ISAU MAZARIEGOS ORTEGA y Otros.
Expediente 1986/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1986/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ISAU MAZARIEGOS ORTEGA y Otros.
- Isau Mazariegos Ortega
- Manuel Rodriguez Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de cuenta signado por los quejosos Aniceto Romano Herrera y Amado Cruz Sánchez; y, en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indican, autorizando para recibirlas, a las personas que refieren en su ocurso de cuenta, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Finalmente, hágase saber a los ocursantes, que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del ocho al veintiocho de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23 DE noviembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera; en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de catorce de junio de dos mil dieciséis (fojas 420 a 447), por una parte se sobreseyó en el juicio, en otra se negó el amparo y en diversa se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos Isau Mazariegos Ortega, Nicandro Camilo Anastacio, Manuel Rodríguez López, Aniseto Romano Herrera y Amado Cruz Sánchez, para los efectos siguientes: "(.) DÉCIMA PRIMERA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Isau Mazariegos Ortega, Nicandro Camilo Anastacio, Manuel Rodríguez López, Aniseto Romano Herrera y Amado Cruz Sánchez; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con asiento en la localidad de Libres, Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de tres de diciembre de dos mil quince, dentro de la causa penal 331/2015/LIBRES. 2. Con las formalidades procesales correspondientes, programe fecha para una audiencia a efecto de pronunciarse nuevamente respecto a la solicitud de vinculación a proceso, en la cual deberá dejar intocados los aspectos relativos a la comprobación del hecho que la ley señala como delito de secuestro y la probable participación de los imputados en su comisión; y, con libertad de jurisdicción, únicamente deberá pronunciarse en torno al acreditamiento de la agravante prevista en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, exponiendo de manera motivada por qué y con qué datos de prueba se acredita que la privación de libertad se llevó a cabo en un lugar público, para lo cual deberá atender a lo expuesto en esta ejecutoria. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. Cabe resaltar que el amparo concedido no implica que se resuelva en sentido contrario a como se hizo en el acto reclamado; empero, sí obliga a purgar el vicio formal destacado en este fallo y, posteriormente, con libertad de jurisdicción dictar la resolución que se estime apegada a derecho, lo que incluye la posibilidad de que se reitere el acreditamiento de la agravante imputada." Lo expuesto en la referida sentencia en torno al acreditamiento de la agravante prevista en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en lo conducente, es como sigue: "(.) No obstante lo ponderado en párrafos anteriores, es decir, a pesar de que se estima acertada la determinación del juez de control de tener por acreditados los hechos que la ley señala como delito de secuestro y la probabilidad de que los aquí quejosos participaron en su comisión, este juzgador advierte que en relación al acreditamiento de la agravante del delito, prevista en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el acto reclamado vulnera el derecho de legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional, pues ese aspecto se encuentra deficientemente motivado. En efecto, el juez de control expuso que estaba acreditada la aludida agravante porque de la entrevista del denunciante, hijo de la víctima, se puede advertir que la privación de la libertad se llevó a cabo en el lugar denominado como las bodegas, por lo cual, a criterio de la autoridad responsable, tal hecho se verificó en un camino público, lo que dedujo porque el sujeto pasivo viajaba a bordo de un vehículo de motor. Sin embargo, tal aspecto carece de una suficiente motivación, pues en su inferencia lógica el juez perdió de vista que, acorde con lo narrado por la parte agraviada, la privación de la libertad se llevó a cabo en unas bodegas, lo cual, al menos de manera evidente no permite deducir que se encuentre en un camino público, entendido éste como una vialidad en la que puede transitar libremente cualquier persona, antes bien, podría deducirse de manera más lógica, que se trata del lugar en que almacenan el vegetal que comercializan, y en esa medida no se trataría de un camino público. Aunado a lo anterior, el juez responsable ni siquiera expone la dirección o ubicación de la bodega donde se presume fue privada de su libertad la víctima ni las características de la misma, ni de qué dato de prueba se deduce ello, para al menos así poder justificar que se trata de un camino público. En esa medida, resulta indispensable conceder la protección constitucional, únicamente para que el juez de control motive la circunstancia relatada." (fojas 441 vuelta y 442) Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado Arturo Arroyo Hernández, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien mediante ejecutoria de seis de octubre de dos mil dieciséis, resolvió: PRIMERO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo de origen respecto del auto de vinculación a proceso -y su ejecución-, reclamado por los diversos quejosos ISAU MAZARIEGOS ORTEGA, NICANDRO CAMILO ANASTACIO y MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ. TERCERO. Para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión, la Justicia de la Unión ampara y protege a ANISETO ROMANO HERRERA y AMADO CRUZ SÁNCHEZ, respecto del acto consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la jueza de Control de la Región Judicial Oriente con residencia en Libres, Puebla en autos de la causa penal de origen y su ejecución." (foja 697). En ese sentido, mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Jueza de Control de la Región Judicial Oriente, con residencia en Libres, Puebla (fojas 699 a 702). Por oficio Jopl/314/2016 de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis la mencionada juzgadora, a fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora, informó haber realizado lo siguiente: Dejó sin efecto, el auto de vinculación a proceso pronunciado en la audiencia de tres de diciembre de dos mil quince, dentro de la causa penal 331/2015/LIBRES, única y exclusivamente, respecto de los quejosos ANISETO ROMANO HERRERA y AMADO CRUZ SÁNCHEZ; y, Con las formalidades procesales correspondientes, programó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia a efecto de pronunciarse nuevamente respecto a la solicitud de vinculación a proceso (las doce horas del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis). (foja 717). Mediante diverso oficio Jopl/318/2016 de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la referida Jueza de Control de la Región Judicial Oriente, con residencia en Libres, Puebla, remitió a esta autoridad copia del audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la Casa de Justicia Oral de la Zona Oriente con Sede en San Juan de los Llanos, Libres, Puebla y, copia certificada de la versión escrita (resumida) de dicha audiencia. Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Así, en la versión resumida se advierte que el referido juzgador reiteró haber dejado sin efectos el Auto de Vinculación a Proceso de tres de diciembre de dos mil quince, única y exclusivamente respecto de los imputados, aquí quejosos, ANISETO ROMANO HERRERA y AMADO CRUZ SÁNCHEZ y, se plasmó: Pronunció un nuevo auto de Vinculación a Proceso en contra de los mencionados ANISETO ROMANO HERRERA y AMADO CRUZ SÁNCHEZ por el delito de Secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I Inciso A de la Ley General para prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (por los hechos acontecidos los días dieciséis de octubre y veintiséis de noviembre, ambos de dos mil quince) en agravio del sujeto pasivo cuya identidad se reserva; Dejó intocados los aspectos relativos a la comprobación del hecho que la ley señala como delito de secuestro y la probable participación de los imputados en su comisión; y, Con libertad de jurisdicción, atendió lo expuesto en esta sentencia amparadora pronunciándose únicamente en torno al acreditamiento de la agravante prevista en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, exponiendo de manera motivada que dicha agravante no se encuentra acreditada (minuto 39 a 42), como sigue: "(.) De la información dada por la fiscalía no es posible considerar que la privación de libertad de la víctima se dio en un camino público, porque de lo narrado por la parte agraviada, se desprende que la privación de la libertad se llevó a cabo en unas bodegas, lo cual, al menos, de manera evidente no permite deducir que no se encuentre en un camino público, entendido éste como una vialidad en la que pueda transitar libremente cualquier persona, antes bien podría deducirse de manera más lógica que se trata de un lugar donde se almacena el vegetal que comercializaba y en ese sentido no se trataría de un camino público. Razón por la cual no es posible tener por acreditada la circunstancia agravante que precisa el artículo 10, fracción I inciso A de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro." (foja 723). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO..."
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ANICETO ROMANO HERRERA y AMADO CRUZ SÁNCHEZ LA RESOLUCION DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera; en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de catorce de junio de dos mil dieciséis (fojas 420 a 447), por una parte se sobreseyó en el juicio, en otra se negó el amparo y en diversa se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos Isau Mazariegos Ortega, Nicandro Camilo Anastacio, Manuel Rodríguez López, Aniseto Romano Herrera y Amado Cruz Sánchez, para los efectos siguientes: "(.) DÉCIMA PRIMERA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Isau Mazariegos Ortega, Nicandro Camilo Anastacio, Manuel Rodríguez López, Aniseto Romano Herrera y Amado Cruz Sánchez; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con asiento en la localidad de Libres, Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de tres de diciembre de dos mil quince, dentro de la causa penal 331/2015/LIBRES. 2. Con las formalidades procesales correspondientes, programe fecha para una audiencia a efecto de pronunciarse nuevamente respecto a la solicitud de vinculación a proceso, en la cual deberá dejar intocados los aspectos relativos a la comprobación del hecho que la ley señala como delito de secuestro y la probable participación de los imputados en su comisión; y, con libertad de jurisdicción, únicamente deberá pronunciarse en torno al acreditamiento de la agravante prevista en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, exponiendo de manera motivada por qué y con qué datos de prueba se acredita que la privación de libertad se llevó a cabo en un lugar público, para lo cual deberá atender a lo expuesto en esta ejecutoria. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. Cabe resaltar que el amparo concedido no implica que se resuelva en sentido contrario a como se hizo en el acto reclamado; empero, sí obliga a purgar el vicio formal destacado en este fallo y, posteriormente, con libertad de jurisdicción dictar la resolución que se estime apegada a derecho, lo que incluye la posibilidad de que se reitere el acreditamiento de la agravante imputada." Lo expuesto en la referida sentencia en torno al acreditamiento de la agravante prevista en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en lo conducente, es como sigue: "(.) No obstante lo ponderado en párrafos anteriores, es decir, a pesar de que se estima acertada la determinación del juez de control de tener por acreditados los hechos que la ley señala como delito de secuestro y la probabilidad de que los aquí quejosos participaron en su comisión, este juzgador advierte que en relación al acreditamiento de la agravante del delito, prevista en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el acto reclamado vulnera el derecho de legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional, pues ese aspecto se encuentra deficientemente motivado. En efecto, el juez de control expuso que estaba acreditada la aludida agravante porque de la entrevista del denunciante, hijo de la víctima, se puede advertir que la privación de la libertad se llevó a cabo en el lugar denominado como las bodegas, por lo cual, a criterio de la autoridad responsable, tal hecho se verificó en un camino público, lo que dedujo porque el sujeto pasivo viajaba a bordo de un vehículo de motor. Sin embargo, tal aspecto carece de una suficiente motivación, pues en su inferencia lógica el juez perdió de vista que, acorde con lo narrado por la parte agraviada, la privación de la libertad se llevó a cabo en unas bodegas, lo cual, al menos de manera evidente no permite deducir que se encuentre en un camino público, entendido éste como una vialidad en la que puede transitar libremente cualquier persona, antes bien, podría deducirse de manera más lógica, que se trata del lugar en que almacenan el vegetal que comercializan, y en esa medida no se trataría de un camino público. Aunado a lo anterior, el juez responsable ni siquiera expone la dirección o ubicación de la bodega donde se presume fue privada de su libertad la víctima ni las características de la misma, ni de qué dato de prueba se deduce ello, para al menos así poder justificar que se trata de un camino público. En esa medida, resulta indispensable conceder la protección constitucional, únicamente para que el juez de control motive la circunstancia relatada." (fojas 441 vuelta y 442) Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado Arturo Arroyo Hernández, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien mediante ejecutoria de seis de octubre de dos mil dieciséis, resolvió: PRIMERO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo de origen respecto del auto de vinculación a proceso -y su ejecución-, reclamado por los diversos quejosos ISAU MAZARIEGOS ORTEGA, NICANDRO CAMILO ANASTACIO y MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ. TERCERO. Para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión, la Justicia de la Unión ampara y protege a ANISETO ROMANO HERRERA y AMADO CRUZ SÁNCHEZ, respecto del acto consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la jueza de Control de la Región Judicial Oriente con residencia en Libres, Puebla en autos de la causa penal de origen y su ejecución." (foja 697). En ese sentido, mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Jueza de Control de la Región Judicial Oriente, con residencia en Libres, Puebla (fojas 699 a 702). Por oficio Jopl/314/2016 de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis la mencionada juzgadora, a fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora, informó haber realizado lo siguiente: Dejó sin efecto, el auto de vinculación a proceso pronunciado en la audiencia de tres de diciembre de dos mil quince, dentro de la causa penal 331/2015/LIBRES, única y exclusivamente, respecto de los quejosos ANISETO ROMANO HERRERA y AMADO CRUZ SÁNCHEZ; y, Con las formalidades procesales correspondientes, programó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia a efecto de pronunciarse nuevamente respecto a la solicitud de vinculación a proceso (las doce horas del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis). (foja 717). Mediante diverso oficio Jopl/318/2016 de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la referida Jueza de Control de la Región Judicial Oriente, con residencia en Libres, Puebla, remitió a esta autoridad copia del audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la Casa de Justicia Oral de la Zona Oriente con Sede en San Juan de los Llanos, Libres, Puebla y, copia certificada de la versión escrita (resumida) de dicha audiencia. Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Así, en la versión resumida se advierte que el referido juzgador reiteró haber dejado sin efectos el Auto de Vinculación a Proceso de tres de diciembre de dos mil quince, única y exclusivamente respecto de los imputados, aquí quejosos, ANISETO ROMANO HERRERA y AMADO CRUZ SÁNCHEZ y, se plasmó: Pronunció un nuevo auto de Vinculación a Proceso en contra de los mencionados ANISETO ROMANO HERRERA y AMADO CRUZ SÁNCHEZ por el delito de Secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I Inciso A de la Ley General para prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (por los hechos acontecidos los días dieciséis de octubre y veintiséis de noviembre, ambos de dos mil quince) en agravio del sujeto pasivo cuya identidad se reserva; Dejó intocados los aspectos relativos a la comprobación del hecho que la ley señala como delito de secuestro y la probable participación de los imputados en su comisión; y, Con libertad de jurisdicción, atendió lo expuesto en esta sentencia amparadora pronunciándose únicamente en torno al acreditamiento de la agravante prevista en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, exponiendo de manera motivada que dicha agravante no se encuentra acreditada (minuto 39 a 42), como sigue: "(.) De la información dada por la fiscalía no es posible considerar que la privación de libertad de la víctima se dio en un camino público, porque de lo narrado por la parte agraviada, se desprende que la privación de la libertad se llevó a cabo en unas bodegas, lo cual, al menos, de manera evidente no permite deducir que no se encuentre en un camino público, entendido éste como una vialidad en la que pueda transitar libremente cualquier persona, antes bien podría deducirse de manera más lógica que se trata de un lugar donde se almacena el vegetal que comercializaba y en ese sentido no se trataría de un camino público. Razón por la cual no es posible tener por acreditada la circunstancia agravante que precisa el artículo 10, fracción I inciso A de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro." (foja 723). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.
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