Isidro Córdova Domínguez
Expediente 1669/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 28 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1669/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Isidro Córdova Domínguez
- Isidro Córdova Domínguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el nueve de mayo de la presente anualidad en el presente juicio de amparo, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a José Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdova Domínguez; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Jueza de Control y Oralidad de la Región Judicial Seis en Comalcalco, Tabasco, con residencia en esta ciudad, un disco en formato DVD de audio y video que contiene el acta mínima de audiencia de orden de aprehensión que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la suspensión definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1669/2021-5, promovido por *********, contra actos del Juez de Control y Oralidad de la Región Judicial Seis en Comalcalco, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, José Manuel Córdova Domínguez y/o Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdova Domínguez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La orden de aprehensión, presentación y/o citación, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Control y Oralidad de la Región Judicial Seis en Comalcalco, Tabasco. Fiscal adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco. Fiscal adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Comalcalco, Tabasco. Policía de Investigación, adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco. Policía de Investigación, adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Comalcalco, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1669/2021-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama; La orden de aprehensión, presentación y/o citación, así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados por haberlos reconocido la Jueza Segunda de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, Tabasco, en el informe justificado, lo cual se corrobora con la copia certificada que remitió de la videograbación de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Asimismo, son ciertos los actos reclamados por haberlos aceptado el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Jefe de Grupo de la Policía de Investigación de la Unidad de la Policía de Investigación, ambos del Centro de Procuración de Justicia de Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". De igual forma, al haber aceptado los actos la autoridad ordenadora, se tienen por ciertos los reclamados al Fiscal y Policía de Investigación adscritos al Centro de Procuración de Justicia de Comalcalco, Tabasco, aun cuando los hayan negado en el informe justificado, pues tienen el carácter de ejecutoras, ya que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a dichas instituciones corresponde la investigación de los delitos. De donde se sigue que están facultadas para cumplimentar la ejecución de las órdenes de aprehensión solicitadas por la autoridad judicial; lo que se traduce en una ejecución material del cuerpo policiaco y jurídico del titular del Ministerio Público. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia VI.1º.P.J/42 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la página 913, Tomo XVII, abril de dos mil tres, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: AMPARO DIRECTO. LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA EJECUTORA, DEPENDE DE QUE LA ORDENADORA LA ADMITA Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO DE AQUÉLLA O DE LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, PUES NO RESULTA APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En la sustanciación del juicio de amparo directo, para determinar la certeza del acto reclamado a la autoridad ejecutora, es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio cuya ejecución se reclama, a pesar de que la referida autoridad ejecutora hubiera omitido rendir su informe, o rindiéndolo, hubiera negado su existencia, siempre y cuando esté entre sus facultades el cumplimiento de la misma. Lo anterior debido a que en los juicios de amparo directo sólo procede impugnar sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, así como su ejecución, en vía de consecuencia lógica jurídica y no por vicios propios, tal como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.". Esto es, ante la omisión del informe justificado de la autoridad señalada por el quejoso como ejecutora, ya sea porque no fue debidamente emplazada o porque habiéndolo sido no lo rindió, no puede presumirse cierto el acto a ella atribuido, conforme lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, debido a que éste sólo rige en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, al no poderse hacer una aplicación extensiva del mismo precepto, toda vez que la naturaleza del juicio uniinstancial es diversa a la de aquél, puesto que mientras en la vía directa los actos reclamados cuyo estudio se efectúa siempre deben ser reales y de existencia comprobada en autos, pues su análisis sólo puede hacerse mediante el examen de lo efectiva y expresamente expuesto por la responsable; y en estas condiciones, de concederse el amparo, la ordenadora siempre deberá emitir un nuevo fallo, que desde luego trasciende a las autoridades ejecutoras; en la indirecta, los actos de ejecución impugnados no siempre son reales, sino en ocasiones producto de una ficción jurídica, y en este último caso, en el supuesto de una concesión del amparo, fundada en la presunción del acto reclamado que sea inconstitucional en sí mismo, debe cumplirse con independencia de que efectivamente el acto sea existente, en razón de que para efectos única y exclusivamente del juicio de amparo sí lo es, tal como ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número CXXXIV, cuyo rubro es: SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO."; lo que en la vía directa de ninguna manera podría operar, dado que la calificación de la constitucionalidad del acto reclamado, invariablemente dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo. Por otro lado, y en el caso de que la responsable ejecutora al rendir su informe justificado hubiera negado la existencia del acto a ésta, también deberá tenerse por cierto, siempre que la ordenadora lo hubiera reconocido, y entre las funciones de la ejecutora esté el cumplimiento del referido acto, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de uno, tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, esto es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De la reproducción de la videograbación remitida por la jueza de control, se advierte que a las diez horas con quince minutos del veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno, se efectuó la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión, en la carpeta administrativa 291/2021. De dicha audiencia, se desprende que el agente del Ministerio Público, Manuel Antonio García López, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó orden de captura en contra de Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdova Domínguez, por los hechos que la ley señala como delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en el artículo 116 fracción IV, V y VII, 117, 123, fracción I, y de allanamiento de morada, previsto y sancionado en el numeral 162 último párrafo, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometidos en agravio de Carlos Alberto López Alcudia. Asimismo, se advierte que la juzgadora libró orden de aprehensión en contra de los aludidos investigados, por los hechos que la ley señala como delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116 fracción IV y VII, y 117, en relación al 121 y 123 fracción I; y de allanamiento de morada con violencia, previsto y sancionado en el numeral 162, párrafos primero y segundo, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometidos en agravio de Carlos Alberto López Alcudia. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. En términos generales, los impetrantes de amparo reclaman la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, adujeron que la jueza de control infringe lo dispuesto en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, formularon los conceptos de violación correspondiente, mismos que se omite transcribir en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, cabe establecer que sustancialmente refirieron que: No se les siguió juicio previo ante la autoridad judicial competente, en el que se haya cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, ni se fundó y motivó la causa legal del mismo; No se acredita la existencia del cuerpo del delito y su probable responsabilidad. Son infundados los aludidos motivos de inconformidad. En efecto, los quejosos aducen que se les privó de su derecho a ser oídos y vencidos en un procedimiento formal, antes de la emisión de la orden de aprehensión reclamada. No les asiste la razón. Es cierto que, conforme al artículo 14 constitucional, para que una persona pueda ser privada de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, debe mediar juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sin embargo, de acuerdo con el ordinal 16 de nuestra Carta Magna, puede librarse orden de aprehensión por la autoridad judicial, siempre que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En relación a ello, el numeral 141 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona, cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Asimismo, en el primer párrafo del artículo 143 del precitado ordenamiento jurídico, el legislador estableció que el juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía. En ese tenor, el sigilo que corresponde a una orden de aprehensión, hace improcedente otorgar a los indiciados el derecho fundamental de previa audiencia previsto en el numeral 14 constitucional. Ello porque, de acuerdo a lo verbalizado en la audiencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la jueza de control tuvo por justificada la necesidad de cautela, por considerar que hay peligro de sustracción de los investigados en cuestión, apoyándose para ello en lo expuesto por el fiscal, acerca de la conducta que desplegaron, respecto a la búsqueda que realizaron de la persona agraviada, en su lugar de trabajo y domicilio, así como la pena privativa de la libertad que correspondería a los delitos en cuestión y que amerita prisión preventiva oficiosa. Circunstancias que, estimó la juzgadora, pueden influir en el ánimo de los investigados, lo cual aumenta el riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Por tanto, se considera que el órgano jurisdiccional responsable no estaba obligado a otorgar a los ahora impetrantes de amparo, el derecho fundamental de