Isidra Sánchez Salas

Expediente 1030/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1030/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Isidra Sánchez Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    ... Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en proveído dictado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente, causó estado el auto donde se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia y se ordenó su archivo como asunto concluido; por tanto, se provee lo siguiente: Archivo.... se ordena el archivo de este incidente como concluido. Destino... se ordena su destrucción...

  2. Principal

    ,,, Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. ... Archivo... archívese este expediente como concluido. Destino. ... este expediente es destruible...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Sin mayor proveer. Agréguense sin mayor proveer los oficios signados por el Director de Catastro Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Síndica Única, ambos del Municipio de Alto Lucero, Veracruz, a través de los cuales, exhiben copias certificadas de las constancias que integran el expediente administrativo ********************de su índice, toda vez que, mediante proveído de veintiséis de enero de este año, se sobreseyó el juicio fuera de audiencia...

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado que guardan los autos, es de advertirse que por auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 1030/2022/III-B y se desechó parcialmente, respecto al acto reclamado como: "(.) LA INFUNDADA E INMOTIVADA ORDEN DE RETIRO DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LAS RESPONSABLES FUERA DE PROCEDIMIENTO LEGAL ALGUNO y que fuera ordenado mediante oficio número DUCMA.AL/2022/0024, de fecha 11 de Octubre de la presente anualidad, signado por el Biólogo Juan Carlos Fernández Bravo, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano, Catastro y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, Y QUE DE LLEVARSE A CABO CAUSARÍA PERJUICIOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14, Y 16 CONSTITUCIONALES." Y se admitió a trámite, únicamente por lo que hace al acto, consistente en "(.) la omisión de la responsable de dar contestación al oficio de fecha 12 de octubre del año en curso". Se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Se debe precisar que por auto de catorce de noviembre del dos mil veintidós, causó estado el referido desechamiento parcial. De igual forma, mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano, Catastro y Medio Ambiente de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, rindió su informe justificado, en el que anexó copia certificada del oficio DUCMA.AL/2022/0026, en el cual da respuesta al escrito de doce de octubre del año dos mil veintidós, en el cual el quejoso informó que no estaba incurriendo en ninguna falta y que contaba con la licencia de construcción expedida por el citado Ayuntamiento y tal respuesta le fue notificada personalmente el veintiocho de noviembre de ese año -foja 44 de autos-. Sobreseimiento fuera de audiencia. De acuerdo a lo anterior, el acto reclamado por el quejoso es la omisión de la responsable de dar contestación a sus manifestaciones realizadas en el oficio de fecha doce de octubre del año dos mil veintidós. Así, tomando en consideración que los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los diversos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. Por ende, de una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a exigir a las autoridades de la república que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Constitución y la Convención reconocen. Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión del Director de Desarrollo Urbano, Catastro y Medio Ambiente de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, de dar pronta respuesta al oficio de fecha doce de octubre del año dos mil veintidós, en el cual el quejoso describió e informó que no estaba incurriendo en ninguna falta y que contaba con la licencia de construcción expedida por el citado Ayuntamiento, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así porque tal porción normativa establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, esto es, que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse como la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción) y la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Precisado lo anterior, en el caso, Isidra Sánchez Salas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión del Director de Desarrollo Urbano, Catastro y Medio Ambiente de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, de dar respuesta a las manifestaciones realizadas al oficio de fecha doce de octubre del año dos mil veintidós, en el cual describió e informó que no estaba incurriendo en ninguna falta y que contaba con la licencia de construcción expedida por el citado Ayuntamiento. Y, de la constancia que acompañó la responsable en su informe justificado, consistente en el oficio DUCMA.AL/2022/0026, -fojas cuarenta y cuatro- se advierte que ya dio respuesta respecto de declaraciones expuestas en el escrito de la quejosa, respuesta que le fue notificada a esta última en forma personal el veintiocho de noviembre del año próximo pasado. Lo anterior, tiene como consecuencia que el acto reclamado -omisión a atender su solicitud- dejó de incidir en la esfera jurídica de la quejosa, lo que trae como consecuencia que ha cesado la materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que la parte quejosa no haya hecho valer que el acto reclamado sea violatorio al artículo 8º constitucional, puesto que es evidente que la omisión por parte de la responsable que constituía el acto reclamado es motivo de que este juzgado haya proveído como en líneas antecede, dado que la misma encuadra en la vulneración al derecho consagrado en tal precepto constitucional. Sin efectos fecha de audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con veintitrés minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables...

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