Isaura Martin de la Cruz

Expediente 171/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
171/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Isaura Martin de la Cruz
  • Cesar Lorenzo de Jesus
  • Geronimo de la Cruz Martin
  • Joel de la Cruz Guadalupe
  • Lorenzo Diego Bahena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial suscrita por el fedatario adscrito, en la que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 738/2022 dirigido al: "Secretario de Seguridad Pública Municipal del Estado de Morelos", por lo motivos que expone. Al respecto, se toma conocimiento de la circunstancia anterior, sin que haya lugar a lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente dicha autoridad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y sobreseer en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. . Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión y se sobreseyó en el juicio, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad para el caso de que las haya, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva se determinó concederlas. Finalmente, tomando en consideración que de autos se advierte que se encuentra en este juzgado el disco compacto remitido por la autoridad responsable y habiéndose declarado este juicio de garantías con el carácter de cosa juzgada, no existe motivo alguno por el cual deba de permanecer dicho disco compacto, motivo por el cual se ordena remitir el mismo a la autoridad responsable remitente, sin que sea necesario acuse de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica la determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, así como de sus autorizados, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, V. de la C. M, J. S. G., R. S. G., J. M. M. A., B. Y. A. B., A. M. L., menores de edad por conducto de sus representantes, Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Librado Acosta, Marcos Román Tapia, Carlos Guzmán Gil, Pedro Lorenzo García, Rosa Jennifer Santiago, Librado Santiago de Jesús, Heladio Avelino Concepción, Irma Cerón Velázquez, Víctor Hugo Cerón Velázquez, Laura Iveth Brito Galindo, Tanía Aide Galeana Cerón, Adelaido Zamora Velázquez, Manuel Zamora Velázquez, Jesús García Diego y Marco Antonio Pineda Diego, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez de Control y Enjuiciamiento Penal David Ricardo Ponce González, con residencia en Jojutla, Morelos, Fiscal General del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario Ejecutivo del sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos de Morelos, con residencia en esta ciudad, Centro de Ejecución de Medidas Preventivas Privativas de Libertad para Adolescentes, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para adolescentes en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".Abuso de autoridad, intimidaciones, humillaciones, presiones psicológicas y físicas, vejaciones, represalias, consistentes en golpearnos de manera física, imputarnos delitos y hechos falsos, agredirnos físicamente por los cuerpos policiacos y ofendernos como personas que somos guerrerenses discriminando nuestra dignidad humana. 1. La ilegal vinculación a proceso en la carpeta de investigación C-560/2020 que los vincula a más de 110 personas, privándolas de toda libertad personal, por la no realización de la individualización de responsabilidad penal para cada persona, privación ilegal de la libertad personal y 2. La ilegal vinculación a proceso en la carpeta judicial CJ/104/2020 de fecha 29 de noviembre del 2020, de la carpeta de investigación SE/UECS/2/353/2020, que vincula a más de 34 personas privándolas de toda libertad personal, por la no realización de la individualización de responsabilidad penal cada persona". SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad, en el juicio de amparo 1069/2020, ordenó la separación de autos por cuanto al acto reclamado marcado como 2, y remitió copia certificada de la demanda de amparo relativa a los quejosos de referencia a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. TERCERO. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, recibido en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, esta autoridad recibió el oficio 18025/2020, por medio del cual remitió la demanda de amparo interpuesta por los quejosos, admitió, se radicó con el número de asunto 171/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que los promoventes del amparo reclaman de la autoridad responsable: El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal JCJ/560/2020. El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal JC/104/2020. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos de Morelos, al rendir el informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. La responsable Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Cuernavaca, fue omisa en rendir el informe justificado a pesar de haberse girado el oficio 3006/2021, sin embargo, de acuerdo a la naturaleza jurídica de dicha autoridad y del acto reclamado, no está dentro de sus funciones emitir actos de vinculación a proceso, en ese tenor se le tiene negando el acto reclamado. Asimismo, de las constancias que obran en autos se desprende que respecto al quejoso MARCO ANTONIO PINEDA DIEGO, no fue vinculado a proceso en la carpeta penal JCJ/560/2020, por tanto, no existe el acto reclamado. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, Centro de Ejecución de Medidas Preventivas Privativas de Libertad para Adolescentes, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, acepto el acto reclamado, y anexó copias certificadas en dos anexos, relativas a las medidas preventivas tomadas en la carpeta judicial CJ/104/2020, que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte el Juez de Control y Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, Beatriz Maldonado Hernández, al dar respuesta al oficio 3008/2021, negó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal C-560/2020, carpeta de investigación FE/UECS/2/352/2020, así como causa CJ/104/2020, vinculación de veintiocho de noviembre de dos mil veinte, carpeta de investigación SE/UECS/2/353/2020, así como que ahora conoce de la carpeta JCJ/560/2020, sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, se desprende que Armando David Prieto Limón, Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, el veintisiete de octubre de dos mil veinte, en la causa penal CJ-104/2020, en ese tenor se le tiene por cierto el acto reclamado. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por último, en el amparo 1069/2020, de donde se ordenó la separación de autos, que motivó el juicio de amparo 171/2021 que nos ocupa, obra el disco versátil digital (DVD), que, en dicho juicio remitió el Juez de Control y Enjuiciamiento David Ricardo Ponce González, aquí responsable, anexo a su informe justificado, que corresponde al acto reclamado por el cual se ordenó la separación de autos, que al ser un hecho notorio para esta autoridad los asuntos que se tramitan en el propio órgano, se ordena tener a la vista para resolver el presente juicio, el cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos antes transcritos, por tratarse de una documental pública. QUINTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en cuanto al auto de vinculación a proceso de veintisiete de octubre de dos mil veinte, relativo a la causa penal CJ-104/2020, de la carpeta de investigación SE/UECS/2/353/2020, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos artículos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la parte solicitante de protección de derechos fundamentales fue omisa en señalar como autoridad responsable al Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, Licenciado Armando David Prieto Limón, quien el veintisiete de octubre de dos mil veinte, decretó auto de vinculación a proceso a los menores entre ellos los de iniciales V. de la C. M., J. S. G., R. S. G., A. M. L., J. M. A., B. Y. A. B. y A. M. L., no obstante que mediante acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, fueron requeridos para tal efecto. A fin de sustentar lo expuesto, resulta indispensable traer a colación el contenido de las disposiciones legales cuya actualización se asentó en líneas previas, mismas que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)." Del precepto legal 5º, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se obtiene que las partes del juicio de amparo son, entre otras, la autoridad o autoridades responsables y, para que se dé tal carácter, debe ser la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por su parte, el diverso artículo 108, fracción III, de la legislación en cita, se advierte que en el escrito de demanda se debe señalar a la autoridad o autoridades responsables. Bajo ese contexto, si en el juicio de protección de derechos fundamentales, los peticionarios de amparo no señalaron como autoridad responsable a quien emitió el auto de vinculación a proceso a los menores en la carpeta CJ/104/2020, es incuestionable que éstos por conducto de su representante no dio cabal cumplimiento a lo previsto en la invocada disposición legal -artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo-. Se sostiene lo anterior, en razón de que, si la parte solicitante del amparo reclamó la emisión del auto de vinculación a proceso en el proceso penal CJ/104/2020, debió llamar a juicio a la autoridad que emitió el acto y no solo a las ejecutoras, a fin de que tuviera intervención en el juicio de amparo porque pudiera pararle perjuicio la resolución constitucional y así no dejarla inaudita, a pesar que por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se le dio vista para manifestar si era su deseo llamar como autoridad responsable al Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, Licenciado Armando David Prieto Limón, sin que lo haya hecho. En tal virtud, al ser omisa la parte quejosa en señalar en su demanda de amparo a la autoridad Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en el Estado de Morelos, Armando David Prieto Limón, se concluye que no dio cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que implica que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción II, y 108, fracción III, de la ley de la materia. Así, procede sobreseer el juicio en cuanto a los quejosos menores de edad de iniciales V. de la C. M., J. S. G., R. S. G., A. M. L., J. M. A., B. Y. A. B. y A. M. L. Por lo anterior, el sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de las autoridades ejecutoras, toda vez que sus actos no son combatidos por vicios propios, sino como consecuencia del auto de vinculación a proceso de referencia, el cual no puede ser analizado por las razones ya expuestas. En las relacionadas condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio del asunto. Los impetrante del amparo expresaron los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que los quejosos tienen el carácter de imputados en el procedimiento penal de origen. Los solicitantes del amparo en esencia aducen que se conculcaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos por los artículos 1.°, 2º, 14, 16 y 22 de la Constitución Federal, porque considera que el auto de vinculación a proceso controvertido carece de fundamentación y de motivación, al no señalar el precepto legal aplicable al caso, así como no justificar la medida cautelar de prisión preventiva. Son infundados los anteriores motivos de inconformidad, aún suplidos en su deficiencia, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. Ya que los datos de prueba presentados por la fiscal, fueron debidamente valorados por el Juez responsable, pues analizó tanto los datos de prueba de cargo como los de descargo ofrecidos por la defensa, explicando de manera racional que es lo que se desprendía de ellas, y porque unas eran aptas y suficientes para establecer en esta etapa la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en este caso, el catalogado como secuestro agravado y secuestro exprés, así como la probabilidad que los imputados aquí quejosos intervinieron en su comisión. Esto es así, pues todo lo anterior, evidencia que la autoridad responsable sí expuso los motivos por los cuales la razonabilidad de los datos de prueba aportados conducen a establecer la existencia de un hecho previsto como delito y la probabilidad de que los aquí quejosos intervinieron en su comisión. Además, cabe precisar que no se advierte que las consideraciones emitidas por la autoridad responsable carezcan de razón, pues la razonabilidad que efectuó la juez de control sobre los datos aportados se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los mismos que le son referidos por el Ministerio Público; esto es, que exista una relación lógica entre los datos de prueba aportados y el hecho de probar, mismos que serán ponderados por el Juzgador bajo los principios de sentido común o máximas de la experiencia, y por tanto, generen indiciariamente la posibilidad de haber ocurrido en el mundo factico, de manera que basta que el juzgador estime que tales datos cumplen las características aludidas y que en conjunto bastan, para presumir la probabilidad de intervención. Previamente es pertinente acotar que derivado de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, se modificó el sistema penal mexicano, al pasar de un sistema mixto a uno acusatorio oral, lo que cambió radicalmente el procedimiento penal y sus etapas, de las cuales, en lo que aquí es de interés, se destaca lo siguiente: Audiencia inicial. En esta audiencia se desahogan diversos actos del proceso, como el control de legalidad de la detención, la formulación de la imputación, se da la oportunidad de declarar al imputado y, en su caso, se resuelve sobre las solicitudes de vinculación a proceso y de aplicación de medidas cautelares; asimismo, se define el plazo para el cierre de investigación (artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Conviene precisar que la imputación es la comunicación que, ante la autoridad jurisdiccional, el Ministerio Público efectúa al imputado, mediante la cual se le informa un hecho, posiblemente delictuoso, que se le atribuye y por el que se desarrolla una investigación en su contra, así como la calificación jurídica preliminar, la fecha, el lugar, el modo de su comisión, la forma de su intervención y, de ser el caso, el nombre de su acusador (artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales). En dicha audiencia, el Ministerio Público, una vez realizada la imputación, podrá solicitar la vinculación a proceso del imputado. El Juez de control, previo a resolver sobre tal solicitud, deberá otorgar la oportunidad al imputado para que decida el plazo en que se debe resolver, esto es, si dentro de setenta y dos horas o dentro de su ampliación (ciento cuarenta y cuatro horas), o bien, en ese mismo momento, le dará oportunidad para que conteste dicha petición. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad de este, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En caso de que el imputado manifieste su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita su ampliación, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga (artículo 313 Código Nacional de Procedimientos Penales). En este supuesto, el imputado o su defensor, durante el plazo constitucional o su ampliación, podrán presentar los datos de prueba que consideren necesarios (artículo 314 Código Nacional de Procedimientos Penales). En tales circunstancias, durante el desahogo de la continuación de la audiencia inicial se comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes, seguido del debate que se entable entre estas, para que entonces el Juez de control decida sobre la vinculación o no del imputado a proceso (artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales). La emisión del auto de vinculación a proceso tiene como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a una investigación complementaria, o formalizada, por un plazo no mayor a seis meses, a fin de determinar en una etapa denominada intermedia si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso que se investiga. Para ello, el Juez de Control, antes de terminar la audiencia inicial determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria que, como se dijo, no podrá exceder de seis meses (artículo 321 Idem). Una vez concluido el plazo, la investigación se considerará cerrada. Audiencia intermedia. Lo anterior da lugar a la etapa intermedia, que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En esta etapa, si el Ministerio Público estima que la investigación complementaria aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará por escrito la acusación, que deberá contener, entre otros datos, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica, la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado y los medios de prueba que pretenda presentar (artículos 334 y 335 Código Nacional de Procedimientos Penales). Luego, una vez llevados a cabo los demás actos previos, durante el desarrollo de la audiencia intermedia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de las víctimas u ofendido y el acusado. Entonces, las partes podrán celebrar acuerdos probatorios, para aceptar como probados algunos de los hechos o sus circunstancias. Asimismo, el Juez podrá excluir medios de prueba para la audiencia de debate por no referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación; por no ser útiles al esclarecimiento de los hechos, o bien, por alguno de los supuestos mencionados en el código en estudio (artículos 344, 345 y 346 Código Nacional de Procedimientos Penales). Finalmente, después de haber determinado la admisión y exclusión de los medios probatorios, así como de haber depurado los hechos controvertidos que serán materia de juicio, el Juez de Control dictará auto de apertura de juicio en el que deberá indicar, entre otras cuestiones, el tribunal competente para celebrar la audiencia de juicio (artículo 347 Código Nacional de Procedimientos Penales). Audiencia de juicio. Ya en la etapa de juicio, el Juzgador que presida la audiencia señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio, contenidas en el auto de apertura y los acuerdos probatorios a los que, en su caso, hubieren llegado las partes; además, existirá la posibilidad de reclasificar jurídicamente los hechos. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso en el que se deben observar los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad (artículo 348 Código Nacional de Procedimientos Penales). Una vez desahogada la audiencia y concluido el debate, el tribunal deliberará hasta la emisión del fallo, que se comunicará a las partes (artículo 400 y 401 Código Nacional de Procedimientos Penales). En relación con lo anterior, es pertinente acotar que la modificación al sistema penal mexicano realizada por el Constituyente permanente tuvo como intención eliminar formalismos legales que representaban un obstáculo para la eficaz procuración e impartición de justicia en el ámbito penal, lo que le llevó a reducir el estándar probatorio para la emisión del auto de vinculación a proceso. Para explicar este último aserto, es pertinente traer a colación la reforma a los artículos 16 y 19 Constitucionales, respecto al estándar de prueba para emitir auto de vinculación: "Artículo 16 Estándar de prueba para librar órdenes de aprehensión y de vinculación a proceso. Durante los últimos 15 años, se han sucedido reformas constitucionales en busca del equilibrio entre la seguridad jurídica de las personas y la eficacia en la persecución del delito al momento de resolver la captura de un inculpado en el inicio del proceso penal, así en 1993 se consideró conveniente incorporar al párrafo segundo del artículo 16, la exigencia de que para librar una orden de aprehensión el juez debería cerciorarse de que se hubiesen acreditado los elementos del tipo penal y existieran datos que hicieran probable la responsabilidad penal del inculpado, incrementando notablemente el nivel probatorio requerido, respecto del anteriormente exigido, lo cual generó que la mayoría de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de denuncias o querellas tuviesen prolongados periodos de integración y que la mayoría de éstas no llegasen al conocimiento judicial, en virtud de no reunirse los elementos requeridos, o que frecuentemente, al solicitarse la orden de aprehensión, ésta fuese negada por el juez. La referida situación incrementó los obstáculos para las víctimas u ofendidos de acceder a la justicia penal, así como los niveles de impunidad e inseguridad pública. Fue por ello que en 1999, el Constituyente Permanente reformó el segundo párrafo del citado numeral, ahora para reducir la exigencia probatoria al requerir la acreditación del cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad penal del justiciable, situación que implicaba definir en la ley el contenido del cuerpo del delito, permitiendo así que cada legislación secundaria estableciera el contenido de la citada figura, imperando la disparidad de criterios e incluso los excesos de las legislaciones, ya que en algunos casos la exigencia fue baja y en otros resultó alta, no lográndose entonces el objetivo perseguido. Esta situación ha venido a coadyuvar en los actuales niveles de ineficacia, de impunidad y de frustración y desconfianza social. Considerando que se propone la adopción de un sistema de justicia penal, de corte garantista, con pleno respeto a los derechos humanos, que fomente el acceso a la justicia penal de los imputados, así como de las víctimas u ofendidos, como signo de seguridad jurídica, a fin de evitar que la mayoría de las denuncias o querellas sean archivadas por el ministerio público, aduciendo que los datos que arroja la investigación son insuficientes para consignar los hechos al juez competente, es necesario establecer un nivel probatorio razonable para la emisión de la orden de aprehensión, la cual es una de las puertas de entrada al proceso jurisdiccional, que constituya el justo medio entre el legítimo derecho del imputado de no ser sujeto de actos de molestia infundados, pero también su derecho fundamental a que la investigación de su posible participación en un hecho probablemente delictivo se realice ante un juez y con todas las garantías y derechos que internacionalmente caracterizan al debido proceso en un sistema de justicia democrático, y no de forma unilateral por la autoridad administrativa, que a la postre sería quien lo acusaría ante un juez con un cúmulo probatorio recabado sin su participación o sin una adecuada defensa, y el interés social, de sujetar a un justo proceso penal a los individuos respecto de los que existen indicios de su participación. Es así que se estiman adecuadas las propuestas legislativas de racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el ministerio público para plantear los hechos ante el juez y solicitar una orden de aprehensión, a un nivel internacionalmente aceptado, de manera que baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en el mismo, sea como autor o como partícipe, para el libramiento de la citada orden; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio, como el que se propone. El nivel probatorio planteado es aceptado, porque en el contexto de un sistema procesal acusatorio, el cual se caracteriza internacionalmente porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en lo que conocemos como la averiguación previa, y no toda una instrucción administrativa como sucede en los sistemas inquisitivos, pues es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por las partes con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, y no ya en la fase preliminar de investigación, como sucede en nuestro actual sistema. Por tal razón, en el nuevo proceso resulta imposible mantener un nivel probatorio tan alto para solicitar la orden de captura, en razón de que el ministerio público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. No existe un riesgo de que esta reducción del nivel de prueba necesario para la emisión de la orden de aprehensión sea motivo de abusos, porque existen amplios contrapesos que desalentarán a quienes se sientan tentados de ello, en razón de que el proceso penal será totalmente equilibrado para las partes y respetará cabalmente los derechos del inculpado, de manera que si se obtiene una orden de captura sin que los indicios existentes puedan alcanzar en forma lícita el estatus de prueba suficiente, sin temor a dudas se absolverá al imputado, al incorporarse expresamente a la Constitución principios como el de presunción de inocencia, el de carga de la prueba y el de exclusión de prueba ilícitamente obtenida. Dicho de otra manera, sería contraproducente para el ministerio público solicitar la orden de aprehensión sin tener altas probabilidades de poder acreditar el delito y la responsabilidad penal en el juicio, en razón de que ya no tendrá otra oportunidad de procesar al imputado. Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideramos procedente atemperar el actual cúmulo probatorio que el juez debe recibir del ministerio público para expedir una orden de aprehensión, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal y la probable participación (en amplio sentido) del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. [.] Artículo 19 Cambio de denominación: auto de vinculación En esta reforma se modifica el nombre del tradicional auto de sujeción a proceso para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso. La idea de sujeción denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos; en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Se continuará exigiendo, no obstante, acreditar el supuesto material. Estándar para el supuesto material Al igual que en el caso del artículo 16 constitucional, la nueva redacción del artículo 19 constitucional se prevé modificar el estándar probatorio para el libramiento del auto de vinculación a proceso. La razón de ello es fundamentalmente la misma que ya se expuso en su oportunidad al abordar el artículo 16. En este punto habría que agregar que el excesivo estándar probatorio que hasta ahora se utiliza, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria. Ello debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el ministerio público en la investigación, el cual todavía no ha sido sometido al control del contradictorio. La calidad de la información aportada por el ministerio público viene asegurada por el control horizontal que ejerce la defensa en el juicio, en tal sentido, no es adecuado que en el plazo de término constitucional se adelante el juicio." (Énfasis añadido). Visible en la dirección web: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf De la transcripción anterior se obtiene que la reforma constitucional de junio de dos mil ocho tiene, entre otras finalidades, la de modificar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reducir el estándar de prueba requerido anteriormente para como en el caso para librar auto de vinculación a proceso, con la intención de combatir la ineficacia, impunidad, frustración y desconfianza social que generó el sistema penal inquisitivo, al exigir al Ministerio Público un alto estándar probatorio durante la averiguación previa para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. El alto estándar probatorio antes exigido trajo consigo que la mayoría de las averiguaciones previas tuvieran periodos prolongados para su integración e incluso que no llegaran al conocimiento del Juez, lo que generó el archivo definitivo de la investigación, ya que los elementos de prueba eran insuficientes para sustentar una acusación ante la autoridad judicial competente. De ahí que el legislador determinara adecuado racionalizar la exigencia probatoria, para reducir el estándar requerido, de modo que baste que el órgano de acusación presente al Juzgador datos de prueba que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en su comisión. Por tanto, se atemperó el cúmulo probatorio que el Juez debía recibir del Ministerio Público para expedir una emitir un auto de vinculación a proceso, pues únicamente es requerido que los datos aportados por este último establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal y la probable participación del imputado, y ya no la acreditación del cuerpo del delito (entendido como el conjunto de elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente) y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual exigía en el sistema anterior valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es como se exige en el actual sistema penal. Asimismo, de la transcripción que antecede se colige que la intención de la reforma es que la reducción en el estándar probatorio necesario para librar órdenes de aprehensión, también se aplique para dictar auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 19 Constitucional, en tanto que expresamente el Constituyente Permanente expresó que "al igual que en el caso del artículo 16 constitucional, la nueva redacción del artículo 19 constitucional se prevé modificar el estándar probatorio para el libramiento del auto de vinculación a proceso. La razón es fundamentalmente la misma que ya se expuso en su oportunidad al abordar el artículo 16." A lo anterior, agregó una razón más: que el excesivo estándar probatorio requerido hasta entonces había generado el efecto de que en el plazo del término constitucional se realizara un procedimiento que culminara con un auto de sujeción a proceso que prácticamente era una sentencia condenatoria, lo que debilitaba la fase de juicio, que es en la que el imputado podía defenderse con garantías efectivas, fortaleciendo indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación, el cual no había sido sometido al control del contradictorio. En otras palabras, el nivel probatorio exigido era tan alto que se realizaba toda una instrucción administrativa, a diferencia del sistema actual, en el que es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos de prueba recabados por los contendientes con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente. Por tanto, en dicha reforma se determinó la modificación al artículo 19 de la Constitución y, entre otras cosas, se modificó el nombre del tradicional auto de sujeción a proceso para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso. La idea de sujeción denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos. En cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el Juez intervenga para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. En ese contexto, se obtiene que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se buscó que el margen probatorio siguiera un justo medio entre los derechos del imputado (la no afectación de la libertad personal), y los de la víctima (a que el estado le administre justicia y se le repare el daño). En consonancia con lo anterior, el nuevo sistema de justicia penal cambió las exigencias para la apertura del período de investigación, pues lo constriñe a que se vincule a proceso al imputado en los términos contenidos en el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." El precepto constitucional transcrito establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se debe expresar lo siguiente: I. El delito que se impute al acusado; II. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; III. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y; IV. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos que se deben satisfacer para dictar un auto de vinculación a proceso: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público de la Federación, dictará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Del artículo anterior se obtiene que los requisitos que deben observarse para el dictado de todo auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1) Que sea solicitado por el Ministerio Público de la Federación. 2) Que se haya formulado imputación. 3) Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar -quien podrá hacerlo, o bien, manifestar su deseo de hacerlo en otro momento-. 4) Que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En el entendido de que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. 5) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. 6) Que sea únicamente por el hecho o los hechos que fueron motivo de imputación, sin perjuicio de que el Juez de control les otorgue una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público. Por su parte, el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone cuál debe ser el contenido del auto de vinculación a proceso: "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Del precepto transcrito deriva que el auto de vinculación a proceso debe contener: a. Los datos personales del imputado. b. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados anteriormente. c. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Ahora bien, es pertinente reiterar que el auto de vinculación a proceso tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada, por su probable intervención en un hecho considerado como delito. En cambio, en el sistema penal anterior, el auto de formal prisión e incluso el de sujeción a proceso tenían por efecto sujetar a juicio a la persona imputada. Las diferencias en los efectos de tales resoluciones implican que estas no puedan asimilarse, sino por el contrario, que se aborden desde una lógica distinta. Como se advierte de los normativos transcritos, la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales exigen diversos requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, los cuales se pueden dividir en requisitos de forma y de fondo. Los requisitos de forma son aquellos que establecen, por mencionar algunos, que el auto de vinculación a proceso debe dictarse dentro del término de setenta y dos horas, o de ciento cuarenta y cuatro si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, así como que debe contener el delito que se imputa y las circunstancias de ejecución. En ese tenor, es posible establecer que los requisitos de fondo que debe cumplir el auto de vinculación a proceso, esencialmente, son: a) que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito; y, b) que de tales datos aparezca que el imputado pudo haberlo cometido o participado en su ejecución. Por tanto, se reitera, para que se dicte el auto de vinculación a proceso, es necesario: a) que se haya formulado la imputación; b) que se hubiera otorgado al imputado la oportunidad de declarar; c) que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y d) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. En ese sentido, se destaca que la diferencia entre la conformación del artículo 19 Constitucional antes y después de la reforma estriba en que, en el anterior sistema resultaba necesario "acreditar" el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para que una persona pudiera ser sometida a un proceso penal. En contraposición, en el nuevo sistema, para vincular a una persona y someterlo a una investigación formalizada, se debe "establecer", a partir de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. En ese contexto, si antes se requería el "acreditamiento" del cuerpo del delito, ello implicaba identificar el ilícito o ilícitos (precisando sus elementos típicos conformadores) por los que se seguiría el proceso, así como su plena acreditación. En cambio, en el nuevo sistema, la disposición constitucional contempla un ejercicio distinto, a partir del cual se deberá "establecer", a partir de los datos de prueba, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito. La diferencia que existe entre ambos estándares probatorios (acreditar y establecer), tiene razón de ser en que el auto de vinculación a proceso tiene por efecto que a la persona imputada se le sujete a una investigación formalizada, por un plazo perentorio (no mayor a seis meses), a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben los medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior (intermedia), si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso imputado. Así, la vinculación a proceso se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que estos están tipificados como delito, y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurre cuando existan indicios razonables que así permitan establecerlo. Lo anterior supone que el auto de vinculación a proceso no requiera de un cúmulo probatorio amplio, debido a que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del imputado, sino solamente hace referencia a datos de prueba que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, de lo antes expuesto se obtiene que una vez concluido el plazo de setenta y dos horas -o su ampliación de ciento cuarenta y cuatro- que dispone el artículo 19 Constitucional, el Juez de control, con base en los datos que obran hasta ese momento, hará un juicio de probabilidad. Es así, pues derivado de los datos de prueba, el juzgador deberá discernir si es probable que se haya cometido un delito y que el inculpado lo haya cometido o participado de alguna forma en su comisión. De ser el caso, dictará un auto de vinculación a proceso. De lo contrario, si el Juez arriba a la conclusión de que de los datos de pruebas no se puede verificar la comisión de un hecho delictivo, o bien, que existiendo este el imputado no participó o no se encuentra involucrado en su comisión, entonces lo que procede es que dicte un auto de no vinculación a proceso. De esa manera, el auto de no vinculación a proceso implica que de los datos de prueba que hasta ese momento obran en la causa, no se advierta que se haya cometido un hecho que la ley señale como delito, o bien, que habiéndose cometido, el inculpado no realizó o participó en este de alguna forma, por lo que no sería razonable para el Juez de Control continuar con la investigación. En cambio, si el Juez de Control dicta un auto de vinculación a proceso, ello significa que a su juicio sí es razonable continuar con la investigación, pues a partir de los datos de prueba que hasta ese momento existen en la causa, en base a un juicio de probabilidad, se puede determinar que es factible que se haya cometido un hecho delictivo y que es posible que el inculpado lo cometió o participó en su realización y, por ende, es razonable continuar con la investigación criminal. En otras palabras, el Juez de Control debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad, para concluir si se justifican o no los extremos apuntados -probabilidad de que se haya cometido un hecho delictivo y de que el imputado lo cometió o participó en su comisión-. Con lo anterior se evita que en el plazo previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal se anticipe el resultado del juicio, pues ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se recaben pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí. Lo que tiene como consecuencia que se elimine el procedimiento unilateral de obtención de pruebas que imperaba en el sistema anterior y, por ende, se fortalece el juicio como la única etapa procesal en la que, en igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Dicho de otra forma, para la vinculación a proceso del imputado ya no es necesario acreditar, a través de medios de prueba, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, pues el sistema penal actual ya no prevé que se acredite el cuerpo del delito, sino establecer que los hechos que motivan la imputación encuadran en un delito tipificado como tal en la legislación penal. En ese sentido, cabe recapitular que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 28/2015, consideró que la etapa de investigación es un período preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso. De ahí que deba considerarse que para la obtención de la información y la recopilación de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público, de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la que exprese el Juez. Asimismo, dicha Sala sostuvo que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el Juez, de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 Constitucional, para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución que utilice el juzgador para satisfacer el mandato constitucional, esto es, que permita que se establezca, a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito en la ley penal. En ese orden de ideas, el Juez de Control, para dictar auto de vinculación a proceso, no está legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal y si existen indicios razonables que, en grado de suposición, permitan establecer que existe la probabilidad de que el imputado cometió el hecho delictuoso o que participó de alguna forma en su comisión. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017(10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, registro 2014800, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Pues bien, contrario a lo que alega los impetrantes del amparo, en el asunto se considera que el auto de vinculación a proceso que reclama se emitió con apego a los artículos 19 Constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las razones que enseguida se expondrán. De inicio, es pertinente acotar que en el particular la resolución recamada satisface los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos en el ordinal 16 de la Constitución Federal, pues la videograbación en la que consta de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se vinculó a proceso a los ahora quejosos Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Librado Acosta, Marcos Román Tapia, Carlos Guzmán Gil, Pedro Lorenzo García, Rosa Jennifer Santiago, Librado Santiago de Jesús, Heladio Avelino Concepción, Irma Cerón Velázquez, Víctor Hugo Cerón Velázquez, Laura Iveth Brito Galindo, Tanía Aidé Galeana Cerón, Adelaido Zamora Velázquez, Manuel Zamora Velázquez, Jesús García Diego, y otros, es constancia suficiente para que las partes conozcan la fundamentación y la motivación de dicha determinación judicial, por lo que se encuentran en aptitud de combatirla y los imputados emprender su defensa, pues en dichos procedimientos las actuaciones se desarrollan en audiencias orales -como uno de los ejes rectores del sistema- las cuales son videograbadas y almacenadas en un expediente electrónico. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 125 del Tomo I, Septiembre 2017, Materias Constitucional y Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2015127, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de esa resolución, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de Control asiente en su resolución constituyen la base en la que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 de la Ley Suprema de la Nación, atinentes a establecer de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Establecido lo anterior, en párrafos que anteceden se precisó que en el asunto Rosa Jennifer Santiago, Tanía Aidé Galeana Cerón, Laura Iveth Brito Galindo, Irma Cerón Velázquez, Jesús García Diego, respecto de la víctima de iniciales F. G. P.; Pedro Lorenzo García, Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Jesús Librado Acosta, Manuel Zamora Velázquez, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, y otros, respecto de la víctima de iniciales M. G. I.; Marcos Román Tapia, y otros, respecto de la víctima de iniciales J. C. D. F.; estos por el delito de secuestro agravado, Heladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros, respecto de la víctima de iniciales L. G. G. P. estos por el injusto de secuestro exprés, y, asociación delictuosa para todos, reclaman el auto de vinculación a proceso de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictado en su contra en la causa penal JCJ/560/2020, de la estadística del Juez de Control y Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuautla, Morelos, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado por lo que hace a Rosa Jennifer Santiago, Irma Cerón Velázquez, Laura Iveth Brito Galindo, Tanía Aidé Galeana Cerón, Jesús García Diego y otros, en agravio de la víctima de iniciales F. G. P., por el mismo delito por lo que hace a Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Jesús Librado Acosta, Carlos Guzmán Gil, Pedro Lorenzo García, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, Manuel Zamora Velázquez, y otros, en agravio de la víctima de iniciales M. G. I., por mismo delito los imputados Marco Román Tapia, y otros, respecto de la víctima de iniciales J. C. D. F., previsto y sancionado por los dispositivos 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos a), b) y c), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, asimismo, por delito de secuestro exprés respecto de los inculpados Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros respecto a la víctima de iniciales L. G. G. P., previsto y sancionado por el artículo 9, fracción d), en relación con el diverso 10 fracción I, inciso a), b), y c), Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y para todos el diverso delito de asociación delictuosa, previsto y sancionado por el artículo 244 Segundo Párrafo del Código Penal del Estado de Morelos. Pues bien, contrario a lo que alegan los quejosos, en la resolución reclamada el Juez responsable acertadamente consideró que se encontraban satisfechos los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso que prevé el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en la audiencia iniciada el veintitrés de octubre de dos mil veinte, consta que se formuló imputación por parte del Ministerio Público contra los encausados Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Librado Acosta, Marcos Román Tapia, Carlos Guzmán Gil, Pedro Lorenzo García, Rosa Jennifer Santiago, Librado Santiago de Jesús, Heladio Avelino Concepción, Irma Cerón Velázquez, Víctor Hugo Cerón Velázquez, Laura Iveth Brito Galindo, Tanía Aide Galeana Cerón, Adelaido Zamora Velázquez, Manuel Zamora Velázquez, Jesús García Diego, y otros, quienes estando asistidos de sus defensores se reservaron su derecho de rendir declaración con relación a los hechos que con apariencia de delito se le atribuyeron; enseguida procedió al análisis de los datos de prueba, en base a los cuales pudo concluir que hasta ese momento procesal eran suficientes para tener por demostrado los hechos ilícitos y la probable participación de los inculpados en la comisión de las conductas antisociales que les imputó. En efecto, en lo concerniente a la comprobación del injusto de secuestro agravado respecto a las víctimas de iniciales F. G. P., M. G. I. y J. C. D. F. Señaló que ese hecho quedó razonablemente materializado respecto a la víctima F. G. P., -operador del autobús Estrella de Oro número económico 8404- en contra de los imputados Rosa Jennifer Santiago, Irma Cerón Velázquez, Laura Iveth Brito Galindo, Tanía Aide Galeana Cerón, Jesús García Diego y otros, con la denuncia de la víctima en la que fue clara en precisar que el doce de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las dos horas con treinta minutos, de la mañana, fue privado de su libertad, en la caseta de cobro Francisco Velazco Durán, 184, ubicada en el kilómetro 184+170 de la autopista del Sol, Cuernavaca-Acapulco, Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, donde se ubican los imputados antes señalados, Arturo Lauro, Celso Yamir son los primeros con los que tiene contacto que lo privan de su libertad, obligándolo a conducir el automotor, posteriormente el dieciocho de octubre de dos mil veinte, a las catorce horas con treinta minutos cuando se encontraba en el Estado de Guerrero, -Ometepec- tiene contacto con diversos imputados Salvador Brito y Gerardo López, así como en un sitio un grupo de personas entre ellos Rosa Jennifer y Heriberta Rodríguez, de ahí lo hacen conducir a una parada del Acabus siendo las dieciocho horas -seis de la tarde- donde suben a la unidad Aide Galeana, Laura Iveth Brito, Itzel Jaquelinne e Irma Cerón, obligándolo a conducir hacia Morelos, arribando a la caseta de cobro Francisco Velazco Durán 184 localizada en Puente de Ixtla, Morelos, aproximadamente a las veintidós horas, estando en ese lugar, aproximadamente a las cuatro horas con cuarenta minutos de la tarde, los inculpados suben al autobús entre ellos Ismael Zaragoza Huerta, quien le da la orden de encender el vehículo cuando notan la presencia de elementos policiacos, siendo asegurados. En cuanto a los imputados Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Jesús Librado Acosta, Carlos Guzmán Gil, Pedro Lorenzo García, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, Manuel Zamora Velázquez, y otros, señaló que ese hecho quedó razonablemente materializado respecto a la víctima M. G. I., -operador del autobús Costa line número económico 2527, Estrella Roja Sociedad Anónima de Capital Variable- con su denuncia quien declaró que el doce de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las cinco horas con veinte minutos