Isaias Dueñas Aguilar
Expediente 956/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Isaias Dueñas Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en cuatro tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 7 de mayo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 956/2020, promovido por Isaías Dueñaz Aguilar, por su propio derecho, y; R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Partes Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Isaías Dueñaz Aguilar, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Cuarto Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución. Segundo. Trámite. En auto de doce de enero de dos mil veintiuno, este juzgado, admitió la demanda a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Con posterioridad, se reconoció el carácter de tercero interesado a Lucila Díaz Jiménez y/o Lucila Jiménes y, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Isaías Dueñaz Aguilar, por su propio derecho, reclamó de la Juez Cuarto de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad: El proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 238/2020, relativo al juicio ordinario familiar, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió el aquí quejoso, en contra de Lucila Díaz Jiménez y/o Lucila Díaz Jiménes, mediante el cual se decretaron alimentos provisionales en favor de ésta última. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad (en su denominación correcta) por así manifestarlo al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que acompañó, consistentes en copias certificadas del expediente 238/2020, relativo al juicio ordinario familiar, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el peticionario de amparo en una parte del capítulo de antecedentes alega, que la resolución reclamada vulnera sus derechos de audiencia y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, toda vez que no obstante que no se recabaron algunas probanzas que ofertó -como el informe del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y el informe de la Dirección de Registro Vehicular- ni están acreditados tanto las percepciones reales de la tercera interesada, como los ingresos del quejoso, la juez responsable fijó una pensión provisional a su cargo. Argumentos que devienen infundados en una parte e inatendibles en otra más. Es así, toda vez que el hecho de que no se conceda en favor del deudor alimentario aquí quejoso, el derecho de audiencia para que esté en condiciones de aportar los diversos medios de convicción a que se refiere, previo a la fijación de la pensión alimenticia provisional, no vulnera en su contra lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo del derecho de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Esto, ya que a pesar de que el artículo 14 Constitucional establece como punto medular el derecho de audiencia previa, no menos lo es que ello rige únicamente respecto de los actos privativos, los cuales, en sí mismos persiguen la privación, tienen existencia independiente y sus efectos son definitivos, no provisionales. Particularidades de que no goza el presente caso, que tiene origen en un juicio oral familiar, en el que se decretó una pensión alimenticia provisional, cuyo objeto, es alcanzar que los alimentos se suministren con toda oportunidad a quien los requiere; de ahí que previo a su dictado, no era menester dar al quejoso el citado derecho de audiencia ni se recabaran todas las pruebas que aduce. Máxime que las medidas cautelares sirven para conservar situaciones de hecho, se decretan sin audiencia de la contraparte, pues el derecho a percibir ese monto de alimentos lo constituirá la sentencia. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis sustentada por el Pleno de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Volumen 42, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de la jurisprudencia P./J. 21/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 233429 de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES, FIJACION DE LOS, SIN AUDIENCIA DEL OBLIGADO A DAR LOS. CONSTITUCIONALIDAD EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN QUE LOS ESTABLECE. El título VII, capítulo XVIII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no es inconstitucional al establecer la fijación de alimentos provisionales sin la audiencia previa del deudor alimentario, quien no es privado del derecho de ser oído en cuanto puede contradecir el derecho del acreedor y su obligación de darle alimentos. Las diligencias de jurisdicción voluntaria son, en efecto, actos fuera de juicio en que no se admite contradicción, sino simplemente satisfacer por parte de quien demanda los alimentos los extremos que marcan los artículos 1346 y 1350 del código impugnado y porque tienen por objeto alcanzar que los alimentos se suministren con toda oportunidad a quien los requiere. Es necesario convenir que por la propia naturaleza del derecho de alimentos, éste tiene un