Isbak García Páramo

Expediente 1173/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1173/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Isbak García Páramo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, a través del cual acusa recibo del oficio 7136 y la documental que se anexó, la cual remitió como sustento de su informe justificado. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración de expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración lo anterior y aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, en razón de haberse sobreseído en el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el artículo 22 del acuerdo. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, por no haberse formado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe.Dva

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Devolución de copias certificadas. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que suscribe la Jueza Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, a través del cual acusa recibo del oficio 5650; asimismo, atento a su contenido remítasele el cuaderno de pruebas por separado, consistente en copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario familiar número ********************, mismo que adjuntó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1022/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy Fe.

  3. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia quien actúa asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe. Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-1173/2019 promovido por Isbak García Páramo contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le reviste el carácter de terceros interesados a María Graciela Calderón Vargas y los menores de edad de iniciales J.E.G.C. y S.A.G.C, mismos que se encuentran debidamente emplazados a juicio, como se corrobora de las constancias que obran agregadas en autos. De la misma forma, se hace constar que se llamó a juicio a la asesora jurídica federal adscrita a la Delegación Regional de la Defensoría Pública Federal, con residencia en esta ciudad, a fin de que funja como representante especial de los menores terceros interesados de iniciales J.E.G.C. y S.A.G.C en el presente asunto, así como a María Graciela Calderón Vargas, en cuanto tutora de los menores de referencia en los autos de origen. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por la Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar obran en autos las documentales, así como en un cuaderno de pruebas por separado, consistente en copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario familiar número 242/2019, mismas que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe justificado, medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que mediante pedimento 602/2019, presentado el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, así como Olivia Benítez Reyes, asesora jurídico federal, en cuanto representante de los menores de edad terceros interesados de iniciales J.E.G.C. y S.A.G.C., mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte. EL JUEZ: Téngase por reproducidos tales alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución.V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo V-1173/2019, promovido por Isbak García Páramo, por su propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad capital, Isbak García Páramo, promovió juicio de amparo en contra de la autoridad referida con antelación y los actos que precisó en el propio ocurso; actos que consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo, proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta capital, toda vez que se estimaron actualizados los supuestos establecidos en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones de materia en actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; además, se admitió a trámite la demanda; se ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención debida a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo de conformidad al acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de una autoridad jurisdiccional con residencia dentro del territorio en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consiste en el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio sobre divorcio sin expresión de causa 242/2018, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, a través del cual dicho tribunal desechó de plano la petición de inhibirse del conocimiento del asunto, realizada por el aquí quejoso. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos; además, tales asentimientos se vieron corroborados de la documental que acompañó como sustento del mismo, así como la diversa que remitió en cumplimiento al requerimiento formulado en autos; documental que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, tienen el carácter de prueba plena. Apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, por los motivos que se exponen a continuación. Para un correcto entendimiento del asunto, se estima oportuno reseñar los antecedentes torales del caso. En la vía ordinaria oral familiar, Ma. Graciela Calderón Vargas promovió demanda frente a Isbak García Páramo, solicitando divorcio sin expresión de causa; Por razón de turno, mediante proveído de dos de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar se avocó al conocimiento del asunto, el cual se registró bajo el número 1367/2018; Posteriormente, en atención a las manifestaciones vertidas por Ma. Graciela Calderón Vargas, en actuación de cuatro de junio de dos mil diecinueve, el tribunal referido en el punto antecedente, se inhibió de seguir conociendo del controvertido, toda vez que estimó como competente al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán; En atención a lo anterior, mediante proveído de tres de julio de dos mil diecinueve, el Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, se avocó al conocimiento del asunto, y ordenó continuar con el trámite de las etapas procesales respectivas, hasta dictar sentencia definitiva que ponga fin al asunto, asunto al cual se le identificó con el número 242/2019; Después, el aquí quejoso Isbak García Páramo, por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecinueve ante el tribunal responsable, solicitó que se inhibiera del conocimiento del asunto y ordenara remitir los autos al tribunal de alzada para que resolviera al respecto; ello con motivo de promoción del juicio de declaración de estado de interdicción 1522/2018 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; Mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el juzgado responsable determinó improcedente la solicitud en los siguientes términos: "Ario de Rosales, Michoacán, 4 cuatro de septiembre de 2019, dos mil diecinueve. Visto el escrito que suscribe Isbak García Páramo, dígasele que no procede su solicitud, toda vez que de autos se advierte que no la hace dentro del término concedido que tenía para ello, pues no cuestionó la incompetencia planteada por el Juzgado Quinto Familiar ral, de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, ni cuando se admitió por este juzgado la competencia declinada, sometiéndose así, tácitamente a la jurisdicción de este tribunal, por lo que se desecha de plano la petición de conformidad con el artículo 817 del Código Familiar para el Estado. Máxime que, en términos del artículo 795 del Código antecitado, la competencia para dirimir una controversia como la que se tramita en el presente asunto, le corresponde al Juez competente del domicilio habitual donde se ubican los acreedores alimentistas, es decir, a este juzgado; dado que los menores involucrados, tienen su domicilio en la población de La Huacana, Michoacán, territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. [.]". Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente asunto. Lo expuesto hasta aquí patentiza que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia anunciada al inicio del presente considerando. Es así, porque tanto de los antecedentes narrados, como de las constancias que integran el juicio que se examina se obtiene que en proveído de tres de julio de dos mil diecinueve el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, se avocó al conocimiento del juicio ordinario oral familiar de origen, y desde esa fecha el promovente estaba en aptitud de impugnar dicha determinación. De lo anterior, válidamente puede afirmarse que el acuerdo reclamado de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve es un acto derivado de otro consentido; precisamente porque, como lo señala el Juez responsable, el quejoso no cuestionó la incompetencia planteada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, ni el avocamiento del tribunal responsable. De modo que si el ahora peticionario del amparo no ocurrió al juicio de amparo desde el momento en que el tribunal responsable se avocó al conocimiento del asunto, es decir, en contra del auto de tres de julio de dos mil diecinueve dictado dentro del expediente 242/2019, al tenor de la jurisprudencia de rubro siguiente "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", es claro que consintió la competencia del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán. Establecer lo contrario, daría lugar a que en cualquier momento del procedimiento pudiera impugnarse, por conducto del amparo indirecto, una determinación que ya causó firmeza por ministerio de ley, lo cual traería como consecuencia la obstaculización del procedimiento, en perjuicio del interés público; mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia que se reproduce a continuación: "Época: Séptima Época Registro: 232011 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 9 ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Amparo en revisión 3616/86. Aceros y Laminado del Norte, S.A. de C.V. 26 de mayo de 1987. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa". No es óbice, que Isbak García Páramo promovió el diverso juicio de amparo V-763/2019 del índice de este juzgado, a través del cual señaló como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo es el auto de fecha 4 cuatro de junio del presente año 2019 dos mil diecinueve, notificado el día 6 seis de junio del año que transcurre, consistente en la declaración oficiosa de inhibitoria hecha por la autoridad señalada como responsable para efecto de dejar de conocer respecto del juicio ordinario familiar número 1367/2018 sobre divorcio necesario y otras prestaciones, remitiendo los autos al Juez de Primera Instancia Mixto de Ario de Rosales, Michoacán", el cual fue desechado por actuación de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del recurso de queja 134/2019; sin embargo, se reitera que la determinación definitiva en relación a la competencia, no fue combatida en tiempo y forma. Lo expuesto, constituye un hecho notorio que con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por lo que el suscrito puede invocar de oficio, aun cuando no haya sido alegado ni probado por las partes. Corrobora lo considerado, por las razones que contienen, los criterios establecidos en las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 174899 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Junio de 2006 Materia(s): Común Tesis: P./J. 74/2006 Página: 963 HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio". En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER el presente juicio, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, impide que este órgano de control constitucional analice las cuestiones de fondo planteadas por la quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables, las cuales quedaron precisadas con antelación. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández". Cabe señalar que la determinación adoptada por este órgano de control constitucional no genera alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que el mencionado derecho no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Sirve como sustento a lo anterior el criterio que enseguida se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2002139 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXI/2012 (10a.) Página: 1587 DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otro. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón." Por otra parte, no pasa por alto para el suscrito que el aquí quejoso refiere que se encuentra promovido el juicio de declaración de estado de interdicción 1522/2018 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, lo cual podría actualizar la hipótesis contenida en la fracción II, del artículo 79, de la Ley de Amparo, a fin de suplir la deficiencia de los conceptos de violación; sin embargo, en su escrito inicial, el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, narró que; ".fue admitido y registrado bajo el número de expediente 1522/2018 del que conoce el Juzgado Quinto en Materia de Oralidad Familiar del distrito judicial de Morelia." y en el apartado de conceptos de violación indicó que: ".dentro del cual pudiera declararse al de la voz como interdicto y/o persona incapaz, lo que me dejaría en el mismo grado de vulnerabilidad que una persona menor de edad."; tales manifestaciones patentizan que, al menos hasta el momento, no existe una sentencia definitiva en la que se le haya declarado interdicto o incapaz, pues el mismo peticionario manifestó que el proceso indicado se encuentra en trámite. De ahí, que si en el juicio de origen se ven involucrados derechos de los menores de edad de iniciales J.E.G.C. y S.A.G.C., debe considerarse como primordial su interés superior y sus garantías procesales en la toma de decisiones. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de contenido siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2020401 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.) Página: 2328 DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. Amparo en revisión 800/2017. Martha Patricia Martínez Macías y otra. 29 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. Amparo directo 16/2018. Guadalupe García Olguín y otros. 10 de octubre de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones José Fernando Franco González Salas y con reserva de criterio Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. Amparo directo 22/2016. Francisco López Espinoza, en su carácter de tutor legal del menor Francisco David Alonso López. 5 de diciembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en relación con el criterio contenido en esta tesis; votó en contra de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli. Amparo en revisión 815/2018. Julia Baltazar Granados, en representación del menor Fabio Ángel Baca Baltazar. 22 de mayo de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Disidente y Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz". Por lo anterior, en una evaluación y ponderación de las posibles repercusiones que pudieran sufrir los citados menores de edad, y dado el sentido del presente fallo, se estimó innecesario el llamamiento al presente juicio de los citados infantes, por conducto de sus tutores y representante. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Isbak García Páramo, contra los actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que a la fecha no obran los acuses de recibo de los oficios 7187 y 7188 correspondientes al auto de ocho de octubre pasado, a través del cual se difirió anticipadamente la audiencia constitucional; para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para hoy y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno. Alegatos. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Olivia Benítez Reyes, asesora jurídico federal, en cuanto representante de los menores de edad terceros interesados de iniciales J.E.G.C. y S.A.G.C.; atento a su contenido, se le tiene realizando manifestaciones a guisa de alegatos; sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva

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