de la tarde, cuando circulaba en la caseta de cobro 184, Francisco Velazco Durán, kilometro 184+170 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, que se ubica en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, cuando un grupo de personas le solicitan abrir la puerta de acceso al autobús, que le decían abre la puerta hijo de tu puta madre, como no lo hizo, el imputado Federico Carlos se va a la parte de adelante y acciona la válvula de aire para abrir la puerta de acceso, introduciéndose de quince a veinte personas, que se acerca una persona del sexo femenino que le dijo ya te cargo la verga, que solo tienen una opción y es llevaron a donde te digamos, te vas a quedar con nosotros, si haces una mamada te vamos a dejar enterrado en la sierra, que le entregan la llave y lo obligan a manejar, que estuvo privado de su libertad vigilado por otros imputados, en el interior de la unidad, ahí en la caseta, que el día quince de octubre de dos mil veinte, lo obligan a conducir a la caseta de Tepoztlán para tomarla, que como había elementos de la guardia nacional, se retornaron, para después ir a Petaquillas, Guerrero, donde abordan otro grupo de personas, que en ese lugar estuvo resguardado en un cuarto, que el dieciocho de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciocho horas es trasladado al lugar donde estaba su unidad, y es obligado a conducir al estado de Morelos, precisamente a la caseta de cobro Francisco Velazco Durán 184, arribando a las veintidós horas con treinta minutos aproximadamente, que hasta el veinte de octubre de dos mil veinte, siembre estuvo vigilado, ahí en la caseta, que el día veinte de octubre de dos mil veinte, Jesús Hernández Dorantes, aproximadamente a las dieciséis horas veinte minutos, ingresa con un grupo de personas que le da la orden de encender el vehículo, momento en que llegan elementos policiacos y son asegurados. En cuanto al imputado Marcos Román Tapia, y otros, respecto de la víctima de iniciales J. C. D. F., -conductor de la unidad Estrella de Oro, número económico 8317- señaló que razonablemente quedo materializado con la propia declaración de la víctima quien manifestó que el día diecinueve de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos salió de la Terminal Taxqueña de la Ciudad de México, que siendo aproximadamente las diez horas con treinta minutos al arribar a la caseta de cobro Francisco Velazco Durán número 184, autopista del Sol, Cuernavaca-Acapulco, kilómetro 184+170, observa un grupo de 80 a 100 personas, entre ellos mujeres y niños, que es obligado a detener su marcha, es abordado por Ángel Santos Palacios, quien abre la puerta, seguido sube Marco Antonio Pineda Enríquez, y le dice ya te cargo la verga, aquí te vas a quedar, golpeándolo en la cabeza, al mismo tiempo José Manuel Millan Romero, baja al pasaje, asimismo Joel de la Cruz Guadalupe y Marco Román Tapia, lo obligan a orillarse, colocando ballas de color naranja, este último lo despoja de sus pertenencias señalando que se quedaría con ellos, que al ver que tenía su teléfono Joel de la Cruz Guadalupe se lo quita, le quitan las llaves del autobús, amenazándolo que no se podía ir que ahí se iba a quedar, que pudo observar desde el autobús que a los automovilistas que circulaban por ahí, en ambos sentidos les obstruían el paso y a cambio para poder pasar les pedían dinero, que Julio Cesar Santos Díaz y Jonnathan Yair Ivañez Durán, los iban a cuidar, que el día veinte de octubre de dos mil veinte, José Pablo Bruno Climaco y Lucia Estrada González, se quedan al cuidado de la víctima, en compañía de dos menores en el interior del vehículo, incluso José Pablo Bruno Climaco, le da unos golpes en la cabeza y siendo aproximadamente las doce horas a las dieciséis horas con cuarenta minutos, llegan elementos policiacos y son asegurados los imputados teniendo en cautiverio a la víctima. Lo cual indicó que dichas imputaciones directas que hacen las víctimas estima robustecidos con el dictamen en materia de psicología de veintidós de octubre de dos mil veinte, por la perito Quetzalmestli García Arellano, que da credibilidad a las declaraciones de las víctimas, al señalar que su relato es coherente, acordes a la realidad, que para la diligencia en grado de probabilidad resulta suficiente. Con el informe policial homologado de veinte de octubre de dos mil veinte, respecto a la investigación que realiza respecto a los hechos. La puesta a disposición por parte de los policías que realizan la detención de los imputados. Informe realizado por el Administrador de la plaza de cobro 184, Francisco Velazco Durán, de iniciales J. G. G. M., quien informa que a partir del uno de octubre de dos mil veinte, un grupo de personas tomaron la caseta de cobro de manera intermitente, ya que acudieron elementos de la Guardia Nacional, pero en cuanto se iban volvían a tomar la caseta de cobro, pero que a partir del cinco hasta el veinte de octubre de dos mil veinte, estuvo tomada de forma permanente, también informa que los choferes de los vehículos ahí estacionados siempre estuvieron en su unidad, que solo salían a hacer sus necesidades, que iban acompañados siempre. Constancia de no población, realizada por el Agente del Ministerio Publico quien hace constar que no fue posible llevar a cabo la diligencia de identificación en la cámara de Gesell, en razón a que por el número de imputados a identificar, así como a que las personas solicitadas de rasgos similares, se negaron a intervenir en la diligencia. Informe de identificación de veinticuatro fotografías de la policía de investigación Madai Rodríguez Nava, al que anexa 24 reconocimientos de imputados. Medios de prueba que considera la autoridad responsable, razonables para tener por corroborada que los imputados desplegaron las conductas que se les reprocha, enlazada con la detención que en flagrancia que tuvo lugar el día veinte de octubre de dos mil veinte a las dieciséis horas con cincuenta minutos, donde las víctimas narran hechos en tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las conductas reprochadas. Respecto a la agravante del hecho ilícito secuestro agravado, artículo 10 fracción I, incisos a), b) y c), de la ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, como se ha narrado, también se desprende de manera razonable de todo lo anterior, pues se advierte que en la comisión de los mismos se llevó a cabo en la vía pública como es la autopista del sol, Cuernavaca, Acapulco, caseta de cobro 184, en el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, donde las víctimas operadores de los vehículos relacionados fueron abordados por grupos de personas encapuchados, con cubrebocas, privándolos de su libertad personal obligándolos a conducir las unidades por diferentes lugares, que obren en grupo, de las declaraciones de las víctimas también se desprende que al momento de ser privados de la libertad, los imputados fueron más de dos personas, como lo refieren las víctimas F. G. P., M. G. I. y J. C. D. F., pues refieren que al llegar a la caseta de cobro ven a un grupo de personas quienes abordar sus unidades, cada cual en su momento correspondiente, que se realice con violencia, las víctimas refieren que al momento de ser privados de su libertad lo hicieron con violencia, esto es así, pues se les privo de poder retornar a su casa, es decir, no pudieron desplazarse a cualquier lugar como cualquier persona corriente. La finalidad sostiene que se acredita ya que la privación de la libertad no es para obtener un rescate, se da para obtener un beneficio como es para utilizar los automotores para trasladarse a diferentes lugares donde los imputados quisieran, para cometer otros ilícitos, llevando privados de la libertad a los conductores víctimas, como fue la toma de la caseta de cobro 184 Francisco Velazco Durán, en Puente de Ixtla, Morelos, donde cobraban la suma de cincuenta pesos a los automovilistas y camioneros que transitaban por la autopista del sol, para poder pasar por esa caseta de cobro, sin derecho alguno, de forma dolosa, teniendo conocimiento que su actuar era ilegal. Por lo que ve a la probabilidad de que los quejosos hayan participado en la comisión del hecho delictuoso, secuestro agravado, precisó que se desprende de la denuncia de las víctimas cada cual en su momento, quienes refirieron la forma en como los imputados que señalan cada uno en su denuncia los privaron de su libertad personal, obligándolos a conducir las unidades que cada una de las víctimas manejaba, para trasladarse a diferentes lugar obligados por los imputados dos de ellas del doce al veinte de octubre de dos mil veinte y la otra víctima a partir del diecinueve y veinte de esa misma data, para cometer diversos ilícitos, como es la toma de la caseta de cobro 184 Francisco Velazco Durán ubicada en Puente de Ixtla, Morelos, donde obstruían la circulación de ambos sentidos de la autopista para pedir a cambio de seguir circulando por la vía de comunicación una suma de dinero, sin tener derecho para ello, conducta de por sí ilegal, que siempre los mantuvieron privados de su libertad en el interior de las unidades automotrices que conducían y vigilados siempre por diversos imputados para que no escaparan, las víctimas de iniciales, F. G. P., M. G. I. y J. C. D. F. Precisó el responsable que lo anterior, se desprende de manera razonable con la prueba pericial en psicología perito Quetzalmestli García Arellano, que da credibilidad a las declaraciones de las víctimas, al señalar que su relato es coherente, acordes a la realidad, que para la diligencia en grado de probabilidad resulta suficiente. Así como que, fueron detenidos en flagrancia a las dieciséis horas con cincuenta minutos del día veinte de octubre de dos mil veinte, con la diligencia de identificación con fotografía que realiza la Agente del Ministerio Público, donde las víctimas reconocen a veinticuatro diversos imputados como participantes en su secuestro. Posteriormente refirió que de los antecedentes de la investigación se advierten datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes, para sostener razonadamente y de manera probable que se ha cometido el hecho delictuoso de secuestro agravado, y que existe la probabilidad de que los imputados, participaron en su comisión, así como que existe un condominio funcional, es decir un reparto de funciones, que en su conjunto llevaban un mismo fin, que lo era privar de la libertad a las víctimas, para obligarlos a conducir los automotores transportándolos para cometer otros ilícitos, indicó también que se encuentra acreditado el dolo en la conducta desplegada por los sujetos activos, ya que estima que al tener secuestrados a los operadores de los vehículos, para cometer otros delitos eran conscientes de que su actuar era ilegal, ya que el tomar la caseta de cobro para pedir cooperación a los automovilistas que por ahí transitaban, era ilegal al no contar con autorización para ello, tuvieron la intención de causarle un daño al privar de la libertad a las víctimas y que no realizaron conducta alguna para lograr un resultado distinto al obtenido, y que hasta ese momento no existe alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, por lo cual dictó la vinculación a proceso a los aquí quejosos y otros. Ahora bien en cuanto al ilícito de secuestro exprés previsto y sancionado por el ordinal 9, fracción I, inciso inciso d), en relación con el diverso 10 fracción I, inciso a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, por el que se emitió el auto de vinculación a proceso combatido, contra los imputados Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros. Pues bien, para acreditar los elementos conformadores de ese tipo penal; así como la probable intervención en su participación de los ahora quejosos y las circunstancias agravantes, el Juez responsable consideró primordialmente la denuncia que realizó la víctima de iniciales L. G. G. P., quien denuncia que transitaba por la caseta de cobro Francisco Velazco Durán, 184, en el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, kilómetro 184+170, de la autopista del Sol, Cuernavaca-Acapulco, percatándose que desde inicios del mes de octubre de dos mil veinte, un grupo de personas hombres y mujeres y menores de edad, realizaban bloqueos en esa caseta, impidiendo la circulación de los conductores exigiendo una cuota de cincuenta pesos para poder pasar, que en caso de no hacerlo le causarían daño al vehículo o hasta su integridad personal, que esto ocurrió los días siete, nueve, diez, doce, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, diecinueve y veinte de octubre de dos mil veinte, que cuando pasa es intimidado golpean el vehículo para entregar la cantidad de cincuenta pesos a cambio de poder pasar, ya que lo habían identificado, que aproximadamente a las nueve horas con nueve minutos al llegar a la caseta varias personas se situaron a los lados de su vehículo de manera intimidatoria seis imputados, una con la mano izquierda dentro del chaleco, es así que Eladio Avelino Concepción, que brinda seguridad y vigilancia a los imputados que se encargaban de cobrar dinero, colocándose con otros sujetos a los costados del vehículo y al frente del mismo obligándolo a detenerse privando de la libertad a la víctima, al tiempo que exigen la cantidad de cincuenta pesos para dejarlo pasar, que uno de los imputados dijo que la víctima no entregaría la cooperación por lo que los activos reiteran impedirle la libre circulación deambulatoria, colocándole bloques de plástico color naranja y blancos para no permitirle el paso, en tanto no entregara la suma de dinero exigida, que Gilberto Parra y Víctor Hugo Cerón, se acercan del lado del copiloto exigiéndole dinero, mientras sujeto intentaba abrir la puerta, toca la ventanilla del conductor, que ponen bloque naranja delante del vehículo, acorralándolo, por lo que retrocede en reversa, cambiando de carril, por el retrovisor ve que se acerca Jenny Sofia Montiel y Erika González, que gritaron no lo dejen pasar al hijo de su puta madre, es cuando ponen bloques color naranja en la parte trasera de su vehículo, encerrándolo, que Gilberto Parra y otros sujetos, le impiden el paso a la víctima, mientras que Ricardo Carrizal Palomares, Eduardo López Medel, y Juan Carlos Duarte Aparicio, colocan en la parte trasera del vehículo una balla de color naranja para impedirle se fuera de reversa, siendo privado de su libertad por los imputados con el propósito de actos de extorsión como era la exigencia de la entrega de cincuenta pesos a cambio de su libertad. Con dicha imputación, la representación social en grado de probabilidad de conformidad con el artículo 19 constitucional acreditó el delito de secuestro exprés, y 9 fracción I, inciso d), al que prive de la libertad con la finalidad de cometer secuestro exprés, entendiéndose el que, para ejecutarlo, robo o extorsión, es la exigencia obligar a la víctima para que actuara de alguna forma, diera una cantidad de dinero, que de no hacerlo le causarían daño. Es decir, señala la responsable extorsión, es obligar a la víctima en el caso, de actuar de cierto modo para obtener un beneficio económico, -entregar la suma de cincuenta pesos- no se puede coaccionar o intimidar ni obligar a una persona de hacer entrega de ningún dinero pues resulta ilegal, por lo que consideró que si se encuentra acreditado bajo esta apariencia de un hecho delictivo el relativo al de extorsión, pues primero se debe dar este delito con el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo el cometido dos o tres minutos que considera la responsable suficientes y necesario estrictamente para cometer la conducta de extorsión bajo el entendido que no se puede limitar ni restringir la libertad deambulatoria de ninguna persona menos al amparo de estar exigiendo de forma ilegítima la cantidad de cincuenta pesos para todos los que circulan por esa vía de comunicación, que de no hacerlo no los dejaban pasar. El Juez de Control concatenó la referida imputación con la detención en flagrancia de todos los imputados el día veinte de octubre de dos mil veinte a las dieciséis horas con cincuenta minutos, con motivo de los hechos delictivos que cometían en la caseta de cobro, donde exigían la cantidad de cincuenta pesos para dejar pasar a la víctima en la forma narrada, por lo que al denunciar los hechos la representación social ordenó la investigación es así que policías de investigación de la unidad de secuestro, acuden a la caseta de cobro a las doce horas con treinta minutos de ese día -veinte de octubre de dos mil veinte- donde corroboran que los activos del delito estaban llevando a cabo el cobro de esas cantidades de manera ilícita. La probabilidad de que los activos cometieron el ilícito reprochado, de manera probable se acredita con el hecho de que fueron detenidos en flagrancia, pues desde el uno de octubre estuvieron de manera intermitente hasta el cuatro de octubre y posteriormente del cinco al veinte de octubre de dos mil veinte de manera permanente, tomaron la caseta de cobro, asimismo, advierten la presencia de tres autobuses cuyos conductores los tienen secuestrados privados de la libertad, que todo esto deriva de la denuncia presentado por la víctima de iniciales L. G. G. P., por lo que se lleva a cabo un operativo policiaco que culmina a las dieciséis horas con cincuenta minutos con la detención en flagrancia de los imputados cometiendo las conductas delictivas, contra las víctimas de iniciales F. G. P., M. G. I. y J. C. D. F. Así, como con la prueba de informe emitido por el Administrador de la plaza de cobro 184, Francisco Velazco Durán en Puente de Ixtla, Morelos, quien refiere que a partir del uno de octubre grupos de personas tomaron la caseta de cobro, del uno al cuatro de manera intermitente y posteriormente del cinco al veinte de octubre de dos mil veinte, tomaron la caseta de forma permanente, pidiendo cuota de dinero a los automovilistas que transitaban por la vía de comunicación en ambos sentidos para dejarlos pasar, que había choferes dentro de los autobuses que solo salían a hacer sus necesidades fisiológicas. Por otra parte respecto al delito de asociación delictuosa, también la acreditó el juez responsable al señalar que la representación social que los imputados desde el cinco al veinte de octubre de dos mil veinte refieren ser integrantes de una organización de manera informal que operan en diferentes puntos del Estado de Morelos, tomando en su poder las diferentes plazas de peaje, en el caso la plaza 184 Francisco Velazco Durán, ubicada en el kilómetro 184+170 de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, en Puente de Ixtla, Morelos, sometiendo a varios conductores víctimas mediante la intimidación que ejercen por la entrega de un numerario económico, para su propio beneficio, privando de la libertad a los conductores de servicios públicos como son las víctimas F. G. P., M. G. I. y J. C. D. F., apoderándose de los autobuses que conducían sin la autorización de quienes tenían el derecho de otorgarlo, esto es con el propósito de un beneficio propio, y exigir mediante la coacción y amenaza con causar daño al patrimonio e integridad de la vida de las víctimas con el propósito de obtener un beneficio, conductas ilícitas que los imputados llevaron a cabo con reparto de funciones cada uno de ellos, ya que refieren pertenecer a una organización denominada movimiento de los pueblos marginados del Estado de Guerrero, vulnerando la libertad de las personas la seguridad jurídica, siendo asegurados en la caseta de peaje 184, donde mantenían en cautiverio a las tres víctimas el veinte de octubre de dos mil veinte a las dieciséis horas con cincuenta minutos, atribuyéndoles la fiscalía ese delito previsto y sancionado en el artículo 244 del Código penal del Estado de Morelos, cuando tres o más personas integren una asociación formal o informal con la finalidad de cometer delitos de manera permanente o transitoria y no se trate de simple participación delictuosa, por el solo hecho de pertenecer a la asociación se impondrá a los participantes de dos a cinco años y de cien a quinitos días multa, para que se acredite ese delito se requiere que se organizó una banda para delinquir que los imputados mediante acuerdo previo -expreso o tácito- deciden formar parte de esa banda o asociación integrada cuando menos por tres personas con un régimen establecido para ejecutar actos delictuosos, considera la responsable también esta demostrada ya que hay una integración formal o informal de más de tres personas con la finalidad de competer delitos de manera permanente del primero el veinte de octubre de dos mil veinte los imputados cometieron actividades ilícitas, tres secuestros agravados, en perjuicio de los choferes de las líneas de autotransporte un secuestro exprés, en perjuicio de la víctima antes señalada, el hecho de estar cobrando en las casetas de peaje exigiendo la cantidad de cincuenta pesos sin tener derecho alguno, ilegitima y antijurídica y de manera dolosa ya que sabían que al estar en ese lugar estaban cometiendo conductas delictivas, no tenían nada que hacer ahí, ni de que fuera un cobro voluntario, ya que exigían una suma de dinero para poder pasar, lo que se demuestra con las denuncias que hacen las cuatro víctimas, el informe del encargado de la plaza de peaje 184, Francisco Velazco Durán, las declaraciones de los apoderados legales de las unidades automotrices retenidas, el informe de policía de investigación, la detención en flagrancia, de que al momento de ser detenidos están en ese lugar sin razón alguna, por lo que tiene acreditada de manera probable el delito reprochado a las imputados en los términos expuestos. Así determinó la responsable en cuanto a la probabilidad en la manera como lo estableció la representación social, de los imputados Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros, secuestro exprés, en agravio de la víctima de iniciales L. G. G. P., Rosa Jennifer Santiago, Tanía Aindé Geleana Cerón, Laura Ivett Brito Galindo, Irma Cerón Velázquez, Jesús García Diego, y otros, en agravio de la víctima de iniciales F. G. P., Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Manuel Zamora Velázquez, Jorge Lorenzo Lorenzo, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez y otros, en agravio de la víctima de iniciales M. G. I., por lo que hace a Marco Román Tapia, y otros, en agravio de la víctima de iniciales J. C. D. F., estos por el delito de secuestro agravado, y todos ustedes por el delito de asociación delictuosa previsto y sancionado por el artículo 244 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente, los que considera debidamente corroborados y demostrados, que la fiscalía considera que a todos los imputados debe considerárseles como coautores de todos estos hechos ilícitos, considera que no obstante las argumentaciones de las defensas de los imputados, sí estamos ante una coautoría, entendiendo que los imputados se vinculen recíprocamente mediante un acuerdo en común de realizar el hecho debiendo asumir cada uno de ellos un cometido parcial necesario actualizar el plan que les haga parecer como titular de la responsabilidad para la ejecución del hecho y el acuerdo puede ser previo o concomitante, que determina la cooperación consiente y querida que exige la coautoría, para que la responsabilidad gravite sobre todos los participantes lo que significa, los imputados había un acuerdo, concierto de voluntades, una planeación de acción común, cooperación consciente voluntaria, querida, es decir, los imputados no estaban en la caseta de cobro por casualidad, estaban desplegando a manera de probabilidad las conductas delictivas, el hecho que hayan estado en el lugar pidiendo cincuenta pesos a los automovilistas, y después privar de la libertad a las víctimas con la intención de obtener un beneficio, provecho utilidad los posiciona como coautores materiales en donde se pusieron de acuerdo en la comisión de los hechos con una cooperación consciente y querida, lo que se acredita con las declaraciones de las víctimas y la diligencia de reconocimiento por fotografía, pero sobre todo la circunstancia de haber sido detenidos en flagrancia por parte de las corporaciones policiacas que intervinieron en su detención con motivo de las actividades ilícitas que estaban desplegando, que el hecho de obligar a los conductores víctimas a trasladarlos a diferentes lugares como lo refieren, que los imputados ese día veinte de octubre de dos mil veinte se encontraban en el lugar de los hechos, detenidos en flagrancia, con la