previa audiencia, dada la necesidad de cautela y sigilo de tal mandamiento. Al respecto, sirve de apoyo la tesis XXXII.2 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, página 2409, con número de registro 2018230, del siguiente rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL POR EL SISTEMA INFORMÁTICO, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN QUE LO RIGEN, SI EXISTE NECESIDAD JUSTIFICADA DE CAUTELA. Los principios de oralidad e inmediación que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral, contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que todas las audiencias serán orales y deberán desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional y de las partes que deban intervenir en ellas, sin posibilidad de delegar a diversa persona la admisión, desahogo o valoración de pruebas, y la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Por su parte, los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión deben resolverse por el Juez de Control con la debida secrecía, inclusive, con el uso de sistemas informáticos, sin que para su dictado deba mediar la participación del interesado (audiencia oral), según puede inferirse de dichos preceptos. Por tanto, si el Juez de Control ordena la aprehensión del imputado por cualquier medio que garantice su autenticidad, como puede ser el sistema informático, cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, no transgrede los principios citados, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista cita previa u orden de comparecencia". Además, la orden de aprehensión constituye una medida excepcional para que la parte imputada sea conducida a la presencia del juez de control, pues, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es posible establecer que únicamente tiene vigencia desde que se libra y hasta que aquélla es puesta a disposición de la autoridad que la dictó, para dar paso a la audiencia inicial, en donde se llevará a cabo la formulación de imputación correspondiente, lo cual debe realizarse de manera inmediata, ya que una vez que es localizada la persona, debe dejarse a disposición del órgano jurisdiccional. Consecuentemente, la privación de la libertad deambulatoria sólo ocurre en el tiempo en el que el imputado es presentado a la audiencia inicial. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis XV.3o.2 P (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, página 2319, de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO". De ahí que, conforme a lo verbalizado en la audiencia relativa, al encontrarse justificada la necesidad de cautela, se surte una excepción a que se oiga a los inculpados previamente a la emisión de la orden de aprehensión y, por lo mismo, para que pueda ofrecer los datos de prueba que considere pertinentes. Además, su derecho a ser oídos y defenderse, constitucionalmente queda protegido una vez que se consiga su comparecencia ante la jueza de control. Lo anterior no impide ni limita el derecho de los inculpados, aquí quejosos, de aportar en la audiencia relativa todos los datos de prueba que estimen conducentes para su adecuada defensa. Máxime que, como se dijo, la naturaleza intrínseca de los mandamientos de captura, exigen el mayor sigilo para que no se evada su efectiva ejecución. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis IX.1º.33 P sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 1824, Tomo XX, septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del siguiente rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." En cuanto al argumento relacionado con la violación al principio de presunción de inocencia, tampoco le asiste la razón a la parte quejosa. Efectivamente, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal del país, la presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia, ordena a los jueces impedir, en la mayor medida posible, la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En el caso, la orden de aprehensión reclamada no presupone la culpabilidad de los imputados, ni por virtud del mismo se produce una anticipación de la pena respecto de los hechos que se les atribuyen; únicamente constituye la judicialización de la investigación que se les sigue, para lograr, como anteriormente se dijo, su comparecencia a la audiencia inicial, en la que tendrá lugar la formulación de la imputación y se resolverá su situación jurídica, previo debate, verbalización y, en su caso, desahogo de los medios de prueba que ofrezcan las partes. Por otra parte, es cierto que los órganos jurisdiccionales nacionales deben ejercer el control de convencionalidad de las normas. No obstante, en el caso resultaba innecesario que la autoridad responsable, previo a emitir su decisión, realizara un ejercicio de convencionalidad y acudir a los instrumentos internacionales, pues, además de que nuestra Carta Magna instituye en el artículo 16, párrafo tercero, la procedencia de la orden de aprehensión; el ordinal 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que el mandamiento de captura puede decretarse cuando se justifique la necesidad de cautela. Como se puede advertir, conforme al aludido precepto constitucional, puede librarse orden de aprehensión, cuando se cumplan las exigencias que el mismo establece, lo que, como se dijo, sólo constituye una restricción provisional a la libertad ambulatoria de los imputados. Por tanto, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, si bien, el primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos, cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. La interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, permite establecer que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material; circunstancia que no ha cambiado. Consideraciones que dieron origen a la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 202, con número de registro 2006224, de rubro "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL" De igual forma, no le asiste la razón a los impetrantes de amparo, respecto a que la determinación combatida infringe lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General de la República. En efecto, el aludido precepto constitucional, en lo que interesa, instituye: Artículo 16. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". Por su parte, los aludidos numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: Citatorio al imputado para la audiencia inicial; Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público". De los preceptos transcritos se puede deducir que, para librar una orden de aprehensión, se deben satisfacer las exigencias siguientes: Se exprese por escrito; Provenga de autoridad judicial competente; Preceda denuncia o querella; Se trate de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; Medie solicitud del Ministerio Público, en la que haga una relación de los hechos atribuidos sustentados en los registros correspondientes y en la que se expongan las razones por las que se considere que se actualizaron el delito, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa; Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; El juez emita su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en ella; y, Se encuentre fundada y motivada. A juicio de este juzgador, en la especie, están satisfechos los requisitos enunciados, como se expone a continuación. La orden de captura se exprese por escrito. Respecto de dicho requisito, ha sido criterio del Máximo Tribunal del país establecer que el proceso penal acusatorio y oral se rige por el artículo 20 constitucional; y si bien el diverso 16 prevé que los actos de molestia deben constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en una audiencia deba plasmarse en papel, sino que basta con que exista un registro (videograbación, como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones), para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 34/2017 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, página 125, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel". En ese tenor, si la responsable, como justificación a su informe, remitió la videograbación de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión realizada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta administrativa 291/2021, es inconcuso que cumplió con el requisito previsto en el numeral 16 constitucional. Provenga de autoridad judicial competente. Asimismo, la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente, como lo es la Jueza Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, Tabasco, quien se encuentra facultada para ello de conformidad con los numerales 20 fracción I y 133 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad federativa. Preceda denuncia o querella. La actuación de la autoridad responsable está precedida por denuncia formulada ante el órgano investigador por Carlos Alberto López Alcudia, de veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno. Asimismo, con la comparecencia del referido agraviado, de dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno. Se trate de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. De acuerdo con la resolución reclamada, la conducta que se reprocha a los ahora quejosos configura el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116 fracción IV y VII, y 117, en relación al 121 y 123 fracción I; y de allanamiento de morada con violencia, previsto y sancionado en el numeral 162, párrafos primero y segundo, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, los cuales disponen: Artículo 116. Al que cause a otro un daño en su salud se le impondrán: IV. De tres a cinco años de prisión, cuando las lesiones dejen cicatriz permanente y notable en la cara; VII. De tres a seis años de prisión, cuando pongan en peligro la vida, sin perjuicio de las penas que deban aplicarse conforme a las fracciones IV a VI. Artículo 117. Cuando las lesiones causen incapacidad de treinta días a un año para trabajar en el oficio, arte o profesión de la víctima, la pena se agravará con prisión de seis meses a tres años. Si la incapacidad para trabajar es de más de un año, la pena se agravará con prisión de tres a cinco años". Artículo 121. Al responsable de lesiones calificadas se le agravará la pena en una mitad más". Artículo 123. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando: I. El pasivo no tiene ocasión de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer.". Artículo 162. Al que sin consentimiento de la persona que legítimamente pueda otorgarlo, o mediante engaño, se introduzca en casa habitación o sus dependencias, o permanezca en ellas sin la anuencia de quien esté facultado para darla, se le aplicará prisión de seis meses a cuatro años. Si se empleare violencia, la pena se incrementará en una mitad más". Como se puede advertir, los hechos que se les atribuye a los investigados están sancionados con pena privativa de la libertad. Medie solicitud del Ministerio Público, en la que haga una relación de los hechos atribuidos, sustentados en los registros correspondientes y en la que se expongan las razones por las que se considere que se actualizaron el delito, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa. La orden de aprehensión se libró previa solicitud realizada por el fiscal, en la que expuso lo siguiente: En atención al artículo 16 Constitucional, con relación al 141 142 y 143 del Código Nacional de Procedimiento Penales, esta Fiscalía tiene a bien solicitar la conducción del investigado al proceso más bien dicho a los investigados Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, a través de una solicitud y obsequio de orden de aprehensión por parte de su Señoría. Tomando en consideración su señoría que se encuentra, a criterio de la Fiscalía, acreditado el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en el artículo 116 fracción IV, V, VII, 117, 123, fracción I, y también el delito de allanamiento de morada, previsto y sancionado en el artículo 162 último párrafo, dado que el mismo fue cometido con violencia, ambos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Carlos Alberto López Alcudia. En ese sentido su señoría existe un hecho que la fiscalía considere que se ha extraído en la parte medular lo cual consiste precisamente en que el veintitrés de octubre del año dos mi veintiuno, a las veinte horas (ocho) de la noche la víctima Carlos Alberto López Alcudia, se encontraba en su domicilio ubicado en la ranchería Miguel Hidalgo, Comalcalco, Tabasco, acompañado de su concubina Nelly Carrasco Osorio y su hijo César Augusto López Velázquez, ambos estaban, él y su concubina se encontraban estudiando un posgrado que lleva cada uno de estos, ya que la víctima es maestro de educación secundaria, ante ello escuchó la víctima que se rompieron los cristales de la ventana del corredor de su domicilio, por lo que en ese momento la víctima salió a ver de qué se trataba o quien rompía los cristales de su domicilio y fue que se percató de que se trataba de los investigados Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, personas a quienes conoce que son conflictivos y que siempre andan armados con machete, por lo que en ese momento observó que estas personas entraron al patio o al domicilio con una camioneta rompiendo el portón metálico, llegando hasta el corredor, en donde estaban tirando escombro a los cristales, por lo que en ese momento él procedió a reclamarle que porque le rompían los cristales a su domicilio, y fue en ese momento que el investigado precisamente Manuel Córdova Domínguez, quien portaba un machete se le fue encima a la víctima Carlos Alberto López Alcudia, tirándole a dar con el machete en su cabeza por lo que en ese momento la víctima metió su brazo para que no le diera en el rostro y fue que le alcanzó a dar con el filo del machete en el brazo izquierdo, a la altura del codo, causándole una herida que le llegó hasta los huesos y que en ese momento Isidro Córdoba Domínguez se le va encima ya que éste tenía un tubo en la frente, causándole una herida en la frente y que en ese momento él cayó al suelo, a lo que su esposa y su hijo trataron de intervenir para defenderlo, pero estas personas también amenazaron a su esposa y por tal motivo no pudieron intervenir; sin embargo su esposa empezó a gritar pidiendo auxilio en dicho domicilio, ya que como se encuentra cerrado, fue que al escuchar los investigados que su esposa gritaba pidiendo auxilio, éstos arrancaron el vehículo y se salieron nuevamente en el vehículo camioneta Cherokee color negra y fue que en ese momento la esposa de la víctima, acudió con un vehículo llevó a su esposo Carlos Alberto López Alcudia a una clínica particular, derivado precisamente de las lesiones graves que le ocasionó, ya que sangraba mucho de su codo izquierdo, la clínica particular del doctor Osorio de Comalcalco, Tabasco. La clasificación jurídica que se le hace su señoría, es los delitos de lesiones calificadas y allanamiento de morada con violencia, previsto y sancionado en los artículos 116 fracción IV, V, VII, 117, 123, fracción I y 162 último párrafo, del Código Penal del Estado, la forma de participación coautoría, la forma de comisión instantánea y el tipo de conducta de acción dolosa. Así su señoría las cosas, se tienen como dato de prueba lo siguiente: En primer lugar, tenemos su señoría, la declaración de la víctima de nombre Carlos Alberto López Alcudia, quien, entre otras cosas, manifestó que, efectivamente, el veintitrés de octubre del dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las ocho de la noche, se encontraba realizando estudios, tareas o estudios, ya que está llevando un posgrado en lo que el estudio de educación secundaria, por lo que en ese momento también se encontraba acompañada de su esposa Nelly Carrasco Osorio y César Augusto López Velázquez, que en ese momento ambos se encontraron en la recamara haciendo tareas, pues cuando escuchó la víctima que en la parte de afuera del corredor, golpes a los cristales de la ventana y fue que él salió a ver quién estaba dañando su domicilio, por lo que al salir su señoría, a la parte precisamente del corredor, pudo observar que quienes estaban en el domicilio era Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, los cuales éstos habían entrado en forma violenta en una camioneta marca Cherokee color negra y con lo cual habían abierto el portón, ya que se le aventaron encima el portón y lograron abrir ambas hojas del portón metálico, por lo que en ese momento, al ver que estaban dañando los cristales él les hizo el reclamo diciéndole que sí por qué le estaban dañando su domicilio y fue que en ese momento pudo darse cuenta que el investigado de nombre Manuel Córdova Domínguez cargaba un machete en su mano, y que éste señoría se le fue encima con el machete, no dando explicaciones de lo que le preguntaba el maestro y fue que le tiró a dar con el machete en la cabeza; sin embargo, la víctima, el profesor, se cubrió con su brazo lográndole dar precisamente en el brazo, a la altura del codo, luego, nuevamente el mismo investigado Manuel Córdova Domínguez, le tira a dar otro machetazo, a lo que también le dio casi cercano al mismo lugar; en ese momento Isidro Córdoba Domínguez, quien se hacía acompañar de un tubo, éste se le fue encima a la víctima y también le clavó un golpe, en lo que es a la altura de la frente, causándole una lesión lo que es en la parte de su frente, por lo que en ese momento su esposa y su hijo trataron de intervenir para defenderlo, pero éstas personas amenazaron a la señora y a su hijo que si se metían también le iban a dar a ellos y fue así que lo que hizo la señora fue que empezó a gritar pidiendo auxilio, ya que él tiraba demasiada sangre de la lesión que le habían ocasionado en el brazo izquierdo en el codo, y fue que éstas personas al ver que su esposa gritaba desesperadamente, optaron por ingresar a la camioneta en la cual andaban y se salieron inmediatamente del domicilio, aclarando el profesor que éstas personas de nombre Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, son personas que se dedican a delinquir, que siempre andan armados con machete, que son personas violentas, además de que agreden a las personas sin que les hagan daño o sin que los provoquen; posteriormente a ello, fue llevado a una clínica particular por parte de su esposa Nelly Carrasco Osorio y también su hijo, así como otra persona de nombre Octavio López, los cuales le amarraron la herida de manera provisional y lo trasladaron a la clínica particular de Comalcalco, del Doctor Osorio, en donde fue internado e intervenido quirúrgicamente su señoría. Observándose en las fijaciones fotográficas, la parte que le descolgaron prácticamente lo que es llegándole al hueso. Así también su Señoría, solicito se le de valor a esta entrevista, dado que proviene de manera directa de la víctima, la fecha es del veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, señoría Así también, su señoría se tiene como dato relevante lo que es la declaración del testigo de nombre Nelly Carrasco Osorio, la cual su señoría, en lo que nos interesa, manifestó que, efectivamente, el veintitrés de octubre del año dos mil veintiuno, se encontraba haciendo tarea, ya que se encuentra cursando un posgrado, en lo que es también la primaria; fue que en ese momento también su pareja se encontraba haciendo tarea, quien también se encuentra haciendo un posgrado de Secundaria, y fue que en ese momento se escuchó que estaban rompiendo unos cristales en la ventana, a lo que su esposo salió a ver quién le rompía, le dañaba los cristales de su ventana, y fue que salió y posteriormente atrás de él salió ella con el hijo de su esposo, es decir, su hijastro, de nombre César Augusto López Velázquez, y fue que en ese momento pudo observar que quienes estaban discutiendo con su esposo era precisamente Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, personas que son muy violentas y muy agresivas, y los cuales lesionan a las personas sin causa justificada; en ese momento pudo observar que Manuel Córdova Domínguez, con un machete, se le fue encima a su esposo Carlos Alberto López Alcudia, y le dio un machetazo a la altura del codo, y luego, posteriormente, le tiró otro machetazo, que también le dio en el mismo, cerca del mismo lugar, y que pudo observar que Isidro Córdoba Domínguez, cargaba un tubo, con el cual se le fue encima también a su esposo Carlos Alberto López Alcudia, y le dio con el tubo en la cabeza a la altura de la frente, en el centro de la frente; seguidamente, ella trató de ayudar a su esposo con su hijastro César Augusto López Velázquez, pero fue imposible, debido a que éstas personas se les fueron encima, diciéndole que si ellos se metían también les iban a dar, por lo que lo que hizo fue empezar a gritar pidiendo auxilio de lo que le estaban haciendo a su esposo, que al empezar a gritar, éstas personas arrancaron el vehículo, ya que éstas personas, refiere la testigo, entraron por el portón principal llegando hasta el corredor, ya que le aventaron la camioneta a dicho portón, pues se pudo ver que el portón presentaba daños en su parte principal para donde entraron, la forma en que entraron estas personas; que éstos se fueron en una camioneta negra Cherokee y ella procedió a llevar a su esposo Carlos Alberto López Alcudia, a una clínica particular, con su hijastro y otra persona que se encontraba ahí, que también es familiar cercano a su concubino; manifiesta la señora Nelly, que estas personas, refiere que ese mismo día que lesionaron a su esposo, ya habían ido a casa de su hermano buscando a su esposo, y que éste, como se lo negó, también lesionaron al hermano de su esposo, y que además, refiere de que estas personas han ido a la escuela donde