Isaura Martin de la Cruz
Expediente 1069/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Isaura Martin de la Cruz
- Marco Antonio Pineda Diego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente juicio de amparo, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME. Cabe precisar que aun cuando no obra la constancia de notificación a la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos, de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a la autoridad responsable para su conocimiento y efectos legales. CON INCIDENTE. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. CONCEDE PROVISIONAL. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que la suspensión provisional se determinó concederla. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del precepto 21, del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual solicita se le permita el acceso vía electrónica al presente juicio; al respecto, como lo solicita, instrúyase al encargado de este juzgado del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, para que permita dicho acceso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos de los que se advierte que por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, este juzgado federal tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Isaura Martín de la Cruz, en representación de Victorino De La Cruz Martín y otros, y, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados decretó la separación de autos, toda vez que los actos reclamados consistentes en las vejaciones, malos tratos, azotes, palos e intimidaciones, detención o privación ilegal de la libertad y las vinculaciones a proceso de las carpetas judiciales que referían, no se encontraban vinculados entre sí, toda vez que eran de naturaleza distinta; por lo que este Juzgado Federal consideró que no era posible llevar a cabo el estudio de este asunto en forma conjunta, en atención a la naturaleza de los actos reclamados y que los hechos relativos a cada acto qué reclamaban que por su particularidad deberían ser estudiados de manera autónoma. Consecuentemente, decretó la separación, en el cual este Juzgado de Distrito continuaría conociendo del juicio de amparo 1069/2020, respecto de los actos reclamados consistentes en las vejaciones, malos tratos, azotes, palos e intimidaciones, detención o privación ilegal de la libertad, por lo que en el mismo acto se decretó la suspensión de plano. Ahora, una vez ratificada la demanda se admitió por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y, se proveyó respecto de la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la detención o privación ilegal de la libertad. Posteriormente, la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado por una parte negó los actos reclamados y por otra aceptó la existencia del acto consistente en la detención de los quejosos, precisando que el veintiuno de octubre de dos mil veinte, los quejosos menores de edad fueron puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, mismos que el veintidós de octubre de dos mil veinte, los consignó al Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, para que señalará fecha para desahogar la audiencia de control de detención, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares, vinculación a proceso y cierre de investigación, por lo que el veinticuatro de octubre de dos mil veinte, dicha autoridad calificó de legal de la detención e impuso como medida cautelar el internamiento preventivo y posteriormente el veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictó la vinculación a proceso en contra de los quejosos. Asimismo, refiere que respecto de los quejosos mayores de edad, el veintidós de octubre de dos mil veinte, los consignó al Juez de Control en Turno del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos, para que señalará fecha para desahogar la audiencia de control de detención, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares, vinculación a proceso y cierre de investigación, por lo que el veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Juez de Control de Primera Instancia, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial, con residencia en Jojutla, Morelos (David Ricardo Ponce González) calificó de legal de la detención e impuso como medida cautelar prisión preventiva y posteriormente el veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictó la vinculación a proceso en contra de los quejosos. De lo cual remitió copia certificada, documentales que a juicio de este juzgado merecen valor demostrativo pleno, de conformidad con lo previsto por los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su precepto 2º. Bajo ese contexto, como ha quedado precisado este juzgado considera que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, se actualiza cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 2000, Tomo VI, Materia Común, Precedentes Relevantes SCJN, visible en la página 39, cuyo epígrafe y sinopsis son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En principio, es importante destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo último y primordial fin es restituir en el pleno goce de los derechos humanos al gobernado que se duele del proceder del órgano del Estado, en su carácter de autoridad. Por su parte, el legislador ordinario estableció como principio que rige su procedencia que el fallo protector se concrete y trascienda en la esfera jurídica de quien lo promueve, de tal manera que se repare la afectación que resintió. Por tanto, es inconcuso que no puede entrarse al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica, pues es patente que las nuevas resoluciones emitidas adquirieron vida jurídica, sustituyendo procesalmente el acto combatido y sus consecuencias, lo que configura la causal de improcedencia invocada. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la citada ley. Sin que lo anterior implique una privación al derecho de defensa de los peticionarios del amparo al no esperar el dictado de la sentencia, pues al derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia que en este momento procesal es notoria, manifiesta e indudable, como es el cambio de situación jurídica, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar hasta el verificativo de la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión será la misma. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386 la cual es del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veintiocho minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Finalmente, vista la razón circunstanciada asentada por el Actuario adscrito y en atención a lo anteriormente acordado, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese y personalmente