imputación de las víctimas de que los tenían privados de la libertad implica una coautoría una concurrencia de voluntades donde los imputados tenían un condominio funcional, se dividían las funciones mediante un plan acordado antes o durante la perpetración del hecho de forma consciente, sin tener la intención de cesar esas conductas. Respecto al secuestro precisa que es de manera permanente, lo que implica que aun cuando algunos de los imputados no participaron directamente en el secuestro de los conductores de las autobuses retenidos, porque se incorporaron con posterioridad a esos hechos, lo cierto es que al ser un delito permanente al momento que abordan los autobuses esos imputados, tenían conocimiento de la ilicitud en que incurrían al tener privado de la libertad al conductor, obligándolo a trasladarlos a donde quisieran, pues, cualquiera persona que se una a esas circunstancias sin impedir su realización adquiere el grado de coautor del delito. Tal responsabilidad en grado probable, se demuestra con los medios de prueba como el informe de investigación criminal de Madaí Rodríguez Nava, María Isabel Galindo García, Miguel ángel flores Martínez, así como de María Isabel Galindo García, en donde establecen las diligencias de veintiuno de octubre de dos mil veinte, relativas primero a veinticuatro reconocimiento por fotografía realizados por la víctima L.G.G.P., en primera diligencia identifica con el número uno reconoce a Tanía Aidé Galindo Cerón, segundo reconoce a la número dos como Eriberta Rodríguez Rivera, tercer la número uno como Rosa Jennifer Santiago Reyes, cuarto, reconoce a la número dos Laura Iveth Brito Galindo, quinto, reconoce a la número tres como Itzel Jaqueline Rodríguez Santiago, sexto, reconoce a la uno como Irma Cerón Velázquez, séptimo, a la número dos, Patricia Aranda Ramírez, siguiente número uno Graciela García Virginia, siguiente número tres a Leticia Estrada González, y sucesivamente a Karen Cecilia Tenangeño Cano, Marco Antonio Sotelo, Jesús García diego, Ismael Zaragoza, Arturo Lauro Bernal, Celso Raúl Ramírez Bello, Ismael Reyes Cabañas, Inocencio Meza Esterada, Erick Jiménez Rosendo, Ricardo Armenta Martínez, María Viridiana Rodríguez Tapia, Emilio González Santiago, Francisco Suarez Suarez, Gerardo López Martin, Salvador Brito Guadalupe, diligencia de identificación fotográfica por la policía María Isabel Galindo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, víctima de iniciales M.G.I., reconoce con la número uno a Juan Carlos Ocampo Estrada, y sucesivamente a Federico Carlos Rodríguez Martínez, Jesús Hernández Dorantes, Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Axel Parra Muñoz, Fidel González Santiago, Manuel Zamora Velázquez, Iván Salgado Hernández, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, José Luis Adame Gante, Jorge Iván Soto Jiménez, Jorge Lorenzo Lorenzo, diligencia de identificación por fotografía por el policía Miguel Ángel Flores Martínez, víctima de iniciales J.C.D.F., de veintiuno de octubre de dos mil veinte, donde reconoce a Ángel Santos Palacios, Marco Antonio Pineda Enríquez, Juan Manuel Millán Romero, reconoce al número uno Marco Román Tapia, así como a otros, diligencia de identificación por fotografía de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por policía María Isabel Galindo, respecto de la víctima L. G. G. P., reconoce al número tres Jenny Sofia Montiel Pinzón, así como a Erika García González, Eladio Avelino Concepción, Ricardo Carrizal Palomares, Eduardo López Medel, Gilberto Parra Muñoz, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros, diligencias donde las víctimas al momento de identificar a los imputados señalaron de manera concreta la forma de participación en los hechos, diligencias por fotografía que el responsable considera con eficacia probatoria para tener comprobado que los imputados desplegaron la conducta ilícita que se les atribuye, enlazada con la detención en flagrancia realizada por los elementos policiacos el día veinte de octubre de dos mil veinte, a las dieciséis horas con cincuenta minutos. Diligencias de identificación por fotografía que esta autoridad considera la valoración realizada por la responsable, es atinada en esta fase del proceso para de manera probable tener por acreditadas las conductas delictivas reprochadas con dichas diligencias probatorias, lo anterior es así pues el numeral 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su primer párrafo, dispone que "Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento junto con la de otras personas con características semejantes, observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas, con excepción de la presencia del Defensor." Así, tal prueba de reconocimiento, que consiste en poner a la vista de la víctima una serie de fotografías de personas respecto de las cuales existen indicios de su participación en los hechos delictivos materia de la indagatoria -como en el caso acontece- contrario a lo que aducen los defensores, en modo alguno se conculcan los derechos fundamentales de los investigados, si las fotografías que se ponen a la vista de quienes efectúan dicho reconocimiento corresponden a personas respecto de las cuales se sospecha sobre su participación en los delitos, siempre que la diligencia respectiva se desahogue por funcionario legalmente facultado, no se manipulen las fotografías, ni se marquen y que efectivamente se trate de las que se pusieron a la vista de las víctimas. En ese sentido, como bien lo señaló el Juez de la causa, dicho elemento de convicción no se torna ilegal por el hecho de que durante el reconocimiento no hubiera estado presente el defensor de los imputados, pues las fotografías que se pusieron a la vista de las víctimas corresponden a personas respecto de quienes existía sospecha fundada de haber participado en los hechos delictivos investigados, sin que obre dato alguno que revele lo contrario; además de que dicha diligencia se desahogaron por policías de investigación facultados para tal efecto. Además, de autos no se advierte que las referidas fotográficas se hayan alterado, se marcaran para inducir a las víctimas o que fueran distintas de las que se pusieron a su vista, colocando otras de similares características, incluso, debe decirse que dicho reconocimiento es de naturaleza distinta al que se realiza a través de la Cámara Gesell, pues aquel no requiere la presencia del defensor de las personas sujetas a investigación, por lo que, adverso a lo que alegan los defensores, la diligencia en cuestión se practicó de manera legal, con apego a lo que dispone el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A.4 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado En Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Publicada en la página 2940 del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2012574, del contenido siguiente: "RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE HABER COMETIDO EL DELITO. AL SER DE NATURALEZA DISTINTA AL RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL, SU DESAHOGO ES DIFERENTE, POR LO QUE NO REQUIERE LA PRESENCIA Y ASISTENCIA DEL DEFENSOR DE CADA UNA DE LAS PERSONAS CUYAS FOTOGRAFÍAS SON MATERIA DE ESTA DILIGENCIA. El reconocimiento del inculpado a través de la Cámara de Gesell, es un acto formal en virtud del cual se identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla, afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias. Así, en dicha diligencia el inculpado participa físicamente de forma activa y directa; de ahí que resulte necesaria la presencia de su defensor, para asegurar que, material y formalmente, se cumplan los requisitos legales en su desarrollo, ya que de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al acusado y, por ende, se violarían sus derechos fundamentales, al no existir plena certeza de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto. Sin embargo, tratándose del reconocimiento fotográfico, el cual consiste en la exhibición al denunciante, víctima u ofendido o un testigo, de un álbum o serie de fotografías de personas sobre las cuales existen indicios de su participación en los hechos delictivos, esto es, de sospechosos de haber cometido el delito, no se conculcan los derechos fundamentales del inculpado, si las fotografías que se pongan a la vista de quienes efectúen el reconocimiento referido, corresponden a personas respecto de las cuales se sospecha sobre su participación en el delito, siempre que la diligencia respectiva se desahogue por funcionario facultado, no se manipulen las fotografías, ni se marquen o sean diversas de las que se pusieron a la vista, es decir, dicho reconocimiento es de naturaleza distinta al reconocimiento del inculpado a través de la Cámara de Gesell y, por ende, su desahogo es diferente, por lo que no requiere la presencia y asistencia del defensor de cada una de las personas cuyas fotografías son materia de esta diligencia." En otra vertiente, también resulta atinada la determinación de considerar que por el momento no otorgar valor a los testimonios vertidos por los atestes Melisa Silva Mendoza y Miguel Ángel Laureano León, en favor de la imputada Irma Cerón Velázquez, al señalar que no hay coherencia en los deposados del testigos con el deposado de la imputado en esa diligencia, pues declara la testigo Melisa, acciones que no señala la imputada, indica que tuvo una convivencia el dieciocho de octubre de dos mil veinte, con la imputada sen señalar que haya estado cerca de la misma, por parte el testigo Miguel Ángel estando en el mismo evento ninguno hace alusión a que hayan estado juntos o que se hubieran visto en ese convivio, por lo que el responsable consideró no hay credibilidad en sus deposados, determinación que una vez analizados los deposados esta autoridad considera atinada, e insuficientes para desvirtuar la imputación que hace la víctima de iniciales F. G. P. En ese tenor, debe decirse que los relatados datos de prueba, adminiculados entre sí y analizados de manera libre y lógica, conforme a la sana crítica y las máximas de la experiencia, en términos de los artículos 265, 259, 260 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitieron al Juez de Control establecer que resultaron suficientes y jurídicamente eficaces demostrar los hechos que Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro prevé como injusto de secuestro agravado y secuestro exprés, y la probable participación en su comisión de los imputados, pues dichos medios de convicción evidencian que el veintisiete de octubre de dos mil veinte, a las dieciséis horas con cincuenta minutos, fueron detenidos en flagrancia los imputados entre ellos los ahora quejosos, en la caseta de peaje, 184, Francisco Velazco Durán, kilómetro 184+170 de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, en Puente de Ixtla, Morelos, cuando tenían secuestrados a las víctimas de iniciales F.G.P., M.G.I. y J.C.F.D., en las circunstancias narradas por las víctimas en sus declaraciones, asimismo, a las nueve horas con nueve minutos del veinte de octubre de dos mil veinte, los imputados entre ellos los quejosos Eladio Avelino Concepción y Víctor Hugo Cerón Velázquez, privaron de la libertad a la víctima de identidad reservada L.G.G.P., con la finalidad de ejecutar el delito de extorsión, al requerirle la suma de cincuenta pesos para poder pasar por la caseta de cobro 184, Francisco Velazco Durán, kilómetro 184+170 de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, en Puente de Ixtla, Morelos, al negarse fue rodeado por varios imputados impidiéndole el paso, privándolo de su libertad, al no poder deambular por ese lugar, por un lapso de dos a tres minutos, sin importar que posteriormente pudiera librarse y escapar de sus captores. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis IV.1o.P.5 P (10a.) Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Materia Penal, página mil quinientos veintidós, de epígrafe y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación del citado numeral se advierte que los medios de prueba en el juicio oral penal, el cual es de corte acusatorio adversarial, deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, y dispone, además, que la motivación de esa valoración deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que se arribe en la sentencia. Ahora bien, la sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia, en donde el conocimiento científico implica el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y que por regla general es aportado en juicio por expertos en un sector específico del conocimiento; mientras que las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados. Así, cuando se asume un juicio sobre un hecho específico con base en la sana crítica, es necesario establecer el conocimiento general que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva a una específica calificación popular, lo que debe ser plasmado motivadamente en una resolución judicial, por ser precisamente eso lo que viene a justificar objetivamente la conclusión a la que se arribó, evitándose con ello la subjetividad y arbitrariedad en las decisiones jurisdiccionales." En ese sentido, también se considera que la determinación reclamada se encuentra ajustada a las disposiciones constitucionales y legales por cuanto a la demostración de la posible participación de los ahora quejosos en el hecho delictivo que se les atribuye, toda vez que hasta el momento procesal en que la misma se pronunció, los datos existentes en la carpeta de investigación justifican ese aserto. Asimismo, como lo consideró el Juez de Control, los datos de prueba en que la fiscalía sustentó la imputación, son suficientes y eficaces para establecer que la intervención de los justiciables en los hechos delictivos que se analizan. Además, del análisis y justipreciación de los datos de prueba correctamente valorados por el Juez de Control se pone de manifiesto que los inconformes probablemente actuaron de manera dolosa, ya que dentro de la esfera de su pensamiento tuvieron pleno conocimiento de que su actuar era ilícito, y no obstante ellos quisieron y aceptaron la realización del comportamiento prohibido por la norma, como objetivo directamente perseguido por su voluntad. Sirven de apoyo al respecto, las tesis 1a. CVI/2005 y 1a. CVII/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 Publicadas en las páginas 205 y 206 del Tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registros digitales 175605 y 175606 del contenido siguiente: "DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de un resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla." "DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. El dolo directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente o prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, según las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la conclusión de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias ya probados." En contexto anotado, es jurídicamente válido establecer que la probable participación de los solicitantes del amparo en el delito de secuestro agravado respecto de las víctimas F.G.P., M.G.I. y J.C.F.D., y secuestro exprés en cuanto a la víctima de iniciales L.G.G.P., de los imputados que en sus denuncias indican, así como de asociación delictuosa para todos ellos, se acredita con los mismos datos de prueba que ya fueron reseñados en párrafos precedentes, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, dado que si bien es cierto que los elementos de la descripción típica y la probable participación de los inculpados en su comisión son conceptos diferentes, también lo es que los mismos datos de prueba pueden ser útiles para acreditar ambas exigencias legales, ya que en ese supuesto, por una parte, puede revelar la actualización del hecho típico y antijurídico y, por otra, comprobar de manera probable la intervención de una persona en su perpetración; por lo tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no genera como consecuencia violación de derechos fundamentales. En las relatadas condiciones, se considera que hasta el momento en que se emitió el auto de vinculación a proceso reclamado, en la causa penal de origen existen datos de prueba e indicios suficientes que lo justifican, pues no debe soslayarse que el sistema penal acusatorio se caracteriza por el bajo estándar probatorio que se requiere en esta etapa; por tanto, es posible concluir que de los antecedentes de la investigación expuestos por la fiscalía emergen datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de secuestro exprés, por los imputados Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros, en agravio de la víctima de iniciales L. G. G. P., secuestro agravado, por los imputados Rosa Jennifer Santiago, Tanía Aindé Geleana Cerón, Laura Ivett Brito Galindo, Irma Cerón Velázquez, Jesús García Diego, y otros, en agravio de la víctima de iniciales F. G. P., secuestro agravado por los imputados Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Manuel Zamora Velázquez, Jorge Lorenzo Lorenzo, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez y otros, en agravio de la víctima de iniciales M. G. I., secuestro agravado, por lo que hace a Marco Román Tapia, y otros, en agravio de la víctima de iniciales J. C. D. F., secuestro agravado previsto y sancionado por el numeral 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar el delito de Secuestro, y todos ustedes por el delito de asociación delictuosa previsto y sancionado por el artículo 244 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente y que existe la probabilidad de que, ustedes lo cometieron o participaron en su perpetración, aunado a que dichos inculpados no ofrecieron algún elemento de convicción para desvirtuar los que se recabaron en la fase indagatoria, en los que la representación social fincó la imputación que les formuló; de ahí que, hasta el instante en que se pronunció la determinación reclamada, al menos indiciariamente quedó demostrado que la conducta de privar de la libertad ambulatoria a las víctimas fue con la finalidad de obtener un beneficio propio, por lo que se actualiza el hecho señalado por la ley como el delito de secuestro agravado y secuestro exprés. Por lo tanto, se insiste, hasta este momento procesal, que el examen conjunto de los datos de prueba que consideró la juez responsable para emitir el auto de vinculación a proceso, resulta suficientes y eficaces para establecer la existencia de un hecho que la ley prevé como secuestro agravado y secuestro exprés, así como asociación delictuosa y que existe probabilidad de que los quejosos intervinieron en su comisión. Por otra parte, debe decirse que en el presente caso no se advierte violación al principio de presunción de inocencia tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que con la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, no se han aplicado medidas que supongan la anticipación de la pena a los impetrantes del amparo. Y sobre todo, porque los efectos de la vinculación a proceso, de conformidad con el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consisten en establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, determinar las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento; es decir, que se abra una investigación formalizada y complementaria en la cual las partes aporten diversos datos o medios de prueba a fin de demostrar sus respectivas teorías del caso, lo que desde luego, ocurrirá en la etapa de juicio y no en la audiencia que nos ocupa, por no ser el momento procesal oportuno; esto es, hasta este momento procesal sólo existe la demostración razonable de que los quejosos probablemente participaron en un hecho que la ley señala como delito. Es decir, conforme el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que aquí interesa, prevé que corresponde a la parte acusadora la carga de la prueba de los hechos ilícitos, y que toda persona será tratada como inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. En este sentido, la presunción de inocencia como regla de trato procesal, consiste en establecer la forma en la que debe tratarse a una persona que está sujeta a proceso, y en ese sentido, la finalidad de la presunción de inocencia es impedir que los jueces apliquen medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En esta lógica, la presunción de inocencia comporta el derecho a ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada su culpabilidad, por virtud de una sentencia judicial y se le haya seguido un proceso con todas las garantías que correspondan. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 497, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Bajo esa perspectiva, debe decirse que si bien con los datos de prueba que fueron aportados por el Ministerio Público, los cuales fueron ponderados por el Juez responsable, permiten sostener razonadamente la existente de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que los imputados entre ellos los impetrante participaron en su comisión; entonces, no existe potencial repercusión en detrimento del principio de presunción de inocencia, pues al justificarse los extremos exigidos constitucionalmente para dictar un auto de vinculación a proceso, resulta evidente que para efectos de la etapa procesal de que se trata, resulta inaplicable la argumentación relativa al aludido principio de presunción de inocencia de trato procesal, pues éste no se transgrede de forma alguna, al menos no en tal supuesto. Por tanto, es a los imputados ahora quejosos, a quien en todo caso les correspondía aportar los datos o medios de prueba necesarios, no para demostrar su inocencia, sino para desvirtuar las ya aportadas en su contra por la fiscalía que establecen de manera probable su probable responsabilidad, lo cual en el caso no aconteció, pues únicamente la imputada Irma Cerón Velázquez, ofreció el desahogo de dos testigos, que como ya se observó el juez responsable no otorgó valor por tener incongruencias con los deposado por la imputada. De ahí lo infundado de los conceptos de violación. Así las cosas, con base en lo expuesto, se concluye que el auto de vinculación a proceso materia del presente reclamo, satisface los extremos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la exigencia de fundamentación y motivación, prevista en el artículo 16 del citado Ordenamiento Supremo. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que amerite ser suplida conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que hace al auto de vinculación reclamado. Se cita la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, Publicación viernes 04 de agosto de 2017, Materia(s): (Penal) del rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto -, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así como la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.), Registro 2007811, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III visible en la Página: 2377, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra -argumentación o refutación del imputado o su defensor". Así como la tesis XXIII.10 P (10a.), registro 2013696, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III Materia(s): Penal, Página 2168, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." En ese contexto, del análisis realizado se evidencia que el auto de vinculación a proceso cumple con los requisitos constitucionales para su dictado. Finalmente, no se advierte ilegalidad alguna en la prisión preventiva oficiosa impuesta, ni en el periodo de tres meses fijado para concluir con la investigación complementaria; esto tomando en consideración que el delito de secuestro agravado y secuestro exprés se encuentra contemplado en el artículo 19 Constitucional, como aquellos en los que se debe decretar prisión preventiva oficiosamente y a que no hubo controversia en audiencia respecto de esos aspectos. Así, en virtud de que resultaron infundados los conceptos de violación planteados y de que no advierte deficiencia alguna que deba suplirse en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por los imputados Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros, secuestro exprés, en agravio de la víctima de iniciales L. G. G. P., Rosa Jennifer Santiago, Tanía Aidé Galeana Cerón, Laura Ivett Brito Galindo, Irma Cerón Velázquez, Jesús García Diego, y otros, en agravio de la víctima de iniciales F. G. P., Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Manuel Zamora Velázquez, Jorge Lorenzo Lorenzo, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez y otros, en agravio de la víctima de iniciales M. G. I., por lo que hace a Marco Román Tapia, y otros, en agravio de la víctima de iniciales J. C. D. F., estos por el delito de secuestro agravado, y todos ustedes por el delito de asociación delictuosa previsto y sancionado por el artículo 244 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a los quejosos Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, Rosa Jennifer Santiago, Tanía Aidé Galeana Cerón, Laura Ivett Brito Galindo, Irma Cerón Velázquez, Jesús García Diego, Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Manuel Zamora Velázquez, Jorge Lorenzo Lorenzo, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, Marco Román Tapia, contra las autoridades y por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, V. de la C. M, J. S. G., R. S. G., J. M. M. A., B. Y. A. B., A. M. L., menores de edad por conducto de sus representantes, Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Librado Acosta, Marcos Román Tapia, Carlos Guzmán Gil, Pedro Lorenzo García, Rosa Jennifer Santiago, Librado Santiago de Jesús, Heladio Avelino Concepción, Irma Cerón Velázquez, Víctor Hugo Cerón Velázquez, Laura Iveth Brito Galindo, Tanía Aide Galeana Cerón, Adelaido Zamora Velázquez, Manuel Zamora Velázquez, Jesús García Diego y Marco Antonio Pineda Diego, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez de Control y Enjuiciamiento Penal David Ricardo Ponce González, con residencia en Jojutla, Morelos, Fiscal General del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario Ejecutivo del sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos de Morelos, con residencia en esta ciudad, Centro de Ejecución de Medidas Preventivas Privativas de Libertad para Adolescentes, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para adolescentes en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".Abuso de autoridad, intimidaciones, humillaciones, presiones psicológicas y físicas, vejaciones, represalias, consistentes en golpearnos de manera física, imputarnos delitos y hechos falsos, agredirnos físicamente por los cuerpos policiacos y ofendernos como personas que somos guerrerenses discriminando nuestra dignidad humana. 1. La ilegal vinculación a proceso en la carpeta de investigación C-560/2020 que los vincula a más de 110 personas, privándolas de toda libertad personal, por la no realización de la individualización de responsabilidad penal para cada persona, privación ilegal de la libertad personal y 2. La ilegal vinculación a proceso en la carpeta judicial CJ/104/2020 de fecha 29 de noviembre del 2020, de la carpeta de investigación SE/UECS/2/353/2020, que vincula a más de 34 personas privándolas de toda libertad personal, por la no realización de la individualización de responsabilidad penal cada persona". SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad, en el juicio de amparo 1069/2020, ordenó la separación de autos por cuanto al acto reclamado marcado como 2, y remitió copia certificada de la demanda de amparo relativa a los quejosos de referencia a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. TERCERO. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, recibido en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, esta autoridad recibió el oficio 18025/2020, por medio del cual remitió la demanda de amparo interpuesta por los quejosos, admitió, se radicó con el número de asunto 171/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que los promoventes del amparo reclaman de la autoridad responsable: El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal JCJ/560/2020. El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal JC/104/2020. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos de Morelos, al rendir el informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. La responsable Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Cuernavaca, fue omisa en rendir el informe justificado a pesar de haberse girado el oficio 3006/2021, sin embargo, de acuerdo a la naturaleza jurídica de dicha autoridad y del acto reclamado, no está dentro de sus funciones emitir actos de vinculación a proceso, en ese tenor se le tiene negando el acto reclamado. Asimismo, de las constancias que obran en autos se desprende que respecto al quejoso MARCO ANTONIO PINEDA DIEGO, no fue vinculado a proceso en la carpeta penal JCJ/560/2020, por tanto, no existe el acto reclamado. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, Centro de Ejecución de Medidas Preventivas Privativas de Libertad para Adolescentes, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, acepto el acto reclamado, y anexó copias certificadas en dos anexos, relativas a las medidas preventivas tomadas en la carpeta judicial CJ/104/2020, que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte el Juez de Control y Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, Beatriz Maldonado Hernández, al dar respuesta al oficio 3008/2021, negó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal C-560/2020, carpeta de investigación FE/UECS/2/352/2020, así como causa CJ/104/2020, vinculación de veintiocho de noviembre de dos mil veinte, carpeta de investigación SE/UECS/2/353/2020, así como que ahora conoce de la carpeta JCJ/560/2020, sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, se desprende que Armando David Prieto Limón, Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, el veintisiete de octubre de dos mil veinte, en la causa penal CJ-104/2020, en ese tenor se le tiene por cierto el acto reclamado. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por último, en el amparo 1069/2020, de donde se ordenó la separación de autos, que motivó el juicio de amparo 171/2021 que nos ocupa, obra el disco versátil digital (DVD), que, en dicho juicio remitió el Juez de Control y Enjuiciamiento David Ricardo Ponce González, aquí responsable, anexo a su informe justificado, que corresponde al acto reclamado por el cual se ordenó la separación de autos, que al ser un hecho notorio para esta autoridad los asuntos que se tramitan en el propio órgano, se ordena tener a la vista para resolver el presente juicio, el cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos antes transcritos, por tratarse de una documental pública. QUINTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en cuanto al auto de vinculación a proceso de veintisiete de octubre de dos mil veinte, relativo a la causa penal CJ-104/2020, de la carpeta de investigación SE/UECS/2/353/2020, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos artículos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la parte solicitante de protección de derechos fundamentales fue omisa en señalar como autoridad responsable al Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, Licenciado Armando David Prieto Limón, quien el veintisiete de octubre de dos mil veinte, decretó auto de vinculación a proceso a los menores entre ellos los de iniciales V. de la C. M., J. S. G., R. S. G., A. M. L., J. M. A., B. Y. A. B. y A. M. L., no obstante que mediante acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, fueron requeridos para tal efecto. A fin de sustentar lo expuesto, resulta indispensable traer a colación el contenido de las disposiciones legales cuya actualización se asentó en líneas previas, mismas que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)." Del precepto legal 5º, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se obtiene que las partes del juicio de amparo son, entre otras, la autoridad o autoridades responsables y, para que se dé tal carácter, debe ser la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por su parte, el diverso artículo 108, fracción III, de la legislación en cita, se advierte que en el escrito de demanda se debe señalar a la autoridad o autoridades responsables. Bajo ese contexto, si en el juicio de protección de derechos fundamentales, los peticionarios de amparo no señalaron como autoridad responsable a quien emitió el auto de vinculación a proceso a los menores en la carpeta CJ/104/2020, es incuestionable que éstos por conducto de su representante no dio cabal cumplimiento a lo previsto en la invocada disposición legal -artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo-. Se sostiene lo anterior, en razón de que, si la parte solicitante del amparo reclamó la emisión del auto de vinculación a proceso en el proceso penal CJ/104/2020, debió llamar a juicio a la autoridad que emitió el acto y no solo a las ejecutoras, a fin de que tuviera intervención en el juicio de amparo porque pudiera pararle perjuicio la resolución constitucional y así no dejarla inaudita, a pesar que por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se le dio vista para manifestar si era su deseo llamar como autoridad responsable al Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, Licenciado Armando David Prieto Limón, sin que lo haya hecho. En tal virtud, al ser omisa la parte quejosa en señalar en su demanda de amparo a la autoridad Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en el Estado de Morelos, Armando David Prieto Limón, se concluye que no dio cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que implica que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción II, y 108, fracción III, de la ley de la materia. Así, procede sobreseer el juicio en cuanto a los quejosos menores de edad de iniciales V. de la C. M., J. S. G., R. S. G., A. M. L., J. M. A., B. Y. A. B. y A. M. L. Por lo anterior, el sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de las autoridades ejecutoras, toda vez que sus actos no son combatidos por vicios propios, sino como consecuencia del auto de vinculación a proceso de referencia, el cual no puede ser analizado por las razones ya expuestas. En las relacionadas condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio del asunto. Los impetrante del amparo expresaron los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que los quejosos tienen el carácter de imputados en el procedimiento penal de origen. Los solicitantes del amparo en esencia aducen que se conculcaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos por los artículos 1.°, 2º, 14, 16 y 22 de la Constitución Federal, porque considera que el auto de vinculación a proceso controvertido carece de fundamentación y de motivación, al no señalar el precepto legal aplicable al caso, así como no justificar la medida cautelar de prisión preventiva. Son infundados los anteriores motivos de inconformidad, aún suplidos en su deficiencia, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. Ya que los datos de prueba presentados por la fiscal, fueron debidamente valorados por el Juez responsable, pues analizó tanto los datos de prueba de cargo como los de descargo ofrecidos por la defensa, explicando de manera racional que es lo que se desprendía de ellas, y porque unas eran aptas y suficientes para establecer en esta etapa la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en este caso, el catalogado como secuestro agravado y secuestro exprés, así como la probabilidad que los imputados aquí quejosos intervinieron en su comisión. Esto es así, pues todo lo anterior, evidencia que la autoridad responsable sí expuso los motivos por los cuales la razonabilidad de los datos de prueba aportados conducen a establecer la existencia de un hecho previsto como delito y la probabilidad de que los aquí quejosos intervinieron en su comisión. Además, cabe precisar que no se advierte que las consideraciones emitidas por la autoridad responsable carezcan de razón, pues la razonabilidad que efectuó la juez de control sobre los datos aportados se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los mismos que le son referidos por el Ministerio Público; esto es, que exista una relación lógica entre los datos de prueba aportados y el hecho de probar, mismos que serán ponderados por el Juzgador bajo los principios de sentido común o máximas de la experiencia, y por tanto, generen indiciariamente la posibilidad de haber ocurrido en el mundo factico, de manera que basta que el juzgador estime que tales datos cumplen las características aludidas y que en conjunto bastan, para presumir la probabilidad de intervención. Previamente es pertinente acotar que derivado de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, se modificó el sistema penal mexicano, al pasar de un sistema mixto a uno acusatorio oral, lo que cambió radicalmente el procedimiento penal y sus etapas, de las cuales, en lo que aquí es de interés, se destaca lo siguiente: Audiencia inicial. En esta audiencia se desahogan diversos actos del proceso, como el control de legalidad de la detención, la formulación de la imputación, se da la oportunidad de declarar al imputado y, en su caso, se resuelve sobre las solicitudes de vinculación a proceso y de aplicación de medidas cautelares; asimismo, se define el plazo para el cierre de investigación (artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Conviene precisar que la imputación es la comunicación que, ante la autoridad jurisdiccional, el Ministerio Público efectúa al imputado, mediante la cual se le informa un hecho, posiblemente delictuoso, que se le atribuye y por el que se desarrolla una investigación en su contra, así como la calificación jurídica preliminar, la fecha, el lugar, el modo de su comisión, la forma de su intervención y, de ser el caso, el nombre de su acusador (artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales). En dicha audiencia, el Ministerio Público, una vez realizada la imputación, podrá solicitar la vinculación a proceso del imputado. El Juez de control, previo a resolver sobre tal solicitud, deberá otorgar la oportunidad al imputado para que decida el plazo en que se debe resolver, esto es, si dentro de setenta y dos horas o dentro de su ampliación (ciento cuarenta y cuatro horas), o bien, en ese mismo momento, le dará oportunidad para que conteste dicha petición. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad de este, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En caso de que el imputado manifieste su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita su ampliación, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga (artículo 313 Código Nacional de Procedimientos Penales). En este supuesto, el imputado o su defensor, durante el plazo constitucional o su ampliación, podrán presentar los datos de prueba que consideren necesarios (artículo 314 Código Nacional de Procedimientos Penales). En tales circunstancias, durante el desahogo de la continuación de la audiencia inicial se comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes, seguido del debate que se entable entre estas, para que entonces el Juez de control decida sobre la vinculación o no del imputado a proceso (artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales). La emisión del auto de vinculación a proceso tiene como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a una investigación complementaria, o formalizada, por un plazo no mayor a seis meses, a fin de determinar en una etapa denominada intermedia si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso que se investiga. Para ello, el Juez de Control, antes de terminar la audiencia inicial determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria que, como se dijo, no podrá exceder de seis meses (artículo 321 Idem). Una vez concluido el plazo, la investigación se considerará cerrada. Audiencia intermedia. Lo anterior da lugar a la etapa intermedia, que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En esta etapa, si el Ministerio Público estima que la investigación complementaria aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará por escrito la acusación, que deberá contener, entre otros datos, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica, la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado y los medios de prueba que pretenda presentar (artículos 334 y 335 Código Nacional de Procedimientos Penales). Luego, una vez llevados a cabo los demás actos previos, durante el desarrollo de la audiencia intermedia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de las víctimas u ofendido y el acusado. Entonces, las partes podrán celebrar acuerdos probatorios, para aceptar como probados algunos de los hechos o sus circunstancias. Asimismo, el Juez podrá excluir medios de prueba para la audiencia de debate por no referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación; por no ser útiles al esclarecimiento de los hechos, o bien, por alguno de los supuestos mencionados en el código en estudio (artículos 344, 345 y 346 Código Nacional de Procedimientos Penales). Finalmente, después de haber determinado la admisión y exclusión de los medios probatorios, así como de haber depurado los hechos controvertidos que serán materia de juicio, el Juez de Control dictará auto de apertura de juicio en el que deberá indicar, entre otras cuestiones, el tribunal competente para celebrar la audiencia de juicio (artículo 347 Código Nacional de Procedimientos Penales). Audiencia de juicio. Ya en la etapa de juicio, el Juzgador que presida la audiencia señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio, contenidas en el auto de apertura y los acuerdos probatorios a los que, en su caso, hubieren llegado las partes; además, existirá la posibilidad de reclasificar jurídicamente los hechos. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso en el que se deben observar los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad (artículo 348 Código Nacional de Procedimientos Penales). Una vez desahogada la audiencia y concluido el debate, el tribunal deliberará hasta la emisión del fallo, que se comunicará a las partes (artículo 400 y 401 Código Nacional de Procedimientos Penales). En relación con lo anterior, es pertinente acotar que la modificación al sistema penal mexicano realizada por el Constituyente permanente tuvo como intención eliminar formalismos legales que representaban un obstáculo para la eficaz procuración e impartición de justicia en el ámbito penal, lo que le llevó a reducir el estándar probatorio para la emisión del auto de vinculación a proceso. Para explicar este último aserto, es pertinente traer a colación la reforma a los artículos 16 y 19 Constitucionales, respecto al estándar de prueba para emitir auto de vinculación: "Artículo 16 Estándar de prueba para librar órdenes de aprehensión y de vinculación a proceso. Durante los últimos 15 años, se han sucedido reformas constitucionales en busca del equilibrio entre la seguridad jurídica de las personas y la eficacia en la persecución del delito al momento de resolver la captura de un inculpado en el inicio del proceso penal, así en 1993 se consideró conveniente incorporar al párrafo segundo del artículo 16, la exigencia de que para librar una orden de aprehensión el juez debería cerciorarse de que se hubiesen acreditado los elementos del tipo penal y existieran datos que hicieran probable la responsabilidad penal del inculpado, incrementando notablemente el nivel probatorio requerido, respecto del anteriormente exigido, lo cual generó que la mayoría de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de denuncias o querellas tuviesen prolongados periodos de integración y que la mayoría de éstas no llegasen al conocimiento judicial, en virtud de no reunirse los elementos requeridos, o que frecuentemente, al solicitarse la orden de aprehensión, ésta fuese negada por el juez. La referida situación incrementó los obstáculos para las víctimas u ofendidos de acceder a la justicia penal, así como los niveles de impunidad e inseguridad pública. Fue por ello que en 1999, el Constituyente Permanente reformó el segundo párrafo del citado numeral, ahora para reducir la exigencia probatoria al requerir la acreditación del cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad penal del justiciable, situación que implicaba definir en la ley el contenido del cuerpo del delito, permitiendo así que cada legislación secundaria estableciera el contenido de la citada figura, imperando la disparidad de criterios e incluso los excesos de las legislaciones, ya que en algunos casos la exigencia fue baja y en otros resultó alta, no lográndose entonces el objetivo perseguido. Esta situación ha venido a coadyuvar en los actuales niveles de ineficacia, de impunidad y de frustración y desconfianza social. Considerando que se propone la adopción de un sistema de justicia penal, de corte garantista, con pleno respeto a los derechos humanos, que fomente el acceso a la justicia penal de los imputados, así como de las víctimas u ofendidos, como signo de seguridad jurídica, a fin de evitar que la mayoría de las denuncias o querellas sean archivadas por el ministerio público, aduciendo que los datos que arroja la investigación son insuficientes para consignar los hechos al juez competente, es necesario establecer un nivel probatorio razonable para la emisión de la orden de aprehensión, la cual es una de las puertas de entrada al proceso jurisdiccional, que constituya el justo medio entre el legítimo derecho del imputado de no ser sujeto de actos de molestia infundados, pero también su derecho fundamental a que la investigación de su posible participación en un hecho probablemente delictivo se realice ante un juez y con todas las garantías y derechos que internacionalmente caracterizan al debido proceso en un sistema de justicia democrático, y no de forma unilateral por la autoridad administrativa, que a la postre sería quien lo acusaría ante un juez con un cúmulo probatorio recabado sin su participación o sin una adecuada defensa, y el interés social, de sujetar a un justo proceso penal a los individuos respecto de los que existen indicios de su participación. Es así que se estiman adecuadas las propuestas legislativas de racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el ministerio público para plantear los hechos ante el juez y solicitar una orden de aprehensión, a un nivel internacionalmente aceptado, de manera que baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en el mismo, sea como autor o como partícipe, para el libramiento de la citada orden; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio, como el que se propone. El nivel probatorio planteado es aceptado, porque en el contexto de un sistema procesal acusatorio, el cual se caracteriza internacionalmente porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en lo que conocemos como la averiguación previa, y no toda una instrucción administrativa como sucede en los sistemas inquisitivos, pues es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por las partes con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, y no ya en la fase preliminar de investigación, como sucede en nuestro actual sistema. Por tal razón, en el nuevo proceso resulta imposible mantener un nivel probatorio tan alto para solicitar la orden de captura, en razón de que el ministerio público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. No existe un riesgo de que esta reducción del nivel de prueba necesario para la emisión de la orden de aprehensión sea motivo de abusos, porque existen amplios contrapesos que desalentarán a quienes se sientan tentados de ello, en razón de que el proceso penal será totalmente equilibrado para las partes y respetará cabalmente los derechos del inculpado, de manera que si se obtiene una orden de captura sin que los indicios existentes puedan alcanzar en forma lícita el estatus de prueba suficiente, sin temor a dudas se absolverá al imputado, al incorporarse expresamente a la Constitución principios como el de presunción de inocencia, el de carga de la prueba y el de exclusión de prueba ilícitamente obtenida. Dicho de otra manera, sería contraproducente para el ministerio público solicitar la orden de aprehensión sin tener altas probabilidades de poder acreditar el delito y la responsabilidad penal en el juicio, en razón de que ya no tendrá otra oportunidad de procesar al imputado. Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideramos procedente atemperar el actual cúmulo probatorio que el juez debe recibir del ministerio público para expedir una orden de aprehensión, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal y la probable participación (en amplio sentido) del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. [.] Artículo 19 Cambio de denominación: auto de vinculación En esta reforma se modifica el nombre del tradicional auto de sujeción a proceso para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso. La idea de sujeción denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos; en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Se continuará exigiendo, no obstante, acreditar el supuesto material. Estándar para el supuesto material Al igual que en el caso del artículo 16 constitucional, la nueva redacción del artículo 19 constitucional se prevé modificar el estándar probatorio para el libramiento del auto de vinculación a proceso. La razón de ello es fundamentalmente la misma que ya se expuso en su oportunidad al abordar el artículo 16. En este punto habría que agregar que el excesivo estándar probatorio que hasta ahora se utiliza, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria. Ello debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el ministerio público en la investigación, el cual todavía no ha sido sometido al control del contradictorio. La calidad de la información aportada por el ministerio público viene asegurada por el control horizontal que ejerce la defensa en el juicio, en tal sentido, no es adecuado que en el plazo de término constitucional se adelante el juicio." (Énfasis añadido). Visible en la dirección web: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf De la transcripción anterior se obtiene que la reforma constitucional de junio de dos mil ocho tiene, entre otras finalidades, la de modificar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reducir el estándar de prueba requerido anteriormente para como en el caso para librar auto de vinculación a proceso, con la intención de combatir la ineficacia, impunidad, frustración y desconfianza social que generó el sistema penal inquisitivo, al exigir al Ministerio Público un alto estándar probatorio durante la averiguación previa para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. El alto estándar probatorio antes exigido trajo consigo que la mayoría de las averiguaciones previas tuvieran periodos prolongados para su integración e incluso que no llegaran al conocimiento del Juez, lo que generó el archivo definitivo de la investigación, ya que los elementos de prueba eran insuficientes para sustentar una acusación ante la autoridad judicial competente. De ahí que el legislador determinara adecuado racionalizar la exigencia probatoria, para reducir el estándar requerido, de modo que baste que el órgano de acusación presente al Juzgador datos de prueba que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en su comisión. Por tanto, se atemperó el cúmulo probatorio que el Juez debía recibir del Ministerio Público para expedir una emitir un auto de vinculación a proceso, pues únicamente es requerido que los datos aportados por este último establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal y la probable participación del imputado, y ya no la acreditación del cuerpo del delito (entendido como el conjunto de elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente) y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual exigía en el sistema anterior valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es como se exige en el actual sistema penal. Asimismo, de la transcripción que antecede se colige que la intención de la reforma es que la reducción en el estándar probatorio necesario para librar órdenes de aprehensión, también se aplique para dictar auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 19 Constitucional, en tanto que expresamente el Constituyente Permanente expresó que "al igual que en el caso del artículo 16 constitucional, la nueva redacción del artículo 19 constitucional se prevé modificar el estándar probatorio para el libramiento del auto de vinculación a proceso. La razón es fundamentalmente la misma que ya se expuso en su oportunidad al abordar el artículo 16." A lo anterior, agregó una razón más: que el excesivo estándar probatorio requerido hasta entonces había generado el efecto de que en el plazo del término constitucional se realizara un procedimiento que culminara con un auto de sujeción a proceso que prácticamente era una sentencia condenatoria, lo que debilitaba la fase de juicio, que es en la que el imputado podía defenderse con garantías efectivas, fortaleciendo indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación, el cual no había sido sometido al control del contradictorio. En otras palabras, el nivel probatorio exigido era tan alto que se realizaba toda una instrucción administrativa, a diferencia del sistema actual, en el que es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos de prueba recabados por los contendientes con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente. Por tanto, en dicha reforma se determinó la modificación al artículo 19 de la Constitución y, entre otras cosas, se modificó el nombre del tradicional auto de sujeción a proceso para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso. La idea de sujeción denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos. En cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el Juez intervenga para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. En ese contexto, se obtiene que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se buscó que el margen probatorio siguiera un justo medio entre los derechos del imputado (la no afectación de la libertad personal), y los de la víctima (a que el estado le administre justicia y se le repare el daño). En consonancia con lo anterior, el nuevo sistema de justicia penal cambió las exigencias para la apertura del período de investigación, pues lo constriñe a que se vincule a proceso al imputado en los términos contenidos en el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." El precepto constitucional transcrito establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se debe expresar lo siguiente: I. El delito que se impute al acusado; II. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; III. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y; IV. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos que se deben satisfacer para dictar un auto de vinculación a proceso: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público de la Federación, dictará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Del artículo anterior se obtiene que los requisitos que deben observarse para el dictado de todo auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1) Que sea solicitado por el Ministerio Público de la Federación. 2) Que se haya formulado imputación. 3) Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar -quien podrá hacerlo, o bien, manifestar su deseo de hacerlo en otro momento-. 4) Que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En el entendido de que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. 5) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. 6) Que sea únicamente por el hecho o los hechos que fueron motivo de imputación, sin perjuicio de que el Juez de control les otorgue una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público. Por su parte, el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone cuál debe ser el contenido del auto de vinculación a proceso: "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Del precepto transcrito deriva que el auto de vinculación a proceso debe contener: a. Los datos personales del imputado. b. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados anteriormente. c. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Ahora bien, es pertinente reiterar que el auto de vinculación a proceso tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada, por su probable intervención en un hecho considerado como delito. En cambio, en el sistema penal anterior, el auto de formal prisión e incluso el de sujeción a proceso tenían por efecto sujetar a juicio a la persona imputada. Las diferencias en los efectos de tales resoluciones implican que estas no puedan asimilarse, sino por el contrario, que se aborden desde una lógica distinta. Como se advierte de los normativos transcritos, la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales exigen diversos requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, los cuales se pueden dividir en requisitos de forma y de fondo. Los requisitos de forma son aquellos que establecen, por mencionar algunos, que el auto de vinculación a proceso debe dictarse dentro del término de setenta y dos horas, o de ciento cuarenta y cuatro si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, así como que debe contener el delito que se imputa y las circunstancias de ejecución. En ese tenor, es posible establecer que los requisitos de fondo que debe cumplir el auto de vinculación a proceso, esencialmente, son: a) que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito; y, b) que de tales datos aparezca que el imputado pudo haberlo cometido o participado en su ejecución. Por tanto, se reitera, para que se dicte el auto de vinculación a proceso, es necesario: a) que se haya formulado la imputación; b) que se hubiera otorgado al imputado la oportunidad de declarar; c) que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y d) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. En ese sentido, se destaca que la diferencia entre la conformación del artículo 19 Constitucional antes y después de la reforma estriba en que, en el anterior sistema resultaba necesario "acreditar" el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para que una persona pudiera ser sometida a un proceso penal. En contraposición, en el nuevo sistema, para vincular a una persona y someterlo a una investigación formalizada, se debe "establecer", a partir de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. En ese contexto, si antes se requería el "acreditamiento" del cuerpo del delito, ello implicaba identificar el ilícito o ilícitos (precisando sus elementos típicos conformadores) por los que se seguiría el proceso, así como su plena acreditación. En cambio, en el nuevo sistema, la disposición constitucional contempla un ejercicio distinto, a partir del cual se deberá "establecer", a partir de los datos de prueba, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito. La diferencia que existe entre ambos estándares probatorios (acreditar y establecer), tiene razón de ser en que el auto de vinculación a proceso tiene por efecto que a la persona imputada se le sujete a una investigación formalizada, por un plazo perentorio (no mayor a seis meses), a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben los medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior (intermedia), si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso imputado. Así, la vinculación a proceso se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que estos están tipificados como delito, y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurre cuando existan indicios razonables que así permitan establecerlo. Lo anterior supone que el auto de vinculación a proceso no requiera de un cúmulo probatorio amplio, debido a que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del imputado, sino solamente hace referencia a datos de prueba que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, de lo antes expuesto se obtiene que una vez concluido el plazo de setenta y dos horas -o su ampliación de ciento cuarenta y cuatro- que dispone el artículo 19 Constitucional, el Juez de control, con base en los datos que obran hasta ese momento, hará un juicio de probabilidad. Es así, pues derivado de los datos de prueba, el juzgador deberá discernir si es probable que se haya cometido un delito y que el inculpado lo haya cometido o participado de alguna forma en su comisión. De ser el caso, dictará un auto de vinculación a proceso. De lo contrario, si el Juez arriba a la conclusión de que de los datos de pruebas no se puede verificar la comisión de un hecho delictivo, o bien, que existiendo este el imputado no participó o no se encuentra involucrado en su comisión, entonces lo que procede es que dicte un auto de no vinculación a proceso. De esa manera, el auto de no vinculación a proceso implica que de los datos de prueba que hasta ese momento obran en la causa, no se advierta que se haya cometido un hecho que la ley señale como delito, o bien, que habiéndose cometido, el inculpado no realizó o participó en este de alguna forma, por lo que no sería razonable para el Juez de Control continuar con la investigación. En cambio, si el Juez de Control dicta un auto de vinculación a proceso, ello significa que a su juicio sí es razonable continuar con la investigación, pues a partir de los datos de prueba que hasta ese momento existen en la causa, en base a un juicio de probabilidad, se puede determinar que es factible que se haya cometido un hecho delictivo y que es posible que el inculpado lo cometió o participó en su realización y, por ende, es razonable continuar con la investigación criminal. En otras palabras, el Juez de Control debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad, para concluir si se justifican o no los extremos apuntados -probabilidad de que se haya cometido un hecho delictivo y de que el imputado lo cometió o participó en su comisión-. Con lo anterior se evita que en el plazo previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal se anticipe el resultado del juicio, pues ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se recaben pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí. Lo que tiene como consecuencia que se elimine el procedimiento unilateral de obtención de pruebas que imperaba en el sistema anterior y, por ende, se fortalece el juicio como la única etapa procesal en la que, en igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Dicho de otra forma, para la vinculación a proceso del imputado ya no es necesario acreditar, a través de medios de prueba, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, pues el sistema penal actual ya no prevé que se acredite el cuerpo del delito, sino establecer que los hechos que motivan la imputación encuadran en un delito tipificado como tal en la legislación penal. En ese sentido, cabe recapitular que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 28/2015, consideró que la etapa de investigación es un período preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso. De ahí que deba considerarse que para la obtención de la información y la recopilación de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público, de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la que exprese el Juez. Asimismo, dicha Sala sostuvo que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el Juez, de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 Constitucional, para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución que utilice el juzgador para satisfacer el mandato constitucional, esto es, que permita que se establezca, a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito en la ley penal. En ese orden de ideas, el Juez de Control, para dictar auto de vinculación a proceso, no está legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal y si existen indicios razonables que, en grado de suposición, permitan establecer que existe la probabilidad de que el imputado cometió el hecho delictuoso o que participó de alguna forma en su comisión. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017(10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, registro 2014800, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Pues bien, contrario a lo que alega los impetrantes del amparo, en el asunto se considera que el auto de vinculación a proceso que reclama se emitió con apego a los artículos 19 Constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las razones que enseguida se expondrán. De inicio, es pertinente acotar que en el particular la resolución recamada satisface los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos en el ordinal 16 de la Constitución Federal, pues la videograbación en la que consta de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se vinculó a proceso a los ahora quejosos Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Librado Acosta, Marcos Román Tapia, Carlos Guzmán Gil, Pedro Lorenzo García, Rosa Jennifer Santiago, Librado Santiago de Jesús, Heladio Avelino Concepción, Irma Cerón Velázquez, Víctor Hugo Cerón Velázquez, Laura Iveth Brito Galindo, Tanía Aidé Galeana Cerón, Adelaido Zamora Velázquez, Manuel Zamora Velázquez, Jesús García Diego, y otros, es constancia suficiente para que las partes conozcan la fundamentación y la motivación de dicha determinación judicial, por lo que se encuentran en aptitud de combatirla y los imputados emprender su defensa, pues en dichos procedimientos las actuaciones se desarrollan en audiencias orales -como uno de los ejes rectores del sistema- las cuales son videograbadas y almacenadas en un expediente electrónico. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 125 del Tomo I, Septiembre 2017, Materias Constitucional y Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2015127, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de esa resolución, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de Control asiente en su resolución constituyen la base en la que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 de la Ley Suprema de la Nación, atinentes a establecer de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Establecido lo anterior, en párrafos que anteceden se precisó que en el asunto Rosa Jennifer Santiago, Tanía Aidé Galeana Cerón, Laura Iveth Brito Galindo, Irma Cerón Velázquez, Jesús García Diego, respecto de la víctima de iniciales F. G. P.; Pedro Lorenzo García, Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Jesús Librado Acosta, Manuel Zamora Velázquez, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, y otros, respecto de la víctima de iniciales M. G. I.; Marcos Román Tapia, y otros, respecto de la víctima de iniciales J. C. D. F.; estos por el delito de secuestro agravado, Heladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros, respecto de la víctima de iniciales L. G. G. P. estos por el injusto de secuestro exprés, y, asociación delictuosa para todos, reclaman el auto de vinculación a proceso de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictado en su contra en la causa penal JCJ/560/2020, de la estadística del Juez de Control y Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuautla, Morelos, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado por lo que hace a Rosa Jennifer Santiago, Irma Cerón Velázquez, Laura Iveth Brito Galindo, Tanía Aidé Galeana Cerón, Jesús García Diego y otros, en agravio de la víctima de iniciales F. G. P., por el mismo delito por lo que hace a Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Jesús Librado Acosta, Carlos Guzmán Gil, Pedro Lorenzo García, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, Manuel Zamora Velázquez, y otros, en agravio de la víctima de iniciales M. G. I., por mismo delito los imputados Marco Román Tapia, y otros, respecto de la víctima de iniciales J. C. D. F., previsto y sancionado por los dispositivos 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos a), b) y c), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, asimismo, por delito de secuestro exprés respecto de los inculpados Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros respecto a la víctima de iniciales L. G. G. P., previsto y sancionado por el artículo 9, fracción d), en relación con el diverso 10 fracción I, inciso a), b), y c), Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y para todos el diverso delito de asociación delictuosa, previsto y sancionado por el artículo 244 Segundo Párrafo del Código Penal del Estado de Morelos. Pues bien, contrario a lo que alegan los quejosos, en la resolución reclamada el Juez responsable acertadamente consideró que se encontraban satisfechos los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso que prevé el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en la audiencia iniciada el veintitrés de octubre de dos mil veinte, consta que se formuló imputación por parte del Ministerio Público contra los encausados Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Librado Acosta, Marcos Román Tapia, Carlos Guzmán Gil, Pedro Lorenzo García, Rosa Jennifer Santiago, Librado Santiago de Jesús, Heladio Avelino Concepción, Irma Cerón Velázquez, Víctor Hugo Cerón Velázquez, Laura Iveth Brito Galindo, Tanía Aide Galeana Cerón, Adelaido Zamora Velázquez, Manuel Zamora Velázquez, Jesús García Diego, y otros, quienes estando asistidos de sus defensores se reservaron su derecho de rendir declaración con relación a los hechos que con apariencia de delito se le atribuyeron; enseguida procedió al análisis de los datos de prueba, en base a los cuales pudo concluir que hasta ese momento procesal eran suficientes para tener por demostrado los hechos ilícitos y la probable participación de los inculpados en la comisión de las conductas antisociales que les imputó. En efecto, en lo concerniente a la comprobación del injusto de secuestro agravado respecto a las víctimas de iniciales F. G. P., M. G. I. y J. C. D. F. Señaló que ese hecho quedó razonablemente materializado respecto a la víctima F. G. P., -operador del autobús Estrella de Oro número económico 8404- en contra de los imputados Rosa Jennifer Santiago, Irma Cerón Velázquez, Laura Iveth Brito Galindo, Tanía Aide Galeana Cerón, Jesús García Diego y otros, con la denuncia de la víctima en la que fue clara en precisar que el doce de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las dos horas con treinta minutos, de la mañana, fue privado de su libertad, en la caseta de cobro Francisco Velazco Durán, 184, ubicada en el kilómetro 184+170 de la autopista del Sol, Cuernavaca-Acapulco, Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, donde se ubican los imputados antes señalados, Arturo Lauro, Celso Yamir son los primeros con los que tiene contacto que lo privan de su libertad, obligándolo a conducir el automotor, posteriormente el dieciocho de octubre de dos mil veinte, a las catorce horas con treinta minutos cuando se encontraba en el Estado de Guerrero, -Ometepec- tiene contacto con diversos imputados Salvador Brito y Gerardo López, así como en un sitio un grupo de personas entre ellos Rosa Jennifer y Heriberta Rodríguez, de ahí lo hacen conducir a una parada del Acabus siendo las dieciocho horas -seis de la tarde- donde suben a la unidad Aide Galeana, Laura Iveth Brito, Itzel Jaquelinne e Irma Cerón, obligándolo a conducir hacia Morelos, arribando a la caseta de cobro Francisco Velazco Durán 184 localizada en Puente de Ixtla, Morelos, aproximadamente a las veintidós horas, estando en ese lugar, aproximadamente a las cuatro horas con cuarenta minutos de la tarde, los inculpados suben al autobús entre ellos Ismael Zaragoza Huerta, quien le da la orden de encender el vehículo cuando notan la presencia de elementos policiacos, siendo asegurados. En cuanto a los imputados Jorge Lorenzo Lorenzo, Erick Jesús Librado Acosta, Carlos Guzmán Gil, Pedro Lorenzo García, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, Manuel Zamora Velázquez, y otros, señaló que ese hecho quedó razonablemente materializado respecto a la víctima M. G. I., -operador del autobús Costa line número económico 2527, Estrella Roja Sociedad Anónima de Capital Variable- con su denuncia quien declaró que el doce de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las cinco horas con veinte minutos de la tarde, cuando circulaba en la caseta de cobro 184, Francisco Velazco Durán, kilometro 184+170 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, que se ubica en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, cuando un grupo de personas le solicitan abrir la puerta de acceso al autobús, que le decían abre la puerta hijo de tu puta madre, como no lo hizo, el imputado Federico Carlos se va a la parte de adelante y acciona la válvula de aire para abrir la puerta de acceso, introduciéndose de quince a veinte personas, que se acerca una persona del sexo femenino que le dijo ya te cargo la verga, que solo tienen una opción y es llevaron a donde te digamos, te vas a quedar con nosotros, si haces una mamada te vamos a dejar enterrado en la sierra, que le entregan la llave y lo obligan a manejar, que estuvo privado de su libertad vigilado por otros imputados, en el interior de la