trabaja su esposo, que es en Cárdenas, Tabasco, en donde lo han ido buscando estas personas, desconociendo el motivo por el cual han tratado de agredirlo. Así también, se tiene como dato de prueba relevante lo que es la declaración del testigo César Augusto López Velázquez, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la cual manifestó, aclarando su señoría que la entrevista de la testigo anteriormente mencionada, es del veintisiete de octubre y la declaración de César Augusto es del veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, y que, entre otras cosas, manifestó que efectivamente el día veintitrés de octubre del año dos mil veintiuno, a las ocho de la noche, se encontraba en el interior de su recámara, cuando escuchó que rompían los vidrios, que se desprendían los cristales y fue que él salió; al salir ya su papá Carlos Alberto López Alcudia ya se encontraba en la parte del corredor, discutiendo con unas personas, a los cuales conoce como Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, personas que son conocidos que viven en el mismo lugar y que, además, éstas personas son conflictivas, que siempre andan con machete en mano y que se dedican a robar, que al momento de que su papá les reclamaba que por qué le rompían los cristales y por qué habían entrado de esa forma, fue que pudo observar que Manuel Córdova Domínguez, con un machete que cargaba, se le fue encima a la víctima Carlos Alberto López Alcudia, dándole en el codo un machetazo con toda su fuerza, que le desprendió totalmente la piel, observándose en ese momento el hueso del codo, y que luego en ese momento le tiró a dar otro machetazo y le dio cercano también al mismo lugar; seguidamente, observó que Isidro Córdoba Domínguez, se le fue encima a la víctima con un tubo que cargaba, y le dio en la frente, ocasionándole una herida grande en su frente de la víctima, de su papá, por lo que él, al ver esta acción, trató de intervenir para defender a su papá con su madrastra Nelly Carrasco Osorio, y que estas personas le dijeron que mejor no se metieran porque si no también a ellos les iban a dar; ante esto, fue que su madrastra Nelly Carrasco Osorio empezó a gritar pidiendo auxilio a los vecinos, y que debido a esto, como sus madrastra gritaba, fue que estas personas decidieron retirarse en la camioneta color negra Cherokee, en donde entraron al domicilio de manera violenta, rompiendo el portón. Así las cosas, su señoría, se tiene también una inspección ocular, la cual fue realizada por el comandante o el jefe del grupo Mario Armando Escobar Acuña, en la cual se puede advertir, dentro de la inspección ocular, que se encuentra un portón metálico que se encuentra, a decir del policía, dañado en donde fue la parte donde ingresaron al domicilio, llegando hasta el corredor, los investigados Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, señalando dentro de esta inspección, pues, que tuvieron a la vista un predio que mide desde 80 metros, aproximadamente, por 60 metros, aproximadamente, y se encuentra un portón en la parte principal, así como también una barda de mampostería, y en donde también se puede apreciar que se encuentra la víctima señalando la parte frontal de las ventanas de herrería, de color blanco, con vidrios transparentes, el cual se encuentra dañado, en donde se aprecia la víctima señalando por donde entraron de manera violenta los investigados. Así también, su señoría, se tiene como dato de prueba una escritura pública, en donde la víctima Carlos Alberto López Alcudia, acredita ser el propietario del bien inmueble, escritura pública número 5976 pasada ante el Notario Público Número Uno, licenciado Aníbal Velázquez Somarriba, con la cual acredita la propiedad del domicilio ubicado en la ranchería Miguel Hidalgo de Comalcalco, Tabasco, hasta donde llegaron las personas su señoría. En ese mismo tenor su señoría, se tiene como dato de prueba relevante, lo que es el certificado médico emitido por el doctor Enrique Torres Frías, perito médico legista de la Fiscalía de Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, en donde determinó y exploró las lesiones que presentó la víctima Carlos Alberto López Alcudia, y el cual, su señoría, determinó que la víctima presentó una herida quirúrgica en brazo izquierdo de siete centímetros, con nueve puntos suturados, con inflamación en la región afectada; así también una herida en brazo izquierdo de cinco centímetros, con cinco puntos suturados, con inflamación en la región afectada; y también determinó que presenta una herida en el cráneo, región frontal, a la altura derecha, con seis puntos suturados; se realizó cirugía en la clínica Osorio el día veinticuatro del mes de octubre, para corregir la fractura del brazo izquierdo, localizándole clavo para corregir la fractura; señalando el galeno que la lesión son de las que tardan más de sesenta días, pero menos de noventa días, dejando una incapacidad de ochenta y cinco días, y que sí afecta órganos del sistema y sí pone en peligro la vida; además, señaló que la lesión dos, son de las que tardan en sanar más de treinta días, pero menos sesenta días, dejando una incapacidad de cincuenta y cinco días, no afectó órganos ni sistema y deja una cicatriz notable en cara. Así las cosas su señoría, se tiene en, luego entonces, también como dato relevante a la teoría del caso de la Fiscalía, un avalúo de daño que se realizó en el bien inmueble de la víctima Carlos Alberto López Alcudia, por el perito Gerardo Antonio de la Cruz Torres, de fecha seis de noviembre del año dos mil veintiuno, que pudo observar daños en lo que es cristales transparentes de medidas 60cmx1.20 metros de altura, que pertenecen a la ventana principal de la casa y la cual presentaba en su estructura, con un costo de $500.00 (quinientos pesos); así también pudo determinar el perito experto, daños en un portón de herrería color naranja, de dos hojas, el cual presenta daño en su estructura, teniendo una reparación, incluyendo material de $800.00 (ochocientos pesos). Indicio que solicitó se le dé también valor, dado de que se cuenta con este indicio. Así también su señoría, se tiene que la víctima compareció ante la fiscalía a las once horas del día veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, el cual manifestó que el motivo de su comparecencia, es para manifestar que le comentó su hermano Santiago López Alcudia, que antes que los acusados Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, fueran a su domicilio a meterse a lesionarlo con machete, ya lo habían lesionado a él, dado de que le pedían información sobre el maestro o sobre la víctima, y como él se negó también lo lesionaron y lo cual inició la carpeta 647/2021, en donde, pues, señaló que fue lesionado antes de que estas personas acudieran al domicilio del maestro; asimismo, manifestó la víctima, que solicita medida de protección en su trabajo, ya que el director de la escuela del Cecyte plantel 15, del poblado C-10 de Cárdenas, Tabasco, hasta dicha escuela han llegado estas personas, buscándolo dos personas, con las características que le proporcionó el director del Cecyte, corresponden precisamente a Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, que estas personas lo han ido buscando hasta dicha escuela, ya que actualmente él se encuentra incapacitado y no ha llegado a trabajar; además de que exhibió en esta misma comparecencia los talones de pago, con los cuales acredita ser profesor de educación secundaria y preparatoria; así también, exhibió una incapacidad médica por parte precisamente de la institución de la Secretaría de Educación Pública. Así las cosas su señoría, en cuanto a la probable participación, esta Fiscalía considera que se encuentra acreditada, debido a que el señalamiento que hace firme y contundente, tanto la víctima Carlos Alberto López Alcudia, así como los testigos Nelly Carrasco Osorio y César Augusto López Velázquez, se encuentra prejustificado, debido a que se trata precisamente de los investigados e incluso ha señalado de que viven en la misma comunidad y que estas personas fueron los que lo lesionaron; que no estamos hablando de una persona diversa, sino estamos hablando precisamente de los investigados. En cuanto a la necesidad de cautela su señoría, como usted ha escuchado en la comparecencia de la víctima, ha manifestado que tiene temor, que se gire una medida de protección hasta Cárdenas, dado de que tiene miedo que, al regresar a su trabajo, estas personas lo vuelven a agredir y quizás en esta ocasión sea de mayor transcendencia o de mayor magnitud las lesiones, incluso hasta dañar hasta perder su vida, porque de acuerdo a los hechos, las circunstancias que se dieron su señoría, se puede advertir que las personas andan buscando a la víctima, tal vez con la finalidad de volverlos a agredir, tan es así que, tal y como lo manifestó ante el principio la propia víctima, su hermano Santiago López Alcudia le comentó que antes de que fueran a lesionarlo a su domicilio, lo habían lesionado a él, ya que andaban preguntando por él y como él negó precisamente a su hermano, fue que también lo lesionaron, existiendo, pues, una carpeta, la número 647/2021, en donde también denunció dichos hechos. Así también su señoría, de acuerdo a lo señalado por los testigos, que estas personas siempre andan armadas y existe un riesgo inminente de que la víctima vuelva a ser agredida con las armas o con lo que carguen. Aunado a ello su señoría, la fiscalía considera que, de acuerdo a la magnitud y la forma en que se llevaron a cabo los hechos, el investigado Manuel Córdova Domínguez utilizó un machete, con el cual lesionó a la víctima en el codo, causándole una lesión grave, dejándole una secuela en su brazo izquierdo a la víctima, y obviamente se encuentra de acuerdo al 19 Constitucional, se encuentra un delito cometido con actos violentos que en un momento dado, si la fiscalía solicita una medida cautelar al momento de ser sometido al proceso, pues la idónea sería la prisión preventiva oficiosa su señoría, en contra de los dos, dado que el delito que cometieron precisamente es de manera en coautoría. Así también su señoría, puede existir un riesgo de sustracción dado de que se puede advertir, que con los delitos que se les solicita seguir la orden de aprehensión, y que será materia de formulación de imputación por los delitos de lesiones calificadas y allanamiento de morada con violencia, pues lleva emparejado una sumatoria de pena; aunado a ello de las fracciones que esta fiscalía está solicitando y puede existir también un riesgo de sustracción y, por ende, también un riesgo a la víctima, considera la fiscalía que es la idónea, conducir al investigado al proceso, que dado de una asesoría que puedan tener los investigados, pues, obviamente su señoría, serán asesorados de que no comparezcan a la audiencia porque, pues, la fiscalía en su momento solicitaría