Isidro Arellano Gómez

Expediente 687/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
687/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Isidro Arellano Gómez

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Isidro Arellano Gómez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, la copia certificada del expediente laboral 158/2004, que remitió en apoyo a su informe justificado, los cuales obran por cuerda separada en tres tomos. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 9 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 687/2020-9, promovido por Isidro Arellano Gómez contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de agosto de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el mismo día y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Isidro Arellano Gómez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detalla: A C T O R E C L A M A D O "(.) auto de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, dentro del expediente 158/2004, relativo al Juicio Laboral promovido por el suscrito quejoso Isidro Arellano Gómez, en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco" [sic] A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciocho de agosto dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 687/2020-9; se requirió a la autoridad señalada como responsables para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de cuatro de marzo de marzo de dos mil veinte, relativo a la actualización de los salarios caídos y demás prestaciones, dictado en el juicio laboral 158/2004, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado y remitió la copia certificada del juicio laboral 158/2004, de su índice. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el Magistrado Presidente del tribunal responsable manifestó que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en los artículos 61, 62 y 63 de la ley de la materia; sin embargo, no expresó argumentos tendentes a justificar cuál hipótesis normativa se actualizaba y las razones que sustentan su afirmación. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 142/2006, definió criterio en el sentido de que, si bien el estudio de las causas de improcedencia es oficioso, cuando una de las partes invoca alguna sin exponer razones para sustentar su afirmación, el juzgador de amparo no está obligado, por regla general, a analizarlo, salvo que se trate de una cuestión de obvia y objetiva constatación, lo que no ocurre en la especie, por tanto, no se impone su análisis. El aludido criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, de octubre de 2006, página 365, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN". QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión de asunto, a manera de antecedentes del acto reclamado, se señala lo siguiente: 1.- Mediante laudo de veinticuatro de enero de dos mil doce, dictado en el juicio laboral 158/2004, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, condenó al Ayuntamiento de Jalpa de Méndez de la referida entidad federativa, a la reinstalación de Isidro Arellano Gómez, con la categoría de Inspector en la Dirección de Finanzas Municipal y al pago de diversas prestaciones (fojas identificadas con los folios 76 a 100 del tomo I de pruebas). El laudo reclamado comprende, entre otros, los considerandos y puntos resolutivos que a continuación se transcriben: " A). La actora reclama en la prestación incisos e y d) vacaciones, prima vacacional y aguinaldo durante todo el tiempo que trabajó al servicio de la parte demandada, con los incrementos salariales por todo el tiempo que dure el juicio laboral. Al respectó cabe decirse, que de acuerdo a lo que establece el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, es a la demandada, a quien le corresponde probar haber realizado oportunamente los pagos de referencia, advirtiéndose de autos del expediente y haciendo un estudio minucioso de las pruebas aportadas por la patronal: LA CONFESIONAL del actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, celebrada a las trece horas del día trece de junio de dos mil seis (f. 59) misma que no le beneficia de forma alguna, ya que contestó en sentido negativo a las posiciones formuladas; DOCUMENTAL PRIVADA consistente en tres oficios con números de folios 65, 68 y 775 de fechas 15 de enero de 2003, 15 de enero de 2002 y 16 de enero de 2001 (fs. 20-22), INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES y la PRESUNCIONAL que en nada le benefician para acreditar los pagos de referencia, por lo tanto y en virtud de que la demandada no acreditó la carga procesal impuesta, esta autoridad laboral con fundamento en el artículo 117 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado determina condenar al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, a pagar al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ $4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) por concepto de aguinaldo por el último año laborado (2003) de conformidad en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, hasta aquél en que sea material o físicamente reinstalado. Cantidad que resulta de multiplicar 40 días por el salario diario del hoy actor $120.00 que da como resultado: $4,800.00. Asimismo, condenar al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, a pagar al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ $1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS) por concepto de prima vacacional, por el último año laborado, hasta aquél en que sea material o físicamente reinstalado, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y con apoyo en la siguiente jurisprudencia 2a./J, 82/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, julio de 1999, materia laboral, novena época, que es del tenor siguiente: "PRIMA VACACIONAL. PROCEDE SU PAGO A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, AUN CUANDO NO HAGAN USO DEL PERIODO VACACIONAL, SI ESTO OCURRE POR CAUSAS IMPUTABLES AL PATRÓN. Tomando en consideración que conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 40, tercer párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el derecho de los trabajadores para disfrutar de vacaciones se adquiere cuando han prestado sus servicios de manera consecutiva durante un periodo superior a los seis meses, esto es, cuando se han satisfecho los requisitos al efecto legalmente establecidos, el servidor tiene derecho a no prestar el servicio en el periodo vacacional en cuestión, cobrar el sueldo normal como si hubiera trabajado y percibir la correspondiente prima vacacional, como un ingreso extraordinario deducido del porcentaje legalmente fijado, todo lo cual constituye derechos correlativos de las obligaciones del titular de la dependencia. Así, cuando el servidor público es cesado sin causa justificada y con este motivo, opte