unidad, ahí en la caseta, que el día quince de octubre de dos mil veinte, lo obligan a conducir a la caseta de Tepoztlán para tomarla, que como había elementos de la guardia nacional, se retornaron, para después ir a Petaquillas, Guerrero, donde abordan otro grupo de personas, que en ese lugar estuvo resguardado en un cuarto, que el dieciocho de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciocho horas es trasladado al lugar donde estaba su unidad, y es obligado a conducir al estado de Morelos, precisamente a la caseta de cobro Francisco Velazco Durán 184, arribando a las veintidós horas con treinta minutos aproximadamente, que hasta el veinte de octubre de dos mil veinte, siembre estuvo vigilado, ahí en la caseta, que el día veinte de octubre de dos mil veinte, Jesús Hernández Dorantes, aproximadamente a las dieciséis horas veinte minutos, ingresa con un grupo de personas que le da la orden de encender el vehículo, momento en que llegan elementos policiacos y son asegurados. En cuanto al imputado Marcos Román Tapia, y otros, respecto de la víctima de iniciales J. C. D. F., -conductor de la unidad Estrella de Oro, número económico 8317- señaló que razonablemente quedo materializado con la propia declaración de la víctima quien manifestó que el día diecinueve de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos salió de la Terminal Taxqueña de la Ciudad de México, que siendo aproximadamente las diez horas con treinta minutos al arribar a la caseta de cobro Francisco Velazco Durán número 184, autopista del Sol, Cuernavaca-Acapulco, kilómetro 184+170, observa un grupo de 80 a 100 personas, entre ellos mujeres y niños, que es obligado a detener su marcha, es abordado por Ángel Santos Palacios, quien abre la puerta, seguido sube Marco Antonio Pineda Enríquez, y le dice ya te cargo la verga, aquí te vas a quedar, golpeándolo en la cabeza, al mismo tiempo José Manuel Millan Romero, baja al pasaje, asimismo Joel de la Cruz Guadalupe y Marco Román Tapia, lo obligan a orillarse, colocando ballas de color naranja, este último lo despoja de sus pertenencias señalando que se quedaría con ellos, que al ver que tenía su teléfono Joel de la Cruz Guadalupe se lo quita, le quitan las llaves del autobús, amenazándolo que no se podía ir que ahí se iba a quedar, que pudo observar desde el autobús que a los automovilistas que circulaban por ahí, en ambos sentidos les obstruían el paso y a cambio para poder pasar les pedían dinero, que Julio Cesar Santos Díaz y Jonnathan Yair Ivañez Durán, los iban a cuidar, que el día veinte de octubre de dos mil veinte, José Pablo Bruno Climaco y Lucia Estrada González, se quedan al cuidado de la víctima, en compañía de dos menores en el interior del vehículo, incluso José Pablo Bruno Climaco, le da unos golpes en la cabeza y siendo aproximadamente las doce horas a las dieciséis horas con cuarenta minutos, llegan elementos policiacos y son asegurados los imputados teniendo en cautiverio a la víctima. Lo cual indicó que dichas imputaciones directas que hacen las víctimas estima robustecidos con el dictamen en materia de psicología de veintidós de octubre de dos mil veinte, por la perito Quetzalmestli García Arellano, que da credibilidad a las declaraciones de las víctimas, al señalar que su relato es coherente, acordes a la realidad, que para la diligencia en grado de probabilidad resulta suficiente. Con el informe policial homologado de veinte de octubre de dos mil veinte, respecto a la investigación que realiza respecto a los hechos. La puesta a disposición por parte de los policías que realizan la detención de los imputados. Informe realizado por el Administrador de la plaza de cobro 184, Francisco Velazco Durán, de iniciales J. G. G. M., quien informa que a partir del uno de octubre de dos mil veinte, un grupo de personas tomaron la caseta de cobro de manera intermitente, ya que acudieron elementos de la Guardia Nacional, pero en cuanto se iban volvían a tomar la caseta de cobro, pero que a partir del cinco hasta el veinte de octubre de dos mil veinte, estuvo tomada de forma permanente, también informa que los choferes de los vehículos ahí estacionados siempre estuvieron en su unidad, que solo salían a hacer sus necesidades, que iban acompañados siempre. Constancia de no población, realizada por el Agente del Ministerio Publico quien hace constar que no fue posible llevar a cabo la diligencia de identificación en la cámara de Gesell, en razón a que por el número de imputados a identificar, así como a que las personas solicitadas de rasgos similares, se negaron a intervenir en la diligencia. Informe de identificación de veinticuatro fotografías de la policía de investigación Madai Rodríguez Nava, al que anexa 24 reconocimientos de imputados. Medios de prueba que considera la autoridad responsable, razonables para tener por corroborada que los imputados desplegaron las conductas que se les reprocha, enlazada con la detención que en flagrancia que tuvo lugar el día veinte de octubre de dos mil veinte a las dieciséis horas con cincuenta minutos, donde las víctimas narran hechos en tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las conductas reprochadas. Respecto a la agravante del hecho ilícito secuestro agravado, artículo 10 fracción I, incisos a), b) y c), de la ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, como se ha narrado, también se desprende de manera razonable de todo lo anterior, pues se advierte que en la comisión de los mismos se llevó a cabo en la vía pública como es la autopista del sol, Cuernavaca, Acapulco, caseta de cobro 184, en el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, donde las víctimas operadores de los vehículos relacionados fueron abordados por grupos de personas encapuchados, con cubrebocas, privándolos de su libertad personal obligándolos a conducir las unidades por diferentes lugares, que obren en grupo, de las declaraciones de las víctimas también se desprende que al momento de ser privados de la libertad, los imputados fueron más de dos personas, como lo refieren las víctimas F. G. P., M. G. I. y J. C. D. F., pues refieren que al llegar a la caseta de cobro ven a un grupo de personas quienes abordar sus unidades, cada cual en su momento correspondiente, que se realice con violencia, las víctimas refieren que al momento de ser privados de su libertad lo hicieron con violencia, esto es así, pues se les privo de poder retornar a su casa, es decir, no pudieron desplazarse a cualquier lugar como cualquier persona corriente. La finalidad sostiene que se acredita ya que la privación de la libertad no es para obtener un rescate, se da para obtener un beneficio como es para utilizar los automotores para trasladarse a diferentes lugares donde los imputados quisieran, para cometer otros ilícitos, llevando privados de la libertad a los conductores víctimas, como fue la toma de la caseta de cobro 184 Francisco Velazco Durán, en Puente de Ixtla, Morelos, donde cobraban la suma de cincuenta pesos a los automovilistas y camioneros que transitaban por la autopista del sol, para poder pasar por esa caseta de cobro, sin derecho alguno, de forma dolosa, teniendo conocimiento que su actuar era ilegal. Por lo que ve a la probabilidad de que los quejosos hayan participado en la comisión del hecho delictuoso, secuestro agravado, precisó que se desprende de la denuncia de las víctimas cada cual en su momento, quienes refirieron la forma en como los imputados que señalan cada uno en su denuncia los privaron de su libertad personal, obligándolos a conducir las unidades que cada una de las víctimas manejaba, para trasladarse a diferentes lugar obligados por los imputados dos de ellas del doce al veinte de octubre de dos mil veinte y la otra víctima a partir del diecinueve y veinte de esa misma data, para cometer diversos ilícitos, como es la toma de la caseta de cobro 184 Francisco Velazco Durán ubicada en Puente de Ixtla, Morelos, donde obstruían la circulación de ambos sentidos de la autopista para pedir a cambio de seguir circulando por la vía de comunicación una suma de dinero, sin tener derecho para ello, conducta de por sí ilegal, que siempre los mantuvieron privados de su libertad en el interior de las unidades automotrices que conducían y vigilados siempre por diversos imputados para que no escaparan, las víctimas de iniciales, F. G. P., M. G. I. y J. C. D. F. Precisó el responsable que lo anterior, se desprende de manera razonable con la prueba pericial en psicología perito Quetzalmestli García Arellano, que da credibilidad a las declaraciones de las víctimas, al señalar que su relato es coherente, acordes a la realidad, que para la diligencia en grado de probabilidad resulta suficiente. Así como que, fueron detenidos en flagrancia a las dieciséis horas con cincuenta minutos del día veinte de octubre de dos mil veinte, con la diligencia de identificación con fotografía que realiza la Agente del Ministerio Público, donde las víctimas reconocen a veinticuatro diversos imputados como participantes en su secuestro. Posteriormente refirió que de los antecedentes de la investigación se advierten datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes, para sostener razonadamente y de manera probable que se ha cometido el hecho delictuoso de secuestro agravado, y que existe la probabilidad de que los imputados, participaron en su comisión, así como que existe un condominio funcional, es decir un reparto de funciones, que en su conjunto llevaban un mismo fin, que lo era privar de la libertad a las víctimas, para obligarlos a conducir los automotores transportándolos para cometer otros ilícitos, indicó también que se encuentra acreditado el dolo en la conducta desplegada por los sujetos activos, ya que estima que al tener secuestrados a los operadores de los vehículos, para cometer otros delitos eran conscientes de que su actuar era ilegal, ya que el tomar la caseta de cobro para pedir cooperación a los automovilistas que por ahí transitaban, era ilegal al no contar con autorización para ello, tuvieron la intención de causarle un daño al privar de la libertad a las víctimas y que no realizaron conducta alguna para lograr un resultado distinto al obtenido, y que hasta ese momento no existe alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, por lo cual dictó la vinculación a proceso a los aquí quejosos y otros. Ahora bien en cuanto al ilícito de secuestro exprés previsto y sancionado por el ordinal 9, fracción I, inciso inciso d), en relación con el diverso 10 fracción I, inciso a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, por el que se emitió el auto de vinculación a proceso combatido, contra los imputados Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros. Pues bien, para acreditar los elementos conformadores de ese tipo penal; así como la probable intervención en su participación de los ahora quejosos y las circunstancias agravantes, el Juez responsable consideró primordialmente la denuncia que realizó la víctima de iniciales L. G. G. P., quien denuncia que transitaba por la caseta de cobro Francisco Velazco Durán, 184, en el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, kilómetro 184+170, de la autopista del Sol, Cuernavaca-Acapulco, percatándose que desde inicios del mes de octubre de dos mil veinte, un grupo de personas hombres y mujeres y menores de edad, realizaban bloqueos en esa caseta, impidiendo la circulación de los conductores exigiendo una cuota de cincuenta pesos para poder pasar, que en caso de no hacerlo le causarían daño al vehículo o hasta su integridad personal, que esto ocurrió los días siete, nueve, diez, doce, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, diecinueve y veinte de octubre de dos mil veinte, que cuando pasa es intimidado golpean el vehículo para entregar la cantidad de cincuenta pesos a cambio de poder pasar, ya que lo habían identificado, que aproximadamente a las nueve horas con nueve minutos al llegar a la caseta varias personas se situaron a los lados de su vehículo de manera intimidatoria seis imputados, una con la mano izquierda dentro del chaleco, es así que Eladio Avelino Concepción, que brinda seguridad y vigilancia a los imputados que se encargaban de cobrar dinero, colocándose con otros sujetos a los costados del vehículo y al frente del mismo obligándolo a detenerse privando de la libertad a la víctima, al tiempo que exigen la cantidad de cincuenta pesos para dejarlo pasar, que uno de los imputados dijo que la víctima no entregaría la cooperación por lo que los activos reiteran impedirle la libre circulación deambulatoria, colocándole bloques de plástico color naranja y blancos para no permitirle el paso, en tanto no entregara la suma de dinero exigida, que Gilberto Parra y Víctor Hugo Cerón, se acercan del lado del copiloto exigiéndole dinero, mientras sujeto intentaba abrir la puerta, toca la ventanilla del conductor, que ponen bloque naranja delante del vehículo, acorralándolo, por lo que retrocede en reversa, cambiando de carril, por el retrovisor ve que se acerca Jenny Sofia Montiel y Erika González, que gritaron no lo dejen pasar al hijo de su puta madre, es cuando ponen bloques color naranja en la parte trasera de su vehículo, encerrándolo, que Gilberto Parra y otros sujetos, le impiden el paso a la víctima, mientras que Ricardo Carrizal Palomares, Eduardo López Medel, y Juan Carlos Duarte Aparicio, colocan en la parte trasera del vehículo una balla de color naranja para impedirle se fuera de reversa, siendo privado de su libertad por los imputados con el propósito de actos de extorsión como era la exigencia de la entrega de cincuenta pesos a cambio de su libertad. Con dicha imputación, la representación social en grado de probabilidad de conformidad con el artículo 19 constitucional acreditó el delito de secuestro exprés, y 9 fracción I, inciso d), al que prive de la libertad con la finalidad de cometer secuestro exprés, entendiéndose el que, para ejecutarlo, robo o extorsión, es la exigencia obligar a la víctima para que actuara de alguna forma, diera una cantidad de dinero, que de no hacerlo le causarían daño. Es decir, señala la responsable extorsión, es obligar a la víctima en el caso, de actuar de cierto modo para obtener un beneficio económico, -entregar la suma de cincuenta pesos- no se puede coaccionar o intimidar ni obligar a una persona de hacer entrega de ningún dinero pues resulta ilegal, por lo que consideró que si se encuentra acreditado bajo esta apariencia de un hecho delictivo el relativo al de extorsión, pues primero se debe dar este delito con el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo el cometido dos o tres minutos que considera la responsable suficientes y necesario estrictamente para cometer la conducta de extorsión bajo el entendido que no se puede limitar ni restringir la libertad deambulatoria de ninguna persona menos al amparo de estar exigiendo de forma ilegítima la cantidad de cincuenta pesos para todos los que circulan por esa vía de comunicación, que de no hacerlo no los dejaban pasar. El Juez de Control concatenó la referida imputación con la detención en flagrancia de todos los imputados el día veinte de octubre de dos mil veinte a las dieciséis horas con cincuenta minutos, con motivo de los hechos delictivos que cometían en la caseta de cobro, donde exigían la cantidad de cincuenta pesos para dejar pasar a la víctima en la forma narrada, por lo que al denunciar los hechos la representación social ordenó la investigación es así que policías de investigación de la unidad de secuestro, acuden a la caseta de cobro a las doce horas con treinta minutos de ese día -veinte de octubre de dos mil veinte- donde corroboran que los activos del delito estaban llevando a cabo el cobro de esas cantidades de manera ilícita. La probabilidad de que los activos cometieron el ilícito reprochado, de manera probable se acredita con el hecho de que fueron detenidos en flagrancia, pues desde el uno de octubre estuvieron de manera intermitente hasta el cuatro de octubre y posteriormente del cinco al veinte de octubre de dos mil veinte de manera permanente, tomaron la caseta de cobro, asimismo, advierten la presencia de tres autobuses cuyos conductores los tienen secuestrados privados de la libertad, que todo esto deriva de la denuncia presentado por la víctima de iniciales L. G. G. P., por lo que se lleva a cabo un operativo policiaco que culmina a las dieciséis horas con cincuenta minutos con la detención en flagrancia de los imputados cometiendo las conductas delictivas, contra las víctimas de iniciales F. G. P., M. G. I. y J. C. D. F. Así, como con la prueba de informe emitido por el Administrador de la plaza de cobro 184, Francisco Velazco Durán en Puente de Ixtla, Morelos, quien refiere que a partir del uno de octubre grupos de personas tomaron la caseta de cobro, del uno al cuatro de manera intermitente y posteriormente del cinco al veinte de octubre de dos mil veinte, tomaron la caseta de forma permanente, pidiendo cuota de dinero a los automovilistas que transitaban por la vía de comunicación en ambos sentidos para dejarlos pasar, que había choferes dentro de los autobuses que solo salían a hacer sus necesidades fisiológicas. Por otra parte respecto al delito de asociación delictuosa, también la acreditó el juez responsable al señalar que la representación social que los imputados desde el cinco al veinte de octubre de dos mil veinte refieren ser integrantes de una organización de manera informal que operan en diferentes puntos del Estado de Morelos, tomando en su poder las diferentes plazas de peaje, en el caso la plaza 184 Francisco Velazco Durán, ubicada en el kilómetro 184+170 de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, en Puente de Ixtla, Morelos, sometiendo a varios conductores víctimas mediante la intimidación que ejercen por la entrega de un numerario económico, para su propio beneficio, privando de la libertad a los conductores de servicios públicos como son las víctimas F. G. P., M. G. I. y J. C. D. F., apoderándose de los autobuses que conducían sin la autorización de quienes tenían el derecho de otorgarlo, esto es con el propósito de un beneficio propio, y exigir mediante la coacción y amenaza con causar daño al patrimonio e integridad de la vida de las víctimas con el propósito de obtener un beneficio, conductas ilícitas que los imputados llevaron a cabo con reparto de funciones cada uno de ellos, ya que refieren pertenecer a una organización denominada movimiento de los pueblos marginados del Estado de Guerrero, vulnerando la libertad de las personas la seguridad jurídica, siendo asegurados en la caseta de peaje 184, donde mantenían en cautiverio a las tres víctimas el veinte de octubre de dos mil veinte a las dieciséis horas con cincuenta minutos, atribuyéndoles la fiscalía ese delito previsto y sancionado en el artículo 244 del Código penal del Estado de Morelos, cuando tres o más personas integren una asociación formal o informal con la finalidad de cometer delitos de manera permanente o transitoria y no se trate de simple participación delictuosa, por el solo hecho de pertenecer a la asociación se impondrá a los participantes de dos a cinco años y de cien a quinitos días multa, para que se acredite ese delito se requiere que se organizó una banda para delinquir que los imputados mediante acuerdo previo -expreso o tácito- deciden formar parte de esa banda o asociación integrada cuando menos por tres personas con un régimen establecido para ejecutar actos delictuosos, considera la responsable también esta demostrada ya que hay una integración formal o informal de más de tres personas con la finalidad de competer delitos de manera permanente del primero el veinte de octubre de dos mil veinte los imputados cometieron actividades ilícitas, tres secuestros agravados, en perjuicio de los choferes de las líneas de autotransporte un secuestro exprés, en perjuicio de la víctima antes señalada, el hecho de estar cobrando en las casetas de peaje exigiendo la cantidad de cincuenta pesos sin tener derecho alguno, ilegitima y antijurídica y de manera dolosa ya que sabían que al estar en ese lugar estaban cometiendo conductas delictivas, no tenían nada que hacer ahí, ni de que fuera un cobro voluntario, ya que exigían una suma de dinero para poder pasar, lo que se demuestra con las denuncias que hacen las cuatro víctimas, el informe del encargado de la plaza de peaje 184, Francisco Velazco Durán, las declaraciones de los apoderados legales de las unidades automotrices retenidas, el informe de policía de investigación, la detención en flagrancia, de que al momento de ser detenidos están en ese lugar sin razón alguna, por lo que tiene acreditada de manera probable el delito reprochado a las imputados en los términos expuestos. Así determinó la responsable en cuanto a la probabilidad en la manera como lo estableció la representación social, de los imputados Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros, secuestro exprés, en agravio de la víctima de iniciales L. G. G. P., Rosa Jennifer Santiago, Tanía Aindé Geleana Cerón, Laura Ivett Brito Galindo, Irma Cerón Velázquez, Jesús García Diego, y otros, en agravio de la víctima de iniciales F. G. P., Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Manuel Zamora Velázquez, Jorge Lorenzo Lorenzo, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez y otros, en agravio de la víctima de iniciales M. G. I., por lo que hace a Marco Román Tapia, y otros, en agravio de la víctima de iniciales J. C. D. F., estos por el delito de secuestro agravado, y todos ustedes por el delito de asociación delictuosa previsto y sancionado por el artículo 244 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente, los que considera debidamente corroborados y demostrados, que la fiscalía considera que a todos los imputados debe considerárseles como coautores de todos estos hechos ilícitos, considera que no obstante las argumentaciones de las defensas de los imputados, sí estamos ante una coautoría, entendiendo que los imputados se vinculen recíprocamente mediante un acuerdo en común de realizar el hecho debiendo asumir cada uno de ellos un cometido parcial necesario actualizar el plan que les haga parecer como titular de la responsabilidad para la ejecución del hecho y el acuerdo puede ser previo o concomitante, que determina la cooperación consiente y querida que exige la coautoría, para que la responsabilidad gravite sobre todos los participantes lo que significa, los imputados había un acuerdo, concierto de voluntades, una planeación de acción común, cooperación consciente voluntaria, querida, es decir, los imputados no estaban en la caseta de cobro por casualidad, estaban desplegando a manera de probabilidad las conductas delictivas, el hecho que hayan estado en el lugar pidiendo cincuenta pesos a los automovilistas, y después privar de la libertad a las víctimas con la intención de obtener un beneficio, provecho utilidad los posiciona como coautores materiales en donde se pusieron de acuerdo en la comisión de los hechos con una cooperación consciente y querida, lo que se acredita con las declaraciones de las víctimas y la diligencia de reconocimiento por fotografía, pero sobre todo la circunstancia de haber sido detenidos en flagrancia por parte de las corporaciones policiacas que intervinieron en su detención con motivo de las actividades ilícitas que estaban desplegando, que el hecho de obligar a los conductores víctimas a trasladarlos a diferentes lugares como lo refieren, que los imputados ese día veinte de octubre de dos mil veinte se encontraban en el lugar de los hechos, detenidos en flagrancia, con la imputación de las víctimas de que los tenían privados de la libertad implica una coautoría una concurrencia de voluntades donde los imputados tenían un condominio funcional, se dividían las funciones mediante un plan acordado antes o durante la perpetración del hecho de forma consciente, sin tener la intención de cesar esas conductas. Respecto al secuestro precisa que es de manera permanente, lo que implica que aun cuando algunos de los imputados no participaron directamente en el secuestro de los conductores de las autobuses retenidos, porque se incorporaron con posterioridad a esos hechos, lo cierto es que al ser un delito permanente al momento que abordan los autobuses esos imputados, tenían conocimiento de la ilicitud en que incurrían al tener privado de la libertad al conductor, obligándolo a trasladarlos a donde quisieran, pues, cualquiera persona que se una a esas circunstancias sin