la acción constitucional contra actos en juicio de imposible reparación, precisados como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto, es importante destacar lo que se entiende por derechos sustantivos y adjetivos. Los primeros son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República , a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Por su parte, los segundos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un acto de imposible reparación, contra el cual procede el amparo indirecto, es aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, que pueden ser la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso resolución favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, este juzgador determina que la resolución dictada el quince de junio de dos mil dieciocho, por el cual, la autoridad responsable confirmó la sentencia interlocutoria de veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el incidente de nulidad de actuaciones, dentro de los autos del expediente ***, relativo al juicio ordinario civil de rescisión de contrato, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del quejoso, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque el acuerdo reclamado confirma la resolución interlocutoria de veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, en que se analizó el emplazamiento a juicio de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete a los demandados; aquí quejosos, el cual se encuentra en trámite en etapa de pruebas, por lo que se estima constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. Lo anterior es así, pues el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, indica que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación; sin embargo, por similitud jurídica procesal, dicha disposición legal es también aplicable al caso concreto, cuando el acto reclamado lo constituye la sentencia interlocutoria de veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el incidente de nulidad de actuaciones, dentro de los autos del expediente ***, relativo al juicio ordinario civil de rescisión de contrato, que en suma, tiene que ver tácitamente con el emplazamiento a juicio, seguido ante su potestad, el cual, se reitera se encuentra en trámite, por tanto, puede acudir ante esa autoridad a aducir su defensa.***Máxime que la resolución emitida en el recurso de apelación contra la interlocutoria de veinte de febrero de dos mil dieciocho, determinó confirmar lo infundado de su promoción, al no acreditarse la ilegalidad del llamamiento a juicio, lo cual no le causa ningún perjuicio de imposible reparación en tanto que, el juicio se encuentra en trámite, por lo que puede acudir en su defensa; por tanto, el amparo indirecto en su contra es improcedente, ya que ese acto no trastoca derecho fundamental alguno; además, al no haberse dictado resolución definitiva, la quejosa aún tiene la posibilidad de obtener una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, e incluso, hacer valer las infracciones que considera le afectan en el acto que aquí reclama, como violaciones procesales, en el amparo directo que promueve contra la determinación que ponga fin al juicio. En efecto, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, se exige que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, los quejosos verán limitada el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, debe de acreditarse que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho, aun cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues se encuentra justificada esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer claro la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. De ahí, que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 1/2012, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro VI, tomo I, marzo de 2012, página 5, con registro 20060348, la cual dice lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. .". De igual forma, el criterio sustentado en la contradicción de tesis 20/20182, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con registro 2017849, de la siguiente literalidad: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. .". En efecto, la decisión reclamada no reviste las características de una violación de derechos sustantivos constitucionales, pues en todo caso podría vulnerar sólo derechos sustantivos, sin producir una afectación a derechos adjetivos, la cual en todo caso, puede ser combatida en contra de la resolución que se dicte en su contra. En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley en la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 30, tomo II, mayo de 2016, registro electrónico 2011580, del contenido literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. .". De igual forma, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, registro electrónico 180663, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. .". Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo III, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. .". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. .". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita. REPRESENTANTE COMÚN Por otra parte, de conformidad con el numeral 13 de la ley en la materia, se tiene como representante común de la parte quejosa a ***. TERCERO INTERESADO Ahora bien, de conformidad con el precepto 5, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se tienen como terceros interesados a ***y***Por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que haga de su conocimiento a través de quien legalmente los represente, en el domicilio ubicado en***, la radicación de este juicio y se apersonen al mismo si así conviene a sus intereses. Además, les requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la ley en la materia. Por otra parte, en relación al original del toca *** *** y copia certificada del testimonio de apelación del juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, déjese en la secretaría de este juzgado, y una vez que cause estado esta determinación, devuélvase las mismas a la autoridad responsable. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado; y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Rosadelhy Domínguez Serrano, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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