Isauro Villavicencio Martínez o Isauro Villavicencio
Expediente 401/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Isauro Villavicencio Martínez o Isauro Villavicencio
- Director del Centro Penitenciario varonil de Tanivet Tlacolula de Matamoros, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia Documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original delincidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del Incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso A, del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho incidente. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa en proveído de doce de agosto del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, sin que hubiese expresado manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la sentencia protectora se encuentra o no cumplida acorde a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. *******************EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Para ello, se tiene que por sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo al quejoso **, para los siguientes efectos: "[.] I. Como no se constató debidamente que el defensor público*Bonilla, contara con cédula profesional de licenciado en derecho y que ésta estuviera registrada ante la responsable, en audiencia formal en la que se cite a las partes, deberá verificar que quien asistió al aquí quejoso cuente con dicha calidad. II. Si del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho o abogado debidamente registrado, de ello dejará constancia en la misma audiencia y, por lo tanto, deberá informar en ese momento a las partes que queda subsistente todo lo demás actuado en las diversas audiencias de diez y catorce de octubre de dos mil veinte, para que forme parte de la determinación que resolvió la situación jurídica, lo cual, al no ser aún materia de estudio de fondo, podrá ser impugnado nuevamente dentro de los plazos legales conducentes. III. Si por el contrario, resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá dejar sin efectos la audiencia de diez de octubre del dos mil veinte así como la diversa del catorce siguiente, relativa a la ampliación de término constitucional, en la que se vinculó a proceso al quejoso*************************, por lo que deberá proceder a desahogar nuevamente la audiencia inicial, en la cual deberá cuestionar al imputado si es su deseo nombrar un defensor particular u opta por señalar a uno público, persona que deberá acreditar ser licenciado en derecho de acuerdo con las consideraciones vertidas previamente y, una vez sucedido ello, seguida en todas sus fases dicha audiencia, resolver la situación jurídica del quejoso con plenitud de jurisdicción, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. En el entendido que: IV. Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió tanto la audiencia inicial como la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. V. En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. [.]." Luego, mediante acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a lo anterior, mediante acuerdo de doce de agosto del año en curso, se tuvo al Juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, adjuntando a su oficio un disco DVD con las que acredita el cumplimiento de la sentencia de amparo. Lo anterior es así, ya que del disco DVD remitido por la responsable, se advierte, tal como fue ordenado en la ejecutoria de amparo, que dicha autoridad: En relación al punto I), el tres de agosto del año en curso, en audiencia formal con la asistencia de las partes, se desahogó la audiencia de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la causa penal 454/2019, donde se constató que el defensor público ************con cedula profesional 6985414, de fecha dieciséis de mayo de dos mil once, expedida por la Dirección General de Profesiones que lo faculta a ejercer la Licenciatura en Derecho, misma que el Juez oficiante tuvo a la vista, así también hizo constar que se verificó que dicha cédula está inscrita en el Sistema de Gestión Judicial de ese Juzgado de Control, en el que obran sus generales, así como su calidad de defensor público, bajo el número de registro 13747. Asimismo, en cuanto al punto II) informó a las partes en dicha audiencia que toda vez que se corroboró que el defensor público Benito Alfonso Díaz Bonilla cuenta con cedula profesional 6185414, dejo subsistente todo lo demás actuado en las diversas audiencias de diez y catorce de octubre de dos mil veinte, lo cual manifestó que al no ser materia de estudio de fondo, podrá ser impugnado nuevamente dentro de los plazos legales conducentes. Por lo que se refiere a los puntos III, IV y V, de los efectos dictados en la sentencia no hubo ningún pronunciamiento, toda vez que el defensor público ******* cuenta con cedula profesional y esos puntos fueron en relación si el defensor no llegara a contar con cedula profesional. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes parta los efectos legales procedentes. **********Notifíquese. Así lo acordó y firma
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control en Materia Penal de ese Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, a través del cual y en cumplimiento al fallo protector de treinta de junio del año en curso, informa que en tres de agosto de la presente anualidad, desahogó la audiencia dentro de la causa penal 454/2019, adjuntando un disco DVD que aduce contener el registro de audio y video, de dicha diligencia. Ahora, como el material de audio y video que el Juez responsable remite, por tratarse de una prueba documental pública, la misma se desahoga sin necesidad de una audiencia especial en la cual se reproduzca el contenido de dicho DVD, atento a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca por identidad de razones jurídicas, con el rubro: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTIVOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con su contenido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 192174, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Notifíquese.
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