rango especial dentro del derecho familiar que exige y requiere disposiciones especiales, pues carecería de sentido y falta de protección a la familia cuyas necesidades de alimentación son imperativas, que los medios y recursos que se derivan de su derecho fueran inoportunos por una discusión prolongada, que puede provocarse otorgando el derecho de contradicción al deudor alimentario, previamente a la resolución judicial que la índole misma del derecho a alimentos, exige se dicte con la mayor prontitud y expedición posibles. Ahora bien, no es exacto que los alimentos provisionales carezcan del requisito de provisionalidad y de condicionalidad, como también es inexacto que la resolución que los concede viole la garantía de audiencia. Son provisionales como su misma denominación lo indica supuesto que no se decretan en forma definitiva, y el deudor puede contradecirlos al tener a su alcance tanto el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1350, en el juicio a que alude el artículo 1353, o en el incidente que prevé el artículo 1354, para la determinación de la cuantía de los alimentos. Por tanto, se difiere solamente la audiencia en la fijación de los alimentos provisionales, determinada por la propia naturaleza el derecho y la necesidad de que ellos se suministren oportunamente, puesto que la oportunidad de ser oído se presenta en el momento en que en ejercicio de un derecho, el deudor puede apelar de la resolución dictada en la jurisdicción voluntaria, y en los términos que establece el artículo 1350 del código procesal civil que se combate, o bien en juicio de contradicción respecto del derecho que en su contra se ejercita y se objeta únicamente el monto de los alimentos provisionales, en el incidente que otorga el artículo 1254." La jurisprudencia P./J. 21/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 18, del Tomo VII, de marzo de mil novecientos noventa y ocho, Materia Constitucional y Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 196727, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Ahora, lo inatendible de los argumentos del quejoso estriba, en que la negativa de la responsable para recabar las pruebas a que se refiere, no se llevó a cabo en el proveído de veintiséis de noviembre de la anualidad próxima pasada, y que constituye el acto reclamado, sino en el diverso de cuatro de ese mismo mes y año, en el que se le dijo que se le tenía anunciándolas y se proveería sobre su admisión en la audiencia preliminar (foja 183 del tomo I de pruebas); de ahí, que la inadmisión de los medios de convicción de que se duele, no pueda ser aquí atendido. En otro orden, el peticionario de amparo se duele de la pensión provisional decretada a su cargo y en favor de Lucila Díaz Jiménez y/o Lucila Díaz Jiménes, medularmente porque: El quejoso ha trabajado por más de veinte años en los Estados Unidos de América, sacrificándose y restringiéndose en sus necesidades básicas; que durante todo ese tiempo le envió dinero a la tercera interesada para la compra de su vivienda, mejoras a la misma y la manutención de ella y de sus hijos; que fue a partir de enero de dos mil dieciocho, que solo se lo envía a éstos últimos. Que la tercera interesada siempre ha trabajado en el Poder Judicial del Estado y por ende no requiere de alimentos, ya que tiene una percepción suficiente y bastante para ella, además de que no demostró la urgencia para recibir alimentos. Que para fijar alimentos, debe atenderse al principio de proporcionalidad -capacidad económica del deudor y necesidades del acreedor- además el estado de necesidad, debe ser entendido como aquella situación en la que puede encontrarse una persona que no puede mantenerse a sí misma, ya que el estado de necesidad y no la comodidad del acreedor alimentista constituyen el origen y fundamento de la obligación alimentaria, ya que se trata de un derecho individual que descansa en las relaciones de familia. Conceptos de violación que devienen infundados. Para dar respuesta a lo anterior, se hará referencia en primer término al a) marco legal que rige la materia de los alimentos en el Código Familiar del Estado de Michoacán; b) la obligación a proporcionarse alimentos entre cónyuges; y, c) los principios de proporcionalidad y equidad. a) Marco legal que rige la materia de alimentos en el Código Familiar del Estado de Michoacán. De conformidad con las disposiciones previstas en el Código Familiar del Estado de Michoacán, los alimentos se reconocen como el derecho que tiene una persona, de recibir de otra, comida, el vestido, la habitación, la atención médica, entre otras -443-; además tiene como característica que es proporcional, debido a que los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe -444-. Los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos -445-; el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una compensación competente al acreedor, o incorporándolo a su familia -450-; cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica actual y la aptitud para desempeñar algún trabajo, conforme a su edad, estado de salud y profesión tanto del deudor como de sus acreedores -453- Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Esto último, solo aplica a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del propio ordenamiento - menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, gozan de la presunción de necesitar alimentos- -462-. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción, fijará entre otras medidas, una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno- artículo 464, fracción I-. b) La obligación a proporcionarse alimentos entre cónyuges. La doctrina y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido coincidentes en definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir. En ese contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El cumplimiento de la obligación alimentaria, además, se considera de interés social y orden público. En relación con su origen, la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, ha establecido que la obligación alimentaria surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas -menores, por ejemplo- a las que la ley les reconoce la imposibilidad para procurarse los medios para la subsistencia física y su desarrollo humano. A dichas personas la legislación otorga la posibilidad de exigir lo necesario para colmar sus necesidades fundamentales. En consecuencia, para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En esta lógica, respecto al primer punto citado con anterioridad -estado de necesidad del acreedor alimentario-la legislación civil y familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato, la sociedad de convivencia y el divorcio. En tratándose de los cónyuges, el ostentar dicho carácter es insuficiente para presumir que el demandante de los alimentos tiene derecho a ellos, toda vez que el Código Familiar del Estado de Michoacán, no establece presunción legal en ese sentido, ya que aun cuando el artículo 445 establece que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto que no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación en términos del citado dispositivo es recíproca. Por tanto, la necesidad de recibir alimentos no puede presumirse por el simple hecho de que quien solicita los alimentos demuestre que es cónyuge del deudor alimentario, sino que debe demostrar la urgencia y necesidad que tenga para recibirlos y justificar aproximadamente la posibilidad del que debe darlos. c) Proporcionalidad y equidad de los alimentos. Una vez expuesto el marco legal y la obligación a proporcionarse alimentos entre cónyuges, procede al análisis de la proporcionalidad y equidad de los mismos, al respecto, debe decirse que aun y cuando el dispositivo 445 del Estado de Michoacán, no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de la proporcionalidad prevista en el artículo 444 fracción III, del citado ordenamiento legal. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2000ª, marcó la pauta para determinar el monto de la pensión alimenticia, el que obedece a principios de proporcionalidad y equidad, lo que significa que para fijarlo debe siempre el juzgador atender al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor, procurando evitar situaciones injustas y perjudiciales para cualquiera de ellos. Entonces, para fijar una pensión alimentaria deben tomarse en consideración el entorno social en el que deudor y acreedor se desenvuelven; sus costumbres y las demás particularidades de la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida que le permita desenvolverse dentro del estatus social al que pertenece, sin desatender las posibilidades del acreedor. Bajo la óptica jurídica anterior se sigue, que en la especie la juez responsable al decretar alimentos provisionales a favor de Lucila Jiménez y/o Lucila Díaz Jiménes, tomo en consideración que se reunían los presupuestos necesarios para ello atento a las consideraciones torales siguientes: Respecto del estado de necesidad del acreedor alimentario, señaló que el quejoso laboró desde hacía más de veinte años en los Estados Unidos Estados Unidos de Norteamérica, que durante dicho período realizó diversos depósitos de dinero a la acreedora; sin embargo, tenía más de dos años que le dejó de dar alimentos, motivo por el que esta última ha tenido que endeudarse para sufragar los gastos y adeudos que contrajo con anterioridad, lo que le impedía tener solvencia económica para satisfacer sus necesidades alimentarias, pues la percepción neta que recibe con motivo de su actividad laboral, no es suficiente para tener siquiera el mínimo vital a que tiene derecho para subsistir. Lo que derivó esencialmente, de las pruebas documentales que aportó la tercera interesada de las que se advierte el cúmulo de adeudos que tiene -tarjetas de crédito, comprobantes de adeudos de pensiones civiles del estado, tiendas departamentales Liverpool