por demandar la reinstalación en el cargo, en su caso, además del derecho a la reinstalación, tendrá los derechos legalmente consignados de disfrutar de los periodos de descanso y cobrar las correspondientes primas vacacionales, a condición, desde luego, de que durante el tiempo de la rescisión se hubieran cumplido las condiciones previstas en los invocados preceptos legales. Ello, porque conforme a lo dispuesto en los artículos 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal; y 46, último párrafo, a contrario sensu, de la misma Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el servidor tiene derecho al pago de los sueldos vencidos por todo el tiempo que, por la rescisión injustificada, hubiera estado separado del servicio. De tal manera, con motivo de la reinstalación de dicho servidor en el cargo, queda sin materia el derecho a disfrutar de vacaciones, porque en razón de la propia separación, no trabajó materialmente durante el periodo de descanso que le correspondía y, a la vez, el derecho a percibir el sueldo relativo al mismo lapso se cumple con el pago de los sueldos vencidos, en los que necesariamente queda incluido. En tanto, el importe de la prima vacacional es el único derecho que no se satisface con motivo de la reinstalación y el pago de salarios vencidos, razón por la cual, dicha prestación ya devengada, debe ser materia de condena en el laudo respectivo.".--- Ahora bien, respecto al pago de las vacaciones el tiempo que laboró para el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, no es procedente, toda vez que dicho pago se encuentra inmerso en el salario ordinario que devengó el trabajador al servicio de la demandada y por consiguiente, debe considerarse entonces que a ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, le fueron pagadas las vacaciones durante la relación de trabajo de acuerdo a lo establecido por el numeral 34 de la ley burocrática en vigor, por lo cual resultaría violatorio en perjuicio del demandado condenar al pago de vacaciones ya que implicaría condenarla a un doble pago, dado el supuesto del numeral invocado que indica un descanso en sus labores con goce de salario. Asimismo en cuanto a las vacaciones que se generen durante la tramitación del presente juicio, resultan improcedentes, toda vez que éstas ya se encuentran inmersas dentro del pago de los salarios caídos, a los cuales la demandada ya salió condenada, por todo lo anterior se absuelve al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, de pagar al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, la cantidad que corresponda por concepto del pago de vacaciones solicitadas por el tiempo que duró la relación laboral así como por todo el tiempo que dure el trámite del presente juicio. Teniendo aplicación la siguiente identidad jurídica sustancial: No de registro 207732, jurisprudencia, materia(s) laboral, octava época, cuarta sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 73, enero de 1994, tesis 4ª./J. 51/93, página 49. "VACACIONES. SU PAGO NO ES PROCEDENTE DURANTE EL PERIODO EN QUE SE INTERRUMPIÓ LA RELACIÓN DE TRABAJO. De conformidad con el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, el derecho a las vacaciones se genera por el tiempo de prestación de servicios, y si durante el período que transcurre desde que se rescinde el contrato de trabajo hasta que se reinstala al trabajador en el empleo, no hay prestación de servicios, es claro que no surge el derecho a vacaciones, aun cuando esa interrupción de la relación de trabajo sea imputable al patrón por no haber acreditado la causa de rescisión, pues de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, del rubro "SALARIOS CAIDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO", ello sólo da lugar a que la relación de trabajo se considere como continuada, es decir, como si nunca se hubiera interrumpido, y que se establezca a cargo del patrón la condena al pago de los salarios vencidos, y si con éstos quedan cubiertos los días que por causa imputable al patrón se dejaron de laborar, no procede imponer la condena al pago de las vacaciones correspondientes a ese período, ya que ello implicaría que respecto de esos días se estableciera una doble condena, la del pago de salarios vencidos y la de pago de vacaciones.".--- Ahora bien, respecto a los incrementos salariales, se deberá ajustar a lo manifestado en la parte in fine del considerando V, pues resultó procedente la acción principal, es decir, continúe la relación de trabajo como si nunca se hubiera interrumpido.--- B). El actor reclama en el inciso d) El reconocimiento de antigüedad por todo el tiempo que dure el juicio laboral hasta la reinstalación del actor. Al respecto, la patronal, manifiesta "Se niega el reconocimiento de la antigüedad que reclama el actor, misma que resulta improcedente, por ser el actor trabajador de confianza y en virtud de que es una prestación que no se encuentra contemplada en el artículo 12 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado . asimismo la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, no contempla el pago por concepto de la prima de antigüedad que reclama el actor. Y toda vez que no ha sido despedido de su trabajo ni justificada ni injustificadamente, ni en esa fecha que maneja el actor ni en ninguna otra.". Al respecto esta autoridad señala que la patronal no aportó prueba alguna que acredite que era trabajador de confianza y que desestime el despido injustificado, por lo que procedió la acción principal y que de los autos se desprende que de la fecha en que el accionante inicio a laborar (misma que no es un hecho controvertido al aceptarlo la patronal en el punto I del capítulo de controversia de hechos (f. 15) a la fecha en que fue despedido, son más de seis meses, se tiene que el actor ha venido laborando de manera continua y permanente desde la fecha de ingreso hasta la fecha de despido, por tanto de acuerdo al artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, resulta procedente condenar al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, al reconocimiento de la antigüedad por todo el tiempo que dure el juicio laboral que haya generado el actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, desde la fecha del injustificado despido del actor (DOS DE ENERO DE 2004), hasta aquél en que sea material o físicamente reinstalado en términos de lo previsto en el artículo 46, fracción I, 50, fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, 158, 784, fracción II de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria.--- C). El actor reclama en el inciso e) horas extras, durante todo el tiempo que duro la relación laboral. La patronal en su escrito de contestación responde: "es falso y por lo tanto se niega que el actor tenga derecho a reclamar el pago de horas extraordinarias, en virtud de que nunca las trabajó, además de que siempre desempeñó sus labores en una jornada máxima legal de ocho horas diarias y resulta inhumanamente posible que haya laborado las supuestas horas extras que menciona, resultando inverosímil e incongruente que las haya laborado a como menciona en su escrito inicial de demanda", por lo que esta última absorbe la carga de la prueba, de acuerdo con el siguiente criterio: No. Registro 187523, jurisprudencia, materia(s) laboral, novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, marzo de 2002, tesis 15o. T. J/35, página 1204. "HORAS EXTRAORDINARIAS, EN CASO DE DISCREPANCIA, CORRESPONDE AL PATRÓN ACREDITAR LA INEXISTENCIA DE LAS. De acuerdo con el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo corresponde al patrón acreditar la duración de la jornada laboral. De ahí se concluye que si el demandado no ofrece prueba alguna para probar la excepción a este respecto, y en cambio el trabajador, a pesar de no corresponderle la carga de la prueba, ofrece la de inspección para comprobar el tiempo extraordinario que laboró, de la que se declara confeso fictamente al tercero perjudicado, es incuestionable que la junta debe condenar por este concepto.". QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.--- Por lo anterior se procede a entrar al estudio de las pruebas aportadas por la patronal para acreditar que el actor no laboraba hora extra alguna: LA CONFESIONAL del actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, celebrada a las trece horas del día trece de junio de dos mil seis (f. 59) misma que no le beneficia de forma alguna, ya que contestó en sentido negativo a las posiciones formuladas; DOCUMENTAL PRIVADA consistente en tres oficios con números de folios 65, 68 y 775 de fechas 15 de enero de 2003, 15 de enero de 2002 y 16 de enero de 2001 (fs. 20-22), INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES y la PRESUNCIONAL mismas que después de haber sido analizadas con ninguna de ellas acreditó la jornada laboral del hoy actor. Ahora bien, esta autoridad laboral, tiene la capacidad de estudiar si efectivamente el reclamo resulta procedente, lo anterior con apoyo en los numerales 835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, por lo anterior, se procede a entrar al estudio del horario de labores que manifiesta el actor en su escrito inicial de demanda (f. 2), donde manifiesta que laboraba de 08:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas de lunes a sábado de cada semana, desprendiéndose entonces que de 08:00 a 16:00 horas laboraba 8 horas y de 18:00 a 20:00 horas, laboraba 2 horas, teniéndose entonces que de lunes a sábado laboraba 10 horas diarias, teniendo así que laboraba semanalmente 60 horas, a la cual se le resta la jornada legal contemplada en el numeral 27 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir 48 horas semanales, dan como resultando 12 horas extras semanales. Teniendo así, que las primeras 9 horas se pagaran dobles, por 4 semanas al mes, es igual a 39 horas extras al mes, por 12 meses al año, son 432 horas extras dobles al año. En cuanto a las 03 horas restantes, se pagaran triples por 4 semanas al mes, dan 12 horas extras al mes, por 12 meses al año dan 144 horas extras triples al año, dando en total 576 horas extras al año de las cuales 432 son dobles y 144 son triples de conformidad con el artículo 29 de la ley burocrática, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, por lo anterior con fundamento en el artículo 117 de la ley burocrática, se condena al demandado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO a pagar al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ la cantidad de $19,440.00 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N.), por concepto de 576 horas extras, por el periodo comprendido de un año anterior a la presentación de la demanda en virtud de excepción de prescripción impuesta por la patronal, cantidad que resulta, tomando en cuenta el salario diario de $120.00 dividido entre ocho horas da como resultado el salario por hora $15.00 multiplicado por dos (para sacar las horas dobles) nos da como resultado el precio por hora dobles de $30.00 multiplicado por 432 horas dobles a las que salió condenada la patronal, nos da como resultado la cantidad a pagar por 432 horas dobles $12,960.00 (doce mil novecientos sesenta pesos 00/100 M. N.), asimismo se toma en cuenta el precio por hora $15.00 multiplicado por tres (para sacar las horas triples) nos da como resultado $45.00 precio por hora triple multiplicado por 144 horas triples a las que salió condenada la patronal, nos da como resultado la cantidad a pagar por 144 horas triples $6,480.00, finalmente sumando $12,960.00 por concepto de horas dobles y $6,480.00 por horas triples, nos da como resultado $19,440.00 por concepto de horas extras.--- D). El actor reclama en los incisos f) y g) el pago de los días de descansos obligatorios, que laboró durante todo el tiempo que existió la relación laboral. Días treinta y uno durante todo el tiempo que duró la relación de trabajo entre las partes. En cuanto a estas prestaciones cabe decirse que de conformidad con el artículo 784, fracciones IX y el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo con aplicación supletoria a la ley en la materia, tratándose de controversias sobre el pago de los días de descansos obligatorios es el patrón quien debe probar que realizó el pago de los salarios correspondientes a aquellos días y que el trabajador afirma que se le adeudan; ahora bien la carga probatoria antes precisada, no debe confundirse con la exigencia que haga el obrero, en relación con la obligación que tiene de demostrar haberlos laborado, cuando en ello radica la controversia, pues la primera situación se refiere a la obligación que tiene el patrón de pagar los días de descanso del trabajador y la segunda se da cuando el trabajador labora en sus días de descansos y reclama su falta de pago, siendo entonces que el actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, reclama en cuanto a descansos obligatorios la segunda situación es decir, que laboró los días de descansos obligatorios y por ende le corresponde la carga probatoria a la actora de probar que efectivamente laboró los días de descansos obligatorios.--- Ahora bien, en relación a los cinco días treinta y uno, resulta ser una prestación extralegal, por no estar contemplada en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, por tanto, le corresponde al actor la carga probatoria de acreditar la existencia legal y el pago de éstas, con apoyo en el siguiente criterio: No. Registro 210595, tesis aislada, materia(s) laboral, octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación XIV, septiembre de 1994, tesis II. 1o. 94 L, página 397. "PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE. Es carga del trabajador demostrar las prestaciones extralegales como son, los vales de despensa y gratificaciones; por lo tanto, si los impetrantes no probaron que su contraparte estuviera obligada a otorgarlos, es correcta la absolución decretada por la junta.". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.--- Una vez precisado, que corresponde la carga probatoria a la actora de probar haber laborado los días de descanso obligatorios y la existencia legal y el pago de los días treinta y uno, por lo que se procede a entrar al estudio de las pruebas aportadas por el actor: CONFESIONAL de la entidad pública demandada, celebrada a las doce horas del día quince de marzo de dos mil seis (fs. 41-42) misma que no le beneficia de forma alguna ya que la patronal contestó en forma negativa a las posiciones formuladas; TESTIMONIAL a cargo de GREGORIO REYES LÓPÉZ, MANUEL HERNÁNDEZ MONTEJO y ASUNCIÓN YZQUIERDO MAYORGA, celebrada a las nueve horas del día veintiuno de junio de dos mil seis (f. 61) en la cual se le tuvo por desierta dicha probanza, al igual por desistido de la inspección ocular; DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el oficio No. DA/068/2004 de fecha 23 de febrero de 2004, mismo que no le beneficia de forma alguna para acreditar la carga procesal impuesta; PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA; INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, con las cuales no se acredita la carga procesal impuesta, por lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la ley burocrática, se absuelve a la demandada Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a pagar al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, días de descansos obligatorios y días treinta y uno.--- Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y se;--- RESOLVERSE--- PRIMERO. La parte actora probó su acción parcialmente y el demandado Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, de igual forma probó parcialmente sus excepciones y defensas que hizo valer.--- SEGUNDO. Se condena al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, a reinstalar al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, así como a pagarle los salarios caídos, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando V de este laudo.--- TERCERO. Se condena al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, a pagar al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, aguinaldo, prima vacacional y horas extras, y se absuelve al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, a pagar al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, vacaciones, tal y como quedó establecido en el considerando VI incisos A) y C) de este laudo.--- CUARTO. Se condena al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, a reconocer la antigüedad al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, de aguinaldo, tal y como quedó establecido en el considerando VI, inciso B) de este laudo.--- QUINTO. Se absuelve al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, a pagar al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ, días de descanso obligatorios y días treinta y uno, por los motivos y fundamentos expuestos ,en el considerando V inciso D) de este laudo.--- Notifíquese personalmente a las partes." 2.- Inconforme con la anterior determinación, el ayuntamiento de mérito promovió juicio de amparo directo que fue registrado con el expediente 268/2012, del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, que en sesión de cuatro de julio de dos mil doce, le negó la protección de la justicia federal (fojas identificadas con los folios 115 a 176 del tomo I de pruebas). 3.- Previo los trámites correspondientes, el veintidós de noviembre de dos mil trece, la responsable dictó resolución interlocutoria de liquidación de laudo estableciendo un total de $524,490.00 (quinientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), en donde los salarios caídos se cuantificaron por el período del dos de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, trescientos sesenta y cinco días del año dos mil cinco, trescientos sesenta y cinco días del año dos mil seis, trescientos sesenta y cinco días del año dos mil siete, trescientos sesenta y seis días del año dos mil ocho, trescientos sesenta y cinco días del año dos mil nueve, trescientos sesenta y cinco días del año dos mil diez, trescientos sesenta y cinco días del año dos mil once, trescientos sesenta y seis días del año dos mil doce, trescientos sesenta y cinco días del año dos mil trece y del uno al seis de enero del año dos mil catorce; prima vacacional, aguinaldo y horas extras por el último año de servicios laborados; prima vacacional y aguinaldo respecto de los años dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce (fojas identificadas con los folios 197 a 202 del tomo I de pruebas). 4.- De igual forma, previo escrito de ampliación de la planilla relativa, en resolución interlocutoria de liquidación de laudo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce (fojas identificadas con los folios 228 a 234 del tomo I de pruebas), el tribunal burocrático cuantificó los salarios caídos por el período del siete de enero al treinta de junio de dos mil catorce, con un incremento salarial del 3.90%, conforme al tabulador de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, más prima vacacional y aguinaldo respecto del mismo año, asentando un total de $50,896.37 (cincuenta mil ochocientos noventa y seis pesos 37/100 moneda nacional), que sumó a la cantidad establecida en la sentencia incidental de veintidós de noviembre de dos mil trece, generando un total de $575,386.37 (quinientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 37/100 moneda nacional). 5.- Por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, la parte actora promovió ampliación de planilla de liquidación (fojas identificadas con los folios 2093 a 2125 del tomo II de pruebas). 6.- En auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el tribunal burocrático ordenó dar vista con el escrito precitado al ayuntamiento demandado (fojas identificadas con los folios 2153 a 2169 del tomo II de pruebas). 7.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el ayuntamiento demandado dio contestación a la vista de mérito (fojas identificadas con los folios 2202 a 2207 del tomo II de pruebas). 8.- En resolución interlocutoria de doce de noviembre de dos mil diecinueve (fojas identificadas con los folios 2622 a 2630 del tomo III de pruebas), la responsable determinó que el ayuntamiento demandado debía pagar al actor la suma total de $223,175.26 (doscientos veintitrés mil ciento setenta y cinco pesos 26/100, moneda nacional), por concepto de salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional, cuantificados del quince de noviembre de dos mil catorce al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. 