Isela Porquillo Mecatl
Expediente 1115/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Isela Porquillo Mecatl
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1115/2023-V. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda no presentada Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado a la quejosa en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, transcurrió del diecisiete al veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que la quejosa desahogara la prevención contenida en el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas Finalmente, se ordena hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la quejosa
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1115/2023-V.. Puebla, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por ++++++++ promoviendo por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula Estado de Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Prevención. De la lectura integral2 de la demanda de amparo, se advierten irregularidades en los actos reclamados por la quejosa. La primera irregularidad es la siguiente: La quejosa señaló como acto reclamado una orden de arraigo y la reclama a diversos jueces locales, pero dichas autoridades no tienen facultades para librar esa orden porque la orden de arraigo solo puede ser emitida por jueces del fuero federal en casos de delitos en materia de delincuencia organizada; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 4/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , publicada a página 1226, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materias: Constitucional, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES INCONSTITUCIONAL. La reforma constitucional a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; 73, fracciones XXI y XXIII; artículo 115, fracción VII y la fracción XIII, del Apartado B, del numeral 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 18 de junio de 2008, fue trascendente para el sistema de procuración e impartición de justicia en materia penal, pues establece un nuevo modelo de justicia penal para pasar del llamado sistema mixto al acusatorio u oral. Además, introduce la figura del arraigo a través de la cual se permite limitar la libertad personal bajo ciertos requisitos que la propia Constitución señala en el artículo 16 párrafo octavo adicionado. En esta reforma se establece la procedencia del arraigo única y exclusivamente para delitos de delincuencia organizada, emitida por la autoridad judicial y a solicitud del Ministerio Público. Hay que subrayar que en la misma reforma se modificó la fracción XXI del artículo 73, en la que se establece como competencia exclusiva de la Federación el legislar en materia de delincuencia organizada, quedando la facultad accesoria del arraigo como exclusiva de las autoridades federales, y su artículo décimo primero transitorio modifica temporalmente el alcance del arraigo hasta la entrada en vigor del sistema penal acusatorio federal, posibilitando la emisión de órdenes de arraigo en casos distintos a los de delincuencia organizada, en un lugar específico y por un término más limitado, para permitirlo en delitos graves, en el domicilio del indiciado y hasta por un máximo de cuarenta días. Sin embargo, este artículo décimo primero transitorio en ningún momento modifica la competencia federal para emitir una orden de arraigo, ni permite que los ministerios públicos o jueces locales emitan estas órdenes. La racionalidad del transitorio sólo se refiere a la entrada en vigor del sistema acusatorio a nivel federal, modificando las circunstancias materiales, de tiempo, modo y lugar para emitir la orden de arraigo, pero no modifica la competencia federal para hacer competentes a las autoridades locales para emitirla. Por ello, una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un ministerio público del fuero común, para el éxito de la investigación de un delito también local, no puede ser considerada constitucional, ya que ni el juez es autoridad competente para emitirla, ni el ministerio público para solicitarla, aun cuando el delito por el que se solicitó fuera considerado grave y en la Federación o en el Estado no haya entrado en vigor el sistema penal acusatorio". Y en el caso, de los antecedentes de los actos reclamados no se desprende que exista una causa penal iniciada en su contra, por los delitos en materia de delincuencia organizada, que pudieran derivar en una orden de arraigo. Por otra parte, se detectó una segunda irregularidad, en uno de los actos reclamados a los jueces de control señalados como responsables, siendo el siguiente: Es así, pues una orden de presentación como la que reclama la quejosa, no puede ser emitida por los jueces de control, porque estos, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar una orden de presentación en el mencionado nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sobre todo porque la regulación de la orden de presentación, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece únicamente las órdenes: de citación, comparecencia y aprehensión, y que serán emitidas por un Juez de Control, a solicitud de la representación social. Por lo tanto, existiría una causal de improcedencia contra esos actos, pues el citado numeral no contempla la orden de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión (también reclamada) de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados en mención. También, existe una tercera irregularidad respecto a la orden de aprehensión, presentación, privación ilegal de la libertad (sic) que les atribuye a los agentes del Ministerio Público señalados como responsables. En el caso particular, resulta patente que las citadas autoridades, no tienen las atribuciones legales para emitir la orden de aprehensión, presentación o privación de la libertad que reclama la quejosa; pues, en su caso, serían facultades de una autoridad judicial. Tan es así, que el artículo 1413 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las órdenes de citación, comparecencia y aprehensión serán emitidas por un Juez de Control, a solicitud de la representación social. Ahora, se puntualiza, que el representante social no puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la aquí quejosa lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo menciona: encontró un documento donde se le cita a una audiencia en la Unidad Especializad de Investigación en Secuestro adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorción en el Estado de Puebla. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Pero la aclaración debe realizarla la quejosa, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de actos reclamados y autoridades responsables, dado que esto corresponde a los solicitantes de la protección constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO"4 . Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Precise si desea excluir de este juicio los actos consistentes en la orden de arraigo, privación ilegal de la libertad (sic) y presentación atribuidos a las autoridades ordenadoras señaladas como responsables. 2. Señale si desea de dejar de tener como responsable a los agentes del Ministerio Público, dado que carecen de facultades para emitir las órdenes reclamadas. 3. Indique si desea limitar los actos reclamados a la orden de aprehensión y su ejecución, emitida por los jueces señalados como responsables. Conviene indicar a la quejosa un aspecto importante: al desahogar la prevención debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informó en la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Se formula a la quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Presentación de promociones físicas. Se comunica a los intervinientes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal, expediente electrónico, medios de contacto, y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la notificación electrónica. Además, se detectó su solicitud para acceder al expediente electrónico. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite a la quejosa tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: juridicoglobal. Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De ahí que se descarte el inmueble que fue señalado en la demanda como domicilio procesal. Además, se tienen como medios de contacto el correo electrónico y números telefónicos señalados en la demanda de amparo. Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista señalado para esos efectos que designó la quejosa, porque le otorgó facultades amplias y tienen registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese electrónicamente a la quejosa
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