Isidoro Jiménez Pérez
Expediente 735/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Isidoro Jiménez Pérez
Actuaciones
- Principal
... el oficio signado por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, mediante el cual informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno. Dicho lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente y, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que esta autoridad declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
... agréguese sin mayor proveer la copia simple del oficio 3002/2016 que se presume fue signado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, en razón de que el mismo fue exhibido sin firma autógrafa, y por tanto este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para proveer respecto de su contenido, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría de un documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita.... Sin que pase inadvertido el hecho que las tesis a que se hace mención, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación que provoque la pérdida de las mismas, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de julio de dos mil dieciséis. Visto; el escrito de demanda de amparo que promueve Isidoro Jiménez Pérez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz y otra autoridad, por violación a sus garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 735/2016. Ahora, este Órgano Federal analizó la demanda en relación con las disposiciones de la Ley de Amparo, así como de los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." El acto que reclama el solicitante del amparo, lo constituye la resolución de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca 612/2016 de su índice, relativa al incidente de reconocimiento de inocencia promovido por el quejoso en la causa penal 273/2013 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Papantla Veracruz, por lo que, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe decirse que el artículo 37 de la Nueva Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. --- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. --- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél ante quien se presenta la demanda. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Establecido lo anterior, el suscrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, dado que el acto que se combate consiste en la resolución de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca 612/2016 de su índice, relativa al incidente de reconocimiento de inocencia promovido por el quejoso en la causa penal 273/2013 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, cuyos efectos jurídicos se trasladan directamente al proceso penal donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, es competente el Juez de Distrito de Poza Rica, Veracruz, pues es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentra radicada la causa que se sigue al referido quejoso, y a la cual seguirá sujeto, puesto que los efectos jurídicos de la resolución combatida recaen directamente en ese proceso, lo cual se actualizará en un distrito judicial diverso. En ese contexto, se deja establecido que los efectos de la materialización de la resolución reclama, consisten, entre otros, en que el quejoso quede bajo la potestad del Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, que conoce de la causa de origen, para su continuación y cumplimiento de la sentencia respectiva, lo que evidencia que los efectos jurídicos del acto reclamado se actualizan en un diverso distrito judicial, que lo es donde radica el juez que lleva el proceso de origen, a fin de preservar la unidad del proceso. En ese contexto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el párrafo cuarto del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de garantías y declina su competencia, por razón de territorio, al Juez de Distrito en el Estado en Turno, con sede en Poza Rica, Veracruz, por estar ubicada dentro del territorio donde ejerce jurisdicción, el Juez Primero de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, quien conoce del proceso del que deriva el acto combatido. Sirve de apoyo por su sentido jurídico, la jurisprudencia 1a./J. 48/2005, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Junio de 2015, Tomo XXI, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". Asimismo, se cita en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Las tesis a que se hace referencia, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para quien resuelve, el hecho de que el quejoso haya señalado también como autoridad responsable a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que tal autoridad tiene jurisdicción, en todo el Estado de Veracruz, dadas las facultades orgánicas que la ley que rige la actuación de tal autoridad le atribuye. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que no encuadran en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el indicado en su demanda de amparo; y, como autorizado de su parte, en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Nueva Ley de Amparo, a Juan Manuel Polo Jiménez. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y autógrafa de este acuerdo. Notifíquese por lista de acuerdos al promovente, por así solicitarlo expresamente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria que autoriza y da fe.
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