y Sears-. De las documentales relativas a los envíos de dinero desde el extranjero, lo que evidenció que el quejoso cuenta con ingresos económicos y que durante aproximadamente veinte años vivió en los Estados Unidos de Norteamérica. De la manifestación vertida por el quejoso en el ocurso de doce de noviembre de dos mil veinte, en el sentido de que le ha dejado de hacer envíos de dinero a la quejosa. Asimismo de la testimonial desahogada en autos, de la que advirtió que la acreedora alimentaria tiene una situación económica precaria derivada de diversos créditos y adeudos que tiene, quienes además han visto su recibo de nómina y saben que en ocasiones recibe únicamente doscientos o trescientos pesos y que además no recibe alimentos de su cónyuge desde hacía aproximadamente más de dos años. De ahí que no le asista razón al peticionario de amparo en los conceptos de violación antes precisados, en los que esencialmente aduce, que la tercera interesada no requiere de alimentos, dado que siempre ha trabajado y tiene una percepción suficiente y bastante para ella; que el quejoso ha laborado por más de veinte años en los Estados Unidos de América, sacrificándose en sus necesidades básicas; que durante todo ese tiempo le envió dinero a la tercera interesada y a sus hijos; que fue a partir de enero de dos mil dieciocho, que únicamente le ha hecho entregas de dinero a éstos últimos; y que es el estado de necesidad y no la comodidad del acreedor que constituyen el origen y fundamento de la obligación alimentaria. Esto, porque si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el estado de necesidad surge de esa necesidad y no de la comodidad, también ha esbozado diversos pronunciamientos en el sentido de asociar la subsistencia de la obligación alimentaria entre cónyuges, con el reconocimiento del posible desequilibrio económico que puede sufrir uno de sus miembros, a partir de la distribución de funciones al interior del hogar, respecto del cual uno emprende su desarrollo profesional en el mercado laboral remunerado y el otro asume preponderantemente -cuando no exclusivamente- la tarea doméstica y de cuidado de los dependientes; además -como se observó en párrafos precedentes- de tomar en cuenta el entorno social en que el deudor y acreedor se desenvuelven, costumbres y demás particularidades, de ahí que deba analizarse cada caso concreto. Bajo el anterior panorama, si de las constancias que obran en autos deriva que el quejoso siempre aportó una pensión para la acreedora y su falta de solvencia económica se debió a que le dejó de realizar envíos de dinero desde hace más de dos años, ello al estimar el impetrante que no tenía derecho a ello, no obstante que la tercera interesada durante su matrimonio, realizó doble jornada laboral al desempeñar una actividad remunerada y además cuidar de su hogar y de sus hijos, sin contar con la contribución de su cónyuge, derivado de que este trabaja en el extranjero, es decir, la tercera interesada durante ese tiempo se hizo cargo tanto del hogar, de sus hijos y de su trabajo sin la ayuda del quejoso. Es indudable que el a quo estuvo en lo correcto al fijarle una pensión alimenticia, atendiendo a que su percepción neta no era suficiente para tener siquiera el mínimo vital a que tenía derecho para subsistir, el que, por cierto, contrario a lo argumentado por el quejoso, sí es aplicable para la quejosa, dado que ese derecho ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado Social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bines constitucionales. Sin que impida estimar lo anterior, las diversas manifestaciones del quejoso, en el sentido de que la acreedora no demostró que los adeudos que tenía en las tiendas departamentales y en pensiones civiles del estado, fuesen desde hace veinte años, toda vez que de una lectura de la contestación de la demanda vertida por la aquí tercera interesada, no se advierte que hubiese manifestado que fue desde esa data en que tiene los adeudos, sino que lo hace bajo la perspectiva, que desde hacía casi tres años el quejoso no le proporcionaba alimentos. Tampoco resulta óbice, los argumentos relativos atinentes al valor probatorio de la prueba testimonial, pues dice que los atestes son amigos de la acreedora, que son testigos afines que rindieron un testimonio falso tratando de favorecerla y que no obstante que fue tachado y objetado, la juez lo tomó en cuenta. En razón que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1013 del Código Familiar del Estado, en las controversias del orden familiar quedan abolidas las tachas de testigos. En la inteligencia de que al tratarse de una medida provisional, no es jurídico exigir una prueba plena, de carácter indubitable. Por lo que toca al vínculo entre el acreedor y el deudor, la juez responsable, tomó en cuenta la calidad de cónyuges entre el quejoso y la tercera perjudicada. Finalmente, respecto a la capacidad económica del obligado a prestarlos, quedó evidenciado que por más de veinte años el peticionario de amparo le envió diversas cantidades de dinero a la acreedora; y dado que estimó que no tenía derecho a ello, desde hacía más de dos años dejó de proporcionárselos, enviándole únicamente a sus hijos. Lo que revela, que si por veinte años de proporcionó cierto numerario para los gastos alimenticios de ella y de sus hijos, tiene capacidad para otorgarlos. Ahora, por lo que se refiere al principio de proporcionalidad para fijar alimentos, -capacidad económica del deudor y necesidades del acreedor- el quejoso alega, medularmente, que la tercera interesada tiene más ingresos que él; que ésta no tiene adeudos desde hace veinte años; que no se cuentan los elementos necesarios para saber el total de las percepciones del amparista; que de los estados de cuenta de tiendas departamentales contradicen el dicho de los atestes en el sentido de que acude al trabajo mal vestida, ya que de aquéllos se evidencia que compra ropa y zapatos de marca; que con motivo de la pandemia la jornada laboral del quejoso se redujo y en ocasiones carece de trabajo; que además apoya económicamente a sus padres y que es el estado de necesidad y no de comodidad del acreedor alimentista constituyen el origen y fundamento de la obligación alimentaria, debe decirse que dichos argumentos son infundados. Se dice de este modo, toda vez que como se observó con anterioridad, la juez responsable tomó en consideración la capacidad del quejoso -quien aproximadamente veinte años realizó diversos depósitos de dinero por concepto de alimentos-; y por otra las necesidades de la acreedora - ya que derivado de diversos créditos y adeudos que tiene su percepción neta que recibe no es suficiente para sufragar el mínimo vital a que tiene derecho para subsistir- motivo por el que fijó a cargo del primero, una pensión por el equivalente a noventa días de salario mínimo general vigente, de manera mensual, a razón de cinto veintitrés pesos con veintidós centavos por día de salario, siendo así el equivalente a once mil ochenta y nueve pesos con ochenta centavos, lo que se estima justo y equitativo. Finalmente, tampoco asiste la razón al peticionario de amparo, en cuanto esencialmente alega, que la juez familiar dejó de observar, analizar y valorar que la tercera interesada ejerce violencia psicológica en su contra, cuando en su contestación de demanda manifestó: "que si el suscrito controvierto la pensión alimenticia que pretende la demandada, me ocasionará un daño irreparable de dar aviso al control de migración de los Estados Unidos de América para que revisen mi estatus migratorio", porque según la tercera interesada tiene conocimiento de que el peticionario utilizó información falsa para lograr su residencia en el país vecino, con lo que se demuestra que cuando el acreedor alimentista ejerce violencia con el deudor no tiene derecho alguno a pensión alimenticia, lo cual se ha sustentado en la jurisprudencia. Esto, porque en primer lugar del escrito de contestación de demanda a que alude, no se advierte la violencia psicológica que señala, sino sólo que la acreedora se reserva su derecho al ejercicio de la acción correspondiente, ante los Tribunales Norteamericanos, debido a que no es su intención causarle un perjuicio dada su residencia legal; y en segundo, porque de una revisión del sistema de complicación de tesis y jurisprudencias, no arrojó tesis aislada o de jurisprudencia alguna en ese sentido, ni el quejoso cita los datos o el rubro de la misma. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados, y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Isaías Dueñaz Aguilar, por su propio derecho, contra los actos reclamados a la autoridad y por el acto precisados en el considerando segundo de esta resolución, materia de estudio en dicho apartado. Notifíquese personalmente y por oficio a la responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy siete de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el ocurso de la tercera interesada Lucia Díaz Jiménes y/o Lucia Díaz Jiménez en atención a su contenido con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose en el presente juicio de amparo. De igual forma, se le tiene señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones en esta ciudad, por lo se comisiona al actuario adscrito a que tome nota de lo anterior, para que realice las subsecuentes notificaciones personales de la referida tercera en el domicilio que indica en el ocurso de cuenta. Se comisiona al actuario tome nota de lo anterior para realizar las subsecuentes notificaciones. Finalmente, respecto de los alegatos vertidos por la tercera en cita, dígasele que precluyó su derecho a formular los mismos ya que como se advierte de la certificación secretarial que antecede la audiencia constitucional se celebró el veintinueve de abril del presente año. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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