9.- Inconformes con la anterior determinación, el ayuntamiento demandado y la parte actora presentaron juicio de amparo, mismos que este órgano jurisdiccional registro bajo el expediente 2117/2019-10 y acumulado 2133/2019-8; el cual, seguida la secuela procesal, se resolvió el seis de febrero de dos mil veinte, en el sentido de negar el amparo a la actora y conceder el amparo al ayuntamiento demandado, para los siguientes efectos: "De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: a) Deje insubsistente el acuerdo de doce de noviembre dos mil diecinueve, relativo a la ampliación de la planilla de liquidación propuesta en el expediente laboral 158/2004 de su índice. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte otro en el que de manera congruente y exhaustiva atienda el planteamiento hecho por el ayuntamiento demandado en el escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve -en contestación a la vista que se le dio con el diverso recepcionado por el tribunal burocrático el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, relativo a la ampliación de la planilla de liquidación-, y se pronuncie respecto del mismo, así como de las copias certificadas que ofreció la aludida entidad pública municipal de los periódicos oficiales que adjuntó, exponiendo la responsable, fundada y motivadamente, las consideraciones en que sustente su decisión. c) Debido a que resultó infundado el motivo de inconformidad formulado por el quejoso Isidro Arellano Gómez, la responsable deberá reiterar en la nueva determinación, lo concerniente a la improcedencia de la cuantificación de los incrementos y mejoras salariales concernientes al periodo anterior al año dos mil catorce; ello, en los términos establecidos en el acuerdo reclamado, como a continuación se reproduce: ". vista las manifestaciones de las partes se observa en primer término que la parte actora se encuentra realizando la cuantificación correspondiente por los periodos especificados en tal libelo, derivado de las prestaciones consistentes en SALARIOS CAÍDOS, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, dando como resultado final la cantidad de $549,528.56 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N) lo que se asienta para todos los efectos legales correspondientes. De igual manera es obligación de esta autoridad hacerle ver a la parte actora que únicamente se procederá a cuantificar las prestaciones determinadas más incrementos y mejoras por el periodo del 15 de noviembre del año 2014 día siguiente de la fecha en la que se realizó la última actualización, al 24 de octubre del 2018 fecha en que promovió la misma, en virtud que lo que intenta hacer valer respecto de los incrementos y mejoras salariales concernientes al periodo anterior al 2014, no es procedente al tenerse a la vista la resolución incidental de liquidación así como la actualización la cual no fue materia de objeción y/o aclaración para el actor, tanto que en fecha diez de septiembre del año corriente se tuvo compareciendo de manera voluntaria para celebrar el convenio de pago parcial, en el que se estipula que recibe la cantidad de $575,386.37 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 MONEDA NACIONAL), como pago de lo devengado hasta la actualización de la incidental de fecha 14 de noviembre del 2014, de ahí que este Tribunal proceda a cuantificar únicamente los periodos arriba señalados". Cabe puntualizar que lo anterior no prejuzga sobre la procedencia o no de la ampliación de la planilla de liquidación propuesta por la parte actora en el juicio de origen, en el escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, respecto de las prestaciones posteriores a la actualización establecida en la resolución interlocutoria de diecinueve de noviembre de dos mil catorce." 10.- En cumplimiento a la anterior ejecutoria, la autoridad responsable dictó el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte. Resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Ahora bien, se procede al estudio de los conceptos de violación en un orden diverso al planteado por la quejosa, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en su tercer concepto de violación la parte quejosa señala que la resolución carece de fundamentación y motivación, debido a que pondera sobre la cuantificación del concepto de aguinaldo por el periodo que comprende la actualización de plantilla, únicamente tomando en cuenta lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, sin considerar que al trabajador de una entidad pública debe tomar en cuenta lo que establece las condiciones generales de trabajo. Al respecto, se estima que el aludido concepto de violación deviene infundado. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su primer párrafo: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". La exigencia de fundamentación prevista en el precepto constitucional de referencia, se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer a través del mismo. Tal presupuesto tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. No obstante sus diferencias, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales que invoque al caso de que se trate. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia número 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 166, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". También la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Resulta importante distinguir entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación y motivación ocurre, respecto de la primera, cuando la autoridad invoca el precepto legal, pero éste resulta inaplicable al caso; mientras que en relación a la segunda, se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo, éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo establecido en la jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en la página 1964, del tomo XXVII, de febrero de 2008, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". Relacionado con el derecho fundamental de fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, se encuentra el principio de congruencia y exhaustividad, que se refiere a la conformidad entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y todas las pretensiones deducidas oportunamente por las partes, en cuanto a extensión, concepto y alcance, que no contengan resoluciones ni afirmaciones contradictorias entre sí, esto es, el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis. Dicho principio tiene dos vertientes, la congruencia interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos. La segunda exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la litis, esto es, que resuelva la controversia atento a lo planteado por las partes respecto de la resolución, la demanda y la contestación, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten. Por ende, para considerar que cualquier determinación jurisdiccional está investida de congruencia externa, por regla general, el juzgador se encuentra obligado a realizar pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los argumentos vertidos por el promovente en el medio de defensa relativo. Cabe destacar que el principio de congruencia cuenta con dos aspectos, el positivo y el negativo, el primero se refiere a la obligación de los tribunales de resolver todos los puntos controvertidos; y el segundo, la prohibición de que los juzgadores decidan cuestiones ajenas a la litis, salvo los casos en que opere, por disposición de la ley, la suplencia de la queja deficiente. Al respecto, el numeral 117 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, establece: "Artículo 117.