Isidoro Cruz Varela

Expediente 571/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
571/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • Isidoro Cruz Varela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable: 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, consistente en el duplicado de la causa penal 509/2015 de su índice, con el cual se formó el anexo I prueba. Se ordena devolver dicho legajo a la citada autoridad, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo respectivo, toda vez que las autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que dicho acuse, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese por lista al quejoso Isidoro Cruz Varela y a la tercera interesada María Araceli Hernández Cuautle; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Raúl Bonilla Hernández, secretario Encargado del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por ausencia temporal del Titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Maribel Pereda Corvera, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 571/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Isidoro Cruz Varela; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este órgano jurisdiccional, Isidoro Cruz Varela solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una resolución emitida por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo. Auto admisorio. Por acuerdo dictado el diecisiete de junio del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 571/2021; asimismo, la admitió a trámite -con incidente de suspensión-, requirió a la autoridad responsable su informe justificado y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Parte tercera interesada. En términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia, se ordenó el emplazamiento, con el carácter de terceros interesados de los siguientes sujetos: i) María Araceli Hernández Cuautle -víctima del delito-; y, ii) Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Cuarto. Cita para audiencia. En dicho auto admisorio, se fijaron las nueve horas con veintiséis minutos del dieciséis de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto proveniente de un procedimiento penal, radicado ante una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso reclama: ( La determinación dictada el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 509/2015 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, misma que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el propio quejoso en contra del auto emitido el diecinueve de febrero de dos mil veinte, por el cual se ordenó la continuación del procedimiento dentro de la causa respecto de la agraviada María Araceli Hernández Cuautle, por haber revocado el perdón que otorgó al ahora quejoso mediante diligencia de siete de junio de dos mil dieciocho. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Acepta. 33. Tabla Única. El juez responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en el duplicado de la causa penal 509/2015 de su índice, el cual, por tratarse de un documento público, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se tiene por cierta la resolución jurisdiccional reclamada en la presente instancia constitucional. Cuarto. Ponderaciones previas. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio respecto del acto ahora reclamado. * Actos con connotación meramente procesal y adjetiva que no afectan derechos fundamentales del gobernado. Este juzgado estima que respecto de la resolución reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Se explica. El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, de la interpretación de estas disposiciones, se obtiene que para que un acto se pueda calificar de imposible reparación necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Esta postura, fue definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, al interpretar el nuevo texto de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, determinando que una cuestión formal que no se tradujera en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, resultaba incompatible con este novedoso texto, porque uno de los requisitos que caracterizaban a los actos irreparables era la afectación que producían a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identificaba era la naturaleza "material" de la lesión que producían, expresión que resultaba antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva que el propio Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimían los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Sentado lo anterior, para comprender mejor la actualización de la citada causal de improcedencia, es menester narrar algunos antecedentes derivados de la causa penal de origen: 1. El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se resolvió por última ocasión la situación jurídica del quejoso Isidoro Cruz Varela en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 746/2016 del índice del este órgano de control constitucional, determinándose decretar en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 284 bis y 284 quáter, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de María Araceli Hernández Cuautle -ahora tercera interesada- y de los entonces menores Joselin Cruz Hernández y Jonathan Orlando Cruz Hernández. 2. El siete de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a la agraviada María Araceli Hernández Cuautle dándose por pagada a su entera satisfacción de la reparación del daño y otorgando su más amplio y cumplido perdón en favor del ahora quejoso, sin reservarse alguna acción de tipo civil, penal o de cualquier otra índole que pudiera ejercer en su contra; asimismo, se hizo saber a la compareciente que, de conformidad con el artículo 284 quáter del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos-, el perdón otorgado podía revocarse hasta antes de un año a partir de la indicada fecha, por lo que se suspendió la pretensión punitiva o la ejecución de las penas y medidas de seguridad; de igual forma, se aclaró que la causa penal quedaba abierta por cuanto a los agraviados Joselin Cruz Hernández y Jonathan Orlando Cruz Hernández, tomando en cuenta que en la época en que sucedieron los hechos eran menores de edad. 3. El dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido un escrito signado por la agraviada María Araceli Hernández Cuautle, en el que solicitó la revocación del perdón otorgado al aquí quejoso, por lo que se le requirió para que compareciera a ratificar el aludido escrito. 4. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, se requirió nuevamente a la agraviada para que compareciera a ratificar la revocación del perdón otorgado. 5. El dos de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo a la referida agraviada ratificando la revocación del perdón otorgado al aquí quejoso. 6. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, ante la revocación del perdón, se reanudó el procedimiento respecto de la agraviada María Araceli Hernández Cuautle. 7. El diez de marzo de dos mil veinte, se tramitó y se admitió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra de la anterior determinación. 8. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, una vez sustanciado el procedimiento, se resolvió el aludido medio de impugnación en el sentido de que no era de revocarse la determinación recurrida de diecinueve de febrero de ese año -acto aquí reclamado-. En ese tenor, se colige que el acto que se combate en esta instancia constitucional, sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme; pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación. Ciertamente, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, porque la confirmación de la resolución por la cual se ordenó continuar con el procedimiento penal respecto de la agraviada María Araceli Hernández Cuautle ante la revocación del perdón que previamente había otorgado al quejoso -imputado de origen-, no constituye un acto que cause a este último un perjuicio irreparable, ya que en todo caso produciría una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, sin recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental. Aunado a que de obtener sentencia favorable a sus intereses, las consecuencias jurídicas de la citada determinación quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte quejosa podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículos 171 de la Ley de Amparo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, determinó que la resolución que ordenaba revocar la caducidad decretada en la primera instancia no producía una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México es parte, sino que solo afectaba derechos procesales o adjetivos y, de ahí, que no era posible sostener que en contra de dicha resolución procediera el amparo indirecto, por lo que solo podía ser impugnada cuando se promoviera el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que se dictara en el procedimiento respectivo. El criterio sustentado por el citado Tribunal Constitucional es, en lo conducente, aplicable al caso que se analiza, cuenta habida que la resolución que fue analizada se trata de una decisión que tiene los mismos efectos que la que ahora se reclama, pues ambas conllevan la prosecución del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia correspondiente; incluso, es aplicable a pesar de que en el precedente del que derivó el criterio se analizó una resolución emanada de un procedimiento civil de una naturaleza y una connotación evidentemente distinta a la que tiene el proceso penal. Ahora bien, en un criterio contrario al que aquí se propone, se pudiera sostener que la continuación del proceso penal podría repercutir en la libertad del imputado aun cuando se encuentre gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, toda vez que no sería absoluta mientras se encuentre sujeto a proceso, lo que no le permitiría disponer totalmente a su arbitrio de su tiempo, así como de su permanencia o no en determinado lugar y de las actividades que desee realizar, en virtud de existir la posibilidad latente de ser requerido para atender el desarrollo del procedimiento penal. Sin embargo, para el caso concreto no es aplicable ese razonamiento, principalmente porque -como se vio- en la causa penal de origen se procesó al ahora quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, cometido no sólo en agravio de María Araceli Hernández Cuautle sino también de los entonces menores Joselin Cruz Hernández y Jonathan Orlando Cruz Hernández. Razón por la que, a pesar de haberse decretado la suspensión del procedimiento por cuanto a la primera agraviada referida al otorgar el perdón en favor del quejoso -imputado de origen-, lo cierto es que se decidió que el procedimiento continuaría respecto a los menores agraviados, ya que para ellos -según se consideró- no aplicaba el supuesto contenido en el primer sino el segundo párrafo del artículo 284 quáter del código penal local -vigente en la época de los hechos-, mismos que textualmente disponen: "(.) Artículo 284 Quáter.- El delito de violencia familiar se perseguirá por querella necesaria y podrá caber perdón del ofendido el cual podrá ser revocable durante el primer año, caso en el que el perdón previamente otorgado solamente suspende la pretensión punitiva o la ejecución de las penas y medidas de seguridad. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando se encuentre involucrado en violencia familiar un menor de catorce años o una persona mayor de setenta años. (.)" Dicho en otras palabras, la resolución que ahora se combate, que implica la confirmación de la continuación del procedimiento penal respecto de uno de los agraviados del delito, no tuvo ni tiene impacto en esa "libertad absoluta" del quejoso, puesto que de todas formas el procedimiento continuó y continua por el resto de los agraviados; de modo que no conllevó un cambio en la situación que el quejoso tenía antes de que se ordenará esa continuación por el revocamiento del perdón previamente otorgado, ya que jamás varió su condición de seguir cumpliendo con las obligaciones procesales derivadas del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución. En ese sentido, se insiste, la resolución reclamada no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, no tiene consecuencias de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, sino sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, en relación con la determinación dictada el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 509/2015 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, misma que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el propio quejoso en contra del auto emitido el diecinueve de febrero de dos mil veinte, por el cual se ordenó la continuación del procedimiento dentro de la causa respecto de la agraviada María Araceli Hernández Cuautle, por haber revocado el perdón que otorgó al ahora quejoso mediante diligencia de siete de junio de dos mil dieciocho. Atento a lo considerado, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de la aludida resolución, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de diez de junio de dos mil once- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Isidoro Cruz Varela, contra los actos y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de la sentencia. Notifíquese por lista al quejoso Isidoro Cruz Varela y a la tercera interesada María Araceli Hernández Cuautle; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  3. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LOS ACUERDOS DE 17 Y 25, AMBOS DE JUNIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALAN: "San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021. Que el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda con la que se dio cuenta, fue presentada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Que de la boleta de turno correspondiente, se advierte que el servidor público responsable de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, asentó que la demanda -con la que se dio cuenta-, fue presentada con seis copias simples de la misma y sin anexos; y contiene firma. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 571/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado; y, en su oportunidad, intégrese al expediente para que surta los efectos legales conducentes. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Isidoro Cruz Varela, contra los actos reclamados al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 19 y 20 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá(n), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. Hágase saber al juez responsable, que deberá suspender el procedimiento dentro de la causa penal 509/2015, de la que emana el acto reclamado, por lo que hace al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificado de la sentencia o resolución definitiva con la que concluya el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto que se rige con el sistema de enjuiciamiento mixto; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo (última parte), de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena emplazarlo al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. En términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte tercero interesada a María Araceli Hernández Cuautle, quien tiene domicilio para ser emplazada a juicio ubicado en Callejón de la presa, sin número, en San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Puebla. Por lo que, se ordena al actuario judicial de la adscripción, realice lo siguiente: Le notifique a la referida parte tercero interesada el presente proveído; Emplace a dicha parte procesal en el domicilio indicado; Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio, por si a sus intereses conviene se apersonen, ofrezca pruebas y alegue de su derecho; Haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; La requiera para que comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ubicado en en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con la finalidad de que, si a sus intereses conviene, se apersone en el presente asunto; y, Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario judicial que corresponda, realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte promovente el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas referidas en el escrito de demanda, atento a que no se proporcionó dato alguno que acredite que son licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. MEDIOS ELECTRONICOS. Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERO INTERESADA, POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A LA AUTORIDAD TERCERO INTERESADA Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO..." Y "San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. II. PRUEBAS Por otra parte, con apoyo en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la citada autoridad el duplicado de la causa penal 509/2015 de su índice, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional. Atento la voluminosidad de la causa penal en cita, fórmese el anexo I de pruebas, respetando el folio de origen. RAZÓN ACTUARIAL. De la misma manera, intégrese a los autos la razón elaborada por el fedataria judicial adscrita a este juzgado de Distrito, en la que informa la imposibilidad de emplazar a la tercero interesada María Araceli Hernández Cuautle, toda vez que, al acudir al domicilio indicado para tal fin, ubicado en Callejón de la presa, sin número, en San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Puebla, preguntó con vecinos del lugar quienes le indicaron que en una casa con reja ciclónica que tiene el piso de terracería habita una persona de nombre Araceli, pero que desconocían sus apellidos, llamó a la reja, sin que nadie lo atendiera; posteriormente acudió nuevamente y fue atendido por una persona de sexo femenino que dijo llamarse Araceli, quien le informó que no era la persona busca; no la conoce y ninguna vecina de esa privada tiene ese nombre. Luego, por otra parte, se advierte que el delito de violencia familiar por el que se le instruye al aquí quejoso la causa penal 509/2015 fue cometido en agravio de María Araceli Hernández Cuautle y de los menores Joselin y Jonathan, ambos de apellidos Cruz Hernández, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero interesados a éstos dos últimos representados por su progenitora. Ahora bien, toda vez que de las constancias que obran en la causa penal 509/2015, del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que adjuntó el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, se desprende que la citada parte tercero interesada fue emplazada a diverso juicio de amparo en el domicilio ubicado en el Callejón de la presa, número Cinco, San Antonio Cacalotepec, Puebla; en consecuencia, se ordena al actuario de la adscripción acuda a dicho domicilio y realice lo siguiente: 1) Le notifique a la referida parte tercero interesada el presente proveído; 2) Emplace a dicha parte procesal en el domicilio indicado; 3) Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio, por si a sus intereses conviene se apersone, ofrezca pruebas y alegue de su derecho; 4) Haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veintidós minutos del quince de julio de dos mil veintiuno; 5) La requiera para que comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con la finalidad de que, si a sus intereses conviene, se apersone en el presente asunto; y, 6) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario judicial que corresponda, realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada: María Araceli Hernández Cuautle, por sí y en representación de sus menores hijos Joselin y Jonathan, ambos de apellidos Cruz Hernández; y, por lista a las demás partes...", RESPECTIVAMENTE.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Cholu l.I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 571/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Isidoro Cruz Varela, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Isidoro Cruz Varela, por propio derecho, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: ....Por lo expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Isidoro Cruz Varela, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercero interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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