Isidoro Daniel Guzman Santander
Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Isidoro Daniel Guzman Santander
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 26/2022-VI. Puebla, Puebla, veintiocho de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Y ARCHIVO. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que el quejoso no recurrió el acuerdo de once de enero de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos ..se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de los autos, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, pues se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES No se advierten documentos exhibidos por el quejoso, motivo por el cual se deja de proveer lo relativo....Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, once de enero de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por *, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 20/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21, causante de la enfermedad COVID-19. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" Improcedencia contra la orden de busca, aprehensión, detención, cita de comparecencia, así como la orden de presentación librada contra el quejoso, así como su ejecución. En primer término, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de busca, aprehensión, detención, cita de comparecencia, así como la orden de presentación librada contra el quejoso, así como su ejecución, atribuidas tanto al Fiscal General del Estado de Puebla, como a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género en el Estado de Puebla. En efecto, los actos mencionados reclamados por la parte quejosa convergen bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las cuales dichas autoridades de naturaleza investigadora y administrativa no están facultadas legalmente para emitir esos actos. Por ello, respecto de los mencionados actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Puebla y a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género en el Estado de Puebla (señalados como autoridades responsables), se actualiza la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo relacionada con los diversos artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. Se explica: Así así, acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a las autoridades responsables señaladas como autoridades responsables, porque carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar la busca, aprehensión, detención, presentación, así como la cita de comparecencia de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal al agente del ministerio público (incluyendo a los fiscales o titulares de unidad de investigación de ilícitos, como los señalados como responsables) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esas autoridades responsables (Fiscal General del Estado de Puebla y Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género en el Estado de Puebla) sólo podría actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí que es inconcusa la improcedencia respecto de dichos actos. A mayor abundamiento debe explicarse lo siguiente. Como se expuso, no puede ordenarse la detención del quejoso por dichas autoridades administrativas señaladas como responsables a través de los actos aquí reclamados; salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que esto último sea posible, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso puedan evadirse. No obstante, en los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa hace alusión, en lo esencial, a que tiene conocimientos que Agentes de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, le andan buscando para privarme de mi libertad personal por la posible existencia de una orden de orden de busca, aprehensión y detención o cita de comparecencia girada en mi contra dentro del expediente que se sigue en su contra ante el Fiscal General del Estado de Puebla y la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Genero en el Estado de Puebla, porque así se lo han expresado algunos vecinos, y que esas personas se presentaron en su domicilio el seis de enero "del año 2021 (sic)", y señalaron que por orden del Fiscal General del Estado de Puebla y el titular de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Genero en el Estado de Puebla, iban a detenerle, porque así lo ordenaba la carpeta de investigación que se identifica con el número *. Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención por caso urgente, aunado a que no se reclama así como acto. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implicaría necesariamente que el representante social ordenara aprehenderlo, detenerlo, citarlo o presentarlo. Por otra parte, debe señalarse que aún si el representante legal la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del ministerio público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, investigado o imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque en virtud de la orden de citación solamente se pide a la parte de la que se trate que comparezca ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistada, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, la persona en cuestión puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo, lo que implicaría también la improcedencia del amparo; sin perderse de vista que en este caso no se reclama como tal dicha citación(la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales), sino una citación para comparecencia. También con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que de ordenarse (en su caso) que los peticionarios del amparo, en su caso, se apersonen ante dicha autoridad, aquéllos se encuentran en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se les da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que les sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estarían en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. Así es, un agente del ministerio público tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien sea señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del ministerio público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del juez de control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de busca, aprehensión, detención, cita de comparecencia, así como la orden de presentación librada contra el quejoso, así como su ejecución, reclamadas del fiscal general estatal y otra autoridad, señalados como responsables. Máxime si dichos actos fueron reclamados al mencionado Fiscal General del Estado de Puebla -en su correcta denominación- quien además de que no emite por sí mismo ninguna de esas órdenes reclamadas, sólo tiene el carácter de superior jerárquico de agentes del ministerio público de la misma fiscalía, por lo que no realiza de manera directa y por sí mismo ningún acto dentro de las carpetas de investigación a carga de estos últimos. Sin que en el caso, se haya señalado en modo alguno a autoridades judiciales, atribuyéndoles (en su caso) la orden de busca, aprehensión y detención. Se cita al respecto la tesis XX.31 K, consultable en la Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, septiembre de 1995, página 512, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS SI EN LA DEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIÓ EL". Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo del quejoso, porque los actos que reclama (la orden de busca, aprehensión, detención, cita de comparecencia, así como la orden de presentación librada contra el quejoso, así como su ejecución) actualizaron una causal en mención, de manera manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Sin perderse de vista que inclusive si se llegara a interpretar la voluntad del quejoso en el sentido de que al señalarse por éste como acto denominado en la demanda el siguiente: ".cita de comparecencia.", lo que quería era combatir en realidad era la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta vía de amparo resulta igualmente improcedente. En efecto, en ese caso, por cuanto hace a la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe decirse que ésta no le ocasiona una afectación actual, real y directa en su esfera jurídica, en razón de que únicamente es emitido (en su caso) para que se presente ante la autoridad que lo citó y se lleve a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que contenga algún tipo de medio de apremio en caso de no asistir. Cabe destacar que, tal como ocurría en el caso de la diversas orden de presentación reclamada (de la que ya se explicó su improcedencia con antelación), la citación de mérito (la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales), no corresponde a "la orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna", previsto en el artículo 141, fracción II, del código adjetivo penal nacional antes invocado. Por esos motivos, inclusive si se entendiera que la voluntad del quejoso radica en combatir (igualmente) la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se configura en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo constituye un medio idóneo para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue sólo a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo a quien perjudique el acto de autoridad. Consecuentemente, cuando se acude en demanda de amparo la parte quejosa debe acreditar fehaciente que el acto reclamado a la autoridad responsable vulnera algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente. En ese sentido el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que tiene por efecto resolver, entre otros supuestos, las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, no cualquier persona puede promover dicho medio de defensa, pues la parte quejosa debe cumplir con ciertos requisitos1, a saber: a) acreditar su interés jurídico o legítimo, y b) que se agravie o afecte ese interés. Dichos elementos derivan del artículo 107, fracción I, de la constitución federal, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De acuerdo con el citado numeral, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, por la persona que invoca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. En el caso concreto, se tiene que el quejoso hizo mención a una "cita para comparecencia (sic)" dirigida a su persona dentro de una carpeta de investigación; lo que en forma alguna puede considerarse como un acto de autoridad capaz de afectar o restringir su libertad personal, como lo aduce la parte impetrante. Se afirma lo anterior, porque acorde con la naturaleza de dicha citación o cita (citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales), no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal, pues ése no es su objeto, sino (en dado caso) lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal de investigación dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales del peticionario del amparo. Además, como se dijo, debe destacarse que constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación aparentemente incoada contra el promovente o en la que éste forma parte de las personas involucradas con tal indagatoria; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Se invoca al respecto la tesis XXVII.3o.47 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Bajo ese contexto, la aludida "cita de comparecencia" o la citación librada contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dirigida al quejoso, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, pues de su contenido no se advierte la existencia de un apercibimiento o amenaza por parte de la autoridad responsable de hacerla acreedora a una sanción ante su inasistencia; más bien, se advierte correspondería (en su caso) a una citación o citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que, en dicha etapa incluso no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad, o no. En ese orden de ideas, la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales emitida dentro de la integración de la carpeta de investigación, no afecta el interés jurídico del quejoso, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, regulada ahora por el nuevo sistema penal; habida cuenta que la autoridad del ministerio público, debe atender al ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, y está en posibilidad de emitir citaciones a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 91 y 92, en relación con el diverso 127, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." "Artículo 92. Citación al imputado Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por el Órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su Defensor a comparecer. La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.(.)" Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la fiscal ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el ministerio público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita, tal como lo ha sostenido reiteradamente el más Alto Tribunal del País. A lo anterior, sirve de sustento por similitud jurídica la jurisprudencia sostenida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, en la que esencialmente se sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del ministerio público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita, cuyo rubro es: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. " Tesis jurisprudencial que se estima aplicable por analogía jurídica, en atención a los razonamientos que la sustentan y por cuanto a los principios rectores que recoge en cuanto a la etapa de investigación a cargo de la institución del Ministerio público; pues si bien se refiere al anterior sistema penal procesal o también llamado tradicional, no menos lo es que la averiguación previa en ese sistema guarda similitud con la integración de la carpeta de investigación, en su etapa inicial de investigación o desformalizada, donde el ministerio público tiene a cargo la investigación y persecución de un hecho que la ley señala como delito (artículo 21 constitucional), así como la obligación de recabar los datos que lo acrediten, con la finalidad de en su momento judicializar la carpeta mediante el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. Por otra parte, cabe precisar que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en una nueva reflexión sobre los efectos de la citación a audiencia inicial, determinó que dicha notificación, en sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues es una mera comunicación que dirige la autoridad al imputado, mediante la cual se le informa que debe comparecer para llevar a cabo un acto jurídico. En dicha ejecutoria sostuvo: ".La citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley.." El criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver dicha contradicción derivó la jurisprudencia 78/2018, de rubro siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." En ese sentido, la citación, tratándose de aquélla emitida en la etapa de investigación, con base en los numerales 90, 91, 92 y 127 de dicho ordenamiento, por identidad jurídica, en cuanto a los alcances de su emisión, no afecta la libertad personal de la persona citada, dado que la diligencia de entrevista en relación con los hechos investigados, no implica un acto sobre su persona, puesto que es optativo para el imputado, acudir o no a la cita, sin que pese sobre la parte quejosa apercibimiento alguno que lo constriña a asistir. Por ende, si con relación a la citación a audiencia inicial girada por una autoridad judicial es notoriamente improcedente el juicio de amparo; con mayor razón lo es si dicha citación o citatorio fue librado por una autoridad ministerial en la integración de una carpeta de investigación. Por ello, si a la parte quejosa se le citó únicamente con la finalidad de que declare en relación a hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación *; se estima que la citación en cuestión no afecta derechos sustantivos, pues se traduce en una mera comunicación que la responsable realizó en cumplimiento de las obligaciones y las facultades que constitucional y legalmente tiene encomendadas, con base en la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional. Lo anterior, sin que sea óbice que el ministerio público podrá imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer, o a realizar las gestiones que considere necesarias para la integración de la indagatoria respectiva, ya que ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarse alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el juicio de amparo contra la misma. Es sustento de lo anterior, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con el rubro siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO"; así como la diversa tesis XIII.P.A.32 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, cuyo rubro es: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS." Aunado a lo anterior, el hecho de que las autoridades responsables hayan (en su caso) citado al aquí quejoso para la práctica de una diligencia de carácter ministerial o para ser entrevistado, forma parte de la integración de una carpeta de investigación que, como tal, no puede considerarse como actos cuya ejecución sea de imposible reparación, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, ya que éste, en caso de ser cierto, forma parte de la facultad constitucional que la autoridad ministerial tiene. De tal forma que el acto reclamado que refiere la parte peticionaria de amparo, de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. En ese tenor, resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual el fiscal trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga posibilidades de éxito; es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Asimismo, el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, consiste en la obligación que constitucionalmente se impone a la fiscalía de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada etapa preliminar o de investigación, los elementos de prueba suficientes a partir de los cuales pueda determinarse si se somete o no a una persona a juicio. En esta etapa, una vez que el fiscal formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el juez de control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Ahora bien, al cierre de la investigación no le sigue inmediatamente la realización del juicio, sino una etapa intermedia que también se realiza ante el juez de control y que tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y las pruebas que deberán ser examinadas. Una vez superada la etapa intermedia, se procederá a la realización del juicio oral. Así, será a través del desahogo de las pruebas que el juez o tribunal del juicio se haga de toda la información necesaria para resolver sobre la responsabilidad del acusado; sin embargo, un principio básico del sistema acusatorio, vinculado a los principios de inmediación y a la idea del juicio previo, es que la información que se puede utilizar para llegar a la convicción final sólo puede ser aquella que ha ingresado válidamente al debate principal a través del auto de apertura a juicio -salvo por la excepciones que expresamente establezca la ley-, y es desahogada conforme a los principios de inmediación y contradicción, precisamente en la etapa de juicio. Lo antes destacado resulta importante debido a que, a diferencia del sistema de justicia tradicional, en el sistema penal acusatorio, el ministerio público no recaba durante su investigación pruebas que puedan valorarse directamente en el juicio y que en su caso puedan ser usadas para dictar una condena a un imputado, pues los datos de prueba solamente constituyen información que recaba para determinar si debe llevarse a una persona ante el juez para iniciar una investigación complementaria con pretensión ir a juicio; por tanto, su investigación que por disposición constitucional debe ser en sigilo, no debe interrumpirse. En efecto el apartado B del artículo 20 