dicha medida de prisión preventiva oficiosa su señoría. Por lo tanto su señoría, es que solicito luego entonces, se giré la orden de aprehensión en contra de los investigados, haciéndole, para mayor precisión, que el investigado, en caso de ser obsequiado, Manuel Córdova Domínguez, cuenta con la edad aproximada de 38 años, estatura 1.70 de estatura aproximadamente, complexión robusto, tipo obeso, cabello semiondulado, negro, corte normal, tez moreno claro, frente mediana, cejas semi pobladas, ojos color café claro, nariz recta, base ancha, labios gruesos, orejas medianas, mentón oval, usa bigotes y barbas de candado, como seña particular tiene tatuaje en el brazo izquierdo pero no se sabe qué figura es y también esta persona en su mayoría viste bermuda y tiene su domicilio en la entrada a la cancha del panteón del mismo poblado Miguel Hidalgo, y que Isidro Córdoba Domínguez, es una persona que cuenta con edad 34 años aproximadamente, 1.80 de estatura, complexión mediana, cabello chino, corte normal, frente mediana, cejas abundantes, tez moreno claro, ojos cafés, nariz mediana, boca mediana, labios delgados, orejas medianas, mentón alargado, usa bigote y barba de candado, y no presenta seña particular y también vive en la ranchería Miguel Hidalgo, a la entrada de la cancha del municipio de Comalcalco Tabasco. A pregunta de la jueza de control, el fiscal precisó que la inspección fue realizada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno y el certificado médico es de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; asimismo reiteró las conclusiones establecidas en éste; y que la comparecencia posterior de la víctima es de diez de noviembre de dos mil veintiuno.". Como se advierte de lo expuesto anteriormente, se cumplieron las formalidades requeridas por los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el fiscal, al plantear la solicitud de orden de aprehensión, relató los hechos que se atribuyen a los indiciados, los cuales sustentó en los registros correspondientes y expuso las razones por las que consideró que se actualizaron las exigencias constitucionales y legales. Esto es, la representación social expuso a la juzgadora de primera instancia, en esencia, que "el veintitrés de octubre del año dos mi veintiuno, a las veinte horas (ocho) de la noche, la víctima Carlos Alberto López Alcudia, se encontraba en su domicilio ubicado en la ranchería Miguel Hidalgo, Comalcalco, Tabasco, acompañado de su concubina Nelly Carrasco Osorio y su hijo César Augusto López Velázquez, ambos estaban, él y su concubina se encontraban estudiando un posgrado que lleva cada uno de estos, ya que la víctima es maestro de educación secundaria, ante ello escuchó la víctima que se rompieron los cristales de la ventana del corredor de su domicilio, por lo que en ese momento la víctima salió a ver de qué se trataba o quien rompía los cristales de su domicilio y fue que se percató de que se trataba de los investigados Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, personas a quienes conoce que son conflictivos y que siempre andan armados con machete, por lo que en ese momento observó que estas personas entraron al patio o al domicilio con una camioneta rompiendo el portón metálico, llegando hasta el corredor, en donde estaban tirando escombro a los cristales, por lo que en ese momento él procedió a reclamarle que porque le rompían los cristales a su domicilio, y fue en ese momento que el investigado precisamente Manuel Córdova Domínguez, quien portaba un machete se le fue encima a la víctima Carlos Alberto López Alcudia, tirándole a dar con el machete en su cabeza por lo que en ese momento la víctima metió su brazo para que no le diera en el rostro y fue que le alcanzó a dar con el filo del machete en el brazo izquierdo, a la altura del codo, causándole una herida que le llegó hasta los hasta huesos y que en ese momento Isidro Córdoba Domínguez se le va encima ya que éste tenía un tubo en la frente, causándole una herida en la frente y que en ese momento él cayó al suelo, a lo que su esposa y su hijo trataron de intervenir para defenderlo, pero estas personas también amenazaron a su esposa y por tal motivo no pudieron intervenir; sin embargo su esposa empezó a gritar pidiendo auxilio en dicho domicilio, ya que como se encuentra cerrado, fue que al escuchar los investigados que su esposa gritaba pidiendo auxilio, éstos arrancaron el vehículo y se salieron nuevamente en el vehículo camioneta Cherokee color negra y fue que en ese momento la esposa de la víctima, acudió con un vehículo llevó a su esposo Carlos Alberto López Alcudia a una clínica particular, derivado precisamente de las lesiones graves que le ocasionó, ya que sangraba mucho de su codo izquierdo, la clínica particular del doctor Osorio de Comalcalco, Tabasco". Hechos que el fiscal consideró configuran el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116 fracción IV y VII, y 117, en relación al 121 y 123 fracción I; y de allanamiento de morada con violencia, previsto y sancionado en el numeral 162, párrafos primero y segundo, todos del Código Penal del Estado de Tabasco. De igual forma, estableció que el grado de ejecución del hecho fue instantáneo; la forma de intervención de los inculpados fue de coautoría; y la naturaleza de la conducta dolosa. Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Al respecto, es oportuno puntualizar que, en el nuevo sistema penal acusatorio, para el dictado de una orden de aprehensión no es necesario que en ese estadio procesal existan pruebas formalizadas, esto es, desaparece la figura de los elementos corpóreos del delito, sustituyéndolo por el requisito de que los datos de prueba establezcan el hecho que se imputa a una persona, el lugar, tiempo, circunstancias de ejecución y la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su ejecución. Datos que deberán verbalizarse al momento de la solicitud de la orden de aprehensión, pues el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es claro en establecer que el fiscal deberá hacer una relación precisa de los hechos atribuidos al indiciado, sustentada en los registros correspondientes. Es decir, para el dictado de una orden de aprehensión debe contarse con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley establece como delito y que existe la posibilidad de que el imputado lo realizó o participó en él. Al respecto, por analogía, es aplicable la jurisprudencia 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones ´comprobar´ por ´establecer´ y ´cuerpo del delito´ por ´hecho que la ley señala como delito´, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de ´pruebas´ ni se exige ´comprobar´ que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado ´cuerpo del delito´, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". También sirve de apoyo la tesis XV.3o.3 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, página 2320, de rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva." En el caso, para establecer que se ha realizado un hecho señalado por la ley como delito lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116 fracción IV y VII, y 117, en relación al 121 y 123 fracción I; y de allanamiento de morada con violencia, previsto y sancionado en el numeral 162, párrafos primero y segundo, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, el fiscal verbalizó los siguientes antecedentes de investigación: Querella por parte de Carlos Alberto López Alcudia, de veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, y comparecencia de dieciséis de noviembre siguiente; Entrevista de Nelly Carrasco Osorio, de veintisiete de octubre del dos mil veintiuno; Entrevista de César Augusto López Velázquez, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; La Inspección ocular del lugar de los hechos, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; La documental pública consistente en una escritura pública número 5976, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno, Aníbal Velázquez Somarriba; Un certificado médico de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, realizado por el doctor Enrique Torres Frías, en su carácter de perito oficial, dependiente de la Fiscalía General del Estado; y, Un avalúo de daños y costo comercial, de seis de noviembre de dos mil veintiuno, realizado por el perito valuador Gerardo Antonio de la Cruz Flores, de la Fiscalía General del Estado. Al respecto, expuso que de dichos registros se obtenían datos de prueba que le permitían establecer los hechos en cuestión, así como que, las lesiones provocadas a la víctima le produjeron una incapacidad para trabajar superior a 30 días, cicatriz notable en la cara y pusieron en peligro su vida; además que, sin su consentimiento y haciendo uso de violencia, los inculpados se introdujeron a su casa habitación. Para evidenciar la necesidad de cautela, el fiscal expuso que hay peligro de sustracción de los investigados, debido a la conducta que desplegaron, respecto a la búsqueda que realizaron de la persona agraviada, en su lugar de trabajo y domicilio, así como la pena privativa de la libertad que correspondería a los delitos en cuestión y que amerita prisión preventiva oficiosa. El juez emita su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en ella. Como se advierte de la audiencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, relacionada con la carpeta administrativa 291/2021, la jueza de control emitió la orden de aprehensión el mismo día en que le fue planteada. Se encuentre fundada y motivada. Este requisito se encuentra satisfecho, ya que la resolución reclamada se apoyó en las siguientes consideraciones y fundamentos: Tomando en consideración las manifestaciones vertidas por el fiscal en esta audiencia, se procede a resolver su petición. Tomando en consideración lo establecido en el artículo 16 constitucional, en su párrafo tercero, así como 141 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta autoridad es competente para resolver la petición planteada por parte del fiscal del Ministerio Público, en términos del artículo 20 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 16 constitucional establece cuales son los requisitos a satisfacer para efectos de emitir una orden de aprehensión; dentro de estos requisitos encontramos que debe de haber una denuncia o querella por un hecho que la ley señale como delito, que esté sancionado con pena privativa de libertad. Como cuarto requisito, establece que deben de existir datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido ese hecho que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Como quinto requisito, es necesario que se justifique la necesidad de cautela, comprendiendo esta como la única forma de conducir a los hoy investigados a un proceso. A criterio de quien hoy resuelve, en relación a los tres primeros requisitos, se