impedir su realización adquiere el grado de coautor del delito. Tal responsabilidad en grado probable, se demuestra con los medios de prueba como el informe de investigación criminal de Madaí Rodríguez Nava, María Isabel Galindo García, Miguel ángel flores Martínez, así como de María Isabel Galindo García, en donde establecen las diligencias de veintiuno de octubre de dos mil veinte, relativas primero a veinticuatro reconocimiento por fotografía realizados por la víctima L.G.G.P., en primera diligencia identifica con el número uno reconoce a Tanía Aidé Galindo Cerón, segundo reconoce a la número dos como Eriberta Rodríguez Rivera, tercer la número uno como Rosa Jennifer Santiago Reyes, cuarto, reconoce a la número dos Laura Iveth Brito Galindo, quinto, reconoce a la número tres como Itzel Jaqueline Rodríguez Santiago, sexto, reconoce a la uno como Irma Cerón Velázquez, séptimo, a la número dos, Patricia Aranda Ramírez, siguiente número uno Graciela García Virginia, siguiente número tres a Leticia Estrada González, y sucesivamente a Karen Cecilia Tenangeño Cano, Marco Antonio Sotelo, Jesús García diego, Ismael Zaragoza, Arturo Lauro Bernal, Celso Raúl Ramírez Bello, Ismael Reyes Cabañas, Inocencio Meza Esterada, Erick Jiménez Rosendo, Ricardo Armenta Martínez, María Viridiana Rodríguez Tapia, Emilio González Santiago, Francisco Suarez Suarez, Gerardo López Martin, Salvador Brito Guadalupe, diligencia de identificación fotográfica por la policía María Isabel Galindo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, víctima de iniciales M.G.I., reconoce con la número uno a Juan Carlos Ocampo Estrada, y sucesivamente a Federico Carlos Rodríguez Martínez, Jesús Hernández Dorantes, Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Axel Parra Muñoz, Fidel González Santiago, Manuel Zamora Velázquez, Iván Salgado Hernández, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, José Luis Adame Gante, Jorge Iván Soto Jiménez, Jorge Lorenzo Lorenzo, diligencia de identificación por fotografía por el policía Miguel Ángel Flores Martínez, víctima de iniciales J.C.D.F., de veintiuno de octubre de dos mil veinte, donde reconoce a Ángel Santos Palacios, Marco Antonio Pineda Enríquez, Juan Manuel Millán Romero, reconoce al número uno Marco Román Tapia, así como a otros, diligencia de identificación por fotografía de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por policía María Isabel Galindo, respecto de la víctima L. G. G. P., reconoce al número tres Jenny Sofia Montiel Pinzón, así como a Erika García González, Eladio Avelino Concepción, Ricardo Carrizal Palomares, Eduardo López Medel, Gilberto Parra Muñoz, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros, diligencias donde las víctimas al momento de identificar a los imputados señalaron de manera concreta la forma de participación en los hechos, diligencias por fotografía que el responsable considera con eficacia probatoria para tener comprobado que los imputados desplegaron la conducta ilícita que se les atribuye, enlazada con la detención en flagrancia realizada por los elementos policiacos el día veinte de octubre de dos mil veinte, a las dieciséis horas con cincuenta minutos. Diligencias de identificación por fotografía que esta autoridad considera la valoración realizada por la responsable, es atinada en esta fase del proceso para de manera probable tener por acreditadas las conductas delictivas reprochadas con dichas diligencias probatorias, lo anterior es así pues el numeral 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su primer párrafo, dispone que "Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento junto con la de otras personas con características semejantes, observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas, con excepción de la presencia del Defensor." Así, tal prueba de reconocimiento, que consiste en poner a la vista de la víctima una serie de fotografías de personas respecto de las cuales existen indicios de su participación en los hechos delictivos materia de la indagatoria -como en el caso acontece- contrario a lo que aducen los defensores, en modo alguno se conculcan los derechos fundamentales de los investigados, si las fotografías que se ponen a la vista de quienes efectúan dicho reconocimiento corresponden a personas respecto de las cuales se sospecha sobre su participación en los delitos, siempre que la diligencia respectiva se desahogue por funcionario legalmente facultado, no se manipulen las fotografías, ni se marquen y que efectivamente se trate de las que se pusieron a la vista de las víctimas. En ese sentido, como bien lo señaló el Juez de la causa, dicho elemento de convicción no se torna ilegal por el hecho de que durante el reconocimiento no hubiera estado presente el defensor de los imputados, pues las fotografías que se pusieron a la vista de las víctimas corresponden a personas respecto de quienes existía sospecha fundada de haber participado en los hechos delictivos investigados, sin que obre dato alguno que revele lo contrario; además de que dicha diligencia se desahogaron por policías de investigación facultados para tal efecto. Además, de autos no se advierte que las referidas fotográficas se hayan alterado, se marcaran para inducir a las víctimas o que fueran distintas de las que se pusieron a su vista, colocando otras de similares características, incluso, debe decirse que dicho reconocimiento es de naturaleza distinta al que se realiza a través de la Cámara Gesell, pues aquel no requiere la presencia del defensor de las personas sujetas a investigación, por lo que, adverso a lo que alegan los defensores, la diligencia en cuestión se practicó de manera legal, con apego a lo que dispone el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A.4 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado En Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Publicada en la página 2940 del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2012574, del contenido siguiente: "RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE HABER COMETIDO EL DELITO. AL SER DE NATURALEZA DISTINTA AL RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL, SU DESAHOGO ES DIFERENTE, POR LO QUE NO REQUIERE LA PRESENCIA Y ASISTENCIA DEL DEFENSOR DE CADA UNA DE LAS PERSONAS CUYAS FOTOGRAFÍAS SON MATERIA DE ESTA DILIGENCIA. El reconocimiento del inculpado a través de la Cámara de Gesell, es un acto formal en virtud del cual se identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla, afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias. Así, en dicha diligencia el inculpado participa físicamente de forma activa y directa; de ahí que resulte necesaria la presencia de su defensor, para asegurar que, material y formalmente, se cumplan los requisitos legales en su desarrollo, ya que de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al acusado y, por ende, se violarían sus derechos fundamentales, al no existir plena certeza de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto. Sin embargo, tratándose del reconocimiento fotográfico, el cual consiste en la exhibición al denunciante, víctima u ofendido o un testigo, de un álbum o serie de fotografías de personas sobre las cuales existen indicios de su participación en los hechos delictivos, esto es, de sospechosos de haber cometido el delito, no se conculcan los derechos fundamentales del inculpado, si las fotografías que se pongan a la vista de quienes efectúen el reconocimiento referido, corresponden a personas respecto de las cuales se sospecha sobre su participación en el delito, siempre que la diligencia respectiva se desahogue por funcionario facultado, no se manipulen las fotografías, ni se marquen o sean diversas de las que se pusieron a la vista, es decir, dicho reconocimiento es de naturaleza distinta al reconocimiento del inculpado a través de la Cámara de Gesell y, por ende, su desahogo es diferente, por lo que no requiere la presencia y asistencia del defensor de cada una de las personas cuyas fotografías son materia de esta diligencia." En otra vertiente, también resulta atinada la determinación de considerar que por el momento no otorgar valor a los testimonios vertidos por los atestes Melisa Silva Mendoza y Miguel Ángel Laureano León, en favor de la imputada Irma Cerón Velázquez, al señalar que no hay coherencia en los deposados del testigos con el deposado de la imputado en esa diligencia, pues declara la testigo Melisa, acciones que no señala la imputada, indica que tuvo una convivencia el dieciocho de octubre de dos mil veinte, con la imputada sen señalar que haya estado cerca de la misma, por parte el testigo Miguel Ángel estando en el mismo evento ninguno hace alusión a que hayan estado juntos o que se hubieran visto en ese convivio, por lo que el responsable consideró no hay credibilidad en sus deposados, determinación que una vez analizados los deposados esta autoridad considera atinada, e insuficientes para desvirtuar la imputación que hace la víctima de iniciales F. G. P. En ese tenor, debe decirse que los relatados datos de prueba, adminiculados entre sí y analizados de manera libre y lógica, conforme a la sana crítica y las máximas de la experiencia, en términos de los artículos 265, 259, 260 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitieron al Juez de Control establecer que resultaron suficientes y jurídicamente eficaces demostrar los hechos que Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro prevé como injusto de secuestro agravado y secuestro exprés, y la probable participación en su comisión de los imputados, pues dichos medios de convicción evidencian que el veintisiete de octubre de dos mil veinte, a las dieciséis horas con cincuenta minutos, fueron detenidos en flagrancia los imputados entre ellos los ahora quejosos, en la caseta de peaje, 184, Francisco Velazco Durán, kilómetro 184+170 de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, en Puente de Ixtla, Morelos, cuando tenían secuestrados a las víctimas de iniciales F.G.P., M.G.I. y J.C.F.D., en las circunstancias narradas por las víctimas en sus declaraciones, asimismo, a las nueve horas con nueve minutos del veinte de octubre de dos mil veinte, los imputados entre ellos los quejosos Eladio Avelino Concepción y Víctor Hugo Cerón Velázquez, privaron de la libertad a la víctima de identidad reservada L.G.G.P., con la finalidad de ejecutar el delito de extorsión, al requerirle la suma de cincuenta pesos para poder pasar por la caseta de cobro 184, Francisco Velazco Durán, kilómetro 184+170 de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, en Puente de Ixtla, Morelos, al negarse fue rodeado por varios imputados impidiéndole el paso, privándolo de su libertad, al no poder deambular por ese lugar, por un lapso de dos a tres minutos, sin importar que posteriormente pudiera librarse y escapar de sus captores. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis IV.1o.P.5 P (10a.) Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Materia Penal, página mil quinientos veintidós, de epígrafe y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación del citado numeral se advierte que los medios de prueba en el juicio oral penal, el cual es de corte acusatorio adversarial, deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, y dispone, además, que la motivación de esa valoración deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que se arribe en la sentencia. Ahora bien, la sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia, en donde el conocimiento científico implica el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y que por regla general es aportado en juicio por expertos en un sector específico del conocimiento; mientras que las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados. Así, cuando se asume un juicio sobre un hecho específico con base en la sana crítica, es necesario establecer el conocimiento general que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva a una específica calificación popular, lo que debe ser plasmado motivadamente en una resolución judicial, por ser precisamente eso lo que viene a justificar objetivamente la conclusión a la que se arribó, evitándose con ello la subjetividad y arbitrariedad en las decisiones jurisdiccionales." En ese sentido, también se considera que la determinación reclamada se encuentra ajustada a las disposiciones constitucionales y legales por cuanto a la demostración de la posible participación de los ahora quejosos en el hecho delictivo que se les atribuye, toda vez que hasta el momento procesal en que la misma se pronunció, los datos existentes en la carpeta de investigación justifican ese aserto. Asimismo, como lo consideró el Juez de Control, los datos de prueba en que la fiscalía sustentó la imputación, son suficientes y eficaces para establecer que la intervención de los justiciables en los hechos delictivos que se analizan. Además, del análisis y justipreciación de los datos de prueba correctamente valorados por el Juez de Control se pone de manifiesto que los inconformes probablemente actuaron de manera dolosa, ya que dentro de la esfera de su pensamiento tuvieron pleno conocimiento de que su actuar era ilícito, y no obstante ellos quisieron y aceptaron la realización del comportamiento prohibido por la norma, como objetivo directamente perseguido por su voluntad. Sirven de apoyo al respecto, las tesis 1a. CVI/2005 y 1a. CVII/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 Publicadas en las páginas 205 y 206 del Tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registros digitales 175605 y 175606 del contenido siguiente: "DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de un resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla." "DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. El dolo directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente o prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, según las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la conclusión de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias ya probados." En contexto anotado, es jurídicamente válido establecer que la probable participación de los solicitantes del amparo en el delito de secuestro agravado respecto de las víctimas F.G.P., M.G.I. y J.C.F.D., y secuestro exprés en cuanto a la víctima de iniciales L.G.G.P., de los imputados que en sus denuncias indican, así como de asociación delictuosa para todos ellos, se acredita con los mismos datos de prueba que ya fueron reseñados en párrafos precedentes, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, dado que si bien es cierto que los elementos de la descripción típica y la probable participación de los inculpados en su comisión son conceptos diferentes, también lo es que los mismos datos de prueba pueden ser útiles para acreditar ambas exigencias legales, ya que en ese supuesto, por una parte, puede revelar la actualización del hecho típico y antijurídico y, por otra, comprobar de manera probable la intervención de una persona en su perpetración; por lo tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no genera como consecuencia violación de derechos fundamentales. En las relatadas condiciones, se considera que hasta el momento en que se emitió el auto de vinculación a proceso reclamado, en la causa penal de origen existen datos de prueba e indicios suficientes que lo justifican, pues no debe soslayarse que el sistema penal acusatorio se caracteriza por el bajo estándar probatorio que se requiere en esta etapa; por tanto, es posible concluir que de los antecedentes de la investigación expuestos por la fiscalía emergen datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de secuestro exprés, por los imputados Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros, en agravio de la víctima de iniciales L. G. G. P., secuestro agravado, por los imputados Rosa Jennifer Santiago, Tanía Aindé Geleana Cerón, Laura Ivett Brito Galindo, Irma Cerón Velázquez, Jesús García Diego, y otros, en agravio de la víctima de iniciales F. G. P., secuestro agravado por los imputados Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Manuel Zamora Velázquez, Jorge Lorenzo Lorenzo, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez y otros, en agravio de la víctima de iniciales M. G. I., secuestro agravado, por lo que hace a Marco Román Tapia, y otros, en agravio de la víctima de iniciales J. C. D. F., secuestro agravado previsto y sancionado por el numeral 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar el delito de Secuestro, y todos ustedes por el delito de asociación delictuosa previsto y sancionado por el artículo 244 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente y que existe la probabilidad de que, ustedes lo cometieron o participaron en su perpetración, aunado a que dichos inculpados no ofrecieron algún elemento de convicción para desvirtuar los que se recabaron en la fase indagatoria, en los que la representación social fincó la imputación que les formuló; de ahí que, hasta el instante en que se pronunció la determinación reclamada, al menos indiciariamente quedó demostrado que la conducta de privar de la libertad ambulatoria a las víctimas fue con la finalidad de obtener un beneficio propio, por lo que se actualiza el hecho señalado por la ley como el delito de secuestro agravado y secuestro exprés. Por lo tanto, se insiste, hasta este momento procesal, que el examen conjunto de los datos de prueba que consideró la juez responsable para emitir el auto de vinculación a proceso, resulta suficientes y eficaces para establecer la existencia de un hecho que la ley prevé como secuestro agravado y secuestro exprés, así como asociación delictuosa y que existe probabilidad de que los quejosos intervinieron en su comisión. Por otra parte, debe decirse que en el presente caso no se advierte violación al principio de presunción de inocencia tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que con la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, no se han aplicado medidas que supongan la anticipación de la pena a los impetrantes del amparo. Y sobre todo, porque los efectos de la vinculación a proceso, de conformidad con el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consisten en establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, determinar las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento; es decir, que se abra una investigación formalizada y complementaria en la cual las partes aporten diversos datos o medios de prueba a fin de demostrar sus respectivas teorías del caso, lo que desde luego, ocurrirá en la etapa de juicio y no en la audiencia que nos ocupa, por no ser el momento procesal oportuno; esto es, hasta este momento procesal sólo existe la demostración razonable de que los quejosos probablemente participaron en un hecho que la ley señala como delito. Es decir, conforme el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que aquí interesa, prevé que corresponde a la parte acusadora la carga de la prueba de los hechos ilícitos, y que toda persona será tratada como inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. En este sentido, la presunción de inocencia como regla de trato procesal, consiste en establecer la forma en la que debe tratarse a una persona que está sujeta a proceso, y en ese sentido, la finalidad de la presunción de inocencia es impedir que los jueces apliquen medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En esta lógica, la presunción de inocencia comporta el derecho a ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada su culpabilidad, por virtud de una sentencia judicial y se le haya seguido un proceso con todas las garantías que correspondan. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 497, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Bajo esa perspectiva, debe decirse que si bien con los datos de prueba que fueron aportados por el Ministerio Público, los cuales fueron ponderados por el Juez responsable, permiten sostener razonadamente la existente de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que los imputados entre ellos los impetrante participaron en su comisión; entonces, no existe potencial repercusión en detrimento del principio de presunción de inocencia, pues al justificarse los extremos exigidos constitucionalmente para dictar un auto de vinculación a proceso, resulta evidente que para efectos de la etapa procesal de que se trata, resulta inaplicable la argumentación relativa al aludido principio de presunción de inocencia de trato procesal, pues éste no se transgrede de forma alguna, al menos no en tal supuesto. Por tanto, es a los imputados ahora quejosos, a quien en todo caso les correspondía aportar los datos o medios de prueba necesarios, no para demostrar su inocencia, sino para desvirtuar las ya aportadas en su contra por la fiscalía que establecen de manera probable su probable responsabilidad, lo cual en el caso no aconteció, pues únicamente la imputada Irma Cerón Velázquez, ofreció el desahogo de dos testigos, que como ya se observó el juez responsable no otorgó valor por tener incongruencias con los deposado por la imputada. De ahí lo infundado de los conceptos de violación. Así las cosas, con base en lo expuesto, se concluye que el auto de vinculación a proceso materia del presente reclamo, satisface los extremos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la exigencia de fundamentación y motivación, prevista en el artículo 16 del citado Ordenamiento Supremo. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que amerite ser suplida conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que hace al auto de vinculación reclamado. Se cita la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, Publicación viernes 04 de agosto de 2017, Materia(s): (Penal) del rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto -, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así como la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.), Registro 2007811, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III visible en la Página: 2377, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra -argumentación o refutación del imputado o su defensor". Así como la tesis XXIII.10 P (10a.), registro 2013696, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III Materia(s): Penal, Página 2168, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." En ese contexto, del análisis realizado se evidencia que el auto de vinculación a proceso cumple con los requisitos constitucionales para su dictado. Finalmente, no se advierte ilegalidad alguna en la prisión preventiva oficiosa impuesta, ni en el periodo de tres meses fijado para concluir con la investigación complementaria; esto tomando en consideración que el delito de secuestro agravado y secuestro exprés se encuentra contemplado en el artículo 19 Constitucional, como aquellos en los que se debe decretar prisión preventiva oficiosamente y a que no hubo controversia en audiencia respecto de esos aspectos. Así, en virtud de que resultaron infundados los conceptos de violación planteados y de que no advierte deficiencia alguna que deba suplirse en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por los imputados Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, y otros, secuestro exprés, en agravio de la víctima de iniciales L. G. G. P., Rosa Jennifer Santiago, Tanía Aidé Galeana Cerón, Laura Ivett Brito Galindo, Irma Cerón Velázquez, Jesús García Diego, y otros, en agravio de la víctima de iniciales F. G. P., Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Manuel Zamora Velázquez, Jorge Lorenzo Lorenzo, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez y otros, en agravio de la víctima de iniciales M. G. I., por lo que hace a Marco Román Tapia, y otros, en agravio de la víctima de iniciales J. C. D. F., estos por el delito de secuestro agravado, y todos ustedes por el delito de asociación delictuosa previsto y sancionado por el artículo 244 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a los quejosos Eladio Avelino Concepción, Víctor Hugo Cerón Velázquez, Rosa Jennifer Santiago, Tanía Aidé Galeana Cerón, Laura Ivett Brito Galindo, Irma Cerón Velázquez, Jesús García Diego, Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Manuel Zamora Velázquez, Jorge Lorenzo Lorenzo, Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, Marco Román Tapia, contra las autoridades y por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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