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) Apartado B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.)" Del análisis en sentido contrario de la anterior disposición, se desprende que mientras una persona que ha sido señalada o denunciada en una carpeta, no ha sido detenida, no ha sido citada para comparecer ante el juez de control, ni se le ha pretendido recibir su declaración, no tiene, por disposición de la constitución federal, el derecho a que se le faciliten los datos que integran esa carpeta de investigación inicial; por lo que los datos que pudiera contener la carpeta de investigación derivados de los actos de investigación como los que ahora se duele no son susceptibles de afectar materialmente los derechos de la parte quejosa, pues no puede determinarse siquiera si se desembocará un juicio en su contra. Conforme a la explicación anterior, es dable concluir que tales actos, como lo es la citación girado y, en su caso, ahora reclamado, no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Apoya a lo anterior, la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, Tomo III, Noviembre de 2017, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Y, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947, Tomo III, Noviembre de 2017, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." Por lo tanto, de manera notoria, manifiesta e indudable, en ese caso se actualiza también la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Improcedencia respecto de los actos consistentes en violaciones a sus derechos humanos en la averiguación previa o proceso, la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar a su defensa en el proceso, averiguación previa o carpeta de investigación, así como la transgresión al derecho humano de defensa adecuada. En otro contexto, por cuanto hace a los diversos actos reclamados consistentes en violaciones a sus derechos humanos en la averiguación previa o proceso, la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar a su defensa en el proceso, averiguación previa o carpeta de investigación, así como la transgresión al derecho humano de defensa adecuada, se estima que encuadran en la hipótesis de actos futuros e inciertos, y contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, pues esta vía constitucional solo es procedente contra actos ciertos que causen una afectación inminente, actual, real y directa en la esfera jurídica del gobernado. Esto obedece a que para estar en condiciones de saber si el acto reclamado que es considerado como futuro, por regla general el juez debe tener a la vista las pruebas pertinentes y con base en ellas, estimar si racionalmente que en el lapso comprendido entre la presentación de la demanda de amparo y el momento en que se decide sobre su admisión, la responsable ya ordenó que se lleve a cabo el acto reclamado o esté a punto de hacerlo, o bien, que aunque ésta lo llegara a negar en su informe justificado, el afectado pudiera demostrar lo contrario durante el juicio, es conveniente admitir la demanda, o, como en este caso, esa información pudiera desprenderse íntegramente de la sola lectura de la demanda de amparo indirecto con pruebas aportadas por el quejoso. Situación que no ocurrió, pues el quejoso no ofreció pruebas que con base en la lectura de la demanda permitieran encontrar indicios de la existencia y ejecución de dicho acto en un tiempo presente, y no futuro, sobre todo pues hace referencia al reclamo de esos actos como "posible", que derivan de una causa, proceso, averiguación o carpeta que "desconoce". Tiene aplicación al caso, la tesis aislada I.7o.A.24 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro siguiente: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA". Asimismo, es ilustradora por las razones que la informan, así como por analogía jurídica en su parte conducente, la tesis VII.2o.T.303 L (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Décima Época, materias común, laboral, tomo IV, página 2739; cuyo rubro es: "APERCIBIMIENTO DE PRESENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA COMO MEDIDA DE APREMIO EN JUICIOS LABORALES. ES UN ACTO DE REALIZACIÓN FUTURA E INCIERTA RESPECTO DEL CUAL ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VII.2o.T.188 L (10a.)]." Por todo lo antes expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse contra los actos reclamados en la misma, las casuales de improcedente estudiadas en forma indudable y manifiesta. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 20/2021), se tiene por señalado el correo electrónico al que se alude en la demanda, como medio de contacto; sin perjuicio de que la parte quejosa proporcione un número telefónico móvil para tal fin. Se hace la precisión que esos medios solo serán considerados para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y en caso de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a la parte quejosa que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Autorizados, acceso al expediente electrónico y notificación electrónica. Téngase como autorizada en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a * , porque se encontró registro de su cédula profesional en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal y así lo solicitó el quejoso. Sin embargo, a las demás personas que menciona en la demanda de amparo de cuenta, únicamente para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, porque no les confirió de manera expresa las facultades amplias previstas en el aludido artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora, dado a que fue solicitado de forma expresa en el escrito de demanda, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico a través del usuario "FiorelaBenitezS", que corresponde a la autorizada en términos amplios de la parte quejosa. De igual manera, el impetrante del amparo solicitó de manera expresa su notificación a través de ese usuario; por consiguiente, se autoriza realizarle a la parte quejosa únicamente las notificaciones de carácter personal a través de dicho usuario (FiorelaBenitezS) de manera electrónica. Cabe puntualizar que a fin de evitar duplicidad de notificaciones y para evitar generar un estado de inseguridad jurídica derivado de lo anterior, aunado a la solicitud expresa de la parte quejosa para que se le notifique electrónicamente; en consecuencia, las notificaciones de carácter personal se le realizarán a la parte impetrante del amparo sólo de manera electrónica, no así en el domicilio físico que también señaló para ello. Dicho domicilio físico se tendrá en cuenta, únicamente de considerarse necesario y condicionado a que expresamente se ordene en un auto la notificación a la parte quejosa en el mismo; en tanto no ocurra lo anterior, como se dijo, las notificaciones (personales) se le harán sólo de manera electrónica. Por lo tanto, se instruye que se habilite en dicho sistema al usuario antes precisado para los efectos ahí establecidos. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto2 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, once de enero de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por *, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 20/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21, causante de la enfermedad COVID-19. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" Improcedencia contra la orden de busca, aprehensión, detención, cita de comparecencia, así como la orden de presentación librada contra el quejoso, así como su ejecución. En primer término, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de busca, aprehensión, detención, cita de comparecencia, así como la orden de presentación librada contra el quejoso, así como su ejecución, atribuidas tanto al Fiscal General del Estado de Puebla, como a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género en el Estado de Puebla. En efecto, los actos mencionados reclamados por la parte quejosa convergen bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las cuales dichas autoridades de naturaleza investigadora y administrativa no están facultadas legalmente para emitir esos actos. Por ello, respecto de los mencionados actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Puebla y a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género en el Estado de Puebla (señalados como autoridades responsables), se actualiza la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo relacionada con los diversos artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. Se explica: Así así, acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a las autoridades responsables señaladas como autoridades responsables, porque carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar la busca, aprehensión, detención, presentación, así como la cita de comparecencia de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal al agente del ministerio público (incluyendo a los fiscales o titulares de unidad de investigación de ilícitos, como los señalados como responsables) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esas autoridades responsables (Fiscal General del Estado de Puebla y Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género en el Estado de Puebla) sólo podría actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí que es inconcusa la improcedencia respecto de dichos actos. A mayor abundamiento debe explicarse lo siguiente. Como se expuso, no puede ordenarse la detención del quejoso por dichas autoridades administrativas señaladas como responsables a través de los actos aquí reclamados; salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que esto último sea posible, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso puedan evadirse. No obstante, en los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa hace alusión, en lo esencial, a que tiene conocimientos que Agentes de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, le andan buscando para privarme de mi libertad personal por la posible existencia de una orden de orden de busca, aprehensión y detención o cita de comparecencia girada en mi contra dentro del expediente que se sigue en su contra ante el Fiscal General del Estado de Puebla y la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Genero en el Estado de Puebla, porque así se lo han expresado algunos vecinos, y que esas personas se presentaron en su domicilio el seis de enero "del año 2021 (sic)", y señalaron que por orden del Fiscal General del Estado de Puebla y el titular de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Genero en el Estado de Puebla, iban a detenerle, porque así lo ordenaba la carpeta de investigación que se identifica con el número *. Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención por caso urgente, aunado a que no se reclama así como acto. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implicaría necesariamente que el representante social ordenara aprehenderlo, detenerlo, citarlo o presentarlo. Por otra parte, debe señalarse que aún si el representante legal la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del ministerio público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, investigado o imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque en virtud de la orden de citación solamente se pide a la parte de la que se trate que comparezca ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistada, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, la persona en cuestión puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo, lo que implicaría también la improcedencia del amparo; sin perderse de vista que en este caso no se reclama como tal dicha citación(la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales), sino una citación para comparecencia. También con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que de ordenarse (en su caso) que los peticionarios del amparo, en su caso, se apersonen ante dicha autoridad, aquéllos se encuentran en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se les da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que les sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estarían en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. Así es, un agente del ministerio público tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien sea señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del ministerio público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del juez de control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de busca, aprehensión, detención, cita de comparecencia, así como la orden de presentación librada contra el quejoso, así como su ejecución, reclamadas del fiscal general estatal y otra autoridad, señalados como responsables. Máxime si dichos actos fueron reclamados al mencionado Fiscal General del Estado de Puebla -en su correcta denominación- quien además de que no emite por sí mismo ninguna de esas órdenes reclamadas, sólo tiene el carácter de superior jerárquico de agentes del ministerio público de la misma fiscalía, por lo que no realiza de manera directa y por sí mismo ningún acto dentro de las carpetas de investigación a carga de estos últimos. Sin que en el caso, se haya señalado en modo alguno a autoridades judiciales, atribuyéndoles (en su caso) la orden de busca, aprehensión y detención. Se cita al respecto la tesis XX.31 K, consultable en la Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, septiembre de 1995, página 512, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS SI EN LA DEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIÓ EL". Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo del quejoso, porque los actos que reclama (la orden de busca, aprehensión, detención, cita de comparecencia, así como la orden de presentación librada contra el quejoso, así como su ejecución) actualizaron una causal en mención, de manera manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Sin perderse de vista que inclusive si se llegara a interpretar la voluntad del quejoso en el sentido de que al señalarse por éste como acto denominado en la demanda el siguiente: ".cita de comparecencia.", lo que quería era combatir en realidad era la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta vía de amparo resulta igualmente improcedente. En efecto, en ese caso, por cuanto hace a la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe decirse que ésta no le ocasiona una afectación actual, real y directa en su esfera jurídica, en razón de que únicamente es emitido (en su caso) para que se presente ante la autoridad que lo citó y se lleve a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que contenga algún tipo de medio de apremio en caso de no asistir. Cabe destacar que, tal como ocurría en el caso de la diversas orden de presentación reclamada (de la que ya se explicó su improcedencia con antelación), la citación de mérito (la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales), no corresponde a "la orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna", previsto en el artículo 141, fracción II, del código adjetivo penal nacional antes invocado. Por esos motivos, inclusive si se entendiera que la voluntad del quejoso radica en combatir (igualmente) la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se configura en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo constituye un medio idóneo para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue sólo a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo a quien perjudique el acto de autoridad. Consecuentemente, cuando se acude en demanda de amparo la parte quejosa debe acreditar fehaciente que el acto reclamado a la autoridad responsable vulnera algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente. En ese sentido el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que tiene por efecto resolver, entre otros supuestos, las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, no cualquier persona puede promover dicho medio de defensa, pues la parte quejosa debe cumplir con ciertos requisitos1, a saber: a) acreditar su interés jurídico o legítimo, y b) que se agravie o afecte ese interés. Dichos elementos derivan del artículo 107, fracción I, de la constitución federal, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De acuerdo con el citado numeral, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, por la persona que invoca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. En el caso concreto, se tiene que el quejoso hizo mención a una "cita para comparecencia (sic)" dirigida a su persona dentro de una carpeta de investigación; lo que en forma alguna puede considerarse como un acto de autoridad capaz de afectar o restringir su libertad personal, como lo aduce la parte impetrante. Se afirma lo anterior, porque acorde con la naturaleza de dicha citación o cita (citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales), no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal, pues ése no es su objeto, sino (en dado caso) lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal de investigación dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales del peticionario del amparo. Además, como se dijo, debe destacarse que constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación aparentemente incoada contra el promovente o en la que éste forma parte de las personas involucradas con tal indagatoria; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Se invoca al respecto la tesis XXVII.3o.47 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Bajo ese contexto, la aludida "cita de comparecencia" o la citación librada contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dirigida al quejoso, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, pues de su contenido no se advierte la existencia de un apercibimiento o amenaza por parte de la autoridad responsable de hacerla acreedora a una sanción ante su inasistencia; más bien, se advierte correspondería (en su caso) a una citación o citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que, en dicha etapa incluso no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad, o no. En ese orden de ideas, la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales emitida dentro de la integración de la carpeta de investigación, no afecta el interés jurídico del quejoso, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, regulada ahora por el nuevo sistema penal; habida cuenta que la autoridad del ministerio público, debe atender al ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, y está en posibilidad de emitir citaciones a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 91 y 92, en relación con el diverso 127, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." "Artículo 92. Citación al imputado Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por el Órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su Defensor a comparecer. La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.(.)" Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la fiscal ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el ministerio público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita, tal como lo ha sostenido reiteradamente el más Alto Tribunal del País. A lo anterior, sirve de sustento por similitud jurídica la jurisprudencia sostenida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, en la que esencialmente se sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del ministerio público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita, cuyo rubro es: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. " Tesis jurisprudencial que se estima aplicable por analogía jurídica, en atención a los razonamientos que la sustentan y por cuanto a los principios rectores que recoge en cuanto a la etapa de investigación a cargo de la institución del Ministerio público; pues si bien se refiere al anterior sistema penal procesal o también llamado tradicional, no menos lo es que la averiguación previa en ese sistema