- El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas aceptadas, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación; y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones en que se funde su decisión". También es de tomar en cuenta los ordinales 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, que instituyen: "Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente" Los numerales transcritos obligan a las autoridades laborales a emitir sus resoluciones a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia y acatando los principios de congruencia y exhaustividad, esto es, deben realizar un examen minucioso de las constancias que obren en autos, además deben pronunciarse sobre la totalidad de las pretensiones de las partes. Ahora bien, en el acto reclamado, la autoridad responsable indicó que realizaría el cálculo de los incrementos y mejoras salariales de conformidad a las prestaciones a las que saló condenado el Ayuntamiento, en laudo de veinticuatro de enero de dos mil doce y la actualización a la planilla de liquidación de catorce de noviembre de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria. Asimismo, la autoridad responsable señaló que la carga de la prueba respecto a los aumentos a salarios correspondía al ayuntamiento, ya que dicha obligación se encuentra prevista en la fracción XII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria por ser la poseedora de los documentos relacionados con lo pagos, contratos y demás prestaciones relacionadas. También señaló que con fundamento en el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, se procedería a realizar las operaciones aritméticas necesarias con las constancias existentes en autos, subrayando que el salario sobre el cual se aplicarían las sumas es el establecido en la resolución incidental de catorce de noviembre de dos mil catorce, por la cantidad de $124.68 (ciento veinticuatro pesos 68/100 moneda nacional). En ese orden de ideas, se confirma que el acto reclamado no carece de fundamentación o motivación, toda vez que la autoridad responsable indicó los preceptos legales en los que basaba su determinación y explicó en que para realizar la actualización se basaría en lo condenado a pagar en laudo de veinticuatro de enero de dos mil doce y la actualización a la planilla de liquidación de catorce de noviembre de dos mil catorce y que resolvería tomando en cuenta las constancias existentes en autos. Por otra parte, el argumento en el que señala la parte quejosa que el aguinaldo se le debe pagar conforme a las condiciones generales de trabajo es infundado, toda vez que en el laudo se estableció se le pagaría de conformidad con lo dispuesto en segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, lo que se transcribe para mejor referencia: "[.] por lo tanto y en virtud de que la demandada no acreditó la carga procesal impuesta, esta autoridad laboral con fundamento en el artículo 117 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado determina condenar al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, a pagar al actor ISIDRO ARELLANO GÓMEZ $4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) por concepto de aguinaldo por el último año laborado (2003) de conformidad en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, hasta aquél en que sea material o físicamente reinstalado. Cantidad que resulta de multiplicar 40 días por el salario diario del hoy actor $120.00 que da como resultado: $4,800.00 [.]" En ese sentido, se demuestra que en el propio laudo se estableció como debería pagarse su aguinaldo, cuestión que no impugnó el actor. Por otra parte, en su primer concepto de violación, la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal porque en el acto reclamado realizó las cuantificaciones de los salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo del quince de noviembre de dos mil catorce al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, no obstante que en su escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, señaló que el periodo que debía era del uno de julio de dos mil catorce al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Asimismo, señal que no tomó en cuenta que en la resolución interlocutoria de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se aprobaron los salarios caídos y accesorios generados del siete de enero al treinta de junio de dos mil catorce, por lo que la cuantificación de las prestaciones de salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo debió hacerse a partir del uno de julio de dos mil catorce al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho y no como lo realizó la autoridad responsable. El citado argumento es inoperante, por las siguientes razones. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, se desprende la técnica de análisis constitucional del acto reclamado, conforme a la cual el examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, salvo en los procede la suplencia de la queja, deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más que por sí solas sean suficientes para regir el sentido del fallo, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto, de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Asimismo, la inoperancia también ocurre cuando los conceptos de violación sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior, introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable o se basan en postulados no verídicos. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.1o.C.J/1, formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, diciembre de 2015, materia común, página 1086, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso." Ahora bien, el argumento vertido por la parte quejosa deviene inoperante porque en sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, el seis de febrero de dos mil veinte, en el juicio de amparo 2117/2019-10 y su acumulado 2133/2019-8, se determinó lo siguiente: "Debido a que resultó infundado el motivo de inconformidad formulado por el quejoso Isidro Arellano Gómez, la responsable deberá reiterar en la nueva determinación, lo concerniente a la improcedencia de la cuantificación de los incrementos y mejoras salariales concernientes al periodo anterior al año dos mil catorce; ello, en los términos establecidos en el acuerdo reclamado, como a continuación se reproduce: (.) vista las manifestaciones de las partes se observa en primer término que la parte actora se encuentra realizando la cuantificación correspondiente por los periodos especificados en tal libelo, derivado de las prestaciones consistentes en SALARIOS CAÍDOS, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, dando como resultado final la cantidad de $549,528.56 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N) lo que se asienta para todos los efectos legales correspondientes. De igual manera es obligación de esta autoridad hacerle ver a la parte actora que únicamente se procederá a cuantificar las prestaciones determinadas más incrementos y mejoras por el periodo del 15 de noviembre del año 2014 día siguiente de la fecha en la que se realizó la última actualización, al 24 de octubre del 2018 fecha en que promovió la misma, en virtud que lo que intenta hacer valer respecto de los incrementos y mejoras salariales concernientes al periodo anterior al 2014, no es procedente al tenerse a la vista la resolución incidental de liquidación así como la actualización la cual no fue materia de objeción y/o aclaración para el actor, tanto que en fecha diez de septiembre del año corriente se tuvo compareciendo de manera voluntaria para celebrar el convenio de pago parcial, en el que se estipula que recibe la cantidad de $575,386.37 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 MONEDA NACIONAL), como pago de lo devengado hasta la actualización de la incidental de fecha 14 de noviembre del 2014, de ahí que este Tribunal proceda a cuantificar únicamente los periodos arriba señalados. Cabe puntualizar que lo anterior no prejuzga sobre la procedencia o no de la ampliación de la planilla de liquidación propuesta por la parte actora en el juicio de origen, en el escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, respecto de las prestaciones posteriores a la actualización establecida en la resolución interlocutoria de diecinueve de noviembre de dos mil catorce." Luego, en cumplimiento a esa ejecutoria, en auto de cuatro de marzo de dos mil veinte (aquí acto reclamado), la autoridad responsable determinó: "De igual manera es obligación de esta autoridad hacerle ver a la parte actora que únicamente se procederá a cuantificar las prestaciones determinadas más incrementos y mejoras por el periodo del 15 de noviembre del año 2014 día siguiente de la fecha en la que se realizó la última actualización, al 24 de octubre del 2018 fecha en que promovió la misma, en virtud que lo que intenta hacer valer respecto de los incrementos y mejoras salariales concernientes al periodo anterior al 2014, no es procedente al tenerse a la vista la resolución incidental de liquidación así como la actualización la cual no fue materia de objeción y/o aclaración para el actor, tanto que en fecha diez de septiembre del año corriente se tuvo compareciendo de manera voluntaria para celebrar el convenio de pago parcial, en el que se estipula que recibe la cantidad de $575,386.37 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 MONEDA NACIONAL), como pago de lo devengado hasta la actualización de la incidental de fecha 14 de noviembre del 2014, de ahí que este Tribunal proceda a cuantificar únicamente los periodos arriba señalados. Ahora bien respecto de las manifestaciones realizadas por la demandada con respecto a que la actora de manera indebida cuantifica salarios caídos por el tiempo que ha durado el juicio, argumentando que derivado de las cuantificaciones realizadas por su representada suman un total la cantidad de $237, 617.58 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N.), por lo que solicita se apegue o derecho y se analicen detenidamente las cuantificaciones realizadas por la parte actora; por lo que esta autoridad únicamente procederá a cuantificar las prestaciones que se actualizan posterior a la última actualización realizada por este Tribunal, es decir, en fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho. De igual forma se tomarán en consideración los periódicos oficiales que fueran exhibidos por la demandada, los cuales se encuentran agregados en autos (f.2208-2303). Por lo que esta autoridad tiene a bien determinar los incrementos y mejoras salariales de acuerdo a los elementos que obran en autos exhibidos por las partes, para acreditar el incremento salarial en el puesto que se encuentran pendiente de ser reinstalado, esto, para estar en condiciones de determinar sobre los conceptos de salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo, que le fueron impuestas al H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, de acuerdo a lo proveído en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y en su caso se aplica de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo, es decir, se toman en consideración su planilla de liquidación exhibida por el actor así mismo los periódicos oficiales exhibidos por la demandada. En consecuencia a lo anterior, de conformidad a las prestaciones que salió condenado el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, mediante laudo de fecha VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE (f-76-104) y actualización de planilla de liquidación de fecha 14 de noviembre del 2014 (P-228-234), con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, se procede a realizar la cuantificación de las prestaciones de SALARIOS CAIDOS, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO para cada uno de los actores en los términos en que lo solicita la parte actora en el escrito de fecha 24 de octubre de 2018, es decir, del 15 de noviembre de 2014 día siguiente de la fecha en que se realizó la última actualización al 24 de octubre de 2018, por lo cual ese será el periodo sobre el que versara la presente actualización dado que el incidente de liquidación de laudo este Tribunal debe resolverlo tomando en cuenta las partidas y los periodos que figuren en la planilla presentada por el incidentista, ya que no puede concederse más de lo pedido." De las anteriores transcripciones se advierte que, en la ejecutoria del juicio de amparo se determinó que únicamente se procedería a cuantificar las prestaciones determinadas más incrementos y mejoras por el periodo del quince de noviembre de dos mil catorce -día siguiente de la fecha en la que se realizó la última actualización- al veinticuatro de octubre dedos mil dieciocho -fecha en que promovió la misma-, en virtud que la actualización no fue materia de objeción y/o aclaración para el actor, pues en fecha diez de septiembre del año corriente se tuvo compareciendo de manera voluntaria para celebrar el convenio de pago parcial. En ese orden de ideas, se demuestra que el punto que controvierte relativo a que es ilegal que la autoridad responsable haya realizado las cuantificaciones de los salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo del quince de noviembre de dos mil catorce al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho y no del uno de julio de dos mil catorce al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, es inoperante, pues existe ya existe cosa juzgada respecto al punto controvertido. Resulta aplicable la jurisprudencia VII.1o.C. J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, de febrero de 2003, página 808, cuyo texto es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. Si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo." Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia I.4o.A. J/58, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de 2008, página 1919, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." Por otra parte, en su segundo concepto de violación, la parte quejosa señala que la autoridad responsable únicamente toma en cuenta el salario que señala la demandada, sin considerar que la demandada ha omitido considerar los incrementos y mejoras salariales aprobados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, los cuales pide le sean considerados para los incrementos del uno de julio de dos mil catorce al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por un incremento salarial del 3.9%; del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, con un incremento salarial del 4.18%; del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, con un incremento salarial de 4.20%; del uno de enero al treinta y uno de dos mil diciembre de dos mil diecisiete, con un incremento de 9.58%; del uno de enero al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, con un incremento de 3.9%, conforme al tabulador de la Comisión de Salarios Mínimos. El citado argumento es inoperante, por las siguientes razones. En sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, el seis de febrero de dos mil veinte, en el juicio de amparo 2117/2019-10 y su acumulado 2133/2019-8, se concedió el amparo a la autoridad demanda en virtud de las siguientes consideraciones: "Como se puede observar de lo anteriormente transcrito, el tribunal omitió analizar los argumentos del ayuntamiento demandado respecto a que la cuantificación de los incrementos del salario del trabajador no debía realizarse conforme a la tabla publicada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sino de acuerdo con el tabulador de sueldos aprobado por la referida persona moral. Por lo mismo, tampoco tomó en consideración las copias certificadas que ofreció como pruebas la parte demandada, relativas a los periódicos oficiales en que apoya sus argumentos. [.] En ese contexto, se estima que lo determinado por el tribunal de mérito carece de la debida fundamentación y motivación, en su vertiente de congruencia y exhaustividad, pues, como se dijo anteriormente, si bien está facultado para resolver a verdad sabida y buena fe guardada, ello no implica que en sus decisiones deje de estudiar algún punto de la controversia, como en el caso lo son los argumentos y pruebas propuestos por el ayuntamiento demandado en el escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en contestación a la vista que se le dio con el diverso recepcionado por aquélla el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, relativo a la ampliación de la planilla de liquidación. En las relatadas circunstancias, se concede a la persona moral quejosa el amparo y protección de la justicia federal." Luego, en cumplimiento a esa ejecutoria, en auto de cuatro de marzo de dos mil veinte (aquí acto reclamado), la autoridad responsable determinó: "(.) esta autoridad tiene a bien determinar los incrementos y mejoras salariales de acuerdo a los elementos que obran en autos exhibidos por las partes, para acreditar el incremento salarial en el puesto en que se encuentra pendiente de ser reinstalado, esto, para estar en condiciones de determinar sobre los conceptos de salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo, que le fueron impuestos al H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jalapa de Méndez, Tabasco, de acuerdo a lo proveído en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y en su caso se aplica de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo, es decir, se toman en consideración su planilla de liquidación exhibida por el actor así mismo los periódicos oficiales exhibidos por la demandada." De las anteriores transcripciones se advierte que, en la ejecutoria del juicio de amparo se determinó que para determinar los incrementos y mejoras salariales del actor se tomara en consideración los periódicos exhibidos por la demandada. En ese orden de ideas, se demuestra que el punto que controvierte relativo a que no considera que la demandada ha omitido considerar los incrementos y mejoras salariales aprobados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, toda vez que la demandada sí probó los incrementos y mejoras salariales con los periódicos que exhibió, por lo que no ya no hizo efectivo el apercibimiento de tomar las mejoras salariales de conformidad con los aprobados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por lo que en relación a este punto, también ya existe cosa juzgada. Ahora bien, para sustentar su argumento, la parte quejosa citó la tesis aislada de rubro "SALARIO MÍNIMO, LOS INCREMENTOS QUE ESTABLECE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS DEBE APLICARLOS LA JUNTA, Y NO ARROJAR LA CARGA DE LA PRUEBA AL TRABAJADOR"; la cual se desestima porque no es aplicable al caso, toda vez que, por una parte, no se le arrojó la carga de la prueba al trabajador; y, por otra parte, se indicó que la carga de la prueba respecto a los aumentos a salarios correspondía al ayuntamiento; mismos que probó al exhibir los periódicos oficiales. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte quejosa y la parte tercero interesada, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 26/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". En tal virtud, ante lo infundado e inoperantes de sus conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto al acto reclamado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Isidro Arellano Gómez, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por los motivos expuestos en el considerando SEXTO de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

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