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos de los que se advierte que por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, este juzgado federal tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Isaura Martín de la Cruz, en representación de Victorino De La Cruz Martín y otros, y, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados decretó la separación de autos, toda vez que los actos reclamados consistentes en las vejaciones, malos tratos, azotes, palos e intimidaciones, detención o privación ilegal de la libertad y las vinculaciones a proceso de las carpetas judiciales que referían, no se encontraban vinculados entre sí, toda vez que eran de naturaleza distinta; por lo que este Juzgado Federal consideró que no era posible llevar a cabo el estudio de este asunto en forma conjunta, en atención a la naturaleza de los actos reclamados y que los hechos relativos a cada acto qué reclamaban que por su particularidad deberían ser estudiados de manera autónoma. Consecuentemente, decretó la separación, en el cual este Juzgado de Distrito continuaría conociendo del juicio de amparo 1069/2020, respecto de los actos reclamados consistentes en las vejaciones, malos tratos, azotes, palos e intimidaciones, detención o privación ilegal de la libertad, por lo que en el mismo acto se decretó la suspensión de plano. Ahora, una vez ratificada la demanda se admitió por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y, se proveyó respecto de la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la detención o privación ilegal de la libertad. Posteriormente, la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado por una parte negó los actos reclamados y por otra aceptó la existencia del acto consistente en la detención de los quejosos, precisando que el veintiuno de octubre de dos mil veinte, los quejosos menores de edad fueron puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, mismos que el veintidós de octubre de dos mil veinte, los consignó al Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, para que señalará fecha para desahogar la audiencia de control de detención, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares, vinculación a proceso y cierre de investigación, por lo que el veinticuatro de octubre de dos mil veinte, dicha autoridad calificó de legal de la detención e impuso como medida cautelar el internamiento preventivo y posteriormente el veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictó la vinculación a proceso en contra de los quejosos. Asimismo, refiere que respecto de los quejosos mayores de edad, el veintidós de octubre de dos mil veinte, los consignó al Juez de Control en Turno del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos, para que señalará fecha para desahogar la audiencia de control de detención, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares, vinculación a proceso y cierre de investigación, por lo que el veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Juez de Control de Primera Instancia, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial, con residencia en Jojutla, Morelos (David Ricardo Ponce González) calificó de legal de la detención e impuso como medida cautelar prisión preventiva y posteriormente el veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictó la vinculación a proceso en contra de los quejosos. De lo cual remitió copia certificada, documentales que a juicio de este juzgado merecen valor demostrativo pleno, de conformidad con lo previsto por los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su precepto 2º. Bajo ese contexto, como ha quedado precisado este juzgado considera que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, se actualiza cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 2000, Tomo VI, Materia Común, Precedentes Relevantes SCJN, visible en la página 39, cuyo epígrafe y sinopsis son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En principio, es importante destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo último y primordial fin es restituir en el pleno goce de los derechos humanos al gobernado que se duele del proceder del órgano del Estado, en su carácter de autoridad. Por su parte, el legislador ordinario estableció como principio que rige su procedencia que el fallo protector se concrete y trascienda en la esfera jurídica de quien lo promueve, de tal manera que se repare la afectación que resintió. Por tanto, es inconcuso que no puede entrarse al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica, pues es patente que las nuevas resoluciones emitidas adquirieron vida jurídica, sustituyendo procesalmente el acto combatido y sus consecuencias, lo que configura la causal de improcedencia invocada. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la citada ley. Sin que lo anterior implique una privación al derecho de defensa de los peticionarios del amparo al no esperar el dictado de la sentencia, pues al derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia que en este momento procesal es notoria, manifiesta e indudable, como es el cambio de situación jurídica, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar hasta el verificativo de la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión será la misma. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386 la cual es del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veintiocho minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Finalmente, vista la razón circunstanciada asentada por el Actuario adscrito y en atención a lo anteriormente acordado, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
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