guarda similitud con la integración de la carpeta de investigación, en su etapa inicial de investigación o desformalizada, donde el ministerio público tiene a cargo la investigación y persecución de un hecho que la ley señala como delito (artículo 21 constitucional), así como la obligación de recabar los datos que lo acrediten, con la finalidad de en su momento judicializar la carpeta mediante el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. Por otra parte, cabe precisar que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en una nueva reflexión sobre los efectos de la citación a audiencia inicial, determinó que dicha notificación, en sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues es una mera comunicación que dirige la autoridad al imputado, mediante la cual se le informa que debe comparecer para llevar a cabo un acto jurídico. En dicha ejecutoria sostuvo: ".La citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley.." El criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver dicha contradicción derivó la jurisprudencia 78/2018, de rubro siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." En ese sentido, la citación, tratándose de aquélla emitida en la etapa de investigación, con base en los numerales 90, 91, 92 y 127 de dicho ordenamiento, por identidad jurídica, en cuanto a los alcances de su emisión, no afecta la libertad personal de la persona citada, dado que la diligencia de entrevista en relación con los hechos investigados, no implica un acto sobre su persona, puesto que es optativo para el imputado, acudir o no a la cita, sin que pese sobre la parte quejosa apercibimiento alguno que lo constriña a asistir. Por ende, si con relación a la citación a audiencia inicial girada por una autoridad judicial es notoriamente improcedente el juicio de amparo; con mayor razón lo es si dicha citación o citatorio fue librado por una autoridad ministerial en la integración de una carpeta de investigación. Por ello, si a la parte quejosa se le citó únicamente con la finalidad de que declare en relación a hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación *; se estima que la citación en cuestión no afecta derechos sustantivos, pues se traduce en una mera comunicación que la responsable realizó en cumplimiento de las obligaciones y las facultades que constitucional y legalmente tiene encomendadas, con base en la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional. Lo anterior, sin que sea óbice que el ministerio público podrá imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer, o a realizar las gestiones que considere necesarias para la integración de la indagatoria respectiva, ya que ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarse alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el juicio de amparo contra la misma. Es sustento de lo anterior, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con el rubro siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO"; así como la diversa tesis XIII.P.A.32 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, cuyo rubro es: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS." Aunado a lo anterior, el hecho de que las autoridades responsables hayan (en su caso) citado al aquí quejoso para la práctica de una diligencia de carácter ministerial o para ser entrevistado, forma parte de la integración de una carpeta de investigación que, como tal, no puede considerarse como actos cuya ejecución sea de imposible reparación, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, ya que éste, en caso de ser cierto, forma parte de la facultad constitucional que la autoridad ministerial tiene. De tal forma que el acto reclamado que refiere la parte peticionaria de amparo, de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. En ese tenor, resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual el fiscal trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga posibilidades de éxito; es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Asimismo, el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, consiste en la obligación que constitucionalmente se impone a la fiscalía de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada etapa preliminar o de investigación, los elementos de prueba suficientes a partir de los cuales pueda determinarse si se somete o no a una persona a juicio. En esta etapa, una vez que el fiscal formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el juez de control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Ahora bien, al cierre de la investigación no le sigue inmediatamente la realización del juicio, sino una etapa intermedia que también se realiza ante el juez de control y que tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y las pruebas que deberán ser examinadas. Una vez superada la etapa intermedia, se procederá a la realización del juicio oral. Así, será a través del desahogo de las pruebas que el juez o tribunal del juicio se haga de toda la información necesaria para resolver sobre la responsabilidad del acusado; sin embargo, un principio básico del sistema acusatorio, vinculado a los principios de inmediación y a la idea del juicio previo, es que la información que se puede utilizar para llegar a la convicción final sólo puede ser aquella que ha ingresado válidamente al debate principal a través del auto de apertura a juicio -salvo por la excepciones que expresamente establezca la ley-, y es desahogada conforme a los principios de inmediación y contradicción, precisamente en la etapa de juicio. Lo antes destacado resulta importante debido a que, a diferencia del sistema de justicia tradicional, en el sistema penal acusatorio, el ministerio público no recaba durante su investigación pruebas que puedan valorarse directamente en el juicio y que en su caso puedan ser usadas para dictar una condena a un imputado, pues los datos de prueba solamente constituyen información que recaba para determinar si debe llevarse a una persona ante el juez para iniciar una investigación complementaria con pretensión ir a juicio; por tanto, su investigación que por disposición constitucional debe ser en sigilo, no debe interrumpirse. En efecto el apartado B del artículo 20 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) Apartado B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.)" Del análisis en sentido contrario de la anterior disposición, se desprende que mientras una persona que ha sido señalada o denunciada en una carpeta, no ha sido detenida, no ha sido citada para comparecer ante el juez de control, ni se le ha pretendido recibir su declaración, no tiene, por disposición de la constitución federal, el