Isbak García Páramo

Expediente 763/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
763/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
14/08/2019

Partes del expediente

  • Isbak García Páramo
  • Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Mich

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE QUEJA. Visto el escrito de cuenta que contiene la huella dactilar del quejoso Isbak García Páramo, y firmado a ruego por Andrea Lucía Cervantes Medina, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veinticinco de julio del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de garantías que originó el presente cuadernillo; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el proveído en cita se desechó la demanda de garantías por estimar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones V Y VIII, 113,171 y 172, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios, remítase copia certificada del cuadernillo en que se actúa, a efecto de que se esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Finalmente, sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente asunto el auto recurrido consiste en el que se desechó la demanda de garantías, por lo que no existen partes en el juicio. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. RATIFICACIÓN DE ESCRITO ACLARATORIO DE DEMANDA. Vista el acta de ratificación de contenido y huella dactilar del escrito aclaratorio de demanda presentado por el quejoso Isbak García Paramo, presentado el diecisiete de julio actual; en consecuencia, se tiene a la parte quejosa cumpliendo con la prevención que se le hizo mediante acuerdo de veintiocho de junio de la presente anualidad. Tomando en consideración que en su escrito aclaratorio el quejoso manifiesta que por auto de tres de julio del año en curso, el Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, se avocó al conocimiento del juicio oral familiar sobre divorcio y otras prestaciones promovido por Ma. Graciela Calderón Vargas; asunto que el Juez Cuarto en Materia Oral Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial, declinó su conocimiento; se provee lo siguiente: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE DEMANDA. Del escrito de demanda se obtiene que el quejoso señaló como acto reclamado, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo es el auto de fecha 4 cuatro de junio del presente año 2019 dos mil diecinueve, notificado el día 6 seis de junio del año que transcurre, consistente en la declaración oficiosa de inhibitoria hecha por la autoridad señalada como responsable para efecto de dejar de conocer respecto del juicio ordinario familiar número 1367/2018 sobre divorcio necesario y otras prestaciones, remitiendo los autos al Juez de Primera Instancia Mixto de Ario de Rosales, Michoacán." Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por la razón que se expondrá a continuación. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario citar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones V y VIII, 113, 171 y 172, fracción II, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De los preceptos legales transcritos, en la parte que interesa, se obtiene que las causas de improcedencia son de orden público e interés social, por ese motivo no es necesario que las partes las hagan valer para que los juzgados estén en aptitud de emprender su análisis; de ahí que los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo deben examinar oficiosamente el escrito inicial de demanda, a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta procedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda de amparo, como las disposiciones de los preceptos de la ley de amparo invocados, se arriba a la conclusión que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado en la demanda de amparo que se analiza, si se tiene en cuenta que el mismo se hace consistir en el auto de cuatro de junio del año en curso, dictado por el Juez Cuarto en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en el que declinó el conocimiento del juicio ordinario familiar 1367/2018 sobre divorcio necesario y otras prestaciones, remitiendo los autos al Juez de Primera Instancia Mixto de Ario de Rosales, Michoacán, por considerar que el cambio de residencia de los menores de edad involucrados generaba que debiera conocer éste. Lo anterior, porque el hecho de que el Juez Cuarto en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial haya declinado el conocimiento del juicio natural, no afecta de forma inmediata ninguno de los derechos fundamentales del enjuiciado, ni constituye un acto que lesione en grado predominante o superior al demandado, puesto que la decisión del órgano jurisdiccional de declararse incompetente, no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino en el caso de que aquélla determinación se torne definitiva, por lo que será hasta ese momento, y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, así como cuando se hayan producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí que la afectación recae en derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, por lo menos hasta el momento. En ese orden de ideas, debe entenderse que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, lo cual no ocurre en la especie, en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones V y VIII, 113, 171 y 172, fracción II, de la Ley de Amparo: Orienta lo anterior, el criterio emitido en relación a la contradicción de tesis, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la Jurisprudencia número P./J. 17/2015 (10a.), localizable en la página 5, Libro 21, Tomo I, Agosto de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Asimismo, sustenta la determinación a la que se arriba, por identidad jurídica, la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 216/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 29/2015 (10a.), consultable en la Página 22, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de la siguiente literalidad: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Asimismo, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917-2000, de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". No pasa inadvertido que el quejoso en su escrito aclaratorio manifestó que el Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, mediante acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve, se avocó al conocimiento del juicio oral familiar 1367/2018 sobre divorcio y otras prestaciones promovido por Ma. Graciela Calderón Vargas; sin embargo a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dicha determinación no existía, por lo que no puede ser materia en el presente juicio, sino que, en todo caso, puede impugnarse mediante un juicio de amparo diverso. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VII, Junio de 1998, materia Común, Penal, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la siguiente literalidad: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Lo anterior, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder medio de impugnación ordinario alguno contra tales resoluciones o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. Cabe precisar que las dilaciones procesales que reclama la parte quejosa, no son atendibles por el momento, toda vez que su verificación dependerá de lo determinado por el juez en favor del cual se declinó competencia, en el supuesto de que la acepte. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Isbak García Páramo, por derecho propio contra actos del Juez Cuarto en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. RATIFICACIÓN DE ESCRITO ACLARATORIO DE DEMANDA. Vista el acta de ratificación de contenido y huella dactilar del escrito aclaratorio de demanda presentado por el quejoso Isbak García Paramo, presentado el diecisiete de julio actual; en consecuencia, se tiene a la parte quejosa cumpliendo con la prevención que se le hizo mediante acuerdo de veintiocho de junio de la presente anualidad. Tomando en consideración que en su escrito aclaratorio el quejoso manifiesta que por auto de tres de julio del año en curso, el Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, se avocó al conocimiento del juicio oral familiar sobre divorcio y otras prestaciones promovido por Ma. Graciela Calderón Vargas; asunto que el Juez Cuarto en Materia Oral Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial, declinó su conocimiento; se provee lo siguiente: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE DEMANDA. Del escrito de demanda se obtiene que el quejoso señaló como acto reclamado, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo es el auto de fecha 4 cuatro de junio del presente año 2019 dos mil diecinueve, notificado el día 6 seis de junio del año que transcurre, consistente en la declaración oficiosa de inhibitoria hecha por la autoridad señalada como responsable para efecto de dejar de conocer respecto del juicio ordinario familiar número 1367/2018 sobre divorcio necesario y otras prestaciones, remitiendo los autos al Juez de Primera Instancia Mixto de Ario de Rosales, Michoacán." Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por la razón que se expondrá a continuación. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario citar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones V y VIII, 113, 171 y 172, fracción II, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De los preceptos legales transcritos, en la parte que interesa, se obtiene que las causas de improcedencia son de orden público e interés social, por ese motivo no es necesario que las partes las hagan valer para que los juzgados estén en aptitud de emprender su análisis; de ahí que los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo deben examinar oficiosamente el escrito inicial de demanda, a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta procedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda de amparo, como las disposiciones de los preceptos de la ley de amparo invocados, se arriba a la conclusión que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado en la demanda de amparo que se analiza, si se tiene en cuenta que el mismo se hace consistir en el auto de cuatro de junio del año en curso, dictado por el Juez Cuarto en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en el que declinó el conocimiento del juicio ordinario familiar 1367/2018 sobre divorcio necesario y otras prestaciones, remitiendo los autos al Juez de Primera Instancia Mixto de Ario de Rosales, Michoacán, por considerar que el cambio de residencia de los menores de edad involucrados generaba que debiera conocer éste. Lo anterior, porque el hecho de que el Juez Cuarto en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial haya declinado el conocimiento del juicio natural, no afecta de forma inmediata ninguno de los derechos fundamentales del enjuiciado, ni constituye un acto que lesione en grado predominante o superior al demandado, puesto que la decisión del órgano jurisdiccional de declararse incompetente, no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino en el caso de que aquélla determinación se torne definitiva, por lo que será hasta ese momento, y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, así como cuando se hayan producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí que la afectación recae en derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, por lo menos hasta el momento. En ese orden de ideas, debe entenderse que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, lo cual no ocurre en la especie, en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones V y VIII, 113, 171 y 172, fracción II, de la Ley de Amparo: Orienta lo anterior, el criterio emitido en relación a la contradicción de tesis, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la Jurisprudencia número P./J. 17/2015 (10a.), localizable en la página 5, Libro 21, Tomo I, Agosto de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Asimismo, sustenta la determinación a la que se arriba, por identidad jurídica, la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 216/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 29/2015 (10a.), consultable en la Página 22, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de la siguiente literalidad: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Asimismo, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917-2000, de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". No pasa inadvertido que el quejoso en su escrito aclaratorio manifestó que el Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, mediante acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve, se avocó al conocimiento del juicio oral familiar 1367/2018 sobre divorcio y otras prestaciones promovido por Ma. Graciela Calderón Vargas; sin embargo a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dicha determinación no existía, por lo que no puede ser materia en el presente juicio, sino que, en todo caso, puede impugnarse mediante un juicio de amparo diverso. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VII, Junio de 1998, materia Común, Penal, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la siguiente literalidad: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Lo anterior, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder medio de impugnación ordinario alguno contra tales resoluciones o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. Cabe precisar que las dilaciones procesales que reclama la parte quejosa, no son atendibles por el momento, toda vez que su verificación dependerá de lo determinado por el juez en favor del cual se declinó competencia, en el supuesto de que la acepte. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Isbak García Páramo, por derecho propio contra actos del Juez Cuarto en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial.