encuentran debidamente cumplimentados o acreditados, tomando en consideración que el fiscal verbalizó en esta audiencia, que obra la denuncia interpuesta por Carlos Alberto López Alcudia, en su carácter de víctima. Asimismo al comparecer a denunciar, se querelló por hechos que el fiscal considera encuadran en lo establecido en los artículos 116 fracciones IV, V y VII, en relación al 117, 121 y 123 fracción I, así como lo establecido en el artículo 162 en su párrafo primero y segundo del Código Penal en vigor, mismos que efectivamente se encuentran sancionados con pena privativa de libertad, y que constituyen lo que son los delitos de lesiones calificadas y allanamiento de morada con violencia, encontrándose satisfechos estos requisitos. Ahora bien, en relación al cuarto de los requisitos, para efectos de establecer si este se acredita, es necesario realizar un análisis a los diversos datos de pruebas que el fiscal del Ministerio Público verbalizó, de los cuales se desprenden los siguientes hechos. El día veintitrés de octubre del año dos mil veintiuno, a las veinte horas, en el domicilio ubicado en la ranchería Miguel Hidalgo en Comalcalco, Tabasco, se encontraban la victima Carlos Alberto López Alcudia, acompañado de su esposa de nombre Nelly Carrasco Osorio y su hijo César Augusto López Velázquez; éste de pronto empezó a escuchar ruidos provenientes del exterior, ya que escuchaba como que rompían los cristales de su ventana, razón por la cual sale a ver y se percata que efectivamente se encontraban ahí Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, a quienes ubica y conoce refiriendo que son personas conflictivas, que estas personas habían entrado a su domicilio abordo de una camioneta, con la cual rompieron las hojas del portón de su domicilio, llegan hasta el corredor y es ahí en donde empiezan a tirar escombro a los cristales, propiciándole daños a los mismos; ante esta circunstancia él les reclama por qué realizaban tal acción, siendo precisamente Manuel Córdova Domínguez, quien en ese momento se le va encima con un machete en mano que portaba, el cual se lo dirige a su cabeza y al meter él el brazo en dos ocasiones diversas le causa lesiones, precisamente a la altura del codo de su brazo. De igual forma, en ese momento Isidro Córdoba Domínguez, quien portaba un tubo, se le va encima de su humanidad, dándole un golpe fuerte a la altura de la frente, causándole lesiones a dicha víctima; si bien es cierto, estaban presentes su esposa y su hijo, éstos no pueden intervenir, ya que los investigados los amenazan con causarles a ellos lesiones, en el caso de que lo hagan, circunstancia por la cual comienzan a gritar pidiendo auxilio, momento en el cual los agresores arrancan la unidad vehicular Cherokee, color negra, en la cual llegaron y se retiran de dicho lugar, para posteriormente darle el apoyo necesario al señor Carlos Alberto López Alcudia, a quien trasladaron a que le brindaran la atención médica necesaria. Para efectos de emitir esta resolución, se van a tomar en consideración los datos de prueba que fueron verbalizados por el fiscal en esta audiencia, entre ellos, la denuncia que presentara el señor Carlos Alberto López Alcudia, al momento de comparecer ante el fiscal del Ministerio Público, el veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno. Asimismo, la entrevista de Nelly Carrasco Osorio, la entrevista de César Augusto López Velázquez, testimonio del policía investigación Armando Escobar, persona que realizó la inspección ocular en el lugar de los hechos; asimismo la documental pública consistente en una escritura pública exhibida por el señor Carlos Alberto López Alcudia, un certificado médico realizado por parte del doctor Enrique Torres Frías, en su carácter de perito oficial dependiente de la Fiscalía General del Estado, un avalúo de daños y costo comercial, de igual forma, realizado por un perito evaluador de la Fiscalía General del Estado y una comparecencia por parte del señor Carlos Alberto López Alcudia, de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno. Datos que, al ser valorados de manera conjunta, armónica, libre y lógica, al tenor de lo que establecen los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como atendiendo a las reglas de la sana critica que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permiten establecer que queda sustentado, para el estándar probatorio exigible hasta este momento, que se realizó un hecho que actualiza las descripciones delictivas, relativas a que se le causó un daño en su salud a una persona por parte de otra, y que este daño le ocasionó lesiones de las establecidas, precisamente, en la fracción IV del artículo 116, es decir, como aquellas que dejan cicatriz permanente y notable en la cara, y además, que son lesiones que ponen en peligro la vida, sin que quede sustentado, hasta este momento, que dichas lesiones hayan ocasionado una disminución a las facultades o normal funcionamiento de órganos y sistemas, tomando en consideración que, si bien es cierto, el fiscal del Ministerio Público verbalizó un certificado médico emitido por el doctor, el perito oficial dependiente de la Fiscalía General del Estado, doctor Enrique Torres Frías, éste en sus conclusiones, únicamente refiere que sí afectan órganos y sistemas; no obstante, en momento alguno establece o precisa que estas lesiones disminuyan las facultades o el normal funcionamiento de órganos o miembros, razón por la cual la suscrita considera que, hasta este momento, no se encuentra acreditada esta hipótesis, con los datos de prueba que el fiscal del Ministerio Público verbalizó. Asimismo, se puede establecer que, con motivo de estas lesiones, le fue generado una incapacidad superior a 30 días, para trabajar, a la víctima de la conducta, y que, además, sin consentimiento del que era la persona legitimada para otorgarla, haciendo uso de violencia, se introdujeron a su casa habitación, lugar en el cual permanecieron sin anuencia de quien estaba facultado para darla. Por estas circunstancias, de igual forma, se tiene por establecido o se puede acreditar con estos datos de pruebas, que fueron probablemente Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, las personas que intervinieron de manera probable en estos hechos en forma directa en su carácter de coautores. Ello es así, puesto que queda acreditado, en primer término, con la denuncia que interpusiera Carlos Alberto López Alcudia, en fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno; fecha en la cual compareció ante el fiscal del Ministerio Público a poner del conocimiento los hechos que tuvieron verificativo el día veintitrés de octubre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas; fecha y hora en la cual se encontraba en su domicilio antes citado, acompañado de su esposa y de su hijo. Refiere la víctima, que él se encontraba realizando actividades propias de su profesión, ya que se encuentra estudiando un posgrado, y estaba realizando tareas al igual que su esposa e hijo, que se encontraban en sus recamaras; de manera repentina escuchó fuera de su domicilio, golpes a los cristales, por tal razón sale a ver qué es lo que estaba sucediendo, y advierte que los hoy investigados Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, habían entrado violentamente en una camioneta negra, tipo cherokee, hasta el corredor de su domicilio, que habían ingresado por el área del portón y que ambas hojas del portón presentaban daños; que en este momento la victima les refiere por qué estaban dañando su domicilio, y es precisamente Manuel Córdova Domínguez, la persona que portaba un machete, quien se le va encima e intenta darle en la cabeza, no obstante la víctima abre o sube el brazo, y es de esta manera que, la lesión que le propicia con el machete su agresor, fue precisamente en su codo; ante un segundo machetazo, le da de nueva cuenta a la misma altura en su humanidad, al señor Carlos Alberto López Alcudia; en ese momento, la otra persona, es decir, Isidro Córdoba Domínguez, quien portaba consigo un tubo, le dio un golpe en su frente, causándole una lesión de igual forma en esta área de su humanidad; su esposa y su hijo no pudieron intervenir, toda vez que los agresores amenazaban con que, si ellos intervenían, les iban a ocasionar también daños, razón por la cual únicamente gritan pidiendo auxilio, y es el momento en que sus agresores se suben a la camioneta y se retiran del interior de su domicilio, hasta donde ingresaron de manera violenta; que estas personas las conoce, que sabe que son personas agresivas, que se dedican a delinquir, que suelen andar armadas y que es costumbre que agredan sin motivo alguno; que una vez que le causan estas lesiones, su esposa lo lleva a una clínica particular y posteriormente lo intervienen de manera quirúrgica. A este dato de prueba, la suscrita le confiere valor de indicio eficiente, puesto que proviene de la persona que resintió el daño en el bien jurídico tutelado por la norma, que es la salud, estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual tuvieron verificativo los hechos. Siendo evidente que, al momento de comparecer ante el fiscal del Ministerio Público, a poner de su conocimiento estos hechos, muestra su disconformidad, su descontento, respecto a estos hechos que tuvieron verificativo en su perjuicio, estableciendo, además, la forma en que le fueron ocasionadas las lesiones que presentó en su humanidad, y que de manera posterior le fueron valoradas o analizadas por un perito médico oficial. Aunado a ello, a través de su testimonio, se puede advertir que conoce a las personas que lo agreden, puesto que refiere que son vecinos de la comunidad e incluso establece que son personas que suelen ser agresivas. Asimismo, con esta declaración, se puede establecer de acuerdo a la mecánica de los hechos, que en todo momento fue superado por el número de personas, así como por las armas que estas portaban, toda vez que se advierte que el mismo, al escuchar ruidos, a las afueras de su domicilio, sale a verificar qué era lo que estaba sucediendo y es el momento en que se encuentra con dos personas causando daños a su domicilio, momento en el cual, al preguntarles que por qué causaban estos daños de manera intempestiva y sorpresiva, sin darle ocasión de defenderse y evitar el mal que querían realizarle, se le van encima de su humanidad con el machete y el tubo que portaban, causándoles las lesiones que le ocasionaron en su humanidad. Este dato de prueba no resulta ser un dato de prueba aislado, puesto que se entrelaza y corrobora con lo depuesto por Nelly Carrasco Osorio, así como César Augusto López Velázquez; la primera de ellas, en fecha veintisiete de octubre del dos mil veintiuno, y el segundo el veintiséis de octubre del mismo año, quienes al comparecer ante el fiscal del Ministerio Público, en esencia, fueron acordes en establecer que el día veintitrés de octubre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las ocho de la noche, se encontraban en el domicilio, de la víctima, en la cual cohabitan, ubicada en la ranchería Miguel Hidalgo de Comalcalco, Tabasco, estableciendo de manera similar, que una es la esposa y el otro es el hijo del señor Carlos Alberto López Alcudia, y que de manera repentina empezaron a escuchar ruido, como que rompían cristales al exterior, que salen a ver y que se dan cuenta o advierten que ya el señor Carlos Alberto López Alcudia discutía con Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, que salieron tras de él y es por esta circunstancia que logran observar, precisamente, el momento en que Manuel Córdova Domínguez se le va encima de su humanidad al señor Carlos Alberto López Alcudia, con un machete que portaba. Siendo los dos firmes en referir, que logran percibir que son dos machetazos que Manuel Córdova le da en su humanidad al señor Carlos Alberto, mientras que Isidro Córdoba, con un tubo, le da fuertemente a la altura de la frente al señor Carlos Alberto López Alcudia, superándolo, reitero, en todo momento en número de personas y en relación a las armas que estos portaban, puesto que ninguno de los testigos refiere en momento alguno que el señor Carlos Alberto López, hubiese portado consigo algún objeto que le permitiera estar en igualdad e incluso en superioridad de condiciones, respecto de sus agresores, y de esta manera poder repeler el daño que le causan en su humanidad. Refieren también estos testigos, que estas personas impidieron que le prestaran auxilio al señor Carlos Alberto López Alcudia, ya que comenzaron a amenazarlos que, si intervenían, también a ellos les iban a causar lesiones; que son testigos también, que estas personas ingresaron por el portón principal del domicilio en el cual habitan, a bordo de una camioneta negra tipo cherokee, que es la misma unidad en la cual, una vez que causan las lesiones al señor Carlos Alberto, se retiran de dicho lugar; que posterior a estas circunstancias, le prestan ayuda al señor Carlos Alberto López Alcudia. Refiriendo la señora Nelly Carrasco Osorio, que tiene conocimiento que antes de que fueran a buscar a su esposo y le causaran las lesiones que presentó en su humanidad, tiene conocimiento y sabe que ya habían ido a buscar al hermano de su esposo, quien les negó a darles información alguna y que por tal circunstancia también a él le ocasionaron lesiones. Aunado a ello, refiere dicha testigo que ignora cuál es la circunstancia le llegaron a agredir a su esposo. Asimismo, ambos testigos fueron firmes y declararon en circunstancias similares, en referir que ambos conocen a los agresores de su esposo, y que saben también que son personas violentas, que suelen andar armadas, y que son personas problemáticas o conflictivas. De ahí que, la suscrita, a estos datos de prueba les confiera valor de indicio eficiente, puesto que permiten corroborar las manifestaciones vertidas por el señor Carlos Alberto López Alcudia, respecto a la forma en que le fueron ocasionadas las lesiones en su humanidad. Aunado a ello, es viable establecer que son personas facultadas para efectos de comparecer ante el fiscal del Ministerio Público, y en relación a los hechos que ponen de conocimiento, se puede advertir que justifican las razones por las cuales ellos se encontraban en ese lugar, a la hora y fecha en la cual tuvieron verificativo los hechos; por su parte, una establece que es la esposa y el otro que es el hijo del señor Carlos Alberto López Alcudia, que cohabitan en el mismo domicilio y que por tal circunstancia estuvieron en posibilidades de advertir el momento preciso en el cual tuvieron verificativo estos hechos, respecto a los cuales deponen. Asimismo, no pasa por inadvertido que obra también el certificado médico que le fue realizado al señor Carlos Alberto López Alcudia, en su humanidad, emitido por un perito oficial, el doctor Enrique Torres Frías, en fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, quien al realizarle una exploración a su humanidad, establece que le encuentra tres heridas, una de ellas una herida quirúrgica en el brazo izquierdo, de siete centímetros con nueve puntos; una herida más en el brazo izquierdo, con siete puntos de siete centímetros, con cinco puntos; y una tercera lesión ubicada en el cráneo, región frontal, lado derecho, con seis puntos suturados, y establece también dicho perito que tuvo una cirugía el día veinticuatro de octubre del año dos mil veintiuno, a efectos de corregir la fractura del brazo izquierdo, localizando un clavo para que se pueda llevar a cabo tal corrección. Concluye el galeno antes citado, que la lesión, una es aquella que tarda en sanar más de 60 y menos de 90 días, con una incapacidad de ochenta y cinco días, que se afecta, que si afecta órganos y sistemas y que si ponen en peligro la vida. En relación a las lesiones dos y tres, establece que tardan en sanar más de treinta y menos de sesenta días, con una incapacidad de sesenta y cinco, dejando una cicatriz notable en cara. De ahí que, se pueda establecer con este certificado médico, realizado por un perito oficial, que la manifestación realizada por Carlos Alberto López Alcudia, acorde a la mecánica de los hechos, corresponde a las lesiones que le fueron localizadas en su humanidad por parte del perito médico oficial, pudiéndose establecer válidamente que estas lesiones son precisamente las que le ocasionaron los hoy investigados en la forma que el señor Carlos Alberto López Alcudia refiere, puesto que, aunado a que, la mecánica de los hechos corresponde a las lesiones que le fueron advertidas, no deben inadvertirse que la fecha en que le realizaron tal valoración médica, fue tan solo a dos días en que tuvieron verificativo los hechos por los cuales compareció a denunciar. Por tales circunstancias, la suscrita le confiere valor de indicio eficiente a este dato de prueba, ya que proviene de un perito oficial en ejercicio de sus funciones, quien, acorde a su experticia, conocimiento científico y diversas técnicas aplicadas, arriba a la conclusión que finalmente plasma en su dictamen, pudiéndose establecer, de igual forma, el tipo de lesiones que le fueron causadas y que acorde a lo que quedó establecido al principio de esta resolución, se pueden clasificar como aquellas lesiones establecidas en la fracción IV, por dejar una cicatriz permanente y notable en la cara, y fracción VII del artículo 116, del Código Penal, ya que, además, ponen en peligro la vida del señor Carlos Alberto López Alcudia. Aunado a estos datos de prueba, el fiscal del Ministerio Público también verbalizo la inspección ocular en el lugar de los hechos, realizada por parte de un policía de investigación, en el cual refiere haberse constituido hasta el domicilio en el cual habita el señor Carlos Alberto, y que fue el mismo en el cual tuvieron verificativo los hechos, estableciéndose en esencia la existencia física y real del lugar en el cual tienen verificativo los mismos. Pero aunado a ello, con esta inspección ocular, a efectos de corroborar lo manifestado por la víctima y sus testigos, se puede establecer que el policía de investigación, al constituirse en este domicilio, estableció que efectivamente advirtió daños en un portón metálico que, a referencias de quien le señala el lugar, es el lugar por donde entraron hasta el corredor los hoy investigados, haciendo una descripción del domicilio y del terreno en el cual éste se encuentra constituido. Asimismo, a efectos de aunar estas circunstancias, no pasa por inadvertido que el fiscal verbalizó un avalúo de daños y costo comercial, realizado por un perito oficial en fecha seis de noviembre del año dos mil veintiuno, por parte del perito Gerardo Antonio de la Cruz Flores, en el cual, en esencia, establece o se pronuncia en relación al costo de los daños que fueron encontrados en la casa habitación, advirtiendo que, en relación a los daños ocasionados a los cristales, estos ascienden a un costo de quinientos pesos, y en relación a los daños ocasionados al portón, estos ascienden a un costo de ochocientos pesos; siendo conteste en referir que estas áreas del domicilio presentan daños en su estructura; que de igual forma, acorde a la mecánica de los hechos que fueron manifestados por la víctima y sus testigos, se pueden válidamente colegir que fueron los daños que ocasionaron precisamente Manuel Córdova e Isidro Córdoba, al momento de ingresar de manera violenta al domicilio. Por tal circunstancia, con estos datos de prueba, es decir, el testimonio de la víctima y de los testigos ya citados, aunado a este dato consistente en este avalúo de daños y la inspección ocular, se puede establecer que, efectivamente, pudieron haber ingresado los hoy investigados, de manera violenta, al domicilio del señor Carlos Alberto López Alcudia, persona que, cabe establecer, era la persona legitimada para efectos de otorgar su consentimiento, de que estas personas pudieran introducirse hasta su casa habitación y permanecer en ella, en este caso sin su anuencia en ella, y esto se toma como base, precisamente, para establecerlo, la documental pública que verbalizó el fiscal del Ministerio Público, consistente en una escritura exhibida por el señor Carlos Alberto López Alcudia, con la cual acredita ser precisamente el propietario de este bien inmueble. Refiere el fiscal, que esta documental con número 5976, fue expedida por el Notario Público Número Uno, y hace alusión al domicilio ubicado en la ranchería Miguel Hidalgo, en Comalcalco, Tabasco. De ahí que, se pueda establecer, reitero, que era precisamente el señor Carlos Alberto López Alcudia, la persona facultada para efectos de dar esa anuencia o su consentimiento para que ingresaran Manuel e Isidro Córdoba Domínguez o terceras personas. De ahí que, la suscrita considere que estos datos de prueba ya valorados, resulten suficientes para construir un indicio razonable de ese hecho y que, a juicio de quien hoy resuelve, sí tiene el carácter de ilícito, y lo es justamente bajo la clasificación jurídica legal al principio de esta resolución, que lo es el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 116 en sus fracciones IV y VII en relación al 117, 121 y 123, fracción I, que lo es el delito de lesiones calificadas, así como el delito de allanamiento de morada con violencia, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 162 en su párrafo primero y segundo. En cuanto a la probabilidad de que haya sido Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, quienes lo cometieron como coautores, de forma dolosa, con un grado de consumación instantánea, se advierte que el fiscal verbalizó antecedentes suficientes para tener por válida esta circunstancia, tomando en consideración que verbalizó el dato de prueba consistente en lo señalado por Carlos Alberto López Alcudia, en su carácter de víctima, así como sus testigos Nelly Carrasco Osorio y César Augusto López Velázquez, los cuales fueron firmes y coincidentes al establecer que las personas que ingresaron de manera violenta el día veintitrés de octubre del año dos mil veintiuno, a las veinte horas, fueron precisamente Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, y que una vez que estuvieron al interior de este domicilio, le ocasionaron daños en su salud al señor Carlos Alberto López Alcudia, puesto que establecen que fueron estas personas las que con machete y tubo le causaron las lesiones que presentó en su humanidad, y que, como ya quedó establecido, de manera posterior le fueron valoradas por un perito médico oficial. Estableciéndose con estas deposiciones, que estas personas refieren que conocen a los agresores, ya que son vecinos de la misma comunidad, e incluso refieren que son personas agresivas, que siempre andan armadas, que se dedican a delinquir y que suelen agredir sin motivo alguno a las personas. Por estas circunstancias, quien hoy resuelve considera que el fiscal verbalizó antecedentes suficientes para tener por cierto este señalamiento, sin que se pueda establecer, hasta este momento, que existe algún motivo para establecer que sus deposiciones son falsas o estén motivadas por algún tipo de animadversión en contra de Manuel e Isidro Córdoba Domínguez. Finalmente, en relación a la necesidad de cautela, como quinto requisito que establece el artículo 16 constitucional, la suscrita considera que también se encuentra acreditada, tomando en consideración, en esencia, en los datos de prueba que el fiscal del ministerio público verbalizó, entre ellos, la comparecencia del señor Carlos Alberto López Alcudia, de fecha diez de noviembre del año dos mil veintiuno, que se encuentra precisamente relacionada con lo depuesto por Nelly Carrasco Osorio, el día veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno. Pues, en esencia, establecen que, previo a que hubiese ido agredir al señor Carlos Alberto López Alcudia, hasta su domicilio, estas personas habían ido a buscarlo a casa de su hermano, es decir, se puede establecer que estaban realizando diversas actividades de búsqueda, a efectos de localizarlo, ubicarlo y causarle el daño que finalmente le ocasionaron en su humanidad; que ante la negativa del hermano del señor Carlos Alberto, de proporcionarles información respecto a éste, estas personas también lo lesionaron a él, que por tal circunstancia existe una demanda o una denuncia diversa, respecto la cual se está integrando una carpeta de investigación en contra de Manuel e Isidro Córdoba Domínguez. Con este dato de prueba se puede establecer que, efectivamente, son personas violentas o agresivas, se dedican a andar delinquiendo y, en tal circunstancia, tomando en consideración que la otra persona lesionada se trata de Carlos Alberto y que la lesionaron tratando precisamente de ubicar a la víctima en este proceso, se puede establecer que existe un riesgo para la seguridad de la víctima para su integridad, respecto a que estas personas puedan continuar buscándolo, lo encuentren y le ocasionen lesiones mayores e incluso un daño mayor e irreparable. En esa tesitura, se puede establecer también que, acorde a lo que manifestó el fiscal, dentro de esta labor de búsqueda que sus agresores han realizado, se han atrevido a ir incluso hasta su centro de trabajo, ya que así lo establece la víctima, quien al tener comunicación con el director, del plantel en el cual éste labora le refirió que estas personas lo han llegado a buscar, que le han proporcionado las características y que coinciden con las características físicas de sus agresores. De ahí que se puede establecer, conforme al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que existe un riesgo para la víctima. Asimismo, acorde a lo establecido en el artículo 168 fracción II, tomando en consideración el máximo de la pena, se puede establecer que existe un peligro de sustracción. Aunado a ello, sin prejuzgar, en su caso, la medida cautelar a imponer, como lo ha referido el fiscal, sería la prisión preventiva oficiosa, conforme a lo establece el artículo 19 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo cual válidamente se puede establecer que, de citarlos, no comparecerían de manera voluntaria ante esta autoridad, pues con la debida asesoría podrían establecer que estos quedarían privados de su libertad. Por tales circunstancias, la suscrita en esta fecha emite la orden de aprehensión en contra de Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, mismos que se encuentran relacionados con la carpeta 291/2021, que nos ocupa, por el delito de lesiones calificadas, previstas y sancionadas, sin prejuzgar, en las fracciones IV y VII de los artículos 116, 117, en relación al 121 y 123, fracción I del Código Penal, así como en el artículo 162, en su párrafo primero y segundo, relativo al delito de allanamiento de morada con violencia, cometidos ambos en agravio de Carlos Alberto López Alcudia, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar aquí narrados.": De acuerdo con lo expuesto, como se dijo, el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado, ya que la juzgadora verificó el cumplimiento de las exigencias previstas en los artículos 16 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se evidenció anteriormente. Al respecto, se apoyó en las disposiciones jurídicas aplicables al caso, y expuso las consideraciones por las que estimó que los datos de prueba verbalizados por la representación social resultaban aptos y suficientes para revelar que se realizaron los hechos señalados por la ley como delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116 fracción IV y VII, y 117, en relación al 121 y 123 fracción I; y de allanamiento de morada con violencia, previsto y sancionado en el numeral 162, párrafos primero y segundo, todos del Código Penal del Estado de Tabasco; así como que probablemente los investigados, ahora quejosos, los cometieron o participaron en su ejecución. Lo cual es jurídicamente correcto, porque de los aludidos datos de prueba, efectivamente se puede deducir que el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, a las veinte horas, en el domicilio ubicado en la ranchería Miguel Hidalgo en Comalcalco, Tabasco, se encontraban la víctima Carlos Alberto López Alcudia, acompañado de su esposa de nombre Nelly Carrasco Osorio y su hijo César Augusto López Velázquez; cuando de pronto empezó a escuchar ruidos provenientes del exterior, ya que escuchaba como que rompían los cristales de su ventana, razón por la cual salió a ver y se percató que se encontraban ahí Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdoba Domínguez, a quienes ubica y conoce, refiriendo que son personas conflictivas, que estas personas habían entrado a su domicilio abordo de una camioneta, con la cual rompieron las hojas del portón de su domicilio, llegando hasta el corredor y es ahí en donde empiezan a tirar escombro a los cristales, propiciándole daños a los mismos; ante esta circunstancia él (la víctima) les reclama por qué realizaban tal acción, siendo precisamente Manuel Córdova Domínguez, quien en ese momento se le va encima con un machete en mano que portaba, el cual se lo dirige a su cabeza y al meter el brazo en dos ocasiones diversas le causa lesiones, precisamente a la altura del codo de su brazo. En ese momento Isidro Córdoba Domínguez, quien portaba un tubo, se le va encima de su humanidad, dándole un golpe fuerte a la altura de la frente, causándole lesiones a dicha víctima, sin que su esposa e hijo pudieran intervenir, ya que los investigados los amenazaron con causarles lesiones, en el caso de que lo hicieran. Por lo que, en la resolución reclamada se estableció que los aludidos hechos están señalados por la ley como delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 116 fracción IV y VII, y 117, en relación al 121 y 123 fracción I; y de allanamiento de morada con violencia, previsto y sancionado en el numeral 162, párrafos primero y segundo, todos del Código Penal del Estado de Tabasco. Asimismo, los referidos datos de prueba hacen probable la participación de los imputados Manuel Córdova Domínguez e Isidro Córdova Domínguez, en la comisión de los hechos investigados, particularmente porque tanto el agraviado como los testigos los señalaron de manera directa y expusieron las razones por las cuales los identifican (son vecinos de la misma comunicada en la que residen los declarantes). Aunado a lo expuesto, es jurídicamente válida la decisión de tener por justificada la necesidad de cautela, ya que el fiscal expuso que hay peligro de sustracción de los investigados, debido a la conducta que desplegaron, respecto a la búsqueda que realizaron de la persona agraviada, en su lugar de trabajo y domicilio, así como la pena privativa de la libertad que correspondería a los delitos en cuestión y que amerita prisión preventiva oficiosa. Por lo que esta juzgadora considera que la orden de aprehensión reclamada, satisface los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional. Si bien, por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del principio pro homine o pro persona, no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. En las relatadas circunstancias, se niega a los impetrantes el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando SEXTO de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta resolución, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el tercero interesado Carlos Alberto López Alcudia, con el cual se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo. Asimismo, téngasele señalando como domicilio, para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal, la lista fijada en los estrados que se publican en este Juzgado, en términos del artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; y como autorizado a Eliud Alcocer Martínez, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud, de que éste no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación al domicilio designado por la parte quejosa, se cita la jurisprudencia con registro 169843, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, de Abril de 2008, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Asimismo, a manera de ejemplo la tesis aislada con registro 217777, publicada en la página 340, de Diciembre de 1992, Tomo X, de Diciembre de 1992, cuyo rubro dice: "NOTIFICACION POR ESTRADOS. SURTEN EFECTOS AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, CUANDO ES SEÑALADO POR EL INTERESADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON)". Finalmente, en relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que dichos medios carecen de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. Notifíquese.
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