derecho a que se le faciliten los datos que integran esa carpeta de investigación inicial; por lo que los datos que pudiera contener la carpeta de investigación derivados de los actos de investigación como los que ahora se duele no son susceptibles de afectar materialmente los derechos de la parte quejosa, pues no puede determinarse siquiera si se desembocará un juicio en su contra. Conforme a la explicación anterior, es dable concluir que tales actos, como lo es la citación girado y, en su caso, ahora reclamado, no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Apoya a lo anterior, la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, Tomo III, Noviembre de 2017, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Y, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947, Tomo III, Noviembre de 2017, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." Por lo tanto, de manera notoria, manifiesta e indudable, en ese caso se actualiza también la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Improcedencia respecto de los actos consistentes en violaciones a sus derechos humanos en la averiguación previa o proceso, la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar a su defensa en el proceso, averiguación previa o carpeta de investigación, así como la transgresión al derecho humano de defensa adecuada. En otro contexto, por cuanto hace a los diversos actos reclamados consistentes en violaciones a sus derechos humanos en la averiguación previa o proceso, la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar a su defensa en el proceso, averiguación previa o carpeta de investigación, así como la transgresión al derecho humano de defensa adecuada, se estima que encuadran en la hipótesis de actos futuros e inciertos, y contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, pues esta vía constitucional solo es procedente contra actos ciertos que causen una afectación inminente, actual, real y directa en la esfera jurídica del gobernado. Esto obedece a que para estar en condiciones de saber si el acto reclamado que es considerado como futuro, por regla general el juez debe tener a la vista las pruebas pertinentes y con base en ellas, estimar si racionalmente que en el lapso comprendido entre la presentación de la demanda de amparo y el momento en que se decide sobre su admisión, la responsable ya ordenó que se lleve a cabo el acto reclamado o esté a punto de hacerlo, o bien, que aunque ésta lo llegara a negar en su informe justificado, el afectado pudiera demostrar lo contrario durante el juicio, es conveniente admitir la demanda, o, como en este caso, esa información pudiera desprenderse íntegramente de la sola lectura de la demanda de amparo indirecto con pruebas aportadas por el quejoso. Situación que no ocurrió, pues el quejoso no ofreció pruebas que con base en la lectura de la demanda permitieran encontrar indicios de la existencia y ejecución de dicho acto en un tiempo presente, y no futuro, sobre todo pues hace referencia al reclamo de esos actos como "posible", que derivan de una causa, proceso, averiguación o carpeta que "desconoce". Tiene aplicación al caso, la tesis aislada I.7o.A.24 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro siguiente: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA". Asimismo, es ilustradora por las razones que la informan, así como por analogía jurídica en su parte conducente, la tesis VII.2o.T.303 L (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Décima Época, materias común, laboral, tomo IV, página 2739; cuyo rubro es: "APERCIBIMIENTO DE PRESENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA COMO MEDIDA DE APREMIO EN JUICIOS LABORALES. ES UN ACTO DE REALIZACIÓN FUTURA E INCIERTA RESPECTO DEL CUAL ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VII.2o.T.188 L (10a.)]." Por todo lo antes expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse contra los actos reclamados en la misma, las casuales de improcedente estudiadas en forma indudable y manifiesta. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 20/2021), se tiene por señalado el correo electrónico al que se alude en la demanda, como medio de contacto; sin perjuicio de que la parte quejosa proporcione un número telefónico móvil para tal fin. Se hace la precisión que esos medios solo serán considerados para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y en caso de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a la parte quejosa que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Autorizados, acceso al expediente electrónico y notificación electrónica. Téngase como autorizada en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a * , porque se encontró registro de su cédula profesional en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal y así lo solicitó el quejoso. Sin embargo, a las demás personas que menciona en la demanda de amparo de cuenta, únicamente para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, porque no les confirió de manera expresa las facultades amplias previstas en el aludido artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora, dado a que fue solicitado de forma expresa en el escrito de demanda, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico a través del usuario "FiorelaBenitezS", que corresponde a la autorizada en términos amplios de la parte quejosa. De igual manera, el impetrante del amparo solicitó de manera expresa su notificación a través de ese usuario; por consiguiente, se autoriza realizarle a la parte quejosa únicamente las notificaciones de carácter personal a través de dicho usuario (FiorelaBenitezS) de manera electrónica. Cabe puntualizar que a fin de evitar duplicidad de notificaciones y para evitar generar un estado de inseguridad jurídica derivado de lo anterior, aunado a la solicitud expresa de la parte quejosa para que se le notifique electrónicamente; en consecuencia, las notificaciones de carácter personal se le realizarán a la parte impetrante del amparo sólo de manera electrónica, no así en el domicilio físico que también señaló para ello. Dicho domicilio físico se tendrá en cuenta, únicamente de considerarse necesario y condicionado a que expresamente se ordene en un auto la notificación a la parte quejosa en el mismo; en tanto no ocurra lo anterior, como se dijo, las notificaciones (personales) se le harán sólo de manera electrónica. Por lo tanto, se instruye que se habilite en dicho sistema al usuario antes precisado para los efectos ahí establecidos. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto2 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo.
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