  4. Principal

    Secretario Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. SE REQUIERE RATIFICACIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual la parte quejosa pretende cumplir con la prevención formulada mediante acuerdo de veintiocho de junio del año en curso; empero, toda vez que dicho libelo no contiene firma autógrafa, sino que únicamente se estampó la huella dactilar, aparentemente del quejoso, se requiere al promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se presente con identificación oficial ante el personal de este órgano jurisdiccional, a fin de que ratifique o reconozca como suya la huella dactilar; o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello. Lo anterior, debido a que tanto en el proveído de veintiocho de junio pasado, como en el diverso de diez de julio actual, se indicó al quejoso lo siguiente: ".si el quejoso en los subsecuentes escritos, estampa su huella dactilar, éstos también deberán ser firmados "a ruego", a fin de que se exteriorice el propósito de promover, al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar." Robustece lo anterior, la tesis de contenido literal siguiente. "Época: Décima Época Registro: 2016189 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XVII.2o.1 K (10a.) Página: 1410 DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE SU EXAMEN EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO SE ENCUENTRA EN CLARA DESVENTAJA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL JUICIO Y EN LUGAR DE LA FIRMA CONTIENE ÚNICAMENTE LA HUELLA DACTILAR, DEBERÁ PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA IRREGULARIDAD Y NO DESECHARLA. Cuando del examen de la demanda de amparo se advierta que el quejoso únicamente estampó su huella dactilar, por no saber o no poder firmar, debido a sus condiciones de pobreza o marginación que pudieran consistir, entre otros supuestos, en la carencia de estudios que le impidan insertar un gráfico que lo identifique; que su situación médica se lo impida; que sea persona adulta mayor y tenga especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercer sus derechos; ello, aunado a que en el momento procesal correspondiente no esté a su alcance el auxilio de un tercero que a su ruego promueva en su nombre, el Juez de Distrito, al advertir esa clara desventaja social para la defensa del juicio, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deberá observar los estándares constitucionales y convencionales de los que el Estado Mexicano es Parte, a efecto de salvaguardar sus derechos humanos, así como de las garantías para su protección; esto es, en términos del artículo 17 constitucional, en relación con los diversos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deberá otorgar al gobernado la oportunidad de acceder a la impartición de justicia para su debida defensa en el juicio, por lo que lo requerirá para que ratifique o reconozca como suya la huella dactilar que estampó en su demanda, con los apercibimientos respectivos; lo anterior, además, con apoyo en el numeral 114, fracción I, de la Ley de Amparo, pues dicha circunstancia constituye una irregularidad de la demanda que amerita la prevención. Queja 20/2017. Concepción Navarrete Morales. 24 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Secretario: Víctor Alfonso Sandoval Franco". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente del amparo, para el caso de no cumplir con lo anterior, dentro del término que se le concede, se tendrá por no presentado el escrito aclaratorio de cuenta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. ROVE Razón.- en esta fecha se giraron